Sentencia 16136 de octubre 24 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Córdoba Poveda

Aprobado acta 130

Bogotá, D.C., octubre veinticuatro de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Hechos

El juzgador de segunda instancia los sintetizó de la siguiente manera:

"El 17 de marzo de 1996, a eso de las tres de la mañana, Luis Alfonso Tuberquia Pulgarín, en compañía de su hermano menor Robinson Montoya Pulgarín, se desplazaba desde su residencia situada en la calle 92 E Nº 84-37 del barrio Jorge Eliécer Gaitán hacia la de su suegra ubicada a cuadra o cuadra y media, pero, cuando le faltaba poco para llegar, Richard Eder Zapata Martínez y John Fredy Sandoval Serna le salieron al paso y por lo menos uno de ellos, sin mediar palabra, disparó en cinco oportunidades, lesionándolo en el brazo izquierdo y en diversas partes de la espalda. Apenas cayó al suelo, lo despojaron del arma que siempre llevaba consigo y abandonaron el lugar, mientras Luis Alfonso Tuberquia fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció".

(...).

Consideraciones de la Corte

Causal tercera

Primer cargo

1. Acusa al tribunal de haber dictado sentencia en un juicio viciado de nulidad, toda vez que habiéndosele imputado a su defendido en la medida de aseguramiento el delito de homicidio simple, fue sorprendido en la resolución de acusación con el cargo de homicidio agravado, sin que antes se hubiese adicionada aquella providencia, yerro que, a su juicio, violó el debido proceso y el derecho de defensa.

2. El cargo no puede tener éxito, por falta de razón, así:

Como atinadamente lo destacó el Procurador Delegado, la ley procesal no exigía (Decreto 2700 de 1991, a la sazón vigente) ni exige (Ley 600 de 2000) que la calificación jurídica dada a los hechos en la resolución de acusación guarda armonía con la dada en la medida de aseguramiento, siendo esta última de carácter provisional y conforme a las pruebas allegadas hasta ese momento procesal, pudiendo la imputación ser objeto de variación en la pieza acusatoria, de acuerdo con el nuevo haz probatorio, sin olvidar que ésta es la que fija el marco fáctico y jurídico en que se debe desenvolver el juicio y la sentencia . Si en ella se definen los cargos, la única congruencia necesaria para garantizar la estructura lógica y conceptual del proceso y el derecho de defensa es la que debe existir entre el pliego de cargos y la sentencia, pero no entre ésta y la providencia que define la situación jurídica, pues si después de este acto procesal se puede seguir investigando, es de esperar que las nuevas pruebas puedan dar lugar a que lo consignado en esa resolución sufra profundas modificaciones, incluso podrían presentarse cambios, sin que surjan nuevas pruebas, simplemente porque al momento de calificar se tenga una mejor comprensión de lo ocurrido y un más informado criterio para decidir, como lo ha dicho la Sala (1) .

(1) Ver, entre otras, auto 9/06/98. Única instancia 10242. M.P. Dr. Jorge E. Córdoba Poveda.

Además, no es cierto que con la calificación jurídica dada en la resolución de acusación se haya limitado el derecho de defensa del procesado, toda vez que tuvo la oportunidad de impugnarla, sin olvidar que contó con toda la etapa del juicio para desvirtuar probatoria y jurídicamente la agravante que hoy rechaza en esta sede.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Segundo cargo

1. Acusa al ad quem de haber dictado sentencia en un juicio viciado de nulidad, ya que habiendo solicitado en la etapa del juicio la práctica de una diligencia de inspección judicial en el lugar de los hechos, con el fin de desvirtuar el testimonio del hermano del hoy occiso, le fue negada, lo que, en su criterio, vulneró el derecho de defensa de su procurado, pues de haberse llevado a cabo se le habría reconocido la causal excluyente de antijuridicidad de la legítima defensa.

2. El cargo así formulado también adolece de errores de técnica que lo llevan al fracaso, a saber:

No demuestra la trascendencia del vicio, como quiera que no ilustra a la Corte cómo el medio de convicción echado de menos era conducente, pertinente y útil con el objeto del diligenciamiento y con la formación del convencimiento del juzgador, esto es, cómo de haber sido practicado y cotejado con los elementos de juicio que sustentaron el fallo, éste hubiera sido favorable al acusado.

Al respecto es preciso recordar que cuando se alega violación del derecho de defensa por la no práctica de las pruebas impetradas, no basta enumerar las omitidas, sino que es preciso señalar su fuente, su conducencia, pertinencia y utilidad y su incidencia frente a la parte conclusiva del fallo, ya que como lo ha señalado la jurisprudencia, la no práctica de determinadas diligencias no constituye, per se, quebrantamiento del derecho de defensa, pues el funcionario judicial sólo está obligado a decretar bien sea de oficio o a petición de los sujetos procesales, la práctica de aquellas pertinentes y útiles para los fines de la investigación y la formación del convencimiento, por lo que la omisión de las inconducentes, dilatorias o inútiles no constituye transgresión de ningún derecho.

3. Finalmente, la prueba solicitada no fue denegada de manera arbitraria por el juez de primera instancia, en decisión confirmada por el Tribunal, sino razonablemente, ya que se fundó en que carecía "en absoluto de sentido una diligencia de inspección al lugar de los hechos para establecer la distancia, la visibilidad y la capacidad de percepción del testigo Robinson Montoya Pulgarín, cuando del proceso surge nítidamente que iba con el occiso cuando le dispararon y vio a sus agresores a corta distancia, no más de cinco metros, bien que se atienda a la declaración del joven o que se acuda a la del sindicado Jhon Fredy Sandoval. En esas condiciones, saber exactamente la distancia o la visibilidad y capacidad de observar a los agresores es francamente estéril o inútil".

El cargo no prospera.

Causal primera

Único cargo

1. Acusa al Tribunal de haber violado, de manera indirecta, la ley sustancial por error de hecho en la apreciación de las pruebas, ya que al existir en el diligenciamiento dos versiones encontradas, esto es, las declaraciones de Jhon Fredy Sandoval Sierra y la de Robinson Montoya Pulgarín, el sentenciador le otorgó crédito a esta última, yerro que condujo a que no se reconociera la existencia de la legítima defensa en la conducta de su poderdante.

2. Este reproche, como también lo conceptúa el agente del Ministerio Público, adolece de protuberantes desatinos técnicos que lo condenan al fracaso, así:

2.1. No dice cuál fue el sentido de la vulneración del artículo 29, numeral 4º, del Código Penal de 1980, es decir, falta de aplicación o aplicación indebida, ni indica cuál fue el precepto sustancial de la parte especial del Código Penal quebrantado.

2.2. No indica cuál fue el falso juicio que determinó el error de hecho alegado, si de existencia o de identidad, o si se debió a un falso raciocinio, al haberse desconocido, ostensiblemente, al valorar la prueba, los postulados de la sana crítica.

Si se acepta que quiso aludir al error de hecho por falso raciocinio, en cuanto advierte que se le dio credibilidad al testimonio del hermano de la víctima, en lugar de lo expresado por el otro coprocesado, sin respetar lo previsto en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, se encuentra que tampoco lo desarrolló, ya que no dijo cuáles fueron las leyes científicas o los principios lógicos o las reglas de la experiencia común quebrantados, de qué manera lo fueron y cuál su incidencia en la parte dispositiva del fallo.

Desconoce el casacionista que otorgarle mérito a unos medios de convicción y negárselo a otros, no configura, por sí, desatino demandable en casación, pues el juzgador goza de libertad para valorarlos, dentro del método de la persuasión racional que nos rige, sólo limitada por los postulados de la sana critica, cuya infracción debe denunciarse y desarrollarse por la vía del error de hecho por falso raciocinio.

Por las anteriores razones, el cargo no prospera.

Acotación final

En lo que hace relación al principio de favorabilidad, por razón del tránsito de legislación, toda vez que el 25 de julio de 2001 entró en vigencia la Ley 599 de 2000, mediante la cual se expidió el nuevo Código Penal, su análisis le corresponde al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, al tenor de lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 79 del nuevo Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000)

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar la sentencia impugnada.

Contra esta providencia no procede ningún recurso.

Cópiese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».

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