Sentencia 16086 de diciembre 2 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

FUERO SINDICAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS

LA INSUBSISTENCIA DEBE SER MOTIVADA

EXTRACTOS: «Dentro del expediente aparece acreditado que Noel Darío Melo Yepes prestó sus servicios a la Contraloría de Santafé de Bogotá desde el 30 de mayo de 1994 hasta el 8 de junio de 1995, fecha en la cual se declaró insubsistente su nombramiento del cargo de jefe auditor XII-C, mediante el acto acusado en la presente contención (fls. 45 y 86 cdno. ppal.).

Así mismo, está demostrado que el 1º de marzo de 1995, se reunieron varias personas, entre ellas el demandante, con el fin de constituir una organización de base y de primer grado, integrada por funcionarios de la Contraloría de Santafé de Bogotá D.C. (fls. 2 a 7 cdno. ppal.); que la organización sindical denominada “Asociación de Funcionarios de la Contraloría de Santafé de Bogotá D.C., Asfucondis” de primer grado y de empresa, fue inscrita en el registro sindical, mediante la Resolución 001496 del 18 de mayo de 1995 (fls. 37, 38, 157 ibídem), la cual fue notificada al presidente del sindicato el 22 de mayo de 1995 (fl. 38 vto.), y por edicto que duró fijado hasta el 14 de junio de 1995, habiendo constancia de que quedó ejecutoriada el 23 de junio de 1995 (fls. 41 y 42).

Ahora bien, el literal a del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 57 de la Ley 50 de 1990, enseña que “los fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta dos (2) meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de seis (6) meses”, están amparados por el fuero sindical.

Recordemos que la Constitución Política de 1991 elevó a la categoría de derecho fundamental la protección del fuero sindical. Es así como el artículo 39 contempló que “Se reconocen a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión”.

El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 405, tomado del artículo 1º del Decreto 204 de 1957, contempla:

“Se denomina fuero sindical la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo”.

Resulta ilustrativo para el presente evento traer a colación algunas consideraciones expuestas en la ponencia para primer debate de la Ley 362 de 1997. Allí se dijo:

“El fuero sindical es una garantía establecida en el derecho del trabajo, inherente al libre ejercicio del derecho de asociación y de la libertad sindical. En Colombia existe desde 1944, mediante el Decreto Legislativo 2350, cuando el Presidente Alfonso López Pumarejo, introdujo audaces innovaciones al régimen laboral en beneficio de la organización sindical y se estimuló la creación de la jurisdicción especial del trabajo para la solución oportuna y ágil de los conflictos originados en las relaciones entre patronos y trabajadores.

Normas posteriores fueron la Ley 6ª de 1945 y el Decreto 2313 de 1946, el Decreto 2663 de 1950 y la Ley 141 de 1961, vinculan el fuero exclusivamente a los dirigentes de la organización sindical, como protección al libre derecho de asociación y como mecanismo protector de la actividad sindical, la cual propende por la protección del trabajador en sus aspectos económicos, sociales y laborales.

Ilustres tratadistas también coinciden en esta dimensión del fuero: doctor Francisco Sotomayor: “El auténtico fuero sindical, según el espíritu de la ley, tiende a proteger la agremiación en sí misma, contra el propósito patronal de destruirla...”.

Doctor Conti Parra: “si la ley crea y favorece la asociación entre trabajadores, debe de igual manera, condicionar los mecanismos para que las pretensiones de aquellos que se hagan realidad, razones todas estas que nos mueven a sustentar la tesis de que la institución protege la integridad sindical antes que la individual representada en el dirigente”.

Doctor Carlos Álvarez Pereira: “... el fuero sindical es un derecho consagrado en favor de las organizaciones sindicales y no de las personas a quienes ellas amparan...”.

Es claro que la intención de la figura no es otra que la de proteger al líder sindical que ha sido elegido para que represente a sus compañeros, y de esta manera pueda adelantar sus tareas sin amenazas y sin temores a recriminaciones de parte del empleador.

En nuestro país gozan de este privilegio los fundadores y adherentes en el proceso de fundación, los directivos y miembros de la comisión de reclamos de la organización”.

De otra parte, cabe señalar que la Corte Constitucional en sentencia T-297 del 29 de junio de 1994, precisó, entre otras cuestiones, que “...los artículos 2º, 113 y 118 del Código de Procedimiento Laboral, son inaplicables a los servidores públicos... que la administración no necesita acudir previamente ante el juez ordinario laboral para adoptar las medidas administrativas como las contempladas en el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con empleados públicos amparados por el fuero sindical; pero teniendo en cuenta que los actos administrativos que profieran afectan los derechos de una persona y los de la organización sindical, deben ser motivados...”.

De suerte, pues, que conforme a la preceptiva jurídica que gobierna la materia, a los lineamientos jurisprudenciales pretranscritos y a los elementos de juicio que obran dentro del plenario, considera la Sala que el nominador expidió el acto acusado de manera irregular, toda vez que no lo motivó, cuando estaba obligado a hacerlo, por ser el demandante miembro fundador de la organización sindical “Asociación de Funcionarios de la Contraloría de Santafé de Bogotá D.C.”, y habérsele desvinculado dentro del término que el literal a del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo le confería la garantía del fuero sindical.

No se requiere, entonces, abundar en razonamientos adicionales para llegar a establecer que el fallo consultado, que accedió a las pretensiones de la demanda, amerita ser confirmado».

(Sentencia de diciembre 2 de 1999. Expediente 16.086. Consejero Ponente: Dr. Silvio Escudero Castro).

___________________________________