Sentencia 16114 de mayo 11 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

PAGO DE LO ADEUDADO POR PRESTACIONES SOCIALES

LA ADMINISTRACIÓN NO PUEDE RECONOCER AJUSTES DE VALOR

EXTRACTOS: «En lo concerniente a los ajustes de valor de la asignación de retiro, cuya reclamación reitera el recurrente, dirá la Sala que mediante la Resolución 1921 de 1991 se ordenó el pago de la misma desde el 1º de enero de 1972 sin tener en cuenta el ajuste de valor de las respectivas mesadas.

En la demanda que dio origen al primer proceso contra la Resolución 1921 de 1991 se señalaron como fundamento jurídico de la pretensión relacionada con la forma en que se efectuó la liquidación de la asignación de retiro —sin ajuste—, el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo (fl. 23) y los artículos 173 y 175 del Decreto 1211 de 1990, en concordancia con el artículo citado del Código Contencioso Administrativo, así como el artículo 169 de dicho decreto.

Reza así el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo:

“Ajuste de valor: La liquidación de las condenas que se resuelven mediante sentencia de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor”. (subrayado fuera de texto)

La lectura de la norma transcrita resulta suficiente para establecer que este aspecto del debate —ilegalidad de la Resolución 1921 de 1991 en virtud de que en ella no se reajustó el valor de la asignación de retiro con fundamento en dicho artículo—, no encaja dentro de los presupuestos fácticos en él contemplados, por cuanto dicha resolución carece de la naturaleza de una sentencia condenatoria, pues ostenta la de acto administrativo, circunstancia que impedía a su expedidor apoyarse en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo que regula únicamente la forma en que deben liquidarse las condenas impuestas a través de sentencias dictadas por la jurisdicción contencioso administrativa. Y esto, porque el director de la entidad demandada carece de la condición de juez de cualesquiera de las jurisdicciones de las previstas en el ordenamiento jurídico, pues sólo es una autoridad administrativa facultada exclusivamente para expedir actos administrativos y no providencias de orden jurisdiccional.

En relación con este tema —improcedencia de decretar ajustes de valor de sumas adeudadas a los administrados, por parte de la administración—, esta corporación en sentencia del 25 de noviembre de 1999, recaída en el proceso 3799, actor Aquiles César González Salazar, consejera ponente Ana Margarita Olaya Forero, expresó:

“La resolución mencionada por la cual se le reconoció al actor dicho auxilio teniendo en cuenta el tiempo que laboró en la Universidad de Córdoba y el salario que devengó, no contiene pronunciamiento alguno relacionado con el ajuste de valor de la suma en que se liquidó esa prestación (fls. 19 y 20).

Tratándose de la liquidación pura y simple de su auxilio de cesantías, la validez de la decisión adoptada en esa resolución, estaba determinada por su sujeción a las normas reguladoras de dicha prestación social, frente a los presupuestos fácticos a que se hizo mención —tiempo de servicios y sueldo devengado— que el accionante acreditó.

No existe norma legal que autorice a las entidades estatales a reconocer en el mismo acto administrativo en que liquida el auxilio de cesantía a sus servidores, ajustes de valor por ningún concepto.

Así las cosas, sin el correspondiente soporte legal que la facultara para liquidar tales ajustes de valor, a la demandada no le era dable, apoyándose en la preceptiva jurídica consagratoria del derecho al auxilio de cesantía, decretar oficiosamente el reconocimiento de los mismos. De modo que mal podía el señor González Salazar requerir a esta jurisdicción la declaratoria de nulidad de la Resolución 729 de 1994 por no reconocer tal ajuste de valor, cuando ello no está previsto en las normas que gobiernan el reconocimiento de esa prestación.

Por manera, que si el demandante estaba interesado en que la Universidad de Córdoba le reconociera el ajuste de valor de la suma liquidada como monto de su cesantía, el demandante debía, como lo hizo, (sic) formular a su empleadora la correspondiente solicitud debidamente sustentada para obtener de la misma un pronunciamiento al respecto cuyos fundamentos en caso de no compartirlos, podía cuestionar ante la jurisdicción contencioso administrativa en orden a establecer la legalidad de esa determinación, toda vez que la normativa que regula los ajustes de valor de las sumas a cuyo pago está obligada la administración por concepto de cesantías, por no satisfacerlas oportunamente, difieren de las disposiciones que consagran el derecho a dicho auxilio, que fue la prestación que se le reconoció por medio de la Resolución 729 de 1994, y cuyo monto no objetó”.

En la resolución demandada en el presente proceso se le reconoció al actor la asignación de retiro. Nada se dice en ella a cerca de los ajustes del valor de esta prestación. El demandante en la vía gubernativa no formuló en su contra ninguna objeción por esta razón, lo que sólo vino a hacer en sede jurisdiccional.

De otra parte y en cuanto hace a la violación de los artículos 169, 173 y 175 del Decreto 1211 de 1990 a que se hizo mención, fuerza precisar que se refieren a aspectos diferentes del debatido, que deben tenerse en cuenta al liquidar la aludida prestación social, como son la oscilación del valor de la asignación de retiro, su inembargabilidad, los descuentos que deben hacerse a la misma, su forma de pago por mensualidades vencidas durante la vida del agraciado y la compatibilidad de su percepción con los sueldos provenientes del desempeño de empleos públicos.

Como se aprecia, ninguno de los artículos del Decreto 1211 de 1990 citados por el demandante autorizan a la administración a ajustar el valor de la asignación de retiro a reconocer a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.

Basta leer el artículo 1º de la resolución demandada para advertir que el monto de la asignación de retiro, en cumplimiento de lo ordenado en dicho artículo, debe determinarse con base en la cuantía del sueldo de actividad correspondiente en todo tiempo al grado de capitán de corbeta de la Armada Nacional que ostentaba el actor, incluyendo las partidas que de acuerdo con la ley fueran computables a ese efecto.

Lo anterior significa que la administración al fijar el monto de la asignación de retiro observó lo ordenado en el artículo 169 del Decreto 1211 de 1990 y que lo dispuesto en él, así como en los artículos 173 y 175 ibídem, como ya se dijo, no constituye soporte jurídico válido para decretar el ajuste del valor de la misma en sede jurisdiccional, con base en los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, como se impetra en la demanda, pues en esos artículos no se prevé tal ajuste, como sí autoriza hacerlo el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo cuando la misma jurisdicción contencioso administrativa, a través de una sentencia, condena a una entidad oficial al pago de una suma de dinero.

De conformidad con lo expuesto, la sentencia recurrida se confirmará por cuanto la impugnación que contra ella hace el demandante carece de vocación de prosperidad».

(Sentencia de mayo 11 de 2000. Expediente 16.114. Consejero Ponente: Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda).

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