Sentencia 16096 de octubre 3 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2003-01156-01(16096)

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Fiduciaria Central S.A.

Demandado: Bogotá Distrito Capital

Ref.: Impuesto predial 1998

Bogotá, D.C., tres de octubre de dos mil siete.

Fallo

EXTRACTOS: «Se decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Fiduciaria Central S.A. contra la sentencia del 4 de mayo de 2006 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, desestimatoria de las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada contra los actos administrativos mediante los cuales la Dirección de Impuestos Distritales de Bogotá, D.C., determinó oficialmente el impuesto predial unificado por el año gravable de 1998, correspondiente al predio ubicado en la cra. 68 B # 40 A 64.

Antecedentes

La sociedad Fiduciaria Central S.A. presentó la declaración por el impuesto predial unificado, período gravable 1998 correspondiente al predio ubicado en la cra. 68 B 40 A 64, matrícula inmobiliaria 050C01464969 registrando como dirección LT 2 MZ 3 SM 13 SR 1.

El 13 de junio de 2001, la unidad de determinación impuestos a la propiedad del Distrito Capital, profirió el requerimiento especial Nº 09-1383 de fecha 13 de junio de 2001, por medio del cual propuso modificar la declaración del impuesto predial unificado año gravable 1998 presentada el 6 de septiembre de 1999 por el predio ubicado en la cra. 68 B 40 A 64 argumentando que el contribuyente incurrió en una inexactitud tributaria que generó un menor impuesto a pagar, al declarar el predio con destino 13 y tarifa 7 por mil, cuando según las normas vigentes y la certificación del Departamento Administrativo de Catastro Distrital, el predio tiene un área de terreno de 4.127, 5 m2, sin área construida, que lo ubica con un destino 38 y tarifa 33 por mil. El 28 de septiembre de 2001 la Fiduciaria contestó el requerimiento sin acogerse a lo señalado en él.

La sociedad actora, presentó sus objeciones al requerimiento especial, sostenido en la incompetencia del funcionario que expidió el acto y en la existencia de edificaciones sobre los terrenos en la época de causarse el gravamen y solicitó pruebas.

El 12 de marzo de 2002 la administración practicó la liquidación de revisión Nº LOR 085, en donde determinó oficialmente el impuesto predial unificado correspondiente al año gravable de 1998 y estableció sanción por inexactitud y extemporaneidad.

Contra el mencionado acto la compañía interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto por el coordinador del grupo de recursos tributarios, mediante la Resolución 235 del 9 de abril de 2003, confirmando la actuación.

(…).

Consideraciones de la Sala

Se debate en la presente instancia, la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la Administración Tributaria Distrital modificó las declaraciones del impuesto predial presentadas por la demandante por el año gravable de 1998. En primera instancia decidirá si los actos fueron expedidos por funcionarios incompetentes y sólo en caso negativo, decidirá si se determinó conforme a derecho, la base gravable del tributo.

1. Competencia para proferir el requerimiento especial, la liquidación oficial de revisión y la resolución de reconsideración.

Conforme al artículo 80 del Decreto 807 de 1993, la Dirección Distrital de Impuestos tiene amplias facultades de fiscalización e investigación respecto de los impuestos que de conformidad con los decretos 1421 de 1993 y 400 de 1999 le corresponde administrar.

En cuanto a la competencia funcional al interior del Distrito y tratándose de la determinación oficial del tributo y su discusión, las dependencias de fiscalización, liquidación y jurídica o recursos tributarios, son las encargadas de adelantar el procedimiento y la investigación tendiente a una correcta determinación tributaria.

Los artículos 81, 82 y 105 del Decreto 807 de 1993, que remiten a los artículos 688, 691 y 721 del Estatuto Tributario, asignaron al jefe de la unidad de fiscalización, entre otras, la función de proferir los requerimientos especiales; al jefe de la unidad de liquidación, la de proferir las liquidaciones oficiales y al jefe de la unidad de recursos tributarios, fallar los recursos de reconsideración contra los actos de determinación de impuestos.

También se dispuso que los funcionarios de dichas dependencias, previamente autorizados o comisionados por los jefes pueden adelantar las actuaciones preparatorias y necesarias respecto de los actos de competencia del jefe.

Ha sido criterio de la sección que si bien la competencia funcional para proferir esos actos administrativos corresponde a los jefes de las unidades, esa función no es privativa, pues puede ser delegada en otros funcionarios, entre ellos, los coordinadores o jefes de grupo de trabajo, por permitirlo las normas legales, por ejemplo, los artículos 561 del Estatuto Tributario y 29 del Decreto Reglamentario 1072 de 1999, en el caso de impuestos nacionales.

En el caso bajo análisis, el requerimiento especial y la liquidación oficial, según se indica en tales actos, fueron expedidos por funcionarias de la unidad de determinación de impuestos a la propiedad, en virtud de las facultades concedidas, entre otras, por las resoluciones 01 y 02 del 10 de mayo de 2001, las cuales no han sido controvertidas.

Se advierte en la Resolución 235 del 9 de abril de 2003, que decidió el recurso de reconsideración, expedida por el coordinador del grupo de recursos tributarios de la subdirección jurídico tributaria, que éste actuó de conformidad con las facultades consagradas en las resoluciones 495 del 8 de mayo de 2001 y 01 del 5 de junio de 2001, las cuales tampoco fueron controvertidas.

En consecuencia, los funcionarios que expidieron los actos administrativos cuestionados estaban facultados para ello.

1.1. Ausencia de prueba de las normas que no tengan alcance nacional.

Manifiesta el actor que el a quo se fundamentó en normas de carácter no nacional que no fueron regular y oportunamente solicitadas ni aportadas al proceso por el demandado (D. 270/2001, 800/96, Res. 01/2001, Res. 02/2001, Res. 495/2001).

El artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, establece:

“Si el demandante invoca como violadas normas que no tengan alcance nacional, deberá acompañar el texto legal que las contenga, debidamente autenticadas, o solicitar del ponente que obtenga la copia correspondiente”.

Advierte la Sala, que éstas fueron invocadas dentro del texto de la demanda para hacer referencia a la delegación efectuada a los funcionarios que expidieron los actos administrativos demandados y la incompetencia de éstos con fundamento en el Decreto 807 de 1993 (Estatuto Tributario Distrital) y el Decreto 421 de 1993 (Estatuto de Bogotá), pero no iban enfocados a atacar el acto mismo, sino a establecer que por normas de superior jerarquía no era factible dicha delegación.

De otro lado, esta Sala se ha pronunciado al respecto indicando, que la ausencia de la norma local no impide hacer el análisis del caso con base en las disposiciones de orden nacional que hayan sido invocadas, puesto que éstas en sí mismas tienen fuerza normativa independiente de los desarrollos que les hayan dado las disposiciones locales, las cuales en ningún caso podrían ser contrarias a la ley, so pena de incurrir en violación constitucional.

En consecuencia, para la Sala es procedente el análisis de la situación con base en la norma de superior jerarquía, que para el caso de autos es el artículo 209 de la Constitución Nacional y de los artículos 560 y 561 del Estatuto Tributario.

2. Base gravable del impuesto predial.

La Sala decidirá sobre el aspecto central que se reduce en determinar cuál era la tarifa que debía declarar la fiduciaria para el año gravable 1998, del predio ubicado en la cra. 68 B # 40 A 64, para lo cual se reiterará lo expuesto en sentencia del 29 de marzo de 2007. Exp. 14738, C.P. Ligia López Díaz.

Al respecto, debe recordarse que el impuesto predial unificado tiene su desarrollo legal con la Ley 44 de 1990 y es un tributo municipal que grava la propiedad inmueble o su posesión, bien sea en áreas urbanas, rurales o suburbanas.

El artículo 656 del Código Civil define los inmuebles o bienes raíces como las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles.

Este impuesto es de tipo real en cuanto recae sobre el valor del inmueble, sin consideración a la calidad del sujeto pasivo (propietario o poseedor) y sin tener en cuenta los gravámenes y deudas que el inmueble soporta.

El artículo 3º de la Ley 44 de 1990 estableció como base gravable del impuesto predial, el avalúo catastral o, el autoavalúo de los bienes cuando se establezca en un municipio la declaración privada del tributo.

De conformidad con el artículo 155 del Decreto-Ley 1421 de 1993, la base gravable del impuesto predial en Bogotá es el valor del inmueble estimado por el contribuyente, pero sin que su determinación quede totalmente a la voluntad particular de los propietarios, por ello se fijan unos límites mínimos con el fin de aproximarse al cumplimiento efectivo de los principios de equidad y progresividad. De esta forma, la base gravable no puede ser inferior, al avalúo catastral del año anterior incrementado en el IPC, ni al autoavalúo del año anterior incrementado en el mismo porcentaje, sin perjuicio de que pueda solicitarse autorización para declarar un valor inferior en caso de un decremento de su precio.

El avalúo catastral se establece por la administración como resultado de la investigación y el análisis del mercado inmobiliario, el avalúo hace parte del catastro, es decir del “inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares” (1) . Se establece con los procesos de formación y actualización, donde se toman en cuenta los elementos relacionados con la ubicación, naturaleza (rural o urbana) precio, servicios públicos, estrato, vías de comunicación, todo ello implica que el avalúo pueda variar de un año a otro, lo cual es una constante, toda vez que la movilidad y cambios de uso de las urbes es notoria.

El artículo 4º de la Ley 44 de 1990 reguló la tarifa del impuesto predial, señalando que sería fijada por los respectivos concejos municipales entre el 1‰ y el 16‰ de la base gravable, atendiendo los estratos socioeconómicos, los usos del suelo en el sector urbano y la formación o actualización del catastro. Los terrenos urbanizables no urbanizados y los urbanizados no edificados pueden estar sujetos a tarifas superiores, sin que excedan del 33 por mil.

Para estos efectos, los inmuebles han sido clasificados en las normas tributarias distritales como rurales, suburbanos y urbanos, y entre estos últimos: residenciales, industriales, comerciales, entidades del sector financiero, empresas industriales y comerciales del Estado, cívico institucional y urbanizados no edificados y urbanizables no urbanizados.

El impuesto es anual y se causa el 1º de enero del respectivo año gravable, lo que implica que se deben tener en cuenta las características jurídicas, físicas y económicas de los predios para ese momento, las cuales permiten identificar los elementos del impuesto.

Para determinar las circunstancias particulares de cada uno de los predios sujetos al impuesto al momento de su causación, es imperativo acudir al catastro, como quiera que él constituye el “inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica”.

La función catastral es una función pública especial desarrollada por las autoridades encargadas de adelantar la formación, actualización y conservación de los catastros del país, conforme con el procedimiento especial administrativo contenido en la Ley 14 de 1983, su Decreto Reglamentario 3496 de 1983 y la Resolución 2555 de 1988, de la Dirección General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que reglamentó los procesos de formación, actualización de la formación y conservación del catastro nacional.

Las etapas de “formación”, “actualización” y “conservación” de los catastros, se encuentran claramente diferenciadas y definidas por los artículos 11, 12 y 13 del Decreto Reglamentario 3496 de 1983 en los siguientes términos:

“ART. 11.—Formación catastral. La formación catastral consiste en el conjunto de operaciones destinadas a obtener la información sobre los terrenos y edificaciones en los aspectos físico, jurídico, fiscal y económico de cada predio.

La información obtenida se anotará en la ficha predial y en los documentos gráficos, listados y formatos de control estadístico que diseñen las autoridades catastrales.

El proceso de formación termina con la resolución por medio de la cual las autoridades catastrales, a partir de la fecha de dicha providencia, ordenan la inscripción en el catastro de los predios que han sido formados y establecen que el proceso de conservación se inicia al día siguiente, a partir del cual, el propietario o poseedor podrá solicitar la revisión del avalúo de acuerdo con el artículo 9º de la Ley 14 de 1983".

“ART. 12.—Conservación catastral. La conservación catastral consiste en el conjunto de operaciones destinadas a mantener al día los documentos catastrales de conformidad con los cambios que experimente la propiedad raíz en sus aspectos físico, jurídico, fiscal y económico.

La conservación se inicia al día siguiente en el cual se inscribe la formación o la actualización de la formación en el catastro, y se formaliza con la resolución que ordena la inscripción en los documentos catastrales de los cambios que se hayan presentado en la propiedad raíz”.

“ART. 13.—Actualización de la formación catastral. La actualización de la formación catastral consiste en el conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos de la formación catastral, revisando los elementos físico y jurídico del catastro y eliminando en el elemento económico las disparidades originadas por cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, obras públicas, o condiciones locales del mercado inmobiliario.

(...).

La información obtenida y los cambios encontrados se anotarán en los documentos catastrales pertinentes. El proceso de actualización termina con la resolución por medio de la cual las autoridades catastrales, a partir de la fecha de dicha providencia, ordenan la renovación de la inscripción en el catastro de los predios que han sido actualizados y establecen que el proceso de conservación se inicia el día siguiente a partir del cual, el propietario o poseedor podrá solicitar la revisión del avalúo de acuerdo con el artículo 9º de la Ley 14 de 1983”.

Teniendo en cuenta su finalidad, actividades y características técnicas, el catastro permite contar con una información actualizada y clasificada de los inmuebles, la cual tiene una incidencia fundamental para la determinación del impuesto predial.

A partir de la información catastral, los distritos y municipios pueden obtener los datos que permiten fijar el impuesto predial. El catastro es el punto de partida dentro del proceso de determinación de este tributo, por ello el impuesto predial será tan eficaz como eficiente sea la actualización y objetividad del catastro.

Quien aparece en catastro como propietario o poseedor, es en principio el sujeto pasivo del impuesto y dependiendo de la situación física del predio, como su destinación o si está o no edificado, puede señalarse la tarifa. En relación con la base gravable, como ya se indicó el avalúo catastral señala el valor mínimo por el cual se puede declarar un inmueble. Todos estos elementos que aparecen en el registro catastral deben ser tenidos en cuenta tanto por el contribuyente, como por el fisco al momento de determinar el impuesto predial.

En todo caso, en la etapa de conservación catastral hay lugar a revisar y rectificar los errores cometidos en las etapas de formación o actualización (2) , o bien, pueden presentarse las llamadas mutaciones catastrales, que son los cambios sobrevinientes respecto de los elementos físicos, jurídicos o económicos del predio, los cuales deben ser informados por los propietarios o poseedores a las oficinas de catastro (3) .

La revisión del avalúo catastral permite rectificarlo para que se tenga en cuenta como base gravable mínima del impuesto predial, sobre la situación real del inmueble a 1º de enero del respectivo año.

Ahora bien, cuando se presenten mutaciones catastrales, como el cambio de propietario o poseedor; modificaciones en los límites de los predios; nuevas construcciones, edificaciones o la demolición de las existentes; pueden ser acreditadas ante el fisco dentro del proceso de determinación del impuesto predial, pero en estos eventos, la carga probatoria le corresponde a quien esté interesado en demostrar que la información catastral no está actualizada o es incorrecta, toda vez que en virtud del artículo 187 del Decreto 1333 de 1986, los propietarios tienen la obligación de informar los terrenos, edificaciones y mejoras que no estén incorporadas en el catastro, y a su vez la autoridades deben formar y actualizar los respectivos catastros. El proceso catastral no es una actividad unilateral, sino de mutuo aporte entre el propietario o el poseedor y la administración pública y ésta debe ofrecer mecanismos accesibles al público para la actualización de los datos.

Las tarifas del impuesto predial vigentes para el periodo que se discute, estaban contenidas en el artículo 19 del Decreto Distrital 423 del 26 de junio de 1996, que obra en el expediente, el cual “compiló las normas sustanciales vigentes de los tributos distritales”, para los predios urbanizados no edificados y urbanizables no urbanizados con área superior a 100 m2 a los cuales les correspondía un impuesto del 33%o.

En caso similar y haciendo referencia a la norma citada, esta Sala dijo (4) : “Esta disposición señalaba en su parágrafo segundo que se aplicarían en lo pertinente las definiciones contenidas en el Acuerdo 6 de 1990, expedido por el Concejo de Bogotá, “por medio del cual se adopta el Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá y se dictan otras disposiciones.

Toda vez que la norma se remite expresamente a las definiciones otorgadas por el Concejo en el Acuerdo 6 de 1990, debe dársele a las expresiones utilizadas su significado legal, de conformidad con el artículo 28 del Código Civil.

De acuerdo con las definiciones contenidas en los artículos 403, 404, 406, 407 y 443 del Acuerdo 6 de 1990, puede concluirse que los predios “urbanizables no urbanizados” son los terrenos situados en áreas urbanas o suburbanas que no han tenido un proceso de desarrollo por urbanización o por construcción (5) , esto es, que no han sido dotados de servicios de infraestructura ni de los demás servicios básicos, inherentes a la actividad que se va a desarrollar y no están aptos para construir edificaciones idóneas para el funcionamiento de los usos urbanos allí permitidos”.

Los predios situados dentro de terrenos que han cumplido su proceso de desarrollo por urbanización, pero en los que no se han levantado construcciones o edificios, se denominan “predios urbanizados no edificados”.

Estos terrenos son los que en el lenguaje popular han sido denominados “lotes de engorde”, para los cuales el artículo 4º del la Ley 44 de 1990 previó una tarifa de impuesto predial mucho mayor frente a la de los demás predios edificados, con amparo en la Constitución Política que actualmente dispone en el artículo 58 que “La propiedad es una función social que implica obligaciones” y como una manera de desmotivar el enriquecimiento inactivo por el simple incremento del valor de la propiedad raíz gracias al desarrollo de los predios y vías aledañas.

La propiedad privada en Colombia goza de especial protección constitucional, de tal manera que no puede ser menoscabada, desconocida o vulnerada por leyes posteriores. Pero si en aplicación de una ley, este derecho entra en conflicto con el interés público o social, debe ceder al interés colectivo, toda vez que la propiedad cumple una función social y debe aportar en el desarrollo y crecimiento del país.

Dentro de las obligaciones a cargo de los propietarios de inmuebles urbanos se encuentra la de permitir el desarrollo urbano, que los bienes sean productivos tanto para el titular de los mismos, como para el conjunto de la sociedad, de suerte que los predios cumplan con los usos urbanos previstos o autorizados.

Los terrenos ociosos que no acatan estos fines sociales, son gravados más fuertemente que los demás, con el fin que se estimule el desarrollo urbano y para restringir fenómenos de especulación sobre la tierra, así como los problemas ambientales, de salubridad y de seguridad que regularmente se presentan con los llamados “lotes de engorde”.

Para establecer si los predios son "urbanizados no edificados", es relevante la definición de los conceptos de “edificio” y de “otras construcciones” contenida en el artículo 69 de la Resolución 2555 de 1988 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi: (6)

“1. Edificios: A la reunión de materiales consolidados de carácter permanente destinada a proteger contra la intemperie a personas, animales o cosas;

2. Otras construcciones: A la reunión de materiales consolidados con carácter de permanencia, sea en la superficie del suelo o en su interior, con destinación diferente a la señalada en el numeral anterior;…”.

En el caso sub examine, alega el demandante que los predios en discusión, no pueden ser considerados como “urbanizados no edificados”, porque las construcciones existentes corresponden a la noción jurídica de “edificio” definida en el artículo 69 de la Resolución 2555 de 1988, expedida por el IGAC, al considerar que las construcciones que allí se encontraban constituían la reunión de materiales consolidados de carácter permanente para proteger contra la intemperie a personas, animales o cosas.

Al respecto y de acuerdo con las precisiones hechas anteriormente, es pertinente acudir al contenido de los boletines catastrales expedidos en 1998, que obran en el cuaderno de antecedentes, según el cual el predio en discusión corresponde a la clasificación de “urbanizado no edificado”. Es decir, catastralmente, el inmueble no había sido edificado.

Esta situación física que figuraba en catastro para el inmueble de la demandante, fue tenida en cuenta por el Distrito en el proceso de determinación del impuesto predial y así mismo, debió serlo para el contribuyente al presentar su declaración para el año 1998, sin perjuicio de que se acreditara que el predio sufrió mutaciones catastrales que alteran sus condiciones y por lo mismo, la tarifa a aplicar. Como ya se indicó anteriormente, esta carga probatoria le corresponde al interesado en desvirtuar la realidad del catastro.

Para demostrar que al 1º de enero de 1998 existían construcciones en el inmueble en discusión, la demandante aportó los siguientes documentos:

— Escritura pública Nº 1588 del 9 de abril de 1999 por medio de la cual se protocolizan ante la Notaría 1ª del Círculo de Bogotá, la veracidad de doce fotografías tomadas el día 9 de abril de 1999 sobre los lotes de terreno ubicados en la avenida La Esperanza, carrera 68 B, la calle 41 y la carrera 68 A,

— Fotocopia del folio 10 vis de la escritura del contrato de fiducia en donde se deja constancia que sobre la supermanzana 13 manzana tres (SM1-13 M-3), existen unas instalaciones aptas para oficina “…las cuales podrá conservar EL FIDEICOMITENTE hasta el momento en que el desarrollo del proyecto específico requiera de dicha zona de terreno…”.

— Fotocopia de los recibos de servicios públicos de acueducto donde se advierte que se trata de una instalación transitoria para obra bajo la clase de uso industrial y/o comercial.

— Fotocopia del servicio telefónico correspondiente al mes de febrero de 2000, los cuales corresponden al inmueble cl. 43 B 68 B-03 que no es el objeto de la litis.

La parte actora considera que con estas pruebas y con las manifestaciones efectuadas por los funcionarios de la Administración Distrital dentro de las actuaciones administrativas, son prueba fehaciente para demostrar que el predio objeto de la litis se encontraba edificado, para la época de causarse el gravamen.

De acuerdo con las definiciones ya transcritas contenidas en la Resolución 2555 de 1988 del IGAC, para entender que una estructura corresponde a los conceptos de “edificios” y “otras construcciones”, es relevante el carácter de permanencia en la reunión de los materiales consolidados. Esto es, un propósito de estabilidad en el tiempo, de inmutabilidad.

Las fotografías protocolizadas con las que se pretendió demostrar que el predio se encontraba construido para la época de causación de los impuestos revisados, no son pruebas idóneas o conducentes para tal propósito, ya que las mismas constituyen un registro fotográfico del predio el 9 de abril de 1999, sin que pueda establecerse con certeza si al 1º de enero de 1998, periodo investigado, hubo un “desarrollo por construcción”.

De otro lado, del texto del contrato de Fiducia no se puede inferir que las instalaciones aptas para oficinas administrativas que se encontraban en dicho predio, sean viables y aptas para el desenvolvimiento de los usos permitidos.

Para determinar si un predio tuvo un desarrollo por construcción, es decir, que fue edificado, no basta que exista una “construcción”, entendida como la simple reunión de materiales consolidados, sino que se requiere que ésta sea viable y apta para el desarrollo de los usos permitidos, lo que no ocurre en el presente caso.

Por lo anterior, de las pruebas aportadas no puede concluirse que el inmueble contaba para el 1º de enero de 1998, con estructuras que pudieran dárseles el carácter de edificios para efectos catastrales y del impuesto predial, dado que no cumplen con la condición de permanencia exigida en la Resolución 2555 de 1988 del IGAC, ni ellas implican un desarrollo por construcción en los predios discutidos, que desvirtúen su carácter de “Urbanizados no edificados”.

En consecuencia, al no haber probado el actor que el inmueble se encontraba edificado, debe tenerse la información dada en la ficha catastral para el momento de discusión del impuesto, idónea para determinar la clasificación del inmueble.

3. Nulidad de los actos acusados, con base en el artículo 84 DEL Código Contencioso Administrativo, por no haberse pronunciado la Administración sobre las pruebas pedidas con ocasión del recurso de reconsideración.

En relación con el cargo de nulidad de los actos acusados, con base en el artículo 730 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por no haberse pronunciado el tribunal sobre las pruebas pedidas con ocasión de la respuesta dada al requerimiento especial y a la liquidación oficial, y, la ausencia de pronunciamiento sobre la nulidad solicitada con el recurso de reconsideración, observa la Sala lo siguiente:

Efectivamente la parte actora hizo solicitud de pruebas al contestar el requerimiento especial y en el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial a ella practicada, entre las cuales se encuentran documentales y testimonios.

Los testimonios fueron pedidos para que “se sirva atestiguar sobre el hecho de la edificación levantada en el inmueble, conforme al interrogatorio que se le formulará”.

Ahora bien, revisada la Resolución 235 del 9 de abril de 2003, que resuelve el recurso de reconsideración interpuesto por la actora, se observa que a pesar de que el Coordinador del Grupo de recursos tributarios, no se pronunció respecto a la solicitud de las pruebas testimoniales, si efectuó la valoración de las pruebas documentales aportadas con la demanda.

Ahora bien, en el sub examine esta corporación observa que la prueba idónea para mostrar las construcciones realizadas en el inmueble, es la ficha catastral, toda vez que en ella se establece el estado actual del inmueble dada la obligación que tienen los propietarios de éstos de informar los terrenos, edificaciones y mejoras que no estén incorporadas en el catastro y la obligación de las autoridades de actualizar los respectivos catastros y que por tanto debe obrar en los antecedentes administrativos, lo cual hace innecesaria la prueba testimonial.

De otra parte, en relación con la violación del debido proceso la cual también se pretende demostrar con la recepción de los testimonios, la Sala observa, que en el caso en comento para determinar tal trasgresión, deberá el juez contencioso administrativo realizar un estudio de las disposiciones aplicables al caso, sin que para ello sea indispensable la práctica de la prueba solicitada.

Existen medios probatorios directos como las memorias de tomas aéreas efectuadas por las entidades encargadas de la formación catastral en el Distrito o el Instituto Colombiano Agustín Codazzi, a las que habría podido acudir la sociedad, para contradecir, si así fuere, la conclusión a que arribó la Administración.

3. Improcedencia de la sanción por inexactitud.

A juicio de la Sala, las consideraciones expuestas en los cargos anteriores, descartan la existencia de diferencia de criterios como eximente de la sanción por inexactitud, porque en este caso, el contribuyente dejó de aplicar las normas que regulan la base gravable mínima del impuesto predial. De acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso no se demostró la existencia de la construcción para el 1º de enero de 1998.

Así las cosas, en las declaraciones del impuesto predial presentadas por la sociedad actora, se incurrió en una conducta sancionable pues se incluyeron factores equivocados (destino y tarifa) lo cual dio lugar a un menor impuesto a pagar, sin que se haya presentado, como se dijo, diferencia de criterios relativas a la interpretación del derecho aplicable.

En el anterior orden de ideas, no tiene vocación de prosperidad el recurso de apelación de la parte demandada, por lo que la Sala confirmará la decisión de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

Magistrados: Juan Ángel Palacio Hincapié—Ligia López Díaz, Presidente de la Sección—María Inés Ortiz Barbosa—Héctor J. Romero Díaz.

(1) Decreto Reglamentario 3496 de 1983, artículo 1º.

(2) Artículo 179 del Decreto 1333 de 1986.

(3) Artículo 187 ibídem.

(4) Sentencia del 29 de marzo de 2007, Exp. 14738, C.P. Ligia López Díaz.

(5) Desarrollo por construcción comprende las acciones encaminadas a la construcción de edificios, su ampliación, adecuación o remodelación.

(6) De acuerdo con el artículo 182 del Decreto 1333 de 1986, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es la entidad que establece las normas técnicas para las labores catastrales.

_________________________________