Sentencia 16031 de noviembre 20 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación número: 17001-23-31-000-2002-01159-01

Número interno: 16031

Consejero Ponente (e):

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Actor: Iderna Metalistería S.A.

Demandado: Ministerio de Hacienda - Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Bogotá, D.C., noviembre veinte de dos mil ocho.

EXTRACTOS:«Antecedentes

El 18 de diciembre de 1997, Iderna Metalistería S.A., efectuó en Metálicas Iderna del Cauca S.A., una inversión por $ 34.000.000.

Mediante Auto de apertura 100791999001852 del 5 de mayo de 1999 el jefe de la división de control tributario y aduanero de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacional de Manizales ordenó iniciar investigación tributaria por el año gravable 1997 a la sociedad Iderna Metalistería S.A. por el programa Ley Páez.

El 13 de julio de 2000, la división de fiscalización tributaria y aduanera, expidió el requerimiento especial en el cual propuso modificar la liquidación privada del impuesto sobre la renta del año gravable 1997 presentada por la sociedad Iderna Metalistería S.A., al rechazar la suma de $ 33.959.000 por descuentos tributarios beneficio zona río Páez, así como la aplicación de sanciones por inexactitud por valor de $ 54.334.000 y sanción por no enviar información por valor de $ 4.970.000.

El 9 de abril de 2001, la división de liquidación de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Manizales, expidió la liquidación oficial de revisión 10 064 2001 000029.

Contra la anterior decisión la demandante interpuso recurso de reposición el que fue desatado a través de la Resolución 10077 2002 00011 del 7 de mayo de 2002, confirmándola en todas sus partes.

(...).

Consideraciones

Se discute en esta instancia la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la DIAN modificó el denuncio rentístico de la sociedad actora correspondiente al año gravable de 1997, al desconocer el beneficio de la Ley Páez.

La Ley 218 de 1995, entre otros, tuvo como objetivo ampliar en el tiempo y el espacio los beneficios de carácter tributario y fiscal para quienes decidieran invertir en los municipios de los departamentos de Cauca y Huila, afectados en el mes de junio de 1994 por el desastre natural.

El artículo 5 ibídem, antes de ser modificado por el artículo 39 de la Ley 383 de 1997, consagra a favor del inversionista el beneficio del descuento tributario, por el valor total de la inversión, para ser aplicado al período gravable siguiente, o a aquel en que se realizó la inversión, con la advertencia de que el valor invertido no puede solicitarse simultáneamente como renta exenta.

Por su parte, el artículo 11 ibídem, estableció para los contribuyentes que se acojan a dichos beneficios, la obligación de inscribir sus libros contables ante la cámara de comercio o en la división de fiscalización de la administración de impuestos y aduanas nacionales que corresponda al lugar de sus actividades económicas; en el cual se deben registrar todas las operaciones relacionadas con el giro ordinario de sus negocios a fin de demostrar que cumplen con la condición de generar el ochenta por ciento (80%) de la producción en la zona afectada.

En el caso sub examine la Administración de Impuestos de Manizales en cumplimiento del programa Ley Páez de las empresas inversionistas de esa ciudad en el departamento del Cauca, solicitó a la división de fiscalización tributaria de Popayán (1) , efectuar las verificaciones por impuesto de renta año gravable 1997 a las empresas receptoras, entre ellas a la sociedad Metálicas Iderna del Cauca S.A., en la cual Iderna Metalistería S.A., realizó el 12 de diciembre de 1997 una inversión por valor de $ 34.000.000.

A fin de verificar la materialización de la inversión (2) , la Administración de Impuestos de Manizales, solicitó específicamente efectuar visita e inspección para determinar la adquisición de maquinaria y establecer entre otros, “si el activo adquirido está en el municipio afectado o los inventarios están relacionados directamente con el desarrollo del objeto social de la empresa y la producción como tal”.

Según el acta administrativa donde se consigna la conclusión de la visita realizada a las instalaciones de Metálicas Iderna del Cauca S.A. el día 23 de julio de 1999 (3) , se determinó que del inventario de maquinaria presentado por la empresa receptora por valor de $ 253.479.000 el cual fue adquirido en el año 1997, se encontró físicamente equipos en la planta de producción de balancines por valor de $ 55.493.602 faltando maquinaría por valor de $ 197.985.398, según información tanto de la persona que atendió la visita en Puerto Tejada como de quien allegó la documentación a Popayán, por haber sido trasladada a la ciudad de Manizales para revisión y mantenimiento.

La administración tributaria consideró que “al establecerse que la sociedad Metálicas Iderna del Cauca S.A., como nueva empresa, no contó con “un alto porcentaje” de maquinaria durante los meses de enero de 1999 a agosto de la misma anualidad, no cumple con su objeto social y por consiguiente en igual forma no cumplió con el presupuesto exigido de que el 80% de la producción de la empresa se debe realizar en la zona objeto de reactivación económica” (4) y por lo tanto era improcedente el beneficio tributario (resaltado fuera de texto).

Del acta administrativa levantada por la administración local de Popayán se advierte que la inspección realizada a la sociedad Metálicas Iderna del Cauca S.A., no verificó cada uno de los ítems solicitados por la administración de Manizales, pues de la lectura que de ella se hace no se establece que se hubiera verificado que la empresa se encontraba desarrollando efectivamente el objeto social, requerimiento que efectuó aquella.

De conformidad con el artículo 11 de la Ley 218 de 1995, el medio idóneo para demostrar que el 80% de la producción de la empresa se realizó en la zona objeto de la reactivación económica, son los libros de contabilidad debidamente registrados; advierte la Sala, que de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, dicha labor no se efectuó; de ahí que el hecho de no encontrar físicamente “un alto porcentaje” de la maquinaría en la sede fabril para la fecha de la visita (mayo 21/99), no es la prueba idónea para llegar a dicha conclusión, más aun cuando entre la fecha de la visita y la materialización de la inversión han transcurrido dos años de haber comprado la maquinaría.

De otro lado, resalta la Sala que para corroborar la materialización de la inversión, la administración verificó (5) con los soportes contables y las facturas de ventas de activos, “que la empresa receptora Metálica Iderna del Cauca S.A., destinó la totalidad de los recursos de capital” a la compra de la maquinaría y equipo dentro del término legal y por lo tanto, se repite, el hecho de que para el día de la visita (mayo 21/99) “un alto porcentaje” de la maquinaria se encontrara en mantenimiento en la ciudad de Manizales, después de dos años de adquirida, no es razón para desconocer el beneficio tributario que concede la Ley Páez, por la inversión que en el año 1997 por valor de $ 34.000.000 solicitara el inversionista; aun más cuando en planta se verificó la existencia física de maquinaria por $ 55.493.602.

Por último, hay que destacar el hecho de que en los actos administrativos demandados (6) y en la contestación de la demanda, la administración de impuestos ha manifestado que comprobó la inversión por parte del actor y la materialización de la misma dentro del término legal por la empresa receptora.

En tales condiciones la determinación de los impuestos y la imposición de sanciones deben fundamentarse en los hechos que aparezcan comprobados dentro del proceso, y al haberse probado la realización efectiva de la inversión y la materialización de la misma en el término legal, no procedía el desconocimiento del beneficio tributario y por consiguiente la sanción por inexactitud.

En relación con la sanción por no enviar información (7) , se impuso por no haber suministrado el actor la información a que se refiere el oficio 8410076182-0516 del 4 de abril del 2000 (8) , suscrito por el jefe de la división de fiscalización tributaria y aduanera de Manizales, en el cual se lee:

Señores: Gustavo Hernán Aristizábal Hoyos

Liquidador principal

Iderna Metalistería S.A.

Cra. 24 Nº 53-78, apto. 201

Manizales - Caldas

En virtud de la inspección tributaria que se adelanta a dicha sociedad, solicito muy comedidamente la siguiente información, la cual había sido solicitada verbalmente:

1. Materialización de la inversión realizada durante el año 1997 en la sociedad Metálicas Iderna del Cauca S.A., indicando: Nombre o identificación del activo productivo adquirido (planta, equipo, inventario u otro activo productivo), fecha de adquisición, valor del activo, número de la factura identificando claramente el nombre del vendedor o proveedor.

2. Certificación de la fecha de indicación y terminación tanto del período improductivo como del período productivo, de Metálicas Iderna del Cauca S.A.

3. Fotocopia de la resolución mediante la cual fue ampliado el término para materializar la inversión (en el caso de haber hecho dicha solicitud).

4. Relación de los clientes indicando nombre y NIT, número y fecha de factura, concepto y valor de los productos vendidos por Metálicas Iderna del Cauca S.A., durante el año 1997.

5. Descripción del proceso productivo, así como la materia prima utilizada y los proveedores de la misma, de la sociedad Metálica Iderna del Cauca S.A.

Resalta la Sala que la información solicitada por la Administración de Impuestos de Manizales al liquidador de Iderna Metalistería S.A., gira en torno a la empresa receptora que se encuentra ubicada en Puerto Tejada (Cauca) y que por el contenido de la misma, solo le compete a esta y por lo tanto tenía que reposar en la contabilidad y en los archivos de Iderna del Cauca S.A., y que a pesar de ser el actor el inversionista, no podía dar respuesta a dicha información por no contar con ella en su contabilidad.

Así las cosas, obligado es concluir que dicha información pudo obtenerla el ente fiscalizador en la inspección tributaria que realizó a la empresa receptora ((mayo 21/99)); no puede pasarse por alto que dentro de las verificaciones que debió hacer la administración local de Popayán, se encuentran relacionados los numerales 1º y 2º solicitados en el oficio citado, pero a pesar de ello no se tramitó por los funcionarios que realizaron la diligencia en cuestión.

Así las cosas, no puede la administración de impuestos, en aras de corregir su inoperancia, exigir información de una persona jurídica de quien el contribuyente no la posee a pesar de ser accionista, pues se repite, la información requerida tenía que reposar en la contabilidad y en los archivos de la empresa receptora y no del contribuyente investigado; razón por la cual no procede la sanción impuesta al contribuyente por no enviar información.

En mérito de lo expuesto la Sala revocará la sentencia apelada y a título de restablecimiento del derecho declarará la firmeza de la declaración tributaria del período gravable 1997.

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 31 de agosto de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas. En su lugar,

DECLÁRASE la nulidad de la liquidación oficial de revisión 10 064 2001 000029 y la Resolución 10077 2002 00011 del 7 de mayo de 2002 emanadas de la DIAN, por medio de las cuales modificó la declaración privada correspondiente al año gravable 1997.

A título de restablecimiento del derecho DECLÁRASE en firme la declaración tributaria del período gravable 1997.

2. RECONÓCESE personería a la abogada Biviana Nayibe Jiménez Galeano como apoderada de la administración de impuestos, en los términos del poder a ella conferido.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Fl. 304 a 307 c.a.

(2) Fl. 306.

(3) Acta administrativa (fls. 99 a 222) y acta de inspección tributaria (fls. 291 a 299).

(4) Liquidación oficial de revisión (fl. 36).

(5) Requerimiento especial, fls. 63 a 83.

(6) Resolución 10 077 2002 00011 del 7 de mayo de 2002.

(7) Liquidación oficial de revisión (fl. 37 c.a.).

(8) Fl. 229.

________________________________