Sentencia 16124 de agosto 12 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

EJECUCIÓN DE CONDENAS JUDICIALES

LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA SE LIMITA A LAS CONTRACTUALES

EXTRACTOS: «1.1. Hasta antes de expedirse la Ley 80 de 1993, la cláusula general de competencia para conocer de los procesos ejecutivos de sentencias judiciales condenatorias, proferidas en contra de las entidades públicas, correspondía a la justicia ordinaria, de conformidad con el artículo 177 del CCA y del ordinal 1º del artículo 16 del CPC.

En consecuencia, cuando quiera que era menester ejecutar a una persona jurídica de derecho público, con fundamento en una sentencia judicial proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la demanda se debía presentar ante el juez civil del circuito, en todos los casos (CPC., art. 16-1).

El actual estatuto general de contratación de la administración pública (L. 80/93) adscribió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competencia para conocer de las controversias contractuales derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento, respecto de obligaciones definidas por voluntad de las partes o por decisión judicial (art. 75), asuntos que, como se dijo, eran del conocimiento de la justicia ordinaria.

Al respecto, la Sala Plena de la corporación mediante auto de noviembre 29 de 1994 expresó:

“... la Ley 80 de 1993 aplica un principio según el cual el juez de la acción debe ser el mismo juez de la ejecución, recogiendo lo que ha sido la tendencia dominante en el derecho moderno, de trasladar asuntos que eran del resorte de la jurisdicción ordinaria por razón de la materia, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, buscando criterios de continuidad y unidad en el juez, posición que si bien no es compartida por todos los jueces, sí es una tendencia legislativa”(1).

(1) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de noviembre 29 de 1994, Expediente S-414, Ponente: Dr. Guillermo Chahín Lizcano, actor: Rigoberto Arenas Olmos. Anales del Consejo de Estado, T. CXXXIX, primera parte, cuarto trimestre de 1994, pág. 93.

En adelante, pues, en materia de procesos ejecutivos derivados de sentencias proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa existió una doble adscripción de competencia: a la jurisdicción ordinaria, por regla general (CCA., arts. 177 y CPC., art. 16-1) y a la administrativa contenciosa, en materia contractual (L. 80/93, art. 75).

1.2. La regla anterior fue recogida por la Ley 446 de 1998 en el artículo 32, que reformó el artículo 87 del CCA, así:

“De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. (...).

En los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa se aplicará la regulación del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contenida en el Código de Procedimiento Civil”. (Se destaca).

El propósito de esta disposición no fue tanto el de atribución de competencia, pues, como se ha visto, tal circunstancia venía prevista desde el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, con la plena aceptación de la jurisprudencia nacional(2), cuanto el de precisar el procedimiento a seguir en estos casos.

(2) Cf. Consejo de Estado: auto de noviembre 29 de 1994 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, antes citada; sentencia de noviembre 23 de 1995, Expediente 11310, Ponente: Daniel Suárez Hernández de la Sección Tercera; sentencia de agosto 20 de 1998, Expediente 14202, Ponente: Juan de Dios Montes Hernández de la Sección Tercera; auto de abril 10 de 1997, Expediente 817, Ponente: Mario Alario Méndez, de la Sección Quinta. Corte Constitucional. Sentencia C-388 de agosto 22 de 1996, Ponente: Carlos Gaviria Díaz.

Lo que conviene aclarar, por las dudas que pudiera suscitar la redacción de la norma, es que la situación que se ha venido planteando no varió con la expedición de la Ley 446 de 1998; la regla que atribuye competencia, a la jurisdicción contencioso administrativa para la ejecución de las sentencias que ella misma profiera, se circunscribe a materias propias de los contratos estatales, quedando a cargo de la jurisdicción ordinaria las demás: laborales, de impuestos, de nulidad y restablecimiento del derecho ajenas a los contratos, de reparación directa, etc.

Bajo este marco, la precitada Ley 446 de 1998 completó los instrumentos procesales necesarios en esta jurisdicción al establecer en los artículos 40 y 42, respectivamente, la competencia funcional de los jueces administrativos, en primera instancia, de los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa, cuando la cuantía no exceda de 1.500 salarios mínimos legales mensuales, y la competencia funcional de los tribunales administrativos, en primera instancia, de los referidos procesos, cuando la cuantía exceda de dicho monto.

Además, el artículo 43 de la Ley 446 de 1998, que adicionó el título 14 del libro 3º del CCA con un capítulo IV, establece en el artículo 134D dos reglas para determinar la competencia territorial: una, en tratándose de controversias derivadas de un título ejecutivo cuya fuente es un contrato (num. 2º, lit. d) y, otra, para procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo (num. 2º, lit. i), en el entendido de que estas últimas tienen origen en contratos estatales:

“Competencia por razón del territorio. La competencia por razón del territorio se fijará con sujeción a las siguientes reglas:

1. Por regla general, la competencia territorial se determinará por el lugar de ubicación de la sede de la entidad demandada o por el domicilio del particular demandado.

2. En los asuntos de orden nacional se observarán las siguientes reglas: (...).

d) En los contractuales y en los ejecutivos originados en contratos estatales se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato. Si éste comprendiere varios departamentos será tribunal competente a prevención el que elija el demandante (...).

i) En los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, será competente el juez del territorio donde se profirió la providencia respectiva, observando el factor cuantía de aquélla” (se destaca).

Por consiguiente, para tener claridad en esta materia, resulta necesario hacer el análisis conjunto de los artículos 75 de la Ley 80 de 1993, 32, 40, 42 y 43 de la Ley 446 de 1998, pues la percepción aislada de esas normas podría conducir a conclusiones equivocadas; además, dichas disposiciones no tuvieron la virtud de modificar el artículo 177 del CCA.

(...).

Para la Sala es claro que, en el caso sub judice, existe una inobjetable falta de jurisdicción para tramitar y resolver la demanda ejecutiva formulada por el actor en contra del municipio de Maicao, con fundamento en un título ejecutivo derivado de una condena proferida por esta corporación en ejercicio de la acción de reparación directa.

En efecto, como antes se expuso, la jurisdicción contencioso administrativa tiene una regla expresa de competencia para conocer de los procesos de ejecución que se susciten con ocasión de controversias derivadas de un título ejecutivo cuya fuente es un contrato estatal y, de los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en desarrollo de la acción contractual.

En conclusión, no existe una regla de competencia que atribuya a esta jurisdicción el conocimiento de los procesos de ejecución que se deriven de otra clase de condenas diferentes a las contractuales, como son las impuestas a través de la acción de reparación directa. Respecto de estas últimas, su conocimiento corresponde a la justicia ordinaria como así lo dispone el artículo 177 del CCA».

(Sentencia de agosto 12 de 1999. Expediente 16.124. Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández Enríquez).

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