Sentencia 16142 de agosto 20 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 25000-23-27-000-2003-01816-01 (16142)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Banco de la República

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Fallo

Bogotá, D.C., veinte de agosto de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala decidir la legalidad de los actos administrativos que negaron la devolución del pago de lo no debido por concepto de IVA del primer bimestre de 2000.

El artículo 850 de la normatividad fiscal prevé que los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias, pueden solicitar su devolución.

Igualmente, la DIAN debe devolver los pagos en exceso o de lo no debido que hayan efectuado los administrados por concepto de obligaciones tributarias y aduaneras, siguiendo el procedimiento que se aplica para las devoluciones de saldos a favor.

Se presentan tres eventos generadores de saldos a favor, que permiten al particular ejercer el derecho a solicitar su devolución o compensación: En las declaraciones, en pagos en exceso y en pagos de lo no debido (2) .

Los saldos a favor se refieren a una cantidad líquida de dinero en beneficio del contribuyente, resultante de la aplicación en el denuncio fiscal de retenciones, anticipos, descontables, saldos a favor de periodos anteriores, frente a lo cual la ley otorga la posibilidad de utilizarla para cubrir obligaciones tributarias (compensación) u obtener su reintegro (devolución) (3) .

Se configuran “pagos en exceso” cuando se cancelan por impuestos sumas mayores a las que corresponden legalmente, y existe “pago de lo no debido”, en el evento de realizar pagos “sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento” (4) .

Los pagos en exceso o de lo no debido se originan en las declaraciones, actos administrativos o providencias judiciales, cuando comportan un valor pagado de más o la ausencia de obligación, lo que da derecho a solicitar su compensación o devolución (5) .

Existe un procedimiento unificado para solicitar y tramitar las devoluciones de lo pagado en exceso o indebidamente, para lo cual se debe atender lo dispuesto en los artículos 850 y siguientes del estatuto tributario y el Decreto 1000 de 1997.

Ahora bien, el banco actor reconoce que cometió un error en la declaración de Impuesto sobre las ventas del primer bimestre del 2000, toda vez que liquidó el tributo por la administración de títulos de Fogafín en la suma de $ 131.028.000, que en su criterio encaja dentro de los servicios excluidos de IVA, por tratarse de “servicios de administración de fondos del Estado” [E.T., art. 476, num. 3º], lo que equivale a una disminución del valor a pagar de $ 558.996.000 a $ 427.968.000.

La Sala encuentra que para enmendar este tipo de errores que inciden en una disminución del valor a pagar establecido en la liquidación privada, el ordenamiento tributario en el artículo 589 permite al contribuyente su corrección a través de una solicitud elevada a la administración, acompañada del respectivo proyecto de modificación, dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración (L. 383/97, art. 8º), para que el ente fiscal practique la liquidación oficial de corrección dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la solicitud en debida forma, so pena de que tal proyecto sustituya la declaración inicial.

Es importante resaltar que esta corrección de la declaración, no impide la facultad de revisión, la cual se cuenta a partir de la fecha de la corrección o del vencimiento de los seis meses siguientes a la solicitud, según sea el caso.

De tal forma que si el banco consideraba que era procedente excluir el valor del IVA cobrado por el servicio de administración de los títulos emitidos por Fogafín y de esta manera disminuir el valor a pagar, debió seguir el procedimiento indicado en la disposición legal en comento, para obtener una liquidación oficial de corrección que le permita a la Administración, en un momento dado, verificar la realidad del impuesto a través del proceso de revisión.

En efecto, como lo ha considerado la Sala (6) el proceso de devoluciones no permite comprobar la correcta determinación de los tributos, pues parte de la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias consagrada en el artículo 746 del estatuto tributario, la cual se desvirtúa a través del procedimiento de determinación de los artículos 702 y siguientes ibídem o bien con la modificación a la liquidación privada a iniciativa del contribuyente conforme a los artículos 588 y 589 ib.

De otra parte, vale la pena señalar que si bien es cierto que en otras oportunidades la corporación (7) ha considerado viable la devolución de los pagos de lo no debido consignados en las declaraciones tributarias, sin necesidad de acudir al proceso de corrección voluntaria, ello ha obedecido a que no se trata de un error del contribuyente en la liquidación del tributo, sino a decisiones judiciales que han calificado los pagos como “no debidos” o “excesivos”, o a la ausencia de la calidad de sujeto pasivo de la obligación tributaria, lo que hace inocua la corrección del denuncio fiscal.

Por ende, como la sociedad omitió modificar la declaración de Impuesto sobre las ventas del primer bimestre de 2000, no se verifica que exista un pago en exceso o de lo no debido que le otorgue el derecho a la devolución, razón por la cual la Sala considera que los actos administrativos se ajustaron a derecho, lo que conduce a confirmar la sentencia recurrida (8) .

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

RECONÓCESE personería para actuar a nombre de la entidad demandada al doctor Hermes Ariza Vargas en los términos del poder conferido que obra en el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha».

(2) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 10 de febrero de 2003, Expediente 13271, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(3) Ibídem.

(4) Artículo 21 del Decreto 1000 de 1997.

(5) Sentencia del 10 de febrero de 2003, Expediente 13271, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(6) Sentencia 15924 de febrero 28 de 2008, M.P. Ligia López Díaz.

(7) Sentencias de octubre 13 de 2000, Expediente 10488, C.P. Delio Gómez Leyva y de octubre 3 de 2007, Expediente 14831, C.P. Héctor J. Romero Díaz.

(8) El presente asunto se decide sin necesidad del conjuez que se habían designado, en atención a la nueva conformación de la Sala (D. 1265/70, art. 17).

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