Sentencia 16074 de junio 12 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Número Interno 16074 de 2008

Radicación 25000-23-24-000-2000-00564-01

Consejera Ponente:

Dra. María Inés Ortiz Barbosa.

Actor: Helicentro Ltda.

Apelación sentencia de 14 de abril de 2005 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Plan Vallejo - incumplimiento de obligaciones - garantía.

Fallo.

Bogotá, D.C., doce de junio de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En el caso se controvierte la legalidad de las resoluciones 000724 de 29 de abril de 1998 y 0090 de 18 de febrero de 2000, expedidas por el director del Incomex regional Bogotá - Cundinamarca, mediante las cuales declaró el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por Helicentro Ltda., en virtud de la autorización del programa de sistemas especiales de importación-exportación MP-530 y ordenó hacer efectiva la garantía personal global constituida a su favor.

El tribunal accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que la demandante cumplió las obligaciones relacionadas con el programa autorizado, pues el plazo para presentar los estudios demostrativos de las exportaciones del año 1994, se extendió hasta finales de septiembre de 1997; además, los actos acusados carecen de una exposición razonada de los motivos para ordenar hacer efectiva la garantía.

De acuerdo con los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, debe la Sala establecer, si son suficientes las razones que tuvo la entidad oficial para declarar el incumplimiento y en consecuencia declarar ajustada a derecho la actuación administrativa censurada.

La Resolución 0682 de 28 de junio de 1995, vigente para la época de los hechos que dieron origen al presente asunto, entre otros aspectos, regula el acceso a los sistemas especiales de importación-exportación, así como la autorización, modificación, garantías de cumplimiento, demostración y verificación de los compromisos pactados, incumplimiento y señala el procedimiento para hacer efectiva la garantía.

Dicho administrativo señala que las personas naturales o jurídicas pueden solicitar al Incomex autorización para introducir al país, bajo un régimen especial, con exención total o parcial de derechos e impuestos, insumos, materias primas, bienes intermedios, bienes de capital y repuestos, para ser utilizados en la producción de bienes prioritariamente destinados a su venta en el exterior y a la prestación de servicios que se exporten o que estén vinculados directamente con un bien destinado a la exportación (art. 2º), obligaciones que deben cumplirse so pena de hacer efectiva la garantía de cumplimiento otorgada con ese fin (art. 72).

El artículo 73, dispone que la garantía debe constituirse para cada periodo de importación por el 20% del cupo autorizado, la cual debe contener, entre otros requisitos, la vigencia total en la que se señalen los plazos determinados para importar, efectuar, demostrar y verificar los compromisos de exportación (art. 74).

El artículo 75, establece que la vigencia de las garantías que se constituyan en desarrollo de los programas en materias primas e insumos, será de 24 meses contados a partir de la fecha de su aceptación, divididos así: 18 para efectuar y demostrar las exportaciones y 6 destinados a la verificación.

Para la demostración del cumplimiento de los compromisos de exportación adquiridos en desarrollo de los programas especiales, los usuarios del plan Vallejo, deben presentar un único estudio conforme al formulario que para el efecto suministra la entidad, ante la división de control y seguimiento, máximo en la fecha fijada para tal fin (arts. 80 y 81) y corresponde a esta división verificarlos dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de radicación del estudio (art. 83).

Igualmente la misma división debe determinar el incumplimiento, liquidar el monto y ordenar se haga efectiva la garantía por el monto del saldo no demostrado; además, dar traslado a la DIAN para lo de su competencia y comunicar tal decisión al usuario, a la división de sistemas especiales y a la dirección regional o seccional (arts. 89 a 92).

Con fundamento en la comunicación de incumplimiento y los antecedentes del programa, la división regional o seccional, dentro de los quince días calendario siguientes, expedirá la resolución a través de la cual declara el incumplimiento y hace efectiva la garantía (art. 93).

El artículo 85, prevé que si comparado el compromiso adquirido con las exportaciones registradas, estas superan el 70%, no hay lugar a declarar incumplimiento y señala el trámite para cancelar el saldo no demostrado.

En el presente asunto, Felipe Jaramillo, en nombre y representación de Helicentro Ltda., el 19 de enero de 1994, suscribió la garantía personal global para amparar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del programa MP-530 ante el Incomex (fl. 2 c.a.).

De conformidad con la cláusula primera, se obliga a demostrar ante el Incomex, el cumplimiento de las obligaciones asumidas, a más tardar el día 20 de julio de 1995: En la cláusula segunda se fija el monto de la garantía en $ 1.632.300.000, US$ 10.000.000, liquidada a la tasa de cambio 816.15. En la cláusula tercera se establece que la garantía estará vigente hasta el 20 de enero de 1996. Dicha garantía fue aceptada por el Incomex el 20 de enero de 1994.

Mediante la Resolución 000724 de 29 de abril de 1998, el Incomex declaró el incumplimiento y ordenó hacer efectiva la garantía. Se destaca que a esta fecha, el término de vigencia de la garantía constituida había expirado. Contra la declaratoria de incumplimiento la sociedad interpuso el recurso de reposición, el cual fue decidido por Resolución 0090 de 18 de febrero de 2000.

Como se indicó, la citada Resolución 682 de 1995, establece plazos, uno dentro del cual el usuario debe demostrar el cumplimiento de sus compromisos y otro, en el que la administración debe verificar los estudios que se alleguen con tal propósito. Si el funcionario encargado de tal verificación acata el término, permite que se ordene hacer efectiva la garantía antes de expirar su vigencia.

Así en el sub lite, es claro que la sociedad debía presentar los estudios que demostraran el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la demandante, el 20 de julio de 1995, que por tratarse de día festivo debía presentar el día siguiente y que solo presentó el 24 de julio de 1995; el Incomex contaba con seis meses contados a partir del vencimiento para efectuar la verificación pertinente, esto es, hasta el 20 de enero de 1996, sin embargo, solo hasta el 29 de abril de 1998 la administración declaró el incumplimiento y ordenó hacer efectiva la garantía, la cual se repite había vencido desde el 20 de enero de 1996.

En este sentido se pronunció la Sala en sentencia de 3 de junio de 2004, Expediente 14120, reiterada en providencia de 15 de noviembre de 2007, C.P. doctor Juan Ángel Palacio Hincapié, Expediente 15897. En esa oportunidad se dijo:

“Lo anterior demuestra que el funcionario se apartó de los términos establecidos en la reglamentación de la entidad y no puede admitirse que el descuido de la administración de no proferir el acto oportunamente, se pretenda subsanarlo acudiendo al plazo de caducidad del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, que como ya se expuso no viene al caso. Además se pretendió convertir la fecha de vigencia de la garantía en un dato sin relevancia jurídica, cuando es el plazo máximo hasta el cual ese instrumento respalda la obligación que adquirió y por consiguiente tiene el carácter de extintivo del derecho que tenía la administración para hacer efectiva la garantía.

Además la administración carece de facultad para unilateralmente extender en el tiempo los efectos de una garantía vencida y al hacerlo, viola no solo lo acordado por las partes, sino la propia reglamentación general expedida por ella”.

Así las cosas, como lo afirmó la demandante, la administración perdió competencia para declarar mediante los actos censurados el incumplimiento y ordenar hacer efectiva la garantía personal global, toda vez que a la fecha en que fueron proferidos, la garantía no era exigible pues había perdido vigencia desde el 20 de enero de 1996.

Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia apelada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha».

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