Sentencia 1612 de abril 24 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

PERÍODO DEL GOBERNADOR

CASO EN QUE ES INSTITUCIONAL

EXTRACTOS: «El artículo 303 de la Constitución señala en tres años la duración del período de los gobernadores, y prohíbe su reelección para el período siguiente. Señala la extensión del mismo en el tiempo, y defiere a la ley la forma de llenar las faltas absolutas y temporales del funcionario.

El artículo 309 de la Constitución Nacional erige como departamentos las entidades territoriales allí señaladas por lo que solo se relaciona con el caso sub judice en cuanto a que Casanare fue de los territorios erigidos como departamentos, sin que por ello pueda resultar violada la norma para efectos del presente proceso.

El artículo 1º de la Ley 163 de 1994 establece que las elecciones de, entre otros, los gobernadores, se realizarán el último domingo del mes de octubre.

De lo anterior, lo único que queda claro es la prohibición de reelección del funcionario y el señalamiento del período de tres años, pero no la forma de llenar faltas absolutas, asunto que la Carta defiere a la ley.

Ahora bien, es sabido que no se ha expedido una ley que regule los aspectos de que trata el artículo 303 ya mencionado.

Debe, entonces, analizarse si con base en la Constitución Nacional el período de los gobernadores es institucional o individual para efectos de determinar si la falta absoluta (que no hay duda, se presenta cuando se anula la elección del titular y se elige un reemplazo) se llena por el resto del período o si cada vez que se provee el cargo, se empieza un período.

No se analizará por no ser del proceso si la falta absoluta se llena por encargo o por elección por cuanto no está planteado. Se analizará únicamente si el período del gobernador elegido en reemplazo de un titular cuyo acto declaratorio de elección ha sido anulado, es institucional o individual.

Con anterioridad a la Constitución de 1991 la regla general era que los períodos eran institucionales y solo cuando había expresión manifiesta de que el período era individual, el mismo se consideraba como tal.

Del análisis de la forma en la cual la Constitución de 1991 establece los períodos, se puede inferir que mientras en la generalidad de los casos se acude a señalar el tiempo que cubre el período, sólo en casos expresos señala que este último sea individual, lo que lleva a concluir que sólo cuando el constituyente pretende que el período sea individual, o sea, cuando quiere hacer una excepción a la norma general que es la del período institucional, así lo manifiesta expresamente.

Ello permite señalar que el constituyente manejó como regla general el establecimiento del período institucional y como excepción el del individual.

Ahora bien, en relación con el caso de los gobernadores en el artículo transitorio 16 la Constitución Nacional de 1991 señaló que la primera elección de gobernadores se celebraría el 27 de octubre de 1991 y la posesión de los elegidos sería el 2 de enero de 1992, es decir, estableció la fecha de iniciación del período.

Aunque la disposición se agotó por la transitoriedad de su naturaleza, muestra a las claras el querer del constituyente que no fue otro que considerar el período como institucional. De hecho los tres años se vienen contando con base en la disposición mencionada, aunque la misma dejó de estar vigente.

Ahora bien, como la distinguida procuradora colaboradora se refiere a las sentencias de la Corte Constitucional C-586 de 1995 y C-011 de 1994 al igual que los impugnadores, es procedente hacer las siguientes precisiones:

La H. Corte Constitucional en sentencia C-586 de 1995 dictada el 7 de diciembre de 1995 al declarar inexequible el artículo 112 de la Ley 104 de 1993 que supeditada la convocación a elección de alcaldes o gobernadores a la circunstancia de que sus titulares hubieren sido destituidos (subraya la sala) antes de transcurrido más de la mitad del período y a que las condiciones de orden público lo permitieran, manifestó, con transcripción de la sentencia C-011 de 21 de enero de 1994.

“Respecto al período de los gobernadores y alcaldes elegidos por falta absoluta de los titulares la corte agregó:

“La Constitución Política no señala una fecha oficial para la iniciación del período de los alcaldes o gobernadores. En lo que se refiere al período de los gobernadores y los alcaldes, la Constitución se limita a señalar que éste será de tres años. Al producirse la elección popular de quien haya de sucederlo en el cargo, cualquiera que sea la fecha en que ello ocurra, el período constitucional del nuevo mandatario, comenzará a contarse a partir de la fecha de posesión y este período deberá ser el mismo, de aquél cuyo mandato fue revocado, es decir, tres años”” (las subrayas son de la sala).

Debe anotarse que mediante la providencia transcrita en algunos apartes, sentencia C-011 de 21 de enero de 1994, la H. Corte Constitucional revisó el proyecto de ley estatutaria por el cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones y, concretamente, el aparte transcrito se refiere al caso de la revocatoria de mandato del gobernador o alcalde y al período que debe cumplir quien asume en reemplazo, que hacía parte del artículo 15, declarado inexequible, del proyecto de la que luego se convirtió en Ley 131 de 1994.

En tales condiciones debe anotarse que la H. Corte Constitucional al decidir en los anteriores fallos sobre la inexequibilidad de los artículos que se refieren al período de quienes sean elegidos para reemplazar los gobernadores estudió dos casos específicos, a saber: revocación del mandato y destitución de los titulares. No se ha pronunciado sobre el período de los gobernadores que resultan elegidos en reemplazo del titular cuando se ha declarado la nulidad del acto declaratorio de elección por lo que tales providencias no son aplicables al caso.

Con posterioridad a las sentencias anteriores, la H. Corte Constitucional ha analizado otros casos distintos del que ahora ocupa a la Sala por lo que las decisiones adoptadas en los mismos tampoco contemplan el caso en estudio.

Se puede afirmar, entonces, volviendo al estudio del presente, que el período de los gobernadores es institucional con las excepciones señaladas por la H. Corte Constitucional frente a revocatoria del mandato y a destitución de los titulares.

De acuerdo con lo anterior, para la sala resulta claro que si el acto declaratorio de elección señala un período que excede el término de tres años que termina el 31 de diciembre de 1997, resulta nulo en el tiempo que sobrepasa tal término por cuanto establece un período individual que no es el previsto en la Constitución Nacional para el caso concreto.

La consecuencia de lo anterior no es la anulación de la totalidad del acto que declaró la elección sino del tiempo que excede el período de tres años que debió respetarse.

(...).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declárase la nulidad parcial del acto administrativo expedido el 3 de junio de 1996 por el cual los señores delegados del Consejo Nacional Electoral declararon elegido al ciudadano Miguel Ángel Pérez Suárez como Gobernador del departamento de Casanare, para el período 1996-1999 pero solo en cuanto el período por el cual se declaró elegido excede al término de tres años que finaliza el 31 de diciembre de 1997».

(Sentencia de abril 24 de 1997. Expediente 1612 Consejera Ponente: Dra. Mirén de la Lombana de Magyaroff).

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