Sentencia 16062 de septiembre 6 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 16062

Acta Nº. 43

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Isaac Nader

Bogotá, D.C., seis de septiembre de dos mil uno.

EXTRACTOS: «Procede la Corte a resolver el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Gilberto Castro Rico contra la sentencia del 30 de noviembre de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dentro del proceso ordinario promovido por el recurrente a la sociedad Panamco Industrial de Gaseosas S.A.

(...).

Se considera

Se advierte, en primer lugar, que no asiste ninguna razón al replicante en los reparos técnicos que formula a los cargos, por cuanto es evidente que el censor plantea adecuadamente el petitum de la demanda, tanto la parte a casar como la actuación de la Corte en sede de instancia, e igualmente señala en forma correcta los medios demostrativos generadores de los yerros denunciados, indicando cuáles no fueron apreciados y cuáles lo fueron erróneamente, alternando incluso las dos modalidades en cargos distintos.

Previamente corresponde señalar que la confesión contenida en las respuestas del representante legal de la demandada y las documentales visibles a folios 104 y 105 en realidad no fueron apreciadas, puesto que si bien es el tribunal aludió expresamente a la primera de dichas probanzas no hay evidencia de que se haya detenido a examinar su contenido intrínseco; en cuanto a las otras dos piezas probatorias es evidente que no las apreció en tanto ningún comentario hizo sobre ellas, al punto que ni siquiera las mencionó.

Con esa precisión, corresponde a la Corte abordar el estudio de fondo, destacando que el meollo de la presente controversia estriba en determinar si la naturaleza jurídica del vínculo que unió al actor y a la demandada desde el 23 de julio de 1993 hasta el 25 de julio de 1997 era laboral, como lo plantea el recurrente, o si por el contrario, mercantil independiente, regida por las normas de la agencia comercial de distribución de productos, como lo concluyó el tribunal.

En este orden de ideas se tiene que del examen del contrato de distribución suscrito entre los ahora litigantes aflora que lo allí plasmado no es cosa distinta que el acuerdo de voluntades consignado por escrito en virtud del cual el demandante se comprometió a distribuir unos productos, ciñéndose a unas rutas y precios previamente establecidos, con absoluta autonomía y libertad técnica y administrativa para contratar directamente personal y comprar los elementos adicionales que requiriera, cláusulas que no son propias de una relación de trabajo sino de una de agencia o distribución comercial. Como eso precisamente fue lo que coligió el ad quem de dicho documento, es claro que no incurrió en ningún error en su apreciación.

Por otro lado, se duele el censor de la falta de apreciación de los oficios visibles a folios 103 y 104, consistentes en sendos oficios, el primero enviado por la empresa al demandante el día 31 de enero de 1997 en los siguientes términos:

“En repetidas ocasiones se ha revisado su ruta asignada, encontrándose muchas deficiencias, tanto en la frecuencia de la visita como en la ejecución (exhibición-refrigeración), sin que usted haya tomado las medidas correctivas.

“En base a esto tiene un mes a partir de la fecha para mantener la ruta con sus respectivos clientes en las condiciones que dice el contrato de licencia de distribución que firmó con la empresa, caso contrario daremos por terminado dicho contrato”.

Y el segundo, dirigido por el señor Fabián Hernández al gerente de “Panamco”, el 27 de enero de 1997, que dice:

“Le solicito la cancelación del contrato de distribución al señor Gilberto Castro en razón a no cumplir con las normas de la compañía; no realizar la frecuencia de servicio de tres veces de semana y una mala ejecución en el punto de venta.

Es de anotar que en varias oportunidades se le ha llamado la atención, llegando a no suministrarle cargue durante los días 17, 18 y 19 de diciembre de 1996, sin que haya mejorado hasta la presente”.

En tales documentos, dejados de estimar por el ad quem, cree encontrar el recurrente la prueba fehaciente de la subordinación ejercida por la empresa frente al actor y, por ende, la muestra inequívoca de que su relación era laboral, apreciación de la que se aparta la Sala por cuanto dichos medios demostrativos lo único que acreditan es la inconformidad de la empresa frente al incumplimiento reiterado del contratista de sus obligaciones contractuales, pero de ellos no se colige el ejercicio del poder subordinante propio del nexo laboral.

Debe reiterarse a propósito de esto, que la existencia de un contrato independiente civil o comercial en ningún caso implica la veda total de instrucciones o el ejercicio de control y supervisión del contratante sobre el contratista, desde luego que tampoco la sola existencia de estos elementos permite concluir, de manera automática, la existencia del contrato de trabajo.

Es que definitivamente la vigilancia, el control y la supervisión que el contratante de un convenio comercial o civil realiza sobre la ejecución y las obligaciones derivadas del mismo, en ningún caso es equiparable a los conceptos de “subordinación y dependencia” propios de la relación de trabajo, pues estas últimas tienen una naturaleza distinta a aquellos; en todo caso, las instrucciones específicas hay que valorarlas dentro del entorno de la relación y no descontextualizadamente como lo intenta el censor, pues son precisamente esas circunstancias peculiares las que en determinado momento permiten colegir si las órdenes o instrucciones emitidas corresponden a un tipo de contrato u otro. Y en el sub lite son precisamente esas particularidades, como la denominación y contenido del contrato, su desenvolvimiento y la naturaleza de la instrucción impartida, lo que impide tener los documentos transcritos como señal de una relación de trabajo.

De suerte que aun de haber apreciado el tribunal dichas probanzas en ningún caso habría llegado a la conclusión sugerida por la censura. Con mayor razón si se tiene en cuenta que para concluir la naturaleza comercial del vínculo en la segunda fase el ad quem también tomó en cuenta que la distribución de mercancías la hacía el contratista en vehículo de su propiedad, en cuya labor le colaboraba un ayudante o segundo vendedor, quien era contratado por el demandante y corría además con el pago de sus prestaciones sociales, debiendo también pagar los gastos de mantenimiento del automotor, situaciones estas que no son propias del contrato de trabajo, sino de la de índole comercial que suscribieron las partes en litigio, aspectos que por contera no fueron cuestionados por la acusación, y que en ningún caso son desdeñables porque no sólo contribuyeron razonablemente y en gran medida a formar el convencimiento del juzgador sino que esos factores, en tanto tienen que ver con la titularidad de los útiles de trabajo y la potestad para contratar otros trabajadores, son verdaderamente relevantes para calificar una relación como independiente y no subordinada laboral.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo el 30 de noviembre de 2000, en el proceso ordinario laboral seguido por Gilberto Castro Rico contra Panamco Industrial de Gaseosas S.A.

Las costas en el recurso extraordinario, a cargo del recurrente.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Carlos Isaac Nader—Francisco Escobar Henríquez—José Roberto Herrera Vergara—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero.

Jesús Antonio Pastas Perugache, Secretario.

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