Sentencia 16077 diciembre 4 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Expediente: 25000233100010641 01

Radicación interna: 16.077

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Víctor Gutiérrez González

Demandado: Nación - Ministerio de Justicia

Bogotá, D.C., cuatro de diciembre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 22 de octubre de 1998, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, para cuyo efecto se analizará, en primer lugar, la solicitud formulada por la entidad demandada en el sentido de que se declare probada la excepción por indebida representación de la Nación, para luego hacer algunas consideraciones sobre el régimen de responsabilidad aplicable y, finalmente, establecer si en este caso se produjo un daño antijurídico imputable al Estado.

I. Sobre la excepción de indebida representación

Fue planteada la indebida representación por pasiva de La Nación - Ministerio de Justicia, porque según la ley estatutaria de la administración de justicia la representación de la rama judicial corresponde al Consejo Superior de la Judicatura - dirección ejecutiva de administración judicial. Considera la Sala que acertó el a quo al declarar infundada esa excepción, porque para cuando ocurrieron los hechos, para cuando fue presentada la demanda (feb. 14/95) y, aun para cuando esta fue admitida (mar. 6/95), tal ley estatutaria no había sido expedida, puesto que lo fue solo el día 7 de marzo de 1996 (1) .

Así pues, para la época de los hechos y de la presentación de la demanda, tal representación correspondía al Ministerio de Justicia.

II. Consideraciones sobre la responsabilidad estatal en el ejercicio de la función de administrar justicia

En relación con este tema, la Sala otrora se había negado a admitir la responsabilidad del Estado por proferir determinadas decisiones judiciales, sin embargo, esta concepción ha ido cambiando hasta el punto de aceptar, aun con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991 y de la expedición de la Ley 270 de 1996, que es posible reclamar la indemnización de los perjuicios que se causen, en diferentes eventos, por las autoridades que administran justicia, así:

“Con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991 la jurisprudencia de la corporación distinguía la falla del servicio judicial del error judicial. La primera se asimiló a las actuaciones administrativas de la jurisdicción y se reservó el segundo concepto para los actos de carácter propiamente jurisdiccional.

Por fallas del servicio judicial fue condenada la Nación en eventos relacionados con la sustracción de títulos valores o falsificación de oficios. En providencia de la Sección del 24 de agosto de 1990, expediente 5451, se consideró:

“Es verdad que el Consejo de Estado, en casos excepcionales que se recogen en buena parte en la jurisprudencia citada por el a quo, ha aceptado la responsabilidad del Estado por un mal servicio administrativo, como ocurre por ejemplo cuando de los despachos judiciales se sustraen títulos y se falsifican oficios, pues en tales circunstancias bien puede hablarse de una actividad no jurisdiccional imputable al servicio judicial”.

En lo que se relaciona con el error judicial frente a decisiones jurisdiccionales propiamente dichas hay que advertir que la jurisprudencia de la corporación se negó a admitir la responsabilidad patrimonial del Estado, con fundamento en el principio de la cosa juzgada y por considerar que dicho error no comprometía la responsabilidad del Estado porque era un riesgo a cargo del administrado, “una carga pública a cargo de todos los asociados” (2) , en aras de la seguridad jurídica y que en este campo solo tenía aplicación la responsabilidad personal del juez, siempre y cuando se tratara de un error inexcusable (CPC, art. 40).

De manera excepcional se llegó a reconocer la responsabilidad del Estado por error judicial en los eventos en los cuales la decisión pudiera asimilarse a una vía de hecho. En providencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, del 16 de diciembre de 1987, expediente R-01, se consideró:

“... Pero otra cosa es cuando el juez, aun dentro del ejercicio de sus funciones, acude a las vías de hecho o irregulares de todas maneras y causa lesión a una de las partes o a su apoderado, o a un auxiliar de la justicia, o a un tercero en general. No es esta, entonces, una simple responsabilidad personal del juez, sino una manifestación evidente de que tan importante servicio público o cometido esencial ha fallado en su funcionamiento, que compromete indudablemente al Estado. Exigirle al administrado víctima del desborde público, que tenga que individualizar al protagonista mismo de la función mal prestada y enderezar y obtener de este la digna reparación, implica regresar los avances del derecho público a los años de la franca irresponsabilidad estatal”.

Sin embargo, la resistencia de la corporación a reconocer la reparación de perjuicios por el error judicial no estaba fundamentada en limitaciones de carácter positivo. Por el contrario, existían fundamentos supralegales que permitían acceder a las pretensiones que en tal sentido fueran formuladas por los demandantes.

En efecto, aunque la Constitución de 1886 no establecía expresamente la obligación del Estado de responder por los daños que sus acciones u omisiones causaran a los particulares, el artículo 16 de la misma consagraba el deber de las autoridades públicas de proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes, disposición que sirvió de fundamento a la jurisprudencia para deducir el deber estatal de responder patrimonialmente por los perjuicios causados a los particulares con sus actuaciones u omisiones.

En vigencia ya de la Constitución de 1991 el campo de la responsabilidad del Estado por la función judicial ha logrado un mejor desarrollo. En un caso similar al que ahora se resuelve, si bien se negaron las pretensiones por considerar que el demandante había incurrido en culpa al haber sido advertido en la misma diligencia de que los bienes objeto de remate habían sido embargados previamente por otro juzgado y no obstante esta circunstancia se arriesgó a participar, sostuvo:

“A pesar de que teóricamente conforme al artículo 90 de la Carta no cabe la menor duda de que los errores judiciales pueden ser fuente de reclamaciones por quienes resulten dañados con ellos, independientemente de la responsabilidad que pudiera caberle al funcionario judicial, ... no es necesario entrar a hacer este tipo de análisis dado que de entrada se deduce que el particular, hoy demandante, quien si bien es cierto era tercero o ajeno al proceso, licitó para participar en la almoneda y advertido de lo que el juez 4º había comunicado, vale decir, que esos bienes objeto del remate jurídicamente quedaban por cuenta y a disposición del juez 19 civil del circuito, asumió el riesgo que pudiera llegar a concretarse en un perjuicio como en efecto ocurrió, al declararse ineficaz en principio el remate y adjudicación que con él se hacía y posteriormente por el Tribunal Superior declarándose la nulidad de dicha diligencia y acto jurídico correspondiente. Entonces mal puede alegar hoy que fue víctima de un error en la prestación del servicio público de justicia” (3) .

En providencia del 12 de septiembre de 1996, expediente 11.092, se condenó al Estado a reparar los perjuicios sufridos por el adjudicatario de unos bienes que fueron rematados en un proceso ejecutivo, a pesar de que contra la sociedad propietaria de estos se adelantaba un proceso de quiebra, lo cual generó la invalidez del remate. (...).

Por su parte, la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, reguló la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales. Allí distinguió tres supuestos: el error jurisdiccional (art. 67), el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (art. 69) y la privación injusta de la libertad (art. 68).

A propósito de la distinción entre el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ha dicho la doctrina española (4) que el error judicial se predica de las actuaciones en las cuales se interpreta y aplica el derecho, en tanto que la responsabilidad por funcionamiento anormal de la administración de justicia se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para el realizar el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales:

“... nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la administración de justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido este como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquellas actividades que produjesen un daño —incluso si este fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un juez o magistrado— si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional’, sino en otro tipo de actuaciones distintas.

“En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho” (5) .

Es ese el alcance que tiene el artículo 69 de la ley estatutaria de la administración de justicia, cuando define por exclusión el defectuoso [funcionamiento] de la administración de justicia al señalar que fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, supuestos en los cuales se está frente a una decisión jurisdiccional, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

Se destaca que la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia no ha sido objeto de discusión y se ha admitido en forma pacífica de tiempo atrás (6) . (7) (negrillas y corchete de la Sala).

Hechas las anteriores precisiones, resalta la Sala, a pesar de que los hechos de la demanda son anteriores a la vigencia de la Ley 270 de 1996, hoy en vigencia del artículo 90 de la Constitución Política y de la citada ley (8) , no cabe duda de que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables y así lo decidirá esta Sala si se hallaren probados los elementos que estructuran la responsabilidad, esto es i) que haya un daño antijurídico; y ii) que este sea imputable a una actuación u omisión de una autoridad vinculada a la rama judicial y iii) que exista un nexo causal entre aquellos extremos.

Corresponde analizar el material probatorio que obra en el expediente, con el fin de establecer si los hechos objeto de demanda causaron un daño antijurídico imputable a la administración de justicia. Advierte la Sala que se transcribirá textualmente el contenido de algunos elementos probatorios en razón a que se trata de conceptos técnicos y sus respectivas interpretaciones.

Con fundamento en las pruebas practicadas en el proceso, se tiene lo siguiente:

1. El 30 de mayo de 1988, el señor Víctor Manuel Gutiérrez González, por medio de apoderado judicial, promovió proceso verbal ante el Juez Civil Municipal de Bogotá reparto, contra el señor Armando Benavides y la empresa Discos Orbe Ltda., con el fin de que se le reconocieran los derechos patrimoniales que le correspondían como autor de 32 obras musicales que fueron “fijadas en fonogramas (Discos por los demandados y divulgados o puestos en el mercado, correspondiente en un 20% del precio de venta al público de los ejemplares editados (...)”. También solicitó que se reconocieran 2000 grs. oro por perjuicios morales (fls. 20 - 25, cdno. 4).

2. Mediante auto del 15 de junio de 1988, el Juzgado Veinte Civil Municipal de Bogotá admitió la demanda y el 22 de junio siguiente se decretó el embargo y secuestro de la edición, ejemplares de los fonogramas y cassettes que se encontraran en poder de los demandados (fls. 27 - 32, cdno. 4).

3. Estando el proceso en etapa probatoria se aceptó el impedimento de la juez de conocimiento y, en consecuencia, el proceso continuó su trámite ante el Juez Veintiuno Civil Municipal, quien, en audiencia pública celebrada el 7 de febrero de 1994, dictó sentencia con fundamentos en las siguientes consideraciones:

“La pretensión primera de la demanda en esta especie litigiosa que constituye lo medular del petitum dado que las otras dos son consecuenciales, entraña una contradicción ostensible pues al tiempo que reclama un derecho patrimonial del actor basado en las composiciones musicales cuya autoría se le atribuye, las cuales “fueron fijadas en fonogramas (discos) por los demandados y divulgados (sic) o puestos (sic) en el mercado” lo señala en un “20% del precio de venta al público de los ejemplares editados (L. 23/82, arts. 106 y 138)” (Las negrillas son del juzgado). En estos términos al aludir el demandante a ejemplares “editados”, al deprecar condena del 20% del precio de venta y aludir precisamente al artículo 106 del estatuto autoral, no cabe duda de ninguna naturaleza sobre que cimienta sus pedimentos en el contrato de edición, que está reglado en los artículos 105 y ss. ibídem (capítulo VIII). Reza el citado artículo 106: “En todo contrato de edición deberá pactarse el estipendio o regalía que corresponda al autor o titular de la obra. A falta de estipulación se presumirá que corresponde al autor o titular un 20% del precio de venta al público de los ejemplares editados”. Para confirmar que es edición y no otra cosa lo que en esta parte de la demanda se invoca, baste advertir que el artículo 138 del mismo estatuto, también citado allí, en la petición primera de la demanda, determina que “las normas que este capítulo (titulado “Contrato de edición”) son aplicables en lo pertinente a los contratos de edición de obras musicales...” Ahora bien, si se trata del contrato de edición como se desprende claramente de estas manifestaciones de la demanda, de bulto surge lo antitético de la pretensión cuando se dice en la misma que “las obras musicales del compositor demandante fueron fijadas en fonogramas... por los demandados y divulgadas o puestas en el mercado”, pues que (sic) esto último se refiere rotundamente al “contrato de inclusión en fonogramas. (...).

De esta suerte, se resiente la demanda de un vicio formal ahora insaneable, cual es la ambigüedad sobre dos situaciones diversas, el contrato de edición o el de inclusión en fonogramas, que soporta las pretensiones. Si se escoge el primero es claro que no encuentra eco en la causa para pedir, pues allí se dice otra vez paradójicamente que “sincronización (sic) o fijadas en fonogramas mediante varias ediciones o tirajes las obras musicales por parte de los demandados, fueron puestas desde el año de 1980 en el mercado...” (hecho segundo); más no hay barrunte siquiera en los hechos de la demanda de que los demandados se hayan comprometido con el autor a publicar su obra musical mediante impresión gráfica, la cual es característica de los contratos de edición (art. 105 del estatuto en mención). De acuerdo con el artículo 76 ejusdem “los autores de obras científicas, literarias o artísticas y sus causahabientes tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir. (...).

Si el artículo 76 pretranscrito señala los distintos usos o derechos exclusivos de los autores de obras, entre los cuales está la inclusión en fonogramas, y repasando el contenido de los hechos del libelo se echa de ver que aluden a dicha inclusión o fijación, quedando por tanto encuadrados dentro de lo previsto en el artículo 151 ibídem, que corresponde precisamente al contrato de inclusión en fonogramas, fácil sería deducir que la acción está dirigida a obtener el pago de los derechos de autor por la inclusión en los discos de los temas musicales. Pero si se acoge esta interpretación, resulta evidente la contrariedad con el petitum de la demanda, en cuanto al pretender el 20% de las ventas y señalar los artículos 103 y 138 de la Ley 23 de 1982, alude al contrato de edición, como quedó visto. Sobre el contrato de inclusión en fonogramas, expone el tratadista Manuel Pachón Muñoz en su “manual de derechos de autor”: Es el más reciente de los contratos sobre derechos de autor regulado en nuestro país. Durante mucho tiempo se consideró como incluido en el contrato de edición, del cual se desprendió más tarde, quedando comprendida, en la edición solo la impresión gráfica, mientras que en el caso del fonograma existe una fijación de sonidos”. (...).

En estas condiciones, si el libelo demandatorio, por medio del cual se impetra la preservación de un interés jurídico que se concreta en la sentencia, no ofrece la precisión y claridad debidas, ya en la forma como se hallan concebidas las súplicas, o en la exposición de los hechos, o ya en los unos y los otros, el fallador tiene la obligación de interpretarla para desentrañar la verdadera intención del demandante, para lo cual ha de considerar el escrito en conjunto sin desconocer ni separar las pretensiones de los hechos, sino integrándolos, dado que son partes de un todo.

Pero en esa labor interpretativa, que debe estar de acuerdo con su naturaleza y con su fin, únicamente procede auscultar la demanda oscura e imprecisa, haciéndolo de manera lógica y racional, sin que se puedan alterar la (sic) pretensiones suplicadas ni los hechos sobre los cuales se apoya. Siendo que en el caso bajo análisis el alcance de la pretensión formulada tiene a la condenación al pago de un derecho derivado sobre el cual se edificó como corresponde ni por semejas a la publicación de una obra musical mediante impresión gráfica (art. 105 ib.), se hace imperioso el pronunciamiento de un fallo formal, no de mérito, ante la incongruencia advertida (...) RESUELVE: 1. Abstenerse de resolver de mérito sobre la cuestión litigiosa (...)”. (fls. 308 - 316, cdno. 4).

4. En la audiencia de fallo, las partes interpusieron recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juez 21 Civil Municipal de Bogotá.

5. El 25 de julio de 1994, el Juez 31 Civil del Circuito confirmó la sentencia de primera instancia, por las siguientes razones:

“Revisado el expediente esta instancia echa de menos la prueba documental que contiene el contrato de edición o en su defecto el de administración de que alega el actor celebró con los demandados, en cambio si aparece fotocopia auténtica del contrato que celebró el demandante con la persona jurídica Musitemas (sic), el 28 de marzo de 1983. Ahora, con el interrogatorio de parte absuelto por Eduardo de Calle Rodríguez representante legal de la sociedad demandada, ni con la ratificación de los testimonios de Luis Alfonso Abril Rodríguez y Jorge Humberto Chaparro Contreras, inspección judicial, como tampoco con el dictamen pericial se puede inferir la existencia del susodicho contrato de edición o administración, de donde emana la conclusión que no existe demanda en forma, por ese contrato ser el fundamento de la presente acción, sin él no es posible hacer las condenas peticionadas. Es como si en proceso de restitución de inmueble arrendado, se afirma haberse hecho los requerimientos para constituir en mora al demandado y no se allega prueba de los mismos.

Así las cosas, esta instancia debe concluir que, en efecto, como lo señaló el a quo el proceso carece del presupuesto procesal demanda en forma, empero, por las motivaciones aquí dada (sic) y no por lo argumentado en primera instancia, debiéndose por tanto, confirmar la providencia objeto de censura” (fls. 342 - 350, cdno. 4)

Esta decisión se notificó por edicto que permaneció fijado en la secretaría del juzgado por el término legal hasta el 2 de agosto de 1994.

Probados como se tienen los hechos enumerados en los párrafos precedentes y con el fin de establecer si en este caso se configuran los elementos de la responsabilidad estatal, la Sala considera necesario precisar que de las pretensiones y hechos de la demanda se entiende que la responsabilidad que se reclama se funda en que los jueces que conocieron la demanda formulada por el demandante contra el señor Armando Benavides Rodríguez y contra la empresa Discos Orbe Ltda., se habrían abstenido del deber de administrar justicia al proferir sentencia inhibitoria, la cual habría impedido al señor Gutiérrez González recuperar los derechos patrimoniales derivados de la reproducción y edición de unas obras musicales de su autoría.

En efecto, del acápite de pretensiones de la demanda de reparación directa se lee:

“Primera: Que la Nación Colombiana (rama jurisdiccional), es responsable de no haber recuperado el demandante la suma de: $ 54.600.000.00, correspondientes al valor de sus derechos de autor insolutos (no pagados), por omisión de los juzgados 21 Civil Municipal y 31 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, en su deber de administrar justicia.

Segunda: Que como consecuencia del pronunciamiento anterior la parte demandada está en la obligación de pagar a la demandante el valor de todos los perjuicios debidamente actualizados, a saber”:

Por su parte en los hechos de la demanda se establece:

“2. Por conducto de los juzgados 20, y 21 civil municipales y 31 Civil del Circuito, buscó infructuosamente la efectividad de sus derechos y penosamente solo obtuvo la omisión de la administración de justicia como autoridad pública de garantizarle sus derechos de propiedad intelectual o derechos de autor; (...).

5. El Juez 21 Civil Municipal omitió cumplir de manera negligente (sic) con el mandato de la ley de procedimiento y se negó a variar la competencia, para fundamentar su decisión inhibitoria, haciendo incurrir en responsabilidad al Estado colombiano por los daños antijurídicos ocasionados al demandante;

6. La impericia, negligencia e inobservancia de la ley de procedimiento y de la sustantiva sobre derechos de autor se vio a lo largo de toda la tramitación que se surtió ante la justicia ordinaria, veámoslo: el 21 de noviembre de 1988 el juzgado 20 admite la demanda, el 14 de febrero de 1989 realiza la primera audiencia, recibe declaración a testigos señores Alfonso Abril, Humberto Chaparro y también interrogatorio a Víctor Gutiérrez, la amplió el 17 de marzo de 1989, interrogó al representante legal de Orbe Ltda señor Eduardo Calle (fls. 93 y 94 quien confesó haber fijado y vendido las obras musicales del demandante) para NADA porque la administración de justicia por cuenta de este juzgado se negó a valorar tales pruebas, omitiendo su deber de administrar justicia;

8. Si los juzgados 20 y 21 civiles municipales, no hubiesen omitido aplicar las normas de procedimiento que se especificaron en el hecho 4 de este libelo, que por mandato constitucional (C.N., arts. 2º y 90) les imponía la recta administración de justicia, no hubiera sido proferida la sentencia inhibitoria el 7 de febrero de 1994 (...).

9. La omisión de las leyes de procedimiento (CPC) y sustantiva (L. 23/82) por parte de la justicia ordinaria hizo incurrir el Estado en responsabilidad, por haber causado daños imputables, causados por la omisión de sus propios jueces de administrar justicia; (...).

12. La Nación (rama jurisdiccional) o jurisdiccional, es responsable y el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la omisión y acción de las autoridades que le negaron la efectividad del pago de sus derechos musicales de autor al demandante; (...).

20. Existe nítida relación de causa a efecto entre el daño patrimonial que la no administración de justicia le ocasionó y la culpa de la Nación (rama jurisdiccional) frente a la causa de Víctor Gutiérrez. (...).

26. Es deber del Estado (C.N., arts. 2º y 61) proteger la propiedad intelectual conforme a la Constitución y la ley, y, lo hace por conducto de la Nación o rama jurisdiccional (C.N., art. 90) que resultó ser responsable de que el actor no haya podido recuperar la suma de $ 54.600.000.00 correspondientes al valor de sus derechos de autor como compositor musical” (negritas de la Sala).

Así, el error judicial se circunscribe a la omisión de los jueces de administrar justicia generada por proferir una sentencia inhibitoria que no resolvió el fondo del asunto; entenderlo de otra manera sería cambiar la causapetendi de la demanda, potestad para la cual el juez de lo contencioso administrativo no está facultado.

Debe señalarse que, en virtud del principio iura novit curia, el juez está facultado para adecuar un régimen de responsabilidad diferente al aducido en la demanda, sin que con ello se estén modificando los fundamentos fácticos de las pretensiones; así lo precisó la Sala Plena de la corporación en Sentencia S-123 del 14 de febrero de 1995:

“De acuerdo con lo anterior, la Sala reitera la tesis de que la justicia administrativa es rogada y en ella no es aplicable el principio iura novit curia, pero precisa con relación a dicha característica una excepción: en aquellos procesos, en los cuales no se juzga la legalidad o ilegalidad de la actuación u omisión de la administración, sino que directamente se reclama la reparación del daño mediante el reconocimiento de una indemnización, el juez puede interpretar, precisar el derecho aplicable y si es el caso modificar, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda los fundamentos de derecho invocados por el demandante.

“En las controversias sobre responsabilidad extracontractual del Estado, materia en la cual, si bien existen algunas normas generales consagradas en la legislación positiva, aplicables que pueden ser invocadas en la demanda, tales como el artículo 90 de la Constitución Nacional, que de manera abstracta sirve de fundamento jurídico a la responsabilidad del Estado, lo cierto es que no existe un régimen legal positivo que regule de una manera precisa y detallada dicho tema, lo que hace que el juez pueda encontrar fundamentos de derecho diferentes a los propuestos en la demanda, pero sin que pueda modificar la causa petendi de la misma, que como ya se precisó la constituyen los hechos mismos en que se fundamenta.

“De conformidad con lo hasta aquí expuesto, la Sala precisa que sí es posible en materia de juicios de responsabilidad extracontractual del Estado, la aplicación del principio iura novit curia, pero siempre teniendo en cuenta que a través de él no se puede llegar a la modificación de los fundamentos fácticos de la pretensión, expuestos en el libelo, los cuales constituyen su causa petendi y son los precisados por el actor, y no otros.

Así en esta materia, lo importante es la realidad y naturaleza de los hechos y no la calificación jurídica que les pueda dar el demandante, todo lo cual coincide con lo dispuesto con nuestra legislación positiva, concretamente por el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, la sentencia debe analizar “los hechos en que se funda la controversia”.

II.(sic) Sobre la existencia de un daño antijurídico

Procede la Sala a examinar si está acreditado el daño antijurídico, como primera condición necesaria para estructurar la responsabilidad de la entidad accionada.

Como se anotó, el error judicial que se alega y del cual se deriva la indemnización que se reclama en este proceso se circunscribe a la omisión en que habrían incurrido de los jueces respecto de su deber de administrar justicia por proferir una sentencia inhibitoria, circunstancia que le habría impedido al demandante recuperar, por vía judicial, los dineros derivados de los derechos de autor sobre unas obras musicales.

En este caso el señor Víctor Gutiérrez González promovió proceso abreviado contra el señor Armando Benavides y la empresa Discos Orbe Ltda., demanda que se presentó el 30 de mayo de 1988 ante el Juzgado Civil Municipal de Bogotá (reparto). El proceso se decidió en primera instancia por el Juzgado 21 Civil Municipal de Bogotá el cual resolvió “1. Abstenerse de resolver de mérito sobre la cuestión ligiosa”. Lo anterior decisión se adoptó porque, según explicó el juez en su providencia, las pretensiones de la demanda eran ambiguas, circunstancia que impedía tener claridad acerca del objeto de la misma y, en consecuencia, impedían hacer un pronunciamiento de mérito. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por el Juzgado 31 Civil del Circuito, en razón a que el proceso carecía de uno de los presupuestos procesales “demanda en forma”, porque no se allegó al expediente la prueba del contrato de edición o de administración del cual se derivaban los derechos patrimoniales reclamados. La sentencia de segunda instancia se notificó por edicto que permaneció fijado por el término legal, hasta el 2 de agosto de 1994.

Observa la Sala que si bien en este caso se produjo una sentencia inhibitoria por ineptitud de la demanda, lo cual determinó que el asunto que se sometió a conocimiento de la jurisdicción ordinaria no se decidiera de fondo, esta circunstancia no conlleva, per se, un daño antijurídico que, como lo alegó el demandante, se hubiere traducido en la imposibilidad de reclamar judicialmente el reconocimiento de unos derechos patrimoniales.

El artículo 333 del Código de Procedimiento Civil establece:

“No constituyen cosa juzgada las siguientes sentencias: (...).

4ª. Las que contengan decisión inhibitoria sobre el mérito del litigio”.

Lo anterior significa que en tanto las sentencias inhibitorias no hacen tránsito a cosa juzgada sobre el asunto sometido a conocimiento de los jueces de la República, el peticionario puede intentar nuevamente un pronunciamiento judicial si subsana los vicios o defectos del proceso que llevaron a la inhibición, salvo cuando ha operado el fenómeno de caducidad de la acción.

Así, las sentencias inhibitorias podrían llegar a constituir la causa de un daño antijurídico si, entre otras circunstancias el juez se abstiene de decidir de fondo y durante el trámite del proceso se configura la caducidad de la acción, porque ello impediría totalmente al interesado acudir a otro proceso judicial para reclamar sus derechos. Ahora, habiéndose probado esa condición, se haría necesario estudiar la falla, analizando si la decisión inhibitoria era necesaria o si, por el contrario, el juez debió conocer el fondo del litigio, para luego determinar si la decisión de fondo debía ser favorable o desfavorable a los intereses del demandante.

Es necesario precisar que cuando un ciudadano acude a la administración de justicia para que por intermedio de los jueces de la República se decida una controversia, está expuesto a que la decisión que dirima el litigio le sea favorable o desfavorable a sus pretensiones, porque el derecho de iniciar un proceso y promover un pronunciamiento judicial no conlleva, en sí mismo, que la decisión que corresponda necesariamente debe ser positiva en relación con sus intereses. Si bien es cierto que en principio los jueces deben resolver de fondo los juicios que se someten a su conocimiento, acorde con el ordenamiento jurídico, también lo es que si en los litigios observa causales de inhibición la decisión no podrá ser otra que abstenerse de decidir.

En este caso, el proceso ordinario iniciado el 30 de mayo de 1988 ante el Juez 21 Civil Municipal de Bogotá, mediante el cual pretendía la recuperación de unos derechos patrimoniales causados desde 1980, se decidió el 7 de febrero de 1994 cuando el Juzgado 31 Civil del Circuito dictó sentencia de segunda instancia mediante la cual se inhibió de decir sobre el mérito del litigio.

El artículo 2536 del Código Civil, vigente con anterioridad a la modificación introducida por la Ley 791 del 27 de diciembre de 2002, establecía: “La acción ejecutiva se prescribe por diez años, y la ordinaria por veinte” (9) .

Así, se tiene que cuando se dictó la sentencia inhibitoria en referencia, esto es, el 7 de febrero de 1994, la acción ordinaria no había caducado, de manera que, el interesado podía acudir nuevamente a la jurisdicción para que, subsanados los defectos advertidos en la sentencia inhibitoria, se resolviera el fondo del asunto.

Como es sabido, el daño constituye el primer elemento de la responsabilidad, cuya inexistencia (o falta de prueba) hace inocuo el estudio de los demás, esto es, la relación de causalidad entre aquel y la actuación estatal. Faltando la prueba del daño alegado, se impone, necesariamente, negar las pretensiones de la demanda.

Debe recordarse que, según a lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de manera que, en este caso y con el fin de demostrar la existencia de responsabilidad del Estado, en los términos previstos en el artículo 90 de la Constitución Política y de acuerdo con lo solicitado en la demanda de reparación directa, debió acreditarse que las sentencias inhibitorias dictadas por los jueces 21 Civil Municipal de Bogotá y 31 Civil del Circuito de la ciudad, realmente hubieren constituido una omisión al deber de administrar justicia y la causa que le impidió al interesado recuperar los dineros pretendidos mediante una declaración judicial de fondo.

Dado que, como se anotó, las sentencias inhibitorias no constituyen, per se, un daño antijurídico y comoquiera que, en este caso, no se acreditaron los elementos que permitieran establecer que estas decisiones constituyan una carga contra el demandante que le hubiere impedido reclamar judicialmente sus derechos, forzoso resulta negar las pretensiones de la demanda por no existir prueba del daño alegado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 22 de octubre de 1998, en la que se niegan las súplicas de la demanda.

2. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

(1) Publicada en el Diario Oficial 42.745 del 15 de marzo de 1996.

(2) Sentencia del 14 de febrero de 1980. Exp. 2367. En el mismo sentido, auto del 26 de noviembre de 1980. Exp. 3062.

(3) Sentencia del 22 de julio de 1994. Exp. 9043.

(4) Cabe anotar que la jurisprudencia y doctrina española son de recibo en la resolución de los casos de responsabilidad contra el Estado colombiano porque la Ley 270 de 1996 tuvo como fuente la ley orgánica del poder judicial de España.

(5) Eduardo Cobreros Mendazona. “La responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la administración de justicia. Cuadernos Cívitas”. 1998, pág. 25.

(6) La responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia no se ha puesto en duda por cuanto allí no existe el obstáculo de la cosa juzgada, cfr. León Duguit, “Las transformaciones del derecho público”, Buenos Aires, Edit. Heliastra S.R.L., 1975, págs. 149 y ss. La sección tercera del Consejo de Estado en sentencia del 10 de noviembre de 1967 (expediente 867), señaló: “una cosa es la intangibilidad de la cosa juzgada, presupuesto fundamental de la sociedad y también dogma político, y otra cosa son ciertos actos que cumplen los jueces en orden de (sic) definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa. Por eso cuando con esos actos se causan daños, haciéndose patente como en el caso en estudio, el mal funcionamiento del servicio público, es ineludible que surja la responsabilidad ... no es este el primer caso en que la Nación es condenada al pago de los perjuicios por hechos de esta naturaleza, provenientes una veces por (sic) la inseguridad en que se mantiene los despachos judiciales y otras por negligencia de sus empleados”.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera. Exp. 12719, sentencia del 10 de mayo de 2001. M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(8) ART. 90 C.P.: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”.

Ley 270 de 1996.:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

ART. 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.

ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”(sic).

(9) El artículo primero de la Ley 791 de 2002 modificó las prescripciones veintenarias del Código Civil así: Redúzcase a diez (10) años el término de todas las prescripciones veintenarias, establecidas en el Código Civil, tales como la extraordinaria adquisitiva de dominio, la extintiva, la de petición de herencia, la de saneamiento de nulidades absolutas.

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