Sentencia 16063 de diciembre 11 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Número interno 16063

Radicación 250002327000200400717-01

Consejero Ponente:

Dr. Héctor J. Romero Díaz.

Grandes Superficies de Colombia S.A. - Carrefour, contra la Dian.

Fallo.

Bogotá, D.C., once de diciembre de dos mil ocho

EXTRACTOS: «Antecedentes

El 20 de enero de 2000 Carrefour presentó declaración de IVA del sexto bimestre de 1999, la cual fue corregida el 14 de noviembre de 2001.

Previo requerimiento especial y respuesta al mismo, la DIAN profirió la liquidación oficial 310642002000126 de 28 de octubre de 2002 en la que modificó la declaración de IVA e impuso sanción por inexactitud.

Con fundamento en el artículo 99 de la Ley 788 de 2002, el 18 de marzo 2003 Carrefour solicitó la terminación por mutuo acuerdo del proceso administrativo de IVA por el sexto bimestre de 1999.

Mediante acta del comité especial de conciliación y terminación por mutuo Acuerdo 005 de 23 de abril de 2003, la DIAN determinó que no era procedente la solicitud, dado que liquidación oficial de revisión estaba en firme y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la liquidación había caducado. La decisión fue comunicada por oficio de 28 del mismo mes.

Mediante Resolución 604-900.006 de 30 de julio de 2003 el comité especial confirmó en reposición el acta y por Resolución 8932 de 28 de octubre del mismo año, el Comité de defensa judicial y conciliación de la DIAN confirmó en apelación la decisión.

(...).

Consideraciones

En los términos de la apelación precisa la Sala si se ajustaron a derecho los actos mediante los cuales la DIAN rechazó la solicitud de terminación por mutuo acuerdo del proceso administrativo de determinación oficial del IVA por el bimestre 6º de 1999. En concreto, señala si procedía la terminación por mutuo acuerdo, a pesar de que la liquidación oficial estaba ejecutoriada y había caducado la acción de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de la misma.

El artículo 99 de la Ley 788 de 2002 establecía que los contribuyentes y responsables de los impuestos de renta, ventas, timbre y retención en la fuente, a quienes se les hubiera notificado antes de la vigencia de la ley, requerimiento especial, pliego de cargos, liquidación oficial de revisión o resolución sanción podían transar con la DIAN, antes del 31 de julio de 2003, en las condiciones allí previstas (1) . Y, dispuso que para la debida aplicación de la norma, los términos de corrección de los artículos 588, 709 y 713 del estatuto tributario, se extenderían temporalmente.

El propósito del legislador fue terminar, por la vía del acuerdo mutuo, los procesos administrativos en materia tributaria iniciados y no definidos, esto es, en curso antes de la vigencia de la Ley 788 de 2002 (dic. 27 de ese año) hasta el 31 de julio de 2003; por lo que dentro de dicho plazo debía llevarse a cabo la transacción.

La norma fue reglamentada por el Decreto 309 de 2003, que en su artículo 12 dispuso como causales de improcedencia de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo, que hubiera caducado la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o que el acto administrativo se encuentre ejecutoriado (lits. a y b) (2) .

Al analizar la legalidad del artículo 13 del Decreto 406 de 2001, reglamentario del artículo 102 de la Ley 633 de 2000, en cuanto dispuso como causales de improcedencia de la terminación por mutuo acuerdo, haber operado la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (lit. a) y estar el acto administrativo ejecutoriado (lit. b), a las que también se refiere el artículo 12 [lit a) y b)] del Decreto 309 de 2003, la Sala hizo las siguientes precisiones, que ahora reitera (3) :

No es posible la transacción o terminación por mutuo acuerdo cuando se encuentra definida la controversia en virtud de la caducidad de la acción o de la ejecutoria del acto, pues, según el artículo 2469 del Código Civil, la finalidad de la transacción es ponerle fin a un proceso administrativo o evitar el jurisdiccional.

Si de evitar la controversia jurisdiccional se trata, es de la esencia de la terminación por mutuo acuerdo, que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que podría iniciarse no se encuentre caducada, pues, en tal evento, a la viabilidad de “transigir” se opone la misma norma superior que condiciona la procedencia de la transacción al hecho de que no se haya interpuesto demanda ante la jurisdicción, lo que “lleva explícitamente el entendimiento de que el término respectivo para ejercer el derecho de acción jurisdiccional, no haya caducado y por tanto el contribuyente esté en la posibilidad de ejercerlo” (4) .

Como el propósito de la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, es poner fin a los ya iniciados, se excluyen los eventos en los cuales ya no hay proceso administrativo, por haber concluido el trámite y hallarse ejecutoriados los actos, evento en el cual solamente es posible exigir su cumplimiento, aun de manera forzada.

La ley excluye de la transacción las situaciones jurídicas consolidadas, “entendiéndose como tales aquellas respecto de las cuales han precluido los términos procesales de discusión ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales” (5) .

Conforme al criterio anterior, que se ha reiterado en otras oportunidades (6) , el hecho de que la ley hubiera fijado como plazo para efectuar la transacción hasta el 31 de julio de 2003, tiene como propósito fijar el lapso dentro del cual la terminación por mutuo acuerdo debe realizarse, sin que dicho término tenga el efecto de revivir actuaciones ya definidas y cumplidas y, por ende, inmodificables.

Además, el artículo 12 [lit. a) y b)j del Decreto 309 de 2003 no fija ningún término dentro del cual pueda solicitarse la transacción; por ende, no establece limitación alguna diferente a la legal.

En el asunto sub judice están probados los siguientes hechos:

La liquidación de revisión fue notificada el 31 de octubre de 2002 (fl. 137 c.a.). La actora no interpuso recurso de reconsideración.

Presentó solicitud de terminación por mutuo acuerdo el 18 de marzo de 2003 (fls. 165 y 166 c.a.).

Conforme a lo anterior, la presentación de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo fue extemporánea, dado que para el 18 de marzo de 2003, la liquidación oficial de revisión se encontraba ejecutoriada, porque no se interpuso el recurso de reconsideración, que era el procedente (E.T., art. 720 y CCA, art. 62 [3]); y, había vencido el término de cuatro meses para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el citado acto (CCA, art. 136 [2]).

En consecuencia, era viable el rechazo de la solicitud, puesto que no existía asunto que pudiera terminar por mutuo acuerdo, dado que el proceso administrativo sobre la liquidación de revisión había concluido y, por tanto, constituía una actuación cumplida e inmodificable, respecto de la cual solo cabía exigir su cumplimiento.

En relación con el argumento de la actora en el sentido de que en virtud del artículo 99 de la Ley 788 de 2002, el término para interponer el recurso de reconsideración se extendió temporalmente, la Sala precisa que el inciso tercero de la norma en mención, solo permitió la ampliación de los términos de corrección de los artículos 588, 709 y 713 del estatuto tributario (7) . Por tanto, el término para interponer el recurso de reconsideración continuaba siendo el del artículo 720 ibídem, esto es, el de dos meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial.

Por último, no se advierte que el rechazo de la solicitud fuera imputable a la administración, pues, si bien la Ley 788 de 2002 solo fue objeto de reglamentación hasta el 11 de febrero de 2003 y la administración, en un principio, podía tener algunas dudas sobre la aplicación de la ley, a la fecha del reglamento, la actora tenía la certeza total de que no podía presentar la solicitud de terminación por mutuo acuerdo, si había caducado la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, la acción en comentario caducó el 1º de marzo de 2003, por lo que la demandante debió presentar su solicitud hasta ese día y no, como lo hizo, 17 días después.

A su vez, los requisitos para que la liquidación de revisión quedara ejecutoriada y para que hubiera caducado la acción de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de dicho acto, operaron por mandato legal, no por decisión de la administración, por lo que no es cierto que la extemporaneidad de la solicitud se debió a la indebida orientación de la DIAN, ni que con su proceder se violaron los principios de eficiencia y economía.

Así las cosas, al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los actos se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 26 de abril de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de Grandes Superficies de Colombia S.A. - Carrefour, contra la DIAN.

RECONÓCESE personería a la abogada Ana Isabel Camargo Ángel, como apoderada de la DIAN.

Notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha».

(1) “ART. 99.—Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios. Los contribuyentes y responsables de los impuestos sobre la renta, ventas, timbre y retención en la fuente, a quienes se les haya notificado antes de la vigencia de esta ley, requerimiento especial, pliego de cargos, liquidación de revisión o resolución que impone sanción, podrán transar antes del 31 de julio del año 2003 con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales:

[...].

b) Hasta un veinticinco por ciento (25%) del mayor impuesto y el valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, determinadas mediante liquidación oficial, siempre y cuando no hayan interpuesto demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, y el contribuyente o responsable corrija su declaración privada pagando el setenta y cinco por ciento (75%) del mayor impuesto determinado oficialmente;

[...].

Para tales efectos dichos contribuyentes deberán adjuntar la prueba del pago o acuerdo de pago de la liquidación privada del impuesto de renta por el año gravable de 2001, del pago o acuerdo de pago de la liquidación privada del impuesto o retención según el caso correspondiente al período materia de la discusión, y la del pago o acuerdo de pago de los valores transados según el caso.

La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la actuación administrativa tributaria prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del estatuto tributario, y con su cumplimiento se entenderá extinguida la obligación por la totalidad de las sumas en discusión.

[...]”.

(2) “ART. 12.—Improcedencia de la terminación por mutuo acuerdo. La terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios de determinación de impuestos y/o de imposición de sanciones de que tratan los artículos 7º a 10 de este decreto, no será procedente en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando habiéndose agotado la vía gubernativa por fallo del recurso de reconsideración, o por no haberse interpuesto el recurso oportunamente, opere la caducidad del término para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; b) Cuando el acto administrativo se encuentre debidamente ejecutoriado; c) Cuando no se haya cancelado la declaración de renta del año gravable 2001 y/o las liquidaciones privadas del impuesto sobre las ventas o retención del período materia de la discusión; d) Cuando se trate de liquidaciones de aforo o de corrección aritmética”.

(3) Sentencia de 12 de diciembre de 2002, Expediente 12567, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(4) Ibídem.

(5) Ibídem.

(6) Sentencias de 6 de abril de 2006, Expediente 14267, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y 17 de agosto de 2006, Expediente 15178, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(7) Artículo 99 [inc. 3º] de la Ley 788 de 2002: (...) “Los términos de corrección previstos en los artículos 588, 709 y 713 del estatuto tributario, se extenderán temporalmente con el fin de permitir la adecuada aplicación de esta disposición, y la del parágrafo transitorio del artículo 424 del estatuto tributario”.

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