Sentencia 16066 de octubre 6 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO

CONCURRENCIA DE LA ANTIJURIDICIDAD FORMAL Y MATERIAL

EXTRACTOS: «Se endilga al procesado la comisión del delito de falsedad ideológica en documento público al extender el contrato adicional de obra, valor y plazo 01 del 6 de enero de 1995, sin objeto real comoquiera que los trabajos complementarios contratados habían sido realizados junto con los principales, y ampliar ficticiamente con ese fin el plazo inicial en 30 días más. Es decir, por servir de mecanismo para legalizar unos hechos cumplidos y así cancelar al contratista el valor de los trabajos, eludiendo el trámite que legalmente le correspondía para obtener su pago.

Y, al suscribir el acta de liquidación y entrega de las obras con fecha anterior a la que realmente transcurría —ene. 8/95—, lo cual era imprescindible para cancelar el valor de los trabajos, ya que si ostentaba la fecha real el contratista inevitablemente debía tramitar la reclamación por otra vía.

Conductas cuya realización y adecuación típica en el delito de falsedad ideológica en documento público encuentra la Sala demostradas, como pasa a evidenciar.

El artículo 219 del Código Penal anterior, describe dicho punible de la siguiente manera:

“El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba. Consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años”.

Supuesto de hecho que con la misma redacción reproduce el artículo 286 del Código Penal, mudando la pena de prisión de 3 a 10 años a una de 4 a 8 años, previendo adicionalmente como principal la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 10 años.

1.1. Realizando el estudio dogmático de este tipo penal encuentra la Sala que el primer elemento tiene que ver con la realización del supuesto de hecho por un servidor público, condición que ostentaba el procesado en virtud a que firmó el contrato adicional y el acta de liquidación definitiva de las obras en ejercicio de sus funciones de gobernador del departamento del ...

1.2. Los documentos falsos en su veracidad son públicos ya que en su elaboración participó el aforado en cumplimiento de sus atribuciones de contratar a él deferidas como gobernador por la Constitución y la Ley 80 de 1993.

1.3. El contenido y la fecha del contrato es mendaz, como inveraz es la fecha del acta de la liquidación del contrato.

1.3.1. En cuanto al contrato adicional, se comprobó que las partes acordaron la construcción de dos “alcantarillas cajón” no previstas originalmente y la realización de mayores cantidades de obra necesarias para cumplir con el objeto inicial, trabajos que se acreditó fueron ejecutados concomitantemente con los principales, por ende, el plazo adicional era necesario. Ello con el propósito de cancelar las obras adicionales sin observar los canales legales correspondientes.

Conclusión a la que llega la Sala con base en la demostración de los siguientes hechos:

(...).

Así entonces, fluye con evidencia la convergencia de los elementos constitutivos del delito de falsedad ideológica en documentos públicos, pues los mismos tenían idoneidad probatoria comoquiera que con su elaboración y uso se cancelaron las obras adicionales evadiendo el trámite legal correspondiente.

1.4. Además de típicas las conductas son antijurídicas materialmente dado que amen de poner en riesgo la fe pública en cuanto a la confianza depositada por la colectividad en los documentos públicos para probar la relación jurídica en ellos contenida, puso en peligro a otros intereses colectivos, con arreglo a las previsiones hechas por el artículo 11 del Código Penal.

Conclusión a la que arriba la Sala desarrollando el criterio que recientemente ha adoptado en torno al contenido y el alcance de la antijuricidad en los delitos de falsedad documental y, en este caso, en la falsedad ideológica en documento público, apoyada en la interpretación del artículo 11 del Código Penal.

Ciertamente, por ser expresión de la facultad legal documentaria del Estado, le bastaba con la mutación de la verdad de los documentos extendidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones para considerar lesionado potencialmente el bien jurídico de la fe pública, entendida como la confianza de la colectividad en la veracidad de su contenido, independiente de la nocividad o daño que pudiera causar en particular en el tráfico jurídico social.

No obstante, al exigir ahora el artículo 11 del Código Penal que la conducta típica para ser punible requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal; es claro para la Sala que la presencia de este elemento se alcanzará únicamente en los eventos en que se demuestre cabalmente la concurrencia de la antijuricidad formal y material.

En efecto, este precepto se erige como el fundamento del injusto penal al reconocer a todas las personas el derecho a actuar libremente sin más limitaciones que las impuestas por el derecho de los demás y el orden jurídico, es decir, exige perentoriamente la confluencia de los desvalores de acción y de resultado para que la conducta además de típica sea antijurídica, entendido el primero como el reproche que se hace al sujeto activo por oponer su voluntad a la prohibición o mandato que contiene la norma y, el segundo, como la censura que recae sobre la conducta por lesionar o poner en peligro, sin justa causa, el bien jurídico tutelado. O lo que es lo mismo, exige la presencia de la antijuridicidad formal y material.

Desde este punto de vista, la antijuricidad material supondrá la formal, mas no sucederá siempre lo contrario, comoquiera que puede ocurrir que existiendo contrariedad entre la conducta juzgada y la norma, no haya lesión o puesta en peligro efectivo al bien jurídico.

Regulación acorde con el principio de subsidiariedad y con el carácter fragmentario del derecho penal dentro de un Estado social y democrático de derecho, que propugnan por su utilización como último recurso a falta de otros menos lesivos para los derechos del procesado, y por castigar únicamente las conductas que con mayor intensidad lesionen o pongan en peligro los bienes jurídicos, es decir, aquellas especialmente intolerables.

Desde esa perspectiva, es obvio que para pregonar la presencia de la antijuridicidad no bastará que el servidor público haya mutado la verdad en el documento extendido en el ejercicio de sus funciones para considerar lesionada o puesta en peligro la fe pública, con lo que se alcanzaría la antijuricidad formal; sino que se requiere, adicionalmente, el menoscabo o puesta en efectivo peligro de otros intereses privados o públicos de cualquier índole, más allá de la credibilidad de la colectividad en los documentos públicos —la antijuridicidad material—.

Dicho en otras palabras, además de la desconfianza que per se genera la falsedad ideológica en los documentos públicos ha de constatarse en cada caso concreto que en la relación jurídico social causaron daño o pusieron en peligro otros intereses particulares o públicos, regularmente los derechos que pretende crear, modificar o extinguir el documento.

En estas condiciones el bien jurídico de la fe pública aparece como una verdadera garantía jurídico social, concreta, objetiva y comprobable en el proceso.

Entendimiento que, como atrás se enunció, la Sala en decisión del 21 de abril de 2004, con ponencia del honorable magistrado Mauro Solarte Portilla, en el radicado 19930, había perfilado de la siguiente manera:

“... es de recordarse que el antiguo concepto de que la veracidad e intangibilidad de los documentos públicos debían ser respetados con independencia de la nocividad o inocuidad de sus efectos en el tráfico jurídico por ser una por ser una emanación del poder documentario del Estado, y que la sola alteración de la verdad en los mismos merecía reproche penal, hoy en día con los modernos desarrollos dogmáticos ha quedado relegado a un segundo plano, para dar paso a otro prevalente en el derecho penal fundado en criterios de relievancia social y jurídica, según el cual los documentos deben representar la existencia de un hecho trascendente en el ámbito de lo social, sea creando, modificando o extinguiendo relaciones jurídicas. De allí precisamente que en la actualidad se exija que los documentos sobre los cuales recae la acción falsaria necesariamente deben ser aptos para servir de prueba de un hecho social y jurídicamente relevante”.

Pues bien, aplicando este nuevo concepto a las falsedades ideológicas cometidas en el contrato adicional y en el acta de liquidación y entrega de obras, podría pensarse, como lo hace la defensa, que no obstante ser formalmente antijurídicas no lo son materialmente, pues pese a la evidente desconfianza generada en la comunidad en la veracidad de los documentos expedidos por la gobernación, no habrían menoscabado o puesto en peligro efectivamente ningún otro interés particular o público por ser tramitado, celebrado y ejecutado el contrato principal acorde con la ley de contratación pública, autorizadas verbalmente las obras adicionales por el gobernador saliente siendo necesarias para cumplir el objeto principal, ejecutadas totalmente y de conformidad con las especificaciones convenidas, no causar detrimento en el patrimonio del departamento ni de otra persona al descartarse la presencia de sobrecostos, y elaborados con el exclusivo propósito de pagar las obras ejecutadas y recibidas satisfactoriamente.

Sin embargo, y ello es cierto para la Corte, los documentos causaron daño concreto a los intereses de la comunidad del departamento del ..., ya que fueron utilizados como instrumentos para cancelar irregularmente las obras complementarias haciendo creer que en verdad el acusado había tramitado, celebrado y ejecutado un contrato adicional y recibido las obras con observancia de las exigencias legales, vulnerando los principios de legalidad, transparencia y moralidad públicos que estaba compelido a observar en el ejercicio de la función pública que tiene por objeto obtener los fines del Estado, entre ellos, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo; cuando la verdad es que el contrato se confeccionó con en exclusivo propósito de realizar el pago de los trabajos sin cumplir los requisitos legales sustanciales previos, concomitantes y posteriores a su celebración, y el acta para aparentar la entrega regular de las obras.

Efectivamente, los trabajos fueron ejecutados antes de firmarse el contrato el cual fue signado sin la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, sin ampliar el término y valor de la póliza de la garantía inicial, ni pagar el impuesto de timbre y sin ser publicado en la gaceta oficial del departamento.

En fin, demostrada la lesividad de los documentos es clara la antijuridicidad material de las falsedades.

1.5. El proceder doloso del acusado también asoma demostrado en el plenario. Las pruebas evidencian que tenía cabal conocimiento que se estaba creando un documento adicional ficticio y un acta de liquidación final con fecha falsa, con el fin de legalizar las obras complementarias ejecutadas por el contratista autorizado por la administración pasada, para por este medio cancelarlas evitando el trámite regular. Proceder que sabía estaba prohibido por el ordenamiento jurídico pero que no fue óbice para Ilevarlo a cabo.

No es cierto que obrara convencido que su actuar no era antijurídico, como lo pregona el acusado, por cuanto lo probado por la investigación es que conocía plenamente la prohibición de su conducta, no empece lo cual procedió a ejecutarla.

(...).

Demostrado como está que el acusado consciente y voluntariamente participó en la elaboración de los documentos falsos ideológicamente, se rechaza la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de reconocer la presencia de un error vencible de prohibición, pues se reitera, de acuerdo con el grado de instrucción, la experiencia reunida en muchos años en el servicio público, y en especial las pruebas valoradas con antelación, evidencian que el acusado actúo con pleno conocimiento de la antijuridicidad de su comportamiento.

En fin, alcanzada la certeza de los elementos del hecho punible y la responsabilidad del procesado en la comisión de estos delitos la Sala lo condenará como coautor responsable de los mismos, en concurso homogéneo».

(Sentencia de única instancia, 6 de octubre de 2004. Radicación 16.066. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Lombana Trujillo).

____________________________