Sentencia 16113 de noviembre 6 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

INDEMNIZACIÓN PLENA POR ACCIDENTE DE TRABAJO

SU MONTO NO ESTÁ DETERMINADO POR EL PORCENTAJE DE INCAPACIDAD

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Isaac Náder

Rad.: 16.113

Bogotá, D.C., seis (6) de noviembre de dos mil dos (2002).

En sentencia de casación proferida en este proceso el 1º de noviembre de 2001 la Sala casó totalmente la decisión del tribunal en cuanto absolvió a la sociedad accionada de las pretensiones relativas a la indemnización plena de perjuicios reclamadas por el actor, al encontrar que esa corporación incurrió en los yerros fácticos denunciados al no dar por demostrado que el accidente de trabajo ocurrió por culpa de la empresa, toda vez que ésta no tomó precaución alguna para proteger la seguridad de sus trabajadores, puesto que siendo la bodega donde ocurrió dicho infortunio, un sitio lleno de riesgos como lo admitió el informe de la comisión de seguridad industrial, resultaba inadmisible que no se tomaran medidas preventivas ni se instruyera a los marinos sobre los riesgos existentes en ese sitio.

Al respecto, se encuentra que es suficiente lo expuesto en sede de casación referente a que existió responsabilidad de la empleadora en el accidente de trabajo que sufrió el señor Juan Antonio García Ogliastri, para que la Sala actuando ahora como tribunal de instancia, en cumplimiento a lo resuelto en la decisión citada, determine el monto de la indemnización por lucro cesante que corresponde al demandante; teniendo en cuenta el dictamen pericial en firme y su aclaración visibles a folios 169 a 174 y 182 a 183 del cuaderno de la Corte, como también que en la sentencia aludida se dispuso que no hay lugar a los perjuicios morales y daño emergente por falta de prueba de los mismos.

En las condiciones anotadas para la fijación de los perjuicios ordenados se tendrá en cuenta el cálculo a que se refiere el dictamen pericial, en el acápite denominado “segundo escenario”, pues el salario tomado en ese aparte coincide con el adoptado por la empresa, en la suma de 983,71 dólares, para liquidar al actor la indemnización convencional por accidente de trabajo (fls. 175 a 177 del C. de I) y el promedio salarial devengado por el trabajador en el año anterior al accidente de trabajo, que solo presenta una pequeña diferencia con aquél, según se extrae de los documentos obrantes a folios 111 a 116, 117 a 129 y 130 del cuaderno de instancia. Conviene señalar al respecto que no se opta por el llamado “primer escenario“ en el dictamen referido en tanto éste toma un valor del certificado de ingresos y retenciones del año gravable de 1991 (fl. 136 C. de I) que involucra pagos distintos de los salariales, algunos de ellos sin discriminar, de manera que de tal documento no se puede deducir cuál es la cantidad que corresponde a la retribución directa de servicios del actor.

A más de lo anterior, es necesario indicar que para efectos de la indemnización tratada no es procedente considerar el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral del actor para determinar su monto, pues en este caso conforme lo señalan funcionarios de la propia empresa su merma física le impide desempeñarse como marinero (fl. 93 C. de l); luego frente al derecho del trabajo debe evaluarse cuál es la incidencia que tiene la minusvalía adquirida por el trabajador para el desempeño de su oficio, el cual en términos reales es el que puede permitirle una actividad productiva, pues ante el hecho cierto de una invalidez que cierra las puertas al mercado laboral del trabajador, como acontece en este caso, no es admisible tasar la indemnización por lucro cesante de acuerdo al grado de incapacidad dictaminado al afectado, sino por la circunstancia cierta de la imposibilidad de desempeñar la actividad para la cuál estaba capacitado.

Ahora bien, como se encuentra que la sociedad demandada reconoció al actor la suma de 11.804.58 dólares por concepto de indemnización convencional por accidente de trabajo (fls. 176 a 179 del C. de I), esta cantidad se descontará de la indemnización establecida, puesto que conforme a los términos en que fue concedida por la empresa no se trata de una prestación extralegal paralela sino de una garantía que tenía vigencia con anterioridad al momento en que el lSS asumió el riesgo de accidente de trabajo y enfermedad profesional, de modo que procede la aplicación del inciso 2º del artículo 16 del estatuto mencionado, que prevé que “Cuando una ley establezca una prestación ya reconocida espontáneamente o por convención o fallo arbitral por el patrono. se pagará la más favorable al trabajador”.

Conforme a lo expuesto, la condena por perjuicios (lucro cesante), a favor del actor se concretará a la cantidad de 254.696.42 dólares determinada en el acápite denominado segundo escenario, opción 3) del dictamen pericial (fl. 173 del C. de la C.).

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, actuando como tribunal de instancia, REVOCA la decisión absolutoria del a quo en cuanto a los perjuicios por lucro cesante y en su lugar CONDENA a la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. a pagar al señor Juan Antonio García Ogliastri la suma de doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y seis dólares con cuarenta y dos centavos (US 254.696.42) por el concepto anotado. En virtud de la prosperidad del recurso no se imponen costas en sede de casación ni en segunda instancia, las de primera serán de cargo de la accionada en un noventa por ciento (90%). 

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Carlos Isaac Nader—Eduardo Adolfo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Isaura Vargas Díaz.  

Fernando Pastás Perugache, secretario.

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