Sentencia 16185 de septiembre 4 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 66001-23-31-000-2004-01198-01 (16185)

Consejero Ponente:

Dra. María Inés Ortiz Barbosa

Actor: Dromayor Pereira S.A.

Bogotá, D.C., cuatro de septiembre de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «Antecedentes

La sociedad Dromayor Pereira S.A. presentó el 12 de abril de 2000 declaración de renta y complementarios por la vigencia fiscal de 1999, con un saldo a favor de $ 161.530.000.

El 4 de julio de 2000 solicitó la devolución del saldo a favor declarado, decidida mediante la Resolución 144 de agosto 15 de 2000, en el sentido de compensar la suma de $ 58.201.000 con obligaciones fiscales a cargo del contribuyente y devolver el excedente de $ 103.329.000.

El 10 de enero de 2002 la administración local de impuestos y aduanas nacionales de Pereira expidió el requerimiento ordinario 160762002000005, en el cual solicitaba información de varios ítems del denuncio tributario.

Mediante el Auto 160762002000007 de enero 25 de 2002, se ordenó inspección tributaria, diligencia de la cual se levantó el Acta 0265 de septiembre 26 de 2002.

El 27 de septiembre de 2002 se expidió el requerimiento especial 160762002000155, en donde propuso la modificación de la liquidación privada para disminuir la pérdida líquida de $ 1.130.920.000 a $ 949.797.000.

El 30 de diciembre de 2002 dentro de la oportunidad legal respectiva, la accionante dio respuesta al acto mencionado.

El 6 de junio de 2003 se profirió la liquidación oficial de revisión 160642003000065, conforme al requerimiento especial.

Previa interposición del recurso de reconsideración respectivo, se decidió con la Resolución 160772004000015 de junio 15 de 2004, en el sentido de confirmar la liquidación oficial.

(...).

Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se modificó la declaración de renta y complementarios del año gravable de 1999 a cargo de la sociedad Dromayor Pereira S.A.

Según los términos del recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico a dilucidar versa en establecer en primer término si el requerimiento especial se profirió dentro del plazo legal contemplado en el ordenamiento tributario, y si este cargo no prospera, en lo de fondo examinar la validez de los actos de determinación del tributo al no liquidar un mayor valor a pagar, sino una disminución de la pérdida fiscal declarada, resultado de la adición de ingresos omitidos y el rechazo de deducciones.

Según el artículo 705 del estatuto tributario, en la fecha de vencimiento para declarar si es oportuna o en la fecha de presentación de la declaración tributaria si es extemporánea empieza a correr el término para su modificación previo requerimiento especial.

Ahora bien, si en el denuncio fiscal se liquida un saldo a favor del contribuyente o responsable, el requerimiento especial deberá notificarse a más tardar dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación respectiva.

En el caso en estudio, la sociedad actora presentó declaración de renta y complementarios del año gravable de 1999, el 12 de abril de 2000 en donde registró un saldo a favor de $ 161.530.000, el cual solicitó en devolución el 4 de julio de 2000 (fl. 151, cdno. a. 1), por lo que en principio la administración contaba con un termino máximo para notificar el requerimiento especial hasta el 4 de julio de 2002. Dicho plazo legal es susceptible de suspenderse en los siguientes eventos (E.T., art. 706):

• Con la práctica de inspección tributaria de oficio, por el término de tres meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete.

• Cuando se practica inspección tributaria a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, mientras dure la inspección.

• Y durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir.

Obra en los antecedentes administrativos (fl. 435 ib.) que la DIAN notificó por correo certificado el 31 de enero de 2002, el Auto de Inspección Tributaria 160762002000007, con el fin de verificar la exactitud de la declaración en relación con la existencia de los hechos gravados. De manera que al haberse proferido el acto administrativo mencionado, a la luz de lo consagrado en el artículo 706 ib. se suspendió el término para notificar el requerimiento especial 160762002000155 [27-09-2002] por tres meses, o sea, hasta el 4 de octubre de 2002.

No obstante, la Sala ha fijado su posición ante la suspensión del término para proferir el requerimiento especial (1) el cual empieza a correr desde la fecha en que se notifique el auto que ordena la inspección tributaria, pero opera solamente cuando la diligencia es practicada, para lo cual basta que dentro del lapso de 3 meses se realice al menos una prueba relacionada con dicha inspección [oficios a bancos, requerimientos al contribuyente o terceros, testimonios etc.], pues mientras no se realice alguna actividad propia de la diligencia dentro del indicado plazo, no es posible entender que se hubiese practicado la “inspección” para que sea efectiva la suspensión del plazo legal. Precisamente en desarrollo de la comisión otorgada a los funcionarios de la administración en el auto de inspección tributaria citado en acápite precedente, dentro de los tres meses de suspensión del término legal [enero 31 a abril 30/2002], se acudió al domicilio de la sociedad Dromayor Pereira S.A., cuya diligencia fue atendida por el revisor fiscal y el contador de la empresa [señores Efraín Tamayo Velasco y Carlos Julio Cárdenas], en donde se revisó el impuesto pagado por industria y comercio, los ingresos declarados por el mismo concepto, y se solicitaron los contratos de arrendamiento de 1998 y 1999, junto con los soportes de pago, de lo cual se levantó un acta de visita de inspección tributaria fechada el 4 de abril de 2002 (fl.351, cdno. a.). Posteriormente, el 5 de agosto de 2002 se continuó con la visita al contribuyente para efecto de constatar los soportes documentales pendientes advertidos en la diligencia anterior, tal como aparece en la respectiva acta de visita (fl. 350, cdno. a. 1). El 15 de agosto de 2002 se le envió un requerimiento de información para solicitarle a la actora el valor de compras de activos movibles, valorizaciones nominales del patrimonio, facturas o documentos equivalentes de ciertos pagos y retenciones en la fuente. El 12 de septiembre de 2002, la funcionaria comisionada realiza otra visita a la sociedad con el fin de evaluar pruebas referentes a inyecciones de capital y descuentos en compras. Todas las verificaciones adelantadas por la entidad fiscal se consolidaron en el Acta de Inspección Tributaria 0265 de septiembre 26 de 2002 (fl.858, cdno. a. 2), en donde se concluyó la necesidad de modificar la liquidación privada de renta de 1999 presentada por la demandante. De tal forma que es indiscutible que se realizaron una serie de actuaciones que se enmarcan dentro del concepto que envuelve la práctica de una inspección tributaria, razón por la cual si bien es cierto el término para notificar el requerimiento especial era hasta el 4 de julio de 2002, por la notificación del Auto de Inspección Tributaria 160762002000007 el 31 de enero de 2002 y la realización dentro del período de suspensión de la diligencia [acta de visita de abril 4 de 2002], se extiende hasta el 4 de octubre del mismo año y al notificarse el acto preparatorio el 2 de octubre de 2002, se encuentra dentro de la oportunidad legal. Ahora bien, vale la pena señalar que el recaudo de pruebas por parte de la administración con ocasión de la respuesta a requerimiento ordinarios, no impide dentro del proceso de determinación oficial del tributo que en aras de constatar la realidad fiscal del contribuyente utilizar como medio de prueba la inspección tributaria, ni ese hecho afecta su validez o la hace nula, como equivocadamente lo interpreta la actora. Por tanto, no prospera el cargo. En lo de fondo, el cuestionamiento de la accionante se limita a considerar que el requerimiento especial y demás actos administrativos que modificaron el denuncio rentístico de 1999 son innecesarios en la medida en que no aumentan el impuesto declarado. Además, la DIAN no objetó la facturación que soporta los costos y deducciones registrados en la liquidación privada. La Sala observa que en el requerimiento especial (fl. 24 e.)p (sic) se plantea la modificación del renglón 25 (IE) Otros ingresos distintos de los anteriores, para proponer un mayor valor de $ 52.622.927, que corresponden a la diferencia de ingresos por descuentos comerciales certificados por las sociedades Chalver de Colombia S.A. y Laboratorios Farmacéuticos Ophalac.

El desconocimiento de $ 128.500.000 contabilizado por Dromayor Pereira S.A. como mantenimiento y reparación [gastos operacionales de administración] consignadas en el renglón 49 (CX) Otras deducciones, por ser expensas no realizadas, dado que fueron pagadas a empleados de la empresa, que por sus funciones y experiencia laboral no tienen relación con el concepto de deducción por mantenimiento. De suerte que el total de ingresos netos (renglón 31, código IG) se modificó en $ 20.183.607.000 menos el total de costos y deducciones (renglón 51 código Cl) de $ 21.133.404.000, lo que dio lugar a una disminución en la partida referente a pérdida liquida (renglón 53 código RB) al pasar de $ 1.130.920.000 a $ 949.797.000. Al resultar una pérdida liquida en la vigencia fiscal se mantuvo la tributación de la sociedad contribuyente por el mecanismo de renta presuntiva determinada en $ 60.726.000, razón por la cual no se modificó el impuesto a cargo, ni tuvo incidencia en el resultado final del saldo a favor de $ 161.530.000. Ahora, si bien es cierto que los artículos 703 y 704 del estatuto tributario prevén que el requerimiento especial debe contener todos los puntos que se proponga modificar, con la explicación de las razones en que se sustenta, al igual que la cuantificación de los impuestos, anticipos y sanciones que pretende adicionar, también lo es que el acto preparatorio señala de manera precisa los guarismos sobre los cuales propone la respectiva modificación, sin que el hecho de no alterar el impuesto declarado por la sociedad le reste eficacia jurídica.

Y es que la disminución de la pérdida fiscal tiene efectos en el mecanismo de su compensación con las rentas que se obtengan dentro de los cinco períodos gravables siguientes, de conformidad con los artículos 147 (2) y 351 (3) del estatuto tributario, en su versión vigente para la época de los hechos [año gravable de 1999], de tal forma que inciden en la liquidación del gravamen en los años gravables subsiguientes [5] en la medida en que se amortice una suma mayor a la que legalmente corresponde. En cuanto al cumplimiento de los requisitos de la facturación como soporte de los costos y deducciones, se advierte que es un aspecto que no tuvo incidencia como elemento fáctico y jurídico de los rubros que fueron objeto de modificación oficial. Así las cosas, la Sala no encuentra que los cargos del medio de impugnación tengan vocación de prosperidad, lo que impone confirmar lo decidido en el fallo de primer grado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFIRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Consejo de Estado. Sentencia de febrero 10 de 2005, Expediente 14556, C.P. Ligia López Díaz, entre otras.

(2) El artículo 147 del estatuto tributario fue objeto de modificación por los artículos 20 de la Ley 716 de 2001, 24 de la Ley 788 de 2002 y últimamente por el 5º de la Ley 1111 de 2006.

(3) El artículo 351 del estatuto tributario fue derogado por el artículo 78 de la Ley 1111 de 2006.

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