Sentencia 16094 de octubre 24 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Radicación 25000-23-27-000-2003-01397-02

Número Interno: 16094

Fiduciaria Central S.A. contra Distrito Capital

Fallo

Bogotá, D.C., veinticuatro de octubre de dos mil siete.

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 4 de mayo de 2006 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos por los cuales el Distrito Capital modificó la declaración de predial de 1999 del inmueble de la calle 43A 68A - 61, presentada por la actora.

Antecedentes

El 26 de marzo de 1999 Fiduciaria Central S.A. presentó declaración de predial de ese año, en la que determinó la base gravable con fundamento en el autoavalúo de 1998. El valor que pagó fue de $ 60.407.000.

Previo requerimiento especial, el 4 de marzo de 2002, el Distrito profirió Liquidación Oficial de Revisión LOR 063, en la que modificó la declaración de la actora para determinar la base gravable con fundamento en el avalúo catastral, impuso sanción por inexactitud, y, fijó un total a cargo de $ 277.841.000.

Mediante Resolución 194 de 25 de abril de 2003, el Distrito confirmó en reconsideración la liquidación oficial.

(...).

Consideraciones

En los términos de la apelación precisa la Sala si se ajustaron a derecho los actos por los cuales el Distrito Capital modificó a la actora la declaración de predial de 1999. En concreto, señala si se configuró el silencio positivo respecto del recurso de reconsideración; si era necesario que se profirieran los emplazamientos del artículo 85 del Decreto 807 de 1993; si procede la excepción de ilegalidad del artículo 104 [par.] del Decreto 807 de 1993; si los funcionarios que profirieron la (sic) el requerimiento especial, la liquidación de revisión y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración eran competentes; si hubo correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial; cuál es la base gravable del impuesto en mención y si procedía la sanción por inexactitud; y si existía prueba de las normas que no tengan alcance nacional.

1. Silencio positivo.

El artículo 104 del Decreto Distrital 807 de 1993, dispone que “contra las liquidaciones oficiales, las resoluciones que aplican sanciones y demás actos producidos por la administración tributaria distrital, procede el recurso de reconsideración el cual se someterá a lo regulado por los artículos 720, 722 a 725, 729 a 733 del estatuto tributario Nacional” y que “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 733 del estatuto tributario Nacional, el término para resolver el recurso también se suspenderá cuando se decrete la práctica de otras pruebas, caso en el cual la suspensión operará por el término único de noventa días contados a partir de la fecha en que se decrete la prueba” (el resaltado está fuera del texto).

Por su parte los artículos 732 y 733 del estatuto tributario, citados por la norma transcrita, disponen que el término para resolver el recurso de reconsideración es de un (1) año, contado a partir de su interposición y que este término se suspenderá hasta por tres meses cuando se practique inspección tributaria de oficio o por el término que esta dure, cuando es solicitada por el contribuyente.

De conformidad con la remisión específica que hace el artículo 104 del Decreto Distrital 807 de 1993 al estatuto tributario, la administración tiene el término de un (1) año para resolver el recurso de reconsideración, contado a partir de su interposición en debida forma. Este término puede suspenderse cuando se practica inspección tributaria, por el término de su duración y hasta por tres meses, cuando es oficiosa y adicionalmente, según el parágrafo del artículo 104 ibídem, el término también se suspende por noventa (90) días cuando se decretan otras pruebas. Por tanto, existen dos posibilidades de suspensión del término para resolver el recurso de reconsideración.

La suspensión del término implica que durante el tiempo de su duración, que es de un año, deja de contarse el lapso que transcurre entre las fechas que marcan el comienzo y el fin de la inspección (máximo 3 meses) o cuando se decretan pruebas (90 días). El artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal, dispone que en los plazos de días que se señalen en las leyes, se entienden suprimidos los feriados y vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario.

El término de 90 días fijado por el parágrafo del artículo 140 del Decreto 807 de 1993 no es equivalente a los tres meses de que trata el artículo 733 del estatuto tributario, pues, el primero de ellos debe contabilizarse según los días hábiles (1) , toda vez que la norma no señaló expresamente lo contrario; mientras el segundo tiene en cuenta el calendario común, salvo que el plazo termine en día inhábil, cuando se extenderá al día hábil inmediatamente siguiente.

En este caso, el recurso fue interpuesto el 7 de mayo de 2002 (fls. 81 a 96, cdno. 4); mediante Auto 049 de 28 de marzo de 2003, la administración decretó la práctica de pruebas, por lo que el término para resolver se suspendió por 90 días.

Toda vez que la suspensión se ordenó el 28 de marzo de 2003, el término estuvo suspendido a partir del 31 de marzo hasta el 1º de agosto de 2003, atendiendo únicamente los días hábiles (90 días), es decir, que continuó el conteo el 4 de agosto. En la fecha de la suspensión del término faltaban un mes y siete días para el cumplimiento del plazo de un año fijado para fallar el recurso. En consecuencia, el término con que contaba la administración para decidir el recurso vencía el 4 de octubre de 2003.

Como la resolución se notificó el 14 de mayo de 2003, según constancia de folio 74 anverso, cuaderno 4 y lo reconoció el demandante, no hubo el silencio administrativo positivo, por haberse resuelto oportunamente el recurso.

De otra parte, no procede la excepción de ilegalidad del parágrafo del artículo 104 del Decreto 807 de 1993 en cuanto previó como evento de suspensión de términos para resolver el recurso de reconsideración, cuando se decrete la práctica de pruebas, pues, el artículo 162 del Decreto 1421 de 1993 dispone que las normas del estatuto tributario en materia de procedimiento, sanciones, declaración, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, cobro y en general la administración de los tributos, se aplican conforme a la naturaleza y estructura funcional de los impuestos del Distrito.

En consecuencia, la aplicación de las normas tributarias nacionales es viable solo si las mismas son compatibles con los impuestos distritales, lo que significa que la administración puede crear eventos distintos a los del estatuto tributario para la suspensión de términos para resolver el recurso de reconsideración, sin que vulnere los artículos 162 del Decreto 1421 de 1993 y 733 del estatuto tributario. Por tanto la excepción no prospera.

2. Emplazamiento previo a la determinación del impuesto.

El artículo 85 del Decreto 807 de 1993, dispone que la Dirección Distrital podrá emplazar a los contribuyentes para que corrijan sus declaraciones o para que cumplan la obligación de declarar en los términos de los artículos 685 y 715 del estatuto tributario.

La contribuyente presentó la declaración de predial de 1999, razón por la cual no era pertinente que la administración profiriera emplazamiento para declarar que dispone el artículo 715 del estatuto tributario, dado que este acto está previsto en los casos en que se incumpla con la obligación de presentar las declaraciones tributarias (2) .

En cuanto al emplazamiento para corregir del artículo 685 del estatuto tributario, la norma dispone que este es una facultad discrecional de la administración y no un acto de trámite obligatorio, como el requerimiento especial, por expresa disposición de los artículos 703 del estatuto tributario y 97 del Decreto 807 de 1993.

En consecuencia, no existe disposición que consagre como obligación de la administración proferir emplazamiento para corregir, previo a la liquidación oficial (3) .

3. Competencia de los funcionarios que expidieron el requerimiento especial, la liquidación de revisión y el recurso de reconsideración.

Los artículos 81, 82 y 105 del Decreto 807 de 1993 determinan la competencia de los funcionarios para proferir el requerimiento especial, la liquidación oficial de revisión y para resolver el recurso de reconsideración, para lo cual remiten a los artículos 688, 691 y 721 del estatuto tributario, respectivamente.

De conformidad con los artículos en mención la competencia en la administración Distrital para proferir el requerimiento especial, la liquidación de revisión y la resolución que se resuelve el recurso de reconsideración, está distribuida así:

ActoFuncionario competente
Requerimiento especialJefe de la dependencia de fiscalización
Liquidación oficial de revisiónJefe de la dependencia de liquidación
Resuelve recurso de reconsideraciónJefe de la dependencia jurídica

Si bien la competencia funcional para proferir esos actos administrativos corresponde a los jefes de las unidades, esa función no es privativa de los mismos, pues, puede ser delegada en otros funcionarios, entre ellos, los coordinadores o jefes de grupo de trabajo.

Además, el Decreto 270 de 2001, expedido por el Alcalde Mayor, dentro de las facultades conferidas por el artículo 55 del Decreto-Ley 1421 de 1993, vigente para la fecha de los actos acusados, estableció la estructura organizacional de la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Y, el artículo 24 asignó a la unidad de determinación “establecer las ampliaciones a los requerimientos especiales, las liquidaciones oficiales y demás actos de determinación de las obligaciones tributarias, así como la aplicación y liquidación de las sanciones”.

Así, la unidad de determinación de la subdirección de impuestos a la propiedad es la competente para proferir los requerimientos especiales y las liquidaciones oficiales, de acuerdo con la estructura funcional del Distrito Capital (4) . Y a la subdirección jurídica tributaria (art. 19, ib.) corresponde resolver el recurso de reconsideración.

De otra parte, el artículo 49 del Decreto 270 de 2001, facultó al secretario de hacienda para conformar grupos internos de trabajo de acuerdo con la estructura organizacional, necesidades del servicio, planes, programas y proyectos de la secretaría. Y, los artículos 209 de la Constitución Política y 560 y 561 del estatuto tributario, aplicables al Distrito Capital permiten la delegación de funciones.

En el caso sub júdice, el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión, fueron suscritos por Margarita Acevedo Beltrán y Sonia Esperanza Lizarazo Santander, respectivamente, como funcionarias de la unidad de determinación (fls. 55 a 63, cdno. ppal.) (5) .

Por su parte, el recurso de reconsideración fue resuelto por el jefe del grupo de recursos tributarios de la subdirección jurídica tributaria, que es la competente para fallar los recursos.

En consecuencia, los actos fueron expedidos por quienes estaban debidamente facultadas para ello.

4. Correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial.

Según el artículo 97 del Decreto 807 de 1993, el requerimiento especial se debe proferir antes de la liquidación oficial de revisión, el cual deberá contener todos los puntos que se proponga modificar con explicación de las razones en que se sustentan, la cuantificación del impuesto y retenciones, así como las sanciones que sean del caso.

A su vez, el artículo 100 del Decreto 807 de 1993, que remite al artículo 711 del estatuto tributario, dispone que la liquidación de revisión deberá contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación si la hubiere.

En el caso sub exámine, la administración profirió a la actora Requerimiento Especial 09-1386 el 13 de junio de 2001, en el cual propuso modificar la declaración privada de predial de 1999, dado que la misma presentaba una inexactitud, pues la contribuyente no tuvo en cuenta el mayor valor entre el autoavalúo de 1998 incrementado en la meta de inflación y el avalúo catastral de 1998 actualizado y determinó la base gravable por el último, el cual era inferior (fls. 55 a 58, cdno. ppal.).

Por su parte, la Liquidación Oficial LOR 063 de 4 de marzo de 2002, modificó el impuesto predial de 1999 con base en el avalúo catastral de 1998 actualizado, por ser superior al autoavalúo actualizado del mismo año (fls. 59 a 63, cdno. ppal.).

De lo anterior se evidencia que hubo correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación de revisión, motivo por el cual no le asiste razón a la demandante, dado que, se repite, la administración modificó la declaración por no haberse tomado correctamente la base gravable y no por la falta de indexación de la misma.

5. Base gravable del impuesto predial.

Justifica el actor la liquidación de la base gravable del impuesto predial de 1999, por el autoavalúo de 1998 indexado, en que no existió avalúo catastral vigente para el predio en 1998, ni en años anteriores.

El artículo 155 del Decreto 1421 de 1993 —estatuto de Bogotá, D.C.—, dispuso que la base gravable del impuesto predial es el valor que mediante autoavalúo establezca el contribuyente “el cual no podrá ser inferior al avalúo catastral o autoavalúo del año inmediatamente anterior, según el caso, incrementado en la variación porcentual del índice nacional de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)”.

Del artículo 155 [1] del Decreto 1421 de 1993, se concluye que la base gravable del impuesto predial unificado será la que establezca el contribuyente mediante autoavalúo de su inmueble. La norma señala unos límites mínimos, al indicar que el autoavalúo no puede ser inferior a ninguno de los siguientes valores:

— Al avalúo catastral del año inmediatamente anterior, incrementado con el IPC (num. 1º)

— Al autoavalúo del año anterior, incrementado en el IPC (num. 1º)

— A las bases presuntas mínimas fijadas por la administración Distrital (num. 5º) (6) .

Así pues, si bien la norma permite que el contribuyente elija la base gravable, restringe dicha elección, pues, la base no puede ser inferior al avalúo catastral ni al autoavalúo del año anterior, incrementados en el IPC, sin perjuicio de que pueda solicitarse autorización para declarar un valor inferior en caso de un decremento de su precio (7) .

Por su parte, el artículo 17 del Decreto Distrital 423 de 1996 (8) , aplicable en el Distrito Capital a los periodos en discusión, en concordancia con el artículo 155 del Decreto 1421 de 1993, disponía que la base gravable del impuesto predial es el autoavalúo que establezca el contribuyente, el cual no puede ser inferior al mayor de los siguientes valores:

“(…).

a) El autoavalúo determinado en el año inmediatamente anterior, incrementado en el 100% de la variación porcentual del índice nacional de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

b) El avalúo catastral del año inmediatamente anterior, incrementado en el 100% de la variación porcentual del índice nacional de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Cuando el avalúo catastral provenga de formación, realizada en el año inmediatamente anterior, se tendrá en cuenta este valor.

c) La base presuntiva mínima establecida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de este decreto.

(…)”.

En consecuencia, la base gravable del impuesto predial en el Distrito Capital, esto es, el autoavalúo por el cual los contribuyentes deben declarar dicho impuesto es el mayor valor entre el avalúo catastral y el autoavalúo del año inmediatamente anterior, debidamente actualizados.

En el caso concreto, la actora, liquidó la base gravable del impuesto predial de 1999 por el autoavalúo de 1998 actualizado ($ 2.751.625.000) porque no existía avalúo catastral de 1998. Sin embargo, según el boletín catastral para 1999 el avalúo catastral era de $ 5.391.783.000. Este valor era mayor al autoavalúo del año anterior adicionado con el índice de precios al consumidor, por tanto, debió ser tenido en cuenta por la contribuyente como base gravable del impuesto predial de 1999 (9) .

Además, según los actos demandados, mediante Resolución 1043 de 1995, Catastro efectuó la formación catastral del predio, con vigencia para el año 1996. Es decir, que a partir de 1996 el avalúo se incrementaba cada año en forma sucesiva con el IPC hasta llegar a 1999, circunstancia que no podía desconocer la contribuyente, con el argumento que para 1998 no existía avalúo catastral.

De otra parte, respecto a la falta de notificación del acto de formación catastral del predio en el año 1996 motivo por el cual la demandante no debía tener en cuenta dicho avalúo, la Sala reitera que la función catastral es pública especial, desarrollada por las autoridades encargadas de adelantar la formación, actualización y conservación de los catastros del país, conforme con el procedimiento especial administrativo de la Ley 14 de 1983, el Decreto Reglamentario 3496 de 1983 y la Resolución 2555 de 1988, de la dirección general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que reglamentó los procesos de formación, actualización de la formación y conservación del Catastro nacional (10) .

Las etapas de “formación”, “actualización” y “conservación” de los catastros, se encuentran claramente diferenciadas y definidas por los artículos 11, 12 y 13 del Decreto Reglamentario 3496 de 1983.

Teniendo en cuenta su finalidad, actividades y características técnicas, Catastro permite contar con una información actualizada y clasificada de los inmuebles, lo cual tienen incidencia fundamental para determinar el impuesto predial (11) .

El predio objeto de discusión, se repite, fue objeto del proceso de formación catastral en el año 1996, la información obtenida por las autoridades catastrales debía publicarse de acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo 29 del Decreto 3496 de 1983 y el artículo 87 de la Resolución 2555 de 1988, de la dirección general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que disponen:

D.R. 3496/83 

“ART. 29.—Información de los avalúos catastrales. Las autoridades catastrales informarán por los medios usuales de comunicación, sobre la fecha de inscripción catastral y de vigencia fiscal de los avalúos obtenidos por formación o por actualización de la formación”.

Res. 2555/83 

“ART. 87.—Clausura de la formación. El proceso de formación termina con la resolución por medio de la cual el jefe de la oficina de Catastro a partir de la fecha de dicha providencia, ordena la inscripción en el Catastro de los predios que han sido formados.

En la misma providencia, la cual será debidamente publicada, se determinará que los avalúos resultantes de la formación entrarán en vigencia el 1º de enero del año siguiente a aquel en que fueron ejecutados”.

Como se indicó, este es un procedimiento de carácter especial y por tanto son aplicables las normas antes transcritas y no el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, citado por la actora, por lo que no se requería la notificación por correo o personal de la formación o actualización catastral del predio de la demandante, sino que bastaba su publicación en el Registro Distrital y en dos periódicos de amplia circulación, como ordena el parágrafo primero del artículo 11 del acuerdo 15 del Concejo de Bogotá.

La administración Distrital está en la obligación de verificar que los contribuyentes del impuesto predial no liquiden el impuesto sobre bases gravables inferiores, para ello tiene en cuenta el autoavalúo del periodo inmediatamente anterior, de acuerdo con la declaración presentada y el avalúo catastral del año anterior, que certifica Catastro, con el fin de determinar el mayor valor.

Por tal razón, no era obligación de la administración aportar la certificación catastral sino era al propietario a quien le correspondía al momento de presentar su declaración, verificar el avalúo catastral para no violar los topes mínimos establecidos en el artículo 155 del Decreto 1421 de 1993. Además, no se demostró que la actora hubiese adelantado alguna actuación ante Catastro con el fin de verificar el avalúo catastral, lo que evidencia la falta de diligencia que tuvo al adquirir el bien (12) .

6. Falsa motivación.

En relación con la nulidad de los actos acusados, con base en el artículo 730 del estatuto tributario, en concordancia con el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por no haberse pronunciado el tribunal sobre las pruebas pedidas con ocasión de la respuesta dada al requerimiento especial y a la liquidación oficial, y, la ausencia de pronunciamiento sobre la nulidad solicitada con el recurso de reconsideración, se observa lo siguiente:

La actora presentó solicitud de pruebas al contestar el requerimiento especial y en el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial, entre las cuales estaba la de oficiar al Departamento Administrativo de Catastro para demostrar que para 1º de enero de 1999 la formación del predio no se había realizado.

Por oficio de 22 de abril de 2003 el Departamento Administrativo de Catastro por Oficio 2003ER-29931 informó todo lo relacionado con el avalúo catastral del inmueble objeto de discusión, y en la Resolución 294 de 25 de abril de 2003 que resolvió la reconsideración, la administración valoró dicho informe y desvirtuó cada uno de los motivos de inconformidad de la actora (fl. 73, cdno. ppal.).

Ahora bien, en el asunto sub exámine se observa que las pruebas pretendían demostrar que a 1º de enero de 1999 la formación del predio no se había realizado, circunstancia que quedó demostrada y que fue admitida por la administración, pero a la vez, también se demostró que la formación catastral del predio se efectuó mediante Resolución 1043 de 1995, con vigencia de formación para 1996, la cual podía ser actualizada por el contribuyente (IPC) hasta 1999, para determinar la base gravable.

En consecuencia, no es cierto que la administración no haya decretado ni valorado las pruebas solicitadas, pues estas fueron fundamentales para modificar la declaración privada de 1999 e imponer las correspondientes sanciones.

De otra parte, no hubo violación al debido proceso, dado que el Distrito dio cumplimiento al trámite del Decreto 807 de 1993 en concordancia con el estatuto tributario, pues profirió en término el requerimiento especial, la liquidación oficial y resolvió el recurso de reconsideración y brindó a la actora la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

7. Sanción por inexactitud.

El artículo 101 del Decreto Distrital 807 de 1993 prevé que constituye inexactitud sancionable la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones inexistentes, y, en general, la utilización, en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a las oficinas de impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o declarante. También constituye inexactitud sancionable el hecho de solicitar compensación o devolución sobre sumas que hubiesen sido objeto de compensación o devolución anterior.

Dicha disposición señala, además, que no hay lugar a imponer sanción por inexactitud cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.

En el asunto bajo estudio, la actora utilizó un dato equivocado, pues, sin ningún asidero legal, calculó la base gravable del impuesto predial con fundamento en un valor que no es el mayor entre el autoavalúo del año anterior y el avalúo catastral, debidamente actualizados. Además, con tal determinación, la demandante derivó un menor impuesto a pagar.

Cabe anotar que en el caso sub júdice no hubo diferencia de criterios entre la contribuyente y la administración, sino el desconocimiento total del derecho aplicable por parte de aquel. Así las cosas, no hay lugar a levantar la sanción por inexactitud (13) .

8. Ausencia de prueba de las normas que no tengan alcance nacional.

La actora consideró que el a quo fundamentó su decisión en normas de carácter no nacional que no fueron solicitadas ni aportadas al proceso por el demandado (D. 270/2001, 800/96 y las res. 001 y 002/2001).

El artículo 141 del Código Contencioso Administrativo dispone que si el demandante invoca como violadas normas que no tengan el alcance nacional, deberá acompañar el texto legal que las contenga, auténticas, o solicitar del ponente que obtenga la correspondiente copia.

Sin embargo se observa, que las normas fueron invocadas en la demanda para hacer referencia a la delegación efectuada a los funcionarios que expidieron los actos administrativos demandados y la incompetencia de estos con fundamento en el Decreto 807 de 1993 (E.T. de Bogotá) y el Decreto 1421 de 1993 (E. de Bogotá), los cuales no controvertían el acto demandado, sino que pretendían establecer que por normas de superior jerarquía no era factible dicha delegación.

La Sala ha considerado que la ausencia de norma local no impide hacer el análisis del caso con base en las disposiciones de orden nacional que hayan sido invocadas, puesto que estas en sí mismas tienen fuerza normativa independientemente de los desarrollos que les hayan dado las disposiciones locales, las cuales en ningún caso podrían ser contrarias a la ley, so pena de incurrir en violación constitucional (14) .

En consecuencia, era procedente el análisis de la situación con base en la norma de superior jerarquía, que para el caso de autos es el artículo 209 de la Constitución Política y de los artículos 560 y 561 del estatuto tributario.

Las razones anteriores, son suficientes para confirmar la sentencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 4 de mayo de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de Fiduciaria Central S.A. contra el Distrito Capital.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha».

(1) Sentencia 6 de noviembre de 2003, expediente 13611, M.P. Ligia López Díaz.

(2) Sentencia 2 de agosto de 2007, expediente 15536, C.P. Ligia López Díaz.

(3) Ibídem.

(4) Sentencias de 2 de agosto de 2007, expediente 15536, M.P. Ligia López Díaz y 3 de octubre de 2007, expediente 16002, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(5) Ibídem.

(6) Sentencia 24 de marzo de 1995, expedientes 5017, 5138 y 5486 acumulados, C.P. Jaime Abella Zárate.

(7) Entre otras ver sentencias de 6 de abril de 2006, C.P. María Inés Ortiz, expediente 14938; 6 de diciembre de 2006, expediente 15102 y 29 de marzo de 2007, expediente 14738, C.P. Ligia López Díaz.

(8) El Decreto Distrital 423 de 1996 fue derogado por el Decreto Distrital 400 de 1999.

(9) En similar sentido se pronunció la Sala en sentencia de 2 de agosto de 2007, expediente 15536, C.P. Ligia López Díaz.

(10) Ibídem.

(11) Ibídem.

(12) Ibídem.

(13) Sentencias de 2 de agosto de 2007, expediente 15536, C.P. Ligia López Díaz.

(14) Sentencia 3 de octubre de 2007, expediente 16002, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

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