Sentencia 16186 de abril 23 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Radicación número: 15001-23-31-000-1994-04365-01(16186)

Actores: Gloria Páramo Cruz y Otros.

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

Ref.: Acción de de reparación directa, sentencia.

Bogotá, D.C., veintitrés de abril de dos mil ocho.

EXTRACTOS: « II. Consideraciones de la Sala

Sea lo primero precisar que se mantendrá la decisión de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Justicia, porque si bien el hecho dañoso se produjo el 13 de diciembre de 1992, esto es, antes de la creación del Inpec, que lo fue mediante decreto 2160 de 30 diciembre de 1992, dicho ente se conformó por fusión de la Dirección General de Prisiones con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y asumió las obligaciones que correspondían a estos, a los cuales sustituyó en los términos del artículo 33 para todos los efectos legales (1) . En este sentido, como quiera que se mantendrá esta decisión, la Sala no se pronunciará en relación con el llamamiento en garantía formulado por la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho en contra del que para la época de los hechos era el director de la cárcel El Barne de Tunja (Boyacá).

Por lo demás, la Sala revocará la sentencia del tribunal a quo, para lo cual abordará y se pronunciará acerca de los siguientes aspectos: 1. El objeto del litigio y el motivo de la apelación; 2. El régimen de responsabilidad por la muerte o lesiones ocasionadas a quienes se encuentran privados de la libertad en establecimientos carcelarios; 3. El caso concreto: 3.1. La prueba del daño; 3.2. Las circunstancias en que se produjo la muerte de Julio César Patiño, 3.3. La responsabilidad patrimonial, y 3.4. La liquidación de los perjuicios causados.

1. El objeto del litigio y el motivo de la apelación.

Según la demanda se persigue la responsabilidad del Inpec por los daños morales y materiales derivados de la falla del servicio público carcelario o la falta de la administración en la prestación del mismo, por la muerte de Julio César Patiño cuando se encontraba recluido en la cárcel El Barne de Tunja (Boyacá) quien resultó herido por arma cortopunzante al interior de la penitenciaria, lesión que le causó la muerte.

En el marco anterior, el tribunal a quo declaró: i) probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Justicia y del Derecho, porque para la época de los hechos la responsabilidad recaía en el Inpec, y ii) negó las pretensiones de la demanda, por cuanto los actores no probaron su legitimación para demandar, pues con los documentos aportados con la demanda no se probó la calidad de compañera permanente, hijos, madre y hermanos de la víctima.

La parte demandante solicita en el recurso de apelación que se revoque la sentencia impugnada por cuanto no tuvo en cuenta las declaraciones rendidas en el proceso y que prueban la calidad de terceros damnificados de los actores, ni la prueba de los elementos que estructuran la responsabilidad.

2. Régimen de responsabilidad por daños a personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios.

En tratándose del régimen de responsabilidad aplicable en los casos en los que se pretende imputar daños al Estado, con ocasión de la muerte o de las lesiones sufridas por quienes se encuentran privados de la libertad en establecimientos carcelarios, la Sala en reciente pronunciamiento que hoy reitera (Sent., mayo 3/2007, Exp. 21.511), luego de presentar la evolución jurisprudencial contenciosa administrativa sobre la materia, manifestó:

“(…) se considera adecuado hablar mejor de un mal funcionamiento del servicio carcelario a fin de imputar responsabilidad al Estado, sobre todo porque a través de la responsabilidad, el juez de lo contencioso administrativo puede hacer un diagnóstico de la prestación de dicho servicio, en relación con las condiciones de los internos y respecto de si la finalidad de resocialización de las penas privativas de la libertad se cumple; con ello la jurisprudencia actúa como indicador de los niveles o estándares de eficiencia del aparato administrativo, con miras a la formulación de políticas públicas, en tanto ejerce una labor de pedagogía hacia la administración y propende porque el servicio que evalúa, se preste en las condiciones previstas por el ordenamiento jurídico y por los principios y valores superiores que lo inspiran.

“En efecto, la Constitución de 1991 señala en su artículo 1º, que Colombia es un Estado fundado en el respeto a la dignidad humana y, en su artículo 2º dispone que es fin del Estado garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución y que, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Así mismo, en el artículo 11 establece que el derecho a la vida es inviolable y que no habrá pena de muerte y, en el artículo 12, que nadie puede ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

“En desarrollo de esos principios y derechos fundamentales, se expidió la Ley 65 de 1993 o Código Penitenciario y Carcelario, el cual reitera en los artículos 2º a 6º aspectos tales como: el principio de legalidad, el derecho a la igualdad, el respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de los retenidos y, señala cuáles son las penas y tratos proscritos, así mismo, en su artículo 10, dispone que el tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario. De igual forma, establece como deberes de las autoridades carcelarias, entre otros la custodia y vigilancia de los internos [arts. 44, 47, 55 y 143 ibídem], así:

“ART. 44.—Deberes de los guardianes. Los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional tienen los siguientes deberes especiales, además de los que señalen su estatuto y los reglamentos general e interno:

a) Observar una conducta seria y digna;

(…).

c) Custodiar y vigilar constantemente a los internos en los centros penitenciarios y carcelarios, en las remisiones, diligencias judiciales, hospitales y centros de salud, conservando en todo caso la vigilancia visual;

d) Requisar cuidadosamente a los detenidos o condenados conforme al reglamento;

(…).

g) Mantener la disciplina con firmeza, pero sin más restricciones de las necesarias, para conservar el orden en el establecimiento penitenciario o carcelario.

“ART. 46.—Responsabilidad de los guardianes por negligencia. Los oficiales, suboficiales y guardianes del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional serán responsables de los daños y perjuicios causados por los internos a los bienes e instalaciones de la institución, por fallas en el servicio de vigilancia atribuibles a culpa o dolo, declaradas judicialmente.

“ART. 47.—Servicio de los guardianes en los patios. El personal de custodia y vigilancia prestara el servicio en los patios y pabellones de los centros de reclusión, con bastón de mando e impedirá que entren a ellos personas armadas, cualquiera que sea su categoría.

“ART. 55.—Requisa y porte de armas. Toda persona que ingrese a un centro de reclusión o salga de él, por cualquier motivo, deberá ser razonablemente requisada y sometida a los procedimientos de ingreso y egreso. Nadie sin excepción, en situación normal podrá entrar armado a un centro de reclusión. Ningún vehículo podrá ingresar o abandonar el establecimiento, ni paquete o documento alguno ni volumen de carga, saldrá de él, sin constatación y requisa. Los internos deben ser requisados rigurosamente después de cada visita.

“ART. 143.—Tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto. Se verificará a través de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de familia. Se basará en el estudio científico de la personalidad del interno, será progresivo y programado e individualizado hasta donde sea posible.

“En consecuencia, una referencia lógica para evaluar y analizar si el servicio carcelario funcionó o no adecuadamente y por tanto, declarar o no la responsabilidad estatal en esta materia, es la normatividad referida, en la cual se determinan tanto las obligaciones y cautelas que deben tener las autoridades en este campo tan delicado de su actuación, como los derechos y garantías a que son acreedores los internos, independientemente de su situación de sujeción y confinamiento y que, deberán ser analizadas en cada caso concreto (2) ”. —Subraya la Sala—.

En suma, en estos eventos el título de imputación por excelencia corresponde al de la falla del servicio, régimen de responsabilidad subjetivo que se deriva del incumplimiento de una obligación estatal y que se concreta en un funcionamiento anormal o en una inactividad de la Administración; o, dicho de otra forma, con el fin de establecer si existe una responsabilidad predicable al Estado a través del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, con ocasión de un daño padecido por una persona privada de la libertad dentro de un establecimiento penitenciario o carcelario (preso o detenido), se requiere examinar las cargas, obligaciones y deberes de esta autoridad, para determinar si desde el punto de vista jurídico la autoridad carcelaria incumplió por acción u omisión las obligaciones de custodia y vigilancia y, por contera, si quebrantó los deberes de cuidado y protección respecto de los reclusos y de control del centro carcelario, que tiene, entre otros fines, mantener al recluido en las mismas condiciones psicofísicas que presentaba al momento de la privación de la libertad, para, a reglón seguido, una vez determinada la omisión, proceder a establecer que la misma constituye la causa adecuada del daño sufrido por el interno.

3. El caso concreto.

La presente acción persigue la reparación de perjuicios que arguyen los demandantes se les ha originado por el fallecimiento de su hijo, hermano, compañero y padre, Julio César Patiño el 13 de diciembre de 1992, en la Cárcel de El Barne de Tunja (Boyacá), cuando fue atacado por otros reclusos con armas cortopunzantes, ocasionándole heridas que le produjeron la muerte, hechos constitutivos de falla del servicio. Al respecto, la Sala observa:

3.1. La prueba del daño.

El tribunal a quo negó las pretensiones de la demanda por considerar que la prueba que se aportó para acreditar la legitimación en la causa de quienes afirman ser la compañera permanente y los hijos de la víctima es insuficiente, y que la condición de madre y de hermanos de éste tampoco se demostró por las irregularidades que se presentaron en relación con el nombre de la madre en los registros civiles de nacimiento.

Sea lo primero precisar, que conforme al criterio de la Sala que ahora se reitera, en los procesos de responsabilidad por los daños sufridos en la integridad física a una persona, se indemniza a quienes como consecuencia de ese hecho han resultado afectados en sus condiciones normales de subsistencia, bien sea en su esfera patrimonial o moral (3) . Solo que en los eventos en los cuales se demuestra que el demandante es padre, hermano, hijo o cónyuge de la víctima ese perjuicio se infiere del vínculo parental o marital existente entre los demandantes y la persona víctima del hecho (4) , en tanto que en los demás eventos deberá probarse dicho perjuicio.

En otros términos, en las acciones de reparación directa la legitimación en la causa por activa la tiene todo aquel que alega la condición de damnificado con el hecho que se imputa al demandado, siendo la condición de damnificado la que se debe acreditar en el curso del proceso para tener derecho a la indemnización que se reclama. Asunto distinto es que en los eventos de mayor gravedad, como los daños que se generan con la muerte, las lesiones corporales graves, o la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia ha inferido el dolor moral, en relación con los parientes de grado más próximo a la víctima.

En este orden de ideas, se concluye que si bien, los demandantes no necesitan acreditar su condición de parientes de la víctima para que se les reconozca su legitimación en la causa, pues basta que acudan como damnificados, para obtener sentencia favorable de fondo, sí deben demostrar esa condición de damnificados, que, a su vez, puede ser inferida, de la demostración de la calidad de parientes en los grados más cercanos de la víctima.

En el sub lite, para acreditar el parentesco que unía a los demandantes con la víctima, se aportaron con la demanda copias auténticas de los registros civiles del nacimiento de Diana Marcela, Niyereth y Luis Fernando Páramo (fls. 5, 6 y 7, cdno. 1) y de Gustavo Ruiz Patiño (fl. 4, cdno. 1).

Los registros civiles de nacimiento de Diana Marcela, Niyereth y Luis Fernando Páramo, no son prueba del parentesco con la víctima, como quiera que en estos documentos no figura el nombre del padre, sino que sólo se observa que la madre es Gloria Páramo, y en este sentido le asiste razón al a quo por cuanto estos documentos no demuestran la calidad que estos actores se atribuyen. Por esta razón, es necesario acudir a los demás medios de prueba que acrediten la condición de damnificado para tener derecho a la indemnización que se reclama.

Además para demostrar el dolor que quienes demandaron en calidad de compañera e hijos de la víctima, sufrieron con su muerte, se recibió la declaración de los señores Hernando Jiménez Ñungo, Ana Aurelia Páramo y Julio Lozada quienes señalaron que la compañera permanente y Diana Marcela, Niyereth y Luís Fernando Páramo se habían visto muy afectados moral y económicamente con la muerte de Julio César Patiño.

El testigo Hernando Jiménez Ñungo, quien manifestó ser familiar de la señora Gloria Páramo, afirmó que conoció a la víctima en 1984 porque la señora Páramo se lo presentó como su esposo, y que Julio César Patiño vivía con su compañera Gloria Páramo y con sus 3 hijos, Diana, Niyereth y Luis Fernando, además respondió a los interrogantes que le planteó el tribunal así:

“Preguntado: Manifieste al despacho, si sabe o le consta como eran las relaciones de familia entre Julio César Patiño, su compañera y sus hijos menores y si ellos vivían o no juntos bajo el mismo techo antes de estar detenido explicando porque razón usted tiene conocimiento de ello. Contestó: Eran de esposos, había mucho afecto, él quería mucho a los niños y se querían demasiado como esposos y los niños le decían papá a Julio César, y vivían juntos bajo el mismo techo. Tengo conocimiento de ello porque yo me encontraba periódicamente con ellos y charlabamos cada uno de nuestro hogar y yo veía que se querían mucho y que había bastante relación de pareja. Preguntado: Manifieste al despacho, si sabe o le consta que la compañera y los hijos de Julio César, al igual que sus hermanos sufrieron moralmente con la muerte de Julio César. Explicando las razones por las cuales usted tiene conocimiento de ello. Contestó: La esposa Gloria si y los niños me consta y pues con la familia de Julio César no tengo ningún roce social con ellos, yo no los distingo pero a Gloria sí y los niños ante la ausencia del padre vivían muy afligidos y lloraban mucho porque los hijos se habían quedado sin padre y se nota el desamparo ahora de una madre con tres hijos. A mi me consta porque como somos familiares nos vemos frecuentemente y uno se da cuenta que los hijos sin padre sufren” (fl. 22-24, cdno. 2).

De igual manera, la declaración de Ana Aurelia Páramo da cuenta de que Julio César Patiño era compañero permanente de Gloria Páramo, que tenían 3 hijos, Diana Marcela, Niyereth y Luis Fernando Páramo, que vivieron juntos 13 años, y que conocía de esta circunstancia porque Gloria Páramo era su hermana. Además manifestó:

“Preguntado: Manifieste al despacho si sabe o le consta como eran las relaciones familiares de Julio César Patiño con su esposa, sus tres hijos y sus hermanos y padres. Contestó: Yo hasta cuando distinguí a César que estaba viviendo en Cali se que era buen esposo, trabajaba para sus hijos, era buen padre y con Gloria como todo hogar que se disgusta pero era ante todo muy cumplido, muy responsable, con los padres y hermanos no se cómo era con ellos, pero con la mamá era muy afectuoso y a los hermanos casi no los nombraba para nada, creo que no la iba bien con ellos, me parece no sé” (fls. 25-26, cdno. 2).

Por su parte, el señor Julio Lozada señaló que conocía a Julio César Patiño hacía aproximadamente 10 años, porque con frecuencia lo visitaba Julio con su esposa Gloria Páramo y sus tres hijos. Ante los interrogantes planteados por el tribunal, el testigo afirmó:

“Preguntado: Manifieste al despacho si sabe o le consta que Julio César tuviera hermanos y padres, en caso afirmativo diga cuales son sus nombres. Contestó: No, familiares de él no, ya que ellos venían donde mi era por una amistad con la señora Gloria a ella la conozco desde el año 60 y por intermedio de ella es que él iba a la casa pero yo a su familia nunca la conocí. Preguntado: Manifieste al despacho si sabe y le consta como eran las relaciones familiares de Julio César con sus hijos y esposa y si a la vez estos convivían con él bajo el mismo techo. Contestó: Sí ellos vivían bajo el mismo techo lo que si no me consta era como era la relación de ellos allá, pero sí vivían bajo el mismo techo. Preguntado: Manifieste al despacho si le consta, cual fue la reacción moral que tuvo la señora Gloria esposa de Julio César y sus tres hijos al saber la muerte de su padre y esposo. Contestó: Figúrese que eso le dio muy duro tanto a su esposa como a sus hijos les afectó muchísimo y ahora que ella ha tenido que afrontrar todo sola, es una situación difícil pues cuando iban donde yo vivo, ellos me cuentan la situación en que ahora están, yo les he tenido que ayudar económicamente para que salgan adelante” (fls. 26-27, cdno. 2).

En este sentido, si bien los demandantes Diana Marcela, Niyereth y Luis Fernando Páramo no acreditaron su calidad de hijos del fallecido Julio César Patiño, la valoración de la prueba testimonial relacionada permite a la Sala tener por acreditada su condición de damnificados, a quienes los declarantes identifican como hijos de la víctima, y de quienes aseguran que sufrieron perjuicios morales con la muerte del señor Patiño. Además con estas declaraciones se acreditó la calidad de compañera permanente de Gloria Páramo.

No ocurre lo mismo, respecto de los demás demandantes, esto es, José Leonela Patiño, Gustavo Ruiz Patiño y Leonel Patiño, quienes afirmaron ser la madre y hermanos de la víctima, como quiera que existen inconsistencias en relación con los registros civiles aportados para acreditar el parentesco, y tampoco se pueden tener como terceros damnificados, toda vez que los testimonios nada refieren en relación con el perjuicio moral que se les pudo haber causado con la muerte de Julio César Patiño.

En efecto, no se aportó el registro civil del nacimiento del señor Leonel Patiño, de tal manera que fuera posible establecer la filiación que tenía con la víctima y, con fundamento en la misma, inferir los perjuicios morales y materiales que el hecho le hubiera podido producir.

Por otra parte, los registros civiles de nacimiento de Julio César Patiño (fl. 3, cdno. 1), y de Gustavo Ruiz Patiño (fl. 4, cdno. 1), presentan serias inconsistencias que impiden tener con grado de certeza a José Leonela Patiño y Gustavo Ruiz como madre y hermano de la víctima. En efecto, en el registro civil de nacimiento de Julio César Patiño se observa lo siguiente: (i) aparece como fecha de nacimiento el 15 de mayo de 1962, (ii) figura como madre la señora María Leonela Patiño quien no se identificó con la cédula de ciudadanía y (iii) para la fecha del nacimiento la madre tenía 30 años de edad; por su parte, según el registro civil de nacimiento de Gustavo Ruiz Patiño: (i) nació el 30 de mayo de 1966, (ii) su madre es la señora José Leonela Patiño León identificada con cédula de ciudadanía 28.510.818 y (iii) para esa fecha tenía 26 años de edad.

Este recuento permite establecer que, el nombre de la madre de la víctima no coincide con el de la demandante José Leonela Patiño, tampoco es posible determinar su identidad a través del número de la cédula de ciudadanía toda vez que en el registro de Julio César Patiño no aparece este, y además para el año de 1962 —fecha en la que nació el causante— la señora María Leonela Patiño quien funge como su madre tenía 30 años de edad, en tanto que para el año de 1966 —fecha del nacimiento de Gustavo Ruiz Patiño—, la señora José Leonela Patiño León tenía 26 años de edad.

Al respecto, cabe precisar que el registro es la prueba idónea para la demostración de los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 del Decreto 1260 de 1970 y, por lo tanto, lo que en él conste cuando su autenticidad no ha sido cuestionada en el proceso, no puede ser desconocida por el juez. Por lo tanto, como el nombre de la madre de Julio César Patiño, esto es, María Leonela Patiño, no coincide con el de la demandante José Leonela Patiño, y además según consta en los registros de nacimiento, para la fecha en que nació la víctima su madre tenía 30 años, en cambio, cuatro años después, para la época del nacimiento de Gustavo Ruiz Patiño la señora José Leonela Patiño tenía 26 años de edad, no se hará reconocimiento de los perjuicios a favor de los señores José Leonela Patiño y Gustavo Ruiz Patiño, pues en relación con ellos tampoco se acreditó a través de los demás medios probatorios su condición de terceros damnificados con el hecho.

En este sentido, si bien el recurrente consideró que a la madre de la víctima se le desconoció el derecho que tenía a la correspondiente indemnización debido a un error mecanográfico que se presentó en el registro civil de nacimiento de Julio César Patiño, la parte actora no adelantó el proceso de corrección del registro, y por tanto, los mencionados demandantes no acreditaron la calidad de madre y hermano del señor Julio César Patiño en cuya virtud concurrieron al proceso, ni probaron su condición de damnificados.

3.2. Las circunstancias en que se produjo la muerte de Julio César Patiño.

Se advierte en primer lugar en relación con la prueba trasladada que hace parte del expediente del proceso disciplinario adelantado por el Inpec, pueden ser apreciadas y valoradas las documentales y los testimonios, porque tales pruebas fueron solicitadas por ambas partes.

El acervo probatorio muestra, sobre las circunstancias en que ocurrió la muerte del señor Patiño:

3.2.1. Que para el 13 de diciembre de 1992, el señor Julio César Patiño, se encontraba recluido en la cárcel de El Barne de Tunja (Boyacá), de acuerdo con el informe rendido en esa misma fecha por el comandante del patio séptimo de dicho establecimiento carcelario (fl. 50, cdno. 2). De esta situación también da cuenta el informe de 8 de enero de 1993 rendido por el investigador Teniente Víctor Noe Chocontá, dentro de la investigación disciplinaria adelantada por el Inpec (fls. 47 a 49, cdno. 2).

3.2.2. Que el señor Julio César Patiño murió el día 13 de diciembre de 1992, según consta en la copia del registro civil de defunción de fecha 14 de diciembre de 1992, expedido por la Registraduría municipal del estado civil de Cómbita Boyacá (fl. 8, cdno. 1), y que falleció en su condición de recluso en el patio séptimo de la Cárcel de El Barne de Tunja (Boyacá), según da cuenta el informe rendido el 13 de diciembre de 1992 por el comandante del patio séptimo de dicho establecimiento carcelario (fl. 50, cdno. 2) y el informe rendido por el investigador teniente Víctor Noe Chocontá, dentro de la investigación disciplinaria adelantada por el Inpec el 8 de enero de 1993 (fls. 47 a 49, cdno. 2).

En efecto, en el informe rendido el 13 de diciembre de 1992, por el comandante del patio séptimo del mencionado establecimiento carcelario se estableció: “siendo las 15:10 horas del día de hoy, me encontraba de comandante del patio séptimo, después de haber sacado la visita femenina de las celdas de la contada, regrese al patio y le ordene a uno de los internos aseadores de los pasillos que cerrara todos los pasillo, en ese momento llegaron a la reja del patio los internos Carlos Arturo Palacios Arbeláez y Patiño Julio César, solicitando que los sacara del patio porque los habían lesionado, me dispuse a llamar a la guardia disponible y sacar a los internos heridos a la sección de enfermería con el fin de prestarle los primeros auxilios. Posteriormente después de haber hecho una requisa al patio y a los internos, pase revista a la sección de enfermería y me di cuenta que los internos mencionados habían fallecido” (fl. 50, cdno. 2).

3.2.3. Que la muerte fue causada por herida con arma cortopunzante de acuerdo con el informe rendido por el investigador Teniente Víctor Noe Chocontá, dentro de la investigación disciplinaria adelantada por el Inpec el 8 de enero de 1993, según el cual: “… un personal de ese pabellón se hallaba armado de platinas y chuzos, pero gracias a una información confidencial se logró que el personal de guardia localizara el arsenal que se trataba de 20 armas cortopunzantes, pero el día domingo 13 de noviembre (sic) de 1992 tan pronto salió la visita femenina del patio, retaron al interno Carlos Arturo Palacios, hacia la parte anterior del patio mas concretamente tras del avión y allí lo hirieron de muerte, luego intervino en su defensa el interno Julio César Patiño, y también fue lesionado de gravedad, luego ellos alcanzaron a salir hasta cerca de la reja del patio donde cayeron al piso. De allí fueron sacados inmediatamente a la enfermería donde minutos más tarde fallecieron a causa de las lesiones recibidas” (fls. 4 a 49, cdno. 2).

3.3. La responsabilidad patrimonial de la entidad estatal demandada.

La Sala considera que está igualmente acreditada la imputación jurídica del daño al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, teniendo en cuenta que este organismo tiene a su cargo la creación, dirección, administración, sostenimiento y vigilancia de los establecimientos carcelarios de orden nacional —L. 65/93, art. 16— como la Cárcel de El Barne de Tunja, en la cual se encontraba retenido el señor Julio César Patiño el día de su deceso, así como los deberes de cuidado, protección y seguridad respecto de los reclusos.

En efecto, cabe anotar que, si bien no se cuenta con pruebas en relación con las circunstancias que rodearon la riña carcelaria, por cuanto los testimonios recepcionados en la investigación disciplinaria que se adelantó, no dan cuenta de esta situación, dado que afirman que no presenciaron el altercado (fls. 34 a 44, cdno. 2), lo cierto es que los hechos demostrados permiten concluir que la muerte del señor Julio César Patiño se produjo dentro del establecimiento carcelario, como consecuencia de una lesión provocada por una herida propinada con arma cortante y cortopunzante, mientras se encontraba bajo la custodia y vigilancia de los directivos y el personal de oficiales, suboficiales y guardianes del establecimiento de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia vigente, el título de responsabilidad en los casos en los que se pretende imputar daños al Estado por la muerte o las lesiones sufridas por quienes se encuentran privados de la libertad en calidad de sindicados o condenados en los establecimientos carcelarios, corresponde al de la falla del servicio, esto es, por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso o tardío del servicio carcelario.

Es claro que en relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes deben soportar no sólo la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades sino, igualmente, la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa frente a las agresiones de agentes estatales o de terceros de que puedan ser víctimas al interior del establecimiento carcelario, el Estado asume la obligación de brindarles la protección que requieran, para lo cual deben cumplir, a la vez, con las obligaciones de custodia y vigilancia, que permiten garantizar la seguridad de los internos. Cuando el Estado falta a esos deberes, incumple también el deber de seguridad de los retenidos y, por ello, es responsable a título de falla del servicio de los daños que aquellos puedan sufrir, como sucede en los eventos en que concurran acciones u omisiones de las autoridades carcelarias que permitan a un tercero, que también se encuentre dentro de la misma institución en calidad de recluso, inferir daños a sus compañeros.

Vale decir que el hecho de que la muerte hubiera sido causada por una persona ajena al Estado, no configura la eximente de responsabilidad “hecho exclusivo de un tercero”, por cuanto en la muerte del interno Julio César Patiño se presentaron acumulativamente dos causas: de un lado, la agresión con arma blanca que provino de otro de los reclusos y, de otro lado, el incumplimiento del Estado de los deberes de custodia y seguridad frente a los reclusos parta garantizar su vida, honra e integridad física (C.P., art. 2º), y de vigilancia y control del centro carcelario, configurándose la aludida falla del servicio.

Por lo expuesto, se revocará la sentencia apelada, en cuanto negó las pretensiones de la demanda.

3.4. La liquidación de los perjuicios causados.

La jurisprudencia de esta corporación ha inferido el daño moral en los parientes hasta el 2º grado de consanguinidad, de tal manera que demostrada la calidad de padres, hijos, hermanos, abuelos, tal demostración se tiene como hecho indicador que permite inferir que el daño causado a sus parientes en esos grados de consanguinidad, les causa dolor moral; igual inferencia se ha predicado en relación con cónyuges y compañeros (ras) permanentes (5) .

Se parte como hecho conocido, del parentesco debidamente acreditado, en el primero y segundo grado de consanguinidad, y de las reglas de la experiencia que enseñan que entre los familiares más cercanos se crean vínculos de amor y afecto, y que la pérdida o enfermedad de uno de ellos causa grave afectación a los demás, lo que permite inferir el dolor moral que les produjo el daño sufrido por su pariente.

En caso de no llegar a demostrarse el parentesco, quienes se consideren afectados de alguna manera con el daño sufrido por otro, corren con la carga de demostrar el dolor que dicen haber sufrido.

Del mismo modo, quien pretenda el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante por la pérdida de la ayuda económica que recibía de la víctima, sin que acredite el parentesco a que se ha hecho referencia, tendrá la carga de demostrar la existencia de tal daño.

3.4.1. Perjuicios morales.

En el caso concreto, tal como se señaló antes, los demandantes Diana Marcela, Niyereth y Luis Fernando Páramo acreditaron el perjuicio moral que sufrieron en su condición de damnificados, como consecuencia de la muerte de Julio César Patiño. De igual manera, con los testimonios arriba referenciados y que fueron recepcionados en este proceso (fls. 22 a 27, cdno. 2), se logró acreditar la calidad de compañera permanente de Gloria Páramo y el perjuicio moral ocasionado con el hecho que se imputa. En consecuencia, se reconocerá la indemnización a favor de estos demandantes.

Por su parte en relación con los demás actores José Leonida Patiño, Leonel Patiño y Gustavo Ruiz Patiño, como ya se precisó, no se demostró el parentesco con la víctima que permitiera inferir el dolor moral, como tampoco la condición de terceros damnificados con la muerte de Julio César Patiño, razón por la cual no hay lugar a condena alguna.

En este sentido, se solicitó en la demanda, una indemnización equivalente a 1.000 gramos de oro en favor de cada uno de los demandantes Gloria Páramo, Diana Marcela Páramo, Niyereth Páramo y Luis Fernando Páramo, esto es, de quienes acreditaron ser compañera permanente y terceros damnificados de la víctima. Se advierte, que para establecer el valor de la indemnización a reconocer a título de perjuicios morales, la Sala tendrá en cuenta los criterios establecidos en la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, en la cual fijó tal indemnización en cien salarios mínimos legales mensuales vigentes el valor del perjuicio moral, en los eventos de mayor intensidad, abandonando así el criterio de aplicación extensiva de las normas que sobre la materia se habían adoptado en el Código Penal, por considerarlo improcedente y para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo, que ordenan la reparación integral y equitativa del daño y la tasación de las condenas en moneda legal colombiana, respectivamente.

Así las cosas, y dado que no resulta incongruente con las pretensiones formuladas, se reconocerá a quienes demandaron en calidad de compañera permanente e hijos (damnificados) de Julio César Patiño, a título de indemnización por perjuicios morales, la suma de 100 smlm a cada uno, por tratarse de un evento en los que este perjuicio es de mayor intensidad.

3.4.2. Perjuicios materiales.

En cuanto a los perjuicios materiales, bien sea en su modalidad de daño emergente o lucro cesante, la parte actora tiene la carga de demostrar el monto reclamado por cada concepto.

En el sub examine, y en el caso específico del lucro cesante reclamado, los testimonios recepcionados en este proceso (fls. 22 a 27, cdno. 2) permiten acreditar que la víctima desempeñaba una actividad lícita por la que recibía unos ingresos, como también la dependencia económica de Gloria Páramo, Diana Marcela Páramo, Niyereth Páramo y Luis Fernando Páramo (6) . Además, como no se demostró si la víctima estaba detenida en calidad de sindicado o de condenado ni cuanto tiempo llevaba privado de la libertad, lo cual es una carga de la entidad demandada, y no se desvirtuó la afirmación de los testigos de que el señor Julio César Patiño mantenía a su familia, habrá lugar a condenar por este concepto.

La liquidación se realizará con fundamento en los siguientes parámetros:

— Renta: $ 432.656,25, que correspondían al 75% del salario mínimo mensual vigente ($ 461.500) (7) , por no haberse acreditado que la víctima recibía una suma mayor, más el 25% que se solicitó por prestaciones sociales, suma que dividida en partes iguales arroja un resultado de $ 216.328,12 para la compañera permanente, y este último valor dividido entre los tres damnificados arroja como resultado la suma de $ 72.109,37 para cada uno, que corresponderá a la base de liquidación de la indemnización de cada uno de los beneficiarios.

— Período a indemnizar: Para la compañera permanente: por término de la vida probable de Gloria Páramo, calculada a la fecha de la muerte del señor Julio César Patiño (dic. 13/92), de acuerdo con la Resolución 497 de 20 de mayo de 1997, expedida por la Superintendencia Bancaria, mediante la cual se adopta la tabla de mortalidad de los asegurados, que era de 30.10 años, esto es, 361.2 meses, pues era mayor que la víctima, según consta en el registro civil del nacimiento de su hija Niyereth Páramo (fl. 6).

Para Diana Marcela Páramo: hasta el 7 de enero de 2008, fecha en la cual cumplió los 25 años de edad; para Niyereth Páramo: hasta el 28 de agosto de 2010, fecha en la cual cumplirá los 25 años de edad; y para Luis Fernando Páramo: hasta el 11 de enero de 2013, fecha en la cual cumplirá los 25 años de edad.

— Para la señora Gloria Páramo:

Indemnización debida o consolidada.

La indemnización consolidada se calculará con base en la siguiente fórmula:

 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 216.328,12

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el período indemnizable: desde el día de ocurrencia del hecho (13 de diciembre de 1992) hasta la fecha de la sentencia, esto es, 184.33 meses.

 

S= $64.326.523,66

Indemnización futura.

Que abarca desde la fecha de esta sentencia, hasta la vida probable de la compañera permanente, 176.87 meses.

 

 

S= $25.615.509,69

— Para Diana Marcela Páramo:

Indemnización debida o consolidada.

 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $72.109,37

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el período indemnizable: desde el día de ocurrencia del hecho (13 de diciembre de 1992) hasta la fecha en que cumplió los 25 años de edad, esto es, 180.8 meses.

 

S= $20.826.045,95

— Para Niyereth Páramo:

Indemnización debida o consolidada.

 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $72.109,37

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el período indemnizable: desde el día de ocurrencia del hecho (dic. 13/92) hasta la fecha de la sentencia, esto es, 184.33 meses.

 

S= $21.442.173,56

Indemnización futura.

Que abarca desde la fecha de esta sentencia, hasta la fecha en la que cumplirá 25 años de edad, 28.17 meses.

 

 

S= $1.893.925,41

— Para Luis Fernando Páramo:

Indemnización debida o consolidada.

 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $72.109,37

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el período indemnizable: desde el día de ocurrencia del hecho (13 de diciembre de 1992) hasta la fecha de la sentencia, esto es, 184.33 meses.

 

S= $21.442.173.56

Indemnización futura.

Que abarca desde la fecha de esta sentencia, hasta la fecha en la que cumplirá 25 años de edad, 56.6 meses.

 

 

S= $ 3.559.968,48

Total lucro cesante a favor de la señora Gloria Páramo: $ 64.326.523,66 + $ 25.615.509,69 = $ 89.942.033,35.

Total lucro cesante a favor de Diana Marcela Páramo: $ 20.826.045,95.

Total lucro cesante a favor de Niyereth Páramo: $ 21.442.173,56 + $1.893.925,41 = $ 23.336.098,97

Total lucro cesante a favor de Luis Fernando Páramo: $ 21.442.173,56 + $ 3.559.968,48 = $ 25.002.142,04.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 16 de septiembre de 1998 y, en su lugar, SE DISPONE:

1. DECLÁRASE la falta de legitimación de la Nación- Ministerio de Justicia.

2. DECLÁRASE que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, es patrimonialmente responsable de la muerte del señor Julio César Patiño, ocurrida el 13 de diciembre de 1992, en la cárcel de El Barne de Tunja, Boyacá.

2(sic). Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, a pagar a los demandantes los perjuicios materiales y morales por ellos sufridos, así:

1. Para la señora Gloria Páramo, la suma de la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes en su calidad de compañera permanente, por perjuicios morales y la suma de ochenta y nueve millones novecientos cuarenta y dos mil treinta y tres pesos con treinta y cinco ($ 89.942.033,35), por perjuicios materiales.

2. Para Diana Marcela Páramo, la suma de la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes en su calidad de tercera damnificada, por perjuicios morales y la suma de veinte millones ochocientos veintiséis mil cuarenta y cinco pesos con noventa y cinco ($ 20.826.045,95), por perjuicios materiales.

3. Para Niyereth Páramo, la suma de la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes en su calidad de tercera damnificada, por perjuicios morales y la suma de veintitrés millones trescientos treinta y seis mil noventa y ocho pesos con noventa y siete ($ 23.336.098,97), por perjuicios materiales.

4. Para Luis Fernando Páramo, la suma de la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes en su calidad de tercero damnificado, por perjuicios morales y la suma de veinticinco millones dos mil ciento cuarenta y dos pesos ($ 25.002.142,04), por perjuicios materiales.

3. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

(1) Este criterio fue sostenido por la Sala desde que entró en vigencia el Decreto 2160 de 1992. Ver, por ejemplo, sentencia de 31 de julio de 1997, Exp. 13.260.

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 3 de mayo de 2007, Exp. 21.511, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(3) Ver, entre otras, sentencias del 1 de noviembre de 1991, exp: 6469 y del 18 de febrero de 1999, Exp. 10.517.

(4) A título de ejemplo se relacionan las sentencias del 17 de julio de 1992, Exp. 6750; del 16 de julio de 1998, Exp. 10.916 y del 27 de julio de 2000, Exp. 12.788.

(5) “…Es pertinente aclarar que en las acciones de reparación directa la legitimación en la causa por activa la tiene todo aquel que alega la condición de damnificado con el hecho que se imputa al demandado, la cual no deriva de su calidad de heredero, y es la condición de damnificado la que se debe acreditar en el curso del proceso para tener derecho a la indemnización que se reclama. Asunto distinto es que en los eventos de mayor gravedad, como los daños que se generan con la muerte, las lesiones corporales graves, o la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia ha inferido el dolor moral, en relación con los parientes de grado más próximo a la víctima. En otros términos, no es la condición de pariente de la víctima la que da derecho a la indemnización por los perjuicios derivados del daño sufrido por esta; ese derecho se reconoce cuando se acredita la existencia del perjuicio que le ha causado al demandante el daño sufrido por la víctima directa; es sólo que en los eventos de daños de mayor gravedad, que de la condición de pariente más próximo se infiere la existencia del daño, prueba indiciaria que puede ser desvirtuada con cualquier medio probatorio…” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 26 de abril de 2006, Exp. 14908, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(6) La declaración de Hernando Jiménez Ñungo, da cuenta de que el señor Julio César Patiño tenía una venta en la plaza de mercado de pescado, la cual le dejaba ingresos para vivir cómodamente, y que ayudaba económicamente a su esposa y sus tres hijos. El testimonio de Ana Aurelia Páramo permite establecer que la víctima trabajaba y mantenía económicamente a Gloria Páramo y Diana Marcela, Niyereth y Luis Fernando Páramo. Y según la declaración de Julio Lozada el único que trabajaba en el hogar y mantenía a la esposa e hijos era el señor Patiño.

(7) Se presume que la víctima dedicaba el otro 25% a sus propios gastos.

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el acostumbrado respeto por las providencias de la Corporación, procedo a señalar los motivos por los cuales, si bien comparto la decisión adoptada el 23 de abril del año en curso, aclaro mi voto en relación con un aspecto de la parte motiva del proveído en cuestión.

1. Argumentos sobre los cuales recae la presente aclaración de voto.

En la providencia señalada anteriormente, la Corporación revocó la sentencia proferida el 16 de septiembre de 1998, por el Tribunal Administrativo de Boyacá y, consecuencialmente, declaró responsable al Inpec de los perjuicios causados a los demandantes, motivo por el cual se dispuso su correspondiente reparación.

Ahora bien, en la parte motiva de la sentencia, en cuanto se refiere al título de imputación aplicable en el caso concreto se puntualizó, en algunos apartes, lo siguiente:

“En tratándose del régimen de responsabilidad aplicable en los casos en que se pretende imputar daños al Estado, con ocasión de la muerte o las lesiones sufridas por quienes se encuentran privados de la libertad en establecimientos carcelarios, la Sala en reciente pronunciamiento que hoy reitera (sent., mayo 3/2007, Exp. 21511), luego de presentar la evolución jurisprudencial contenciosa administrativa sobre la materia manifestó:

“(…) se considera adecuado hablar mejor de un mal funcionamiento del servicio carcelario a fin de imputar responsabilidad al Estado, sobre todo porque a través de la responsabilidad, el juez de lo contencioso administrativo puede hacer un diagnóstico de la prestación de dicho servicio, en relación con las condiciones de los internos y respecto de si la finalidad de resocialización de las penas privativas de la libertad se cumple; con ello la jurisprudencia actúa como indicador de los niveles o estándares de eficiencia del aparato administrativo, con miras a la formulación de políticas públicas, en tanto ejerce una labor de pedagogía hacia la administración y propende porque el servicio que evalúa, se preste en las condiciones previstas por el ordenamiento jurídico y por los principios y valores superiores que lo inspiran.

“(…) En consecuencia, una referencia lógica para evaluar y analizar si el servicio carcelario funcionó o no adecuadamente y por tanto, declarar o no la responsabilidad estatal en esta materia, es la normatividad referida, en la cual se determinan tanto las obligaciones y cautelas que deben tener las autoridades en este campo tan delicado de su actuación, como los derechos y garantías a que son acreedores los internos, independientemente de su situación de sujeción y confinamiento y que, deberán ser analizadas en cada caso concreto”. Subraya la Sala.

“En suma, en estos eventos el título de imputación por excelencia corresponde a la falla del servicio, régimen de responsabilidad subjetivo que se deriva del incumplimiento de una obligación estatal y que se concreta en un funcionamiento anormal o en una inactividad de la administración; o, dicho de otra forma, con el fin de establecer si existe una responsabilidad predicable al Estado o a través del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, con ocasión de un daño padecido por una persona privada de la libertad dentro de un establecimiento penitenciario o carcelario (preso o detenido), se requiere examinar las cargas, obligaciones y deberes de esta autoridad, para determinar si desde el punto de vista jurídico la autoridad carcelaria incumplió por acción u omisión las obligaciones de custodia y vigilancia y, por contera, si quebrantó los deberes de cuidado y protección respecto de los reclusos y de control del centro carcelario, que tiene, entre otros fines, mantener al recluido en las mismas condciones psicofísicas que presentaba al momento de la privación de la libertad, para, a renglón seguido, una vez determinada la omisión, proceder a establecer que la misma constituye la causa adecuada del daño sufrido por el interno”.

“(…) En efecto, cabe anotar que, si bien no se cuenta con pruebas en relación con las circunstancias que rodearon la riña carcelaria, por cuanto los testimonios recepcionados (sic) en la investigación disciplinaria que se adelantó, no dan cuenta de esa situación, dado que afirman que no presenciaron el altercado (fls. 34 a 44, cdno. 2), lo cierto es que los hechos demostrados permiten concluir que la muerte del señor Julio César Patiño se produjo dentro del establecimiento carcelario, como consecuencia de una lesión provocada por una herida propinada con arma cortante y cortopunzante (sic), mientras se encontraba bajo la custodia y vigilancia de los directivos y el personal de oficiales, suboficiales y guardianes del establecimiento de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

“Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia vigente, el título de responsabilidad en los casos en los que se pretende imputar daños al Estado por la muerte o las lesiones sufridas por quienes se encuentran privados de la libertad en calidad de sindicados o condenados en los establecimientos carcelarios, corresponde al de la falla del servicio, esto es, por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso o tardío del servicio carcelario.

“(…) Vale decir que el hecho de que la muerte hubiera sido causada por una persona ajena al Estado, no configura la eximente de responsabilidad “hecho exclusivo de un tercero”, por cuanto en la muerte del interno Julio César Patiño se presentaron acumulativamente dos causas: de un lado, la agresión con arma blanca que provino de otro de los reclusos y, de otro lado, el incumplimiento del Estado de los deberes de custodia y seguridad frente a los reclusos para garantizar su vida, honra e integridad física (C.P., art. 2º), y de vigilancia y control del centro carcelario, configurándose la aludida falla del servicio.

“(…)” (Págs. 13 y 15 de la providencia).

2. Razones y fundamentos de la aclaración.

Me aparto del razonamiento antes trascrito, aceptado de manera mayoritaria por la Sala, con fundamento en las siguientes consideraciones:

2.1. Contrario a lo precisado en la providencia de de la cual disiento, estoy convencido de que el régimen por excelencia, bajo el cual deben ser manejadas y desatadas las controversias relativas a la responsabilidad por los daños irrogados a reclusos, es el objetivo.

2.2. En efecto, pareciera que la posición mayoritaria se orienta a definir todos los casos de responsabilidad extracontractual del Estado, a partir de la verificación o no de la falla del servicio, para que una vez agotado el estudio desde el régimen subjetivo, en aplicación del principio iura novit curia, se aborde el análisis desde la perspectiva objetiva, siempre que los elementos fácticos lo permitan.

En otros términos, la Sala evidencia la construcción de una línea jurisprudencial a partir de la cual, la falla del servicio se erigiría como el título de imputación por excelencia (principal) y, en consecuencia, ante la falta de constatación de la misma, se podría asumir el estudio de la litis desde la imputación objetiva, de forma subsidiaria, siempre que los hechos así lo permitan.

2.3. Aparentemente, el basamento de la posición referida es que la falla del servicio, en caso de encontrarse demostrada, permite a las entidades fijar políticas públicas y, de manera adicional, brinda la posibilidad de emitir juicios de desvalor en relación con la conducta de la administración pública y de sus funcionarios.

2.4. Me aparto del planteamiento así presentado, como quiera que estoy convencido que la falla del servicio no puede ser fijada como el título de imputación principal, a través del cual deban definirse todos los litigios o controversias que se sometan a decisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. A contrario sensu, considero que la formulación de otros títulos de imputación (v.gr. los de naturaleza objetiva), ha sido definida en la mayoría de los casos por el legislador, o por la jurisprudencia, en atención a determinados hechos o circunstancias que, por su propia lógica, ameritan que el análisis de la discusión sea examinado sin consideración alguna al elemento subjetivo (culpa o falla) del sujeto de derecho demandado.

2.5. No es que el legislador y el juez hayan construido una teoría acerca de los títulos de imputación, de forma caprichosa, sino que tal estructura y contenido, tienen su fundamento en el hecho de que, en ciertas ocasiones, no es posible endilgar responsabilidad bajo un esquema subjetivo, como quiera que desde ciertos supuestos el actuar diligente o cuidadoso de la persona frente a quien se endilga responsabilidad, no es trascendente para efectos de enervar la pretensión resarcitoria.

2.6. Desde la perspectiva personal, no pretendo discutir el contenido y alcance que se le ha dado al artículo 90 de la Constitución Política, por parte de esta corporación, esto es, que la falla del servicio continúa siendo el título de imputación por excelencia y que, de manera excepcional, deben ser definidas las controversias a partir del régimen objetivo; no obstante lo anterior, debo defender la idea según la cual existen eventos, decantados por la jurisprudencia de esta misma Sala, en los cuales el litigio debe ser definido a través de títulos de naturaleza objetiva, de manera principal, por razones jurídicas o motivos de equidad (8) .

Entonces, estoy de acuerdo con que se declare la ocurrencia de una falla del servicio en aquellos eventos en que, del análisis del expediente, aparezca claro el acaecimiento de la misma y, por consiguiente, haya lugar a declararla, toda vez que esta interpretación se acompasa con la aplicación del principio iura novitcuria (el juez conoce el derecho). No obstante lo anterior, discrepo de la hermenéutica plasmada en la providencia de la referencia, en cuanto pretende implementar el régimen subjetivo de falla del servicio, en situaciones en las cuales se imputa responsabilidad al Estado por la muerte o lesiones de reclusos, circunstancia que sitúa a la parte demandante en una perspectiva de clara desventaja probatoria, tal y como paso a explicarlo a continuación.

2.7. El problema de adoptar un título subjetivo de imputación para resolver litigios en los cuales se endilga responsabilidad al Estado por los daños padecidos por una persona recluida en un centro penitenciario o carcelario radica, básicamente, en que el juez tiene que afrontar los siguientes dilemas jurídicos, los cuales no se presentan en tratándose de regímenes de naturaleza objetiva:

a) La dificultad en que se coloca a la parte actora para acreditar la falla probada del servicio, máxime si los hechos se desarrollan en un centro de reclusión oficial donde, por regla general, no es fácil acceder a los medios de prueba que puedan conducir a acreditar la negligencia o el descuido de la administración.

b) La entidad demandada podría exonerarse acreditando diligencia y cuidado (Eje: que el arma homicida era de plástico y que, por consiguiente, no se pudo detectar por más revisiones y pesquisas que se efectuaran).

c) Qué sucede con la causa extraña, consistente en el hecho de un tercero. ¿Exoneraría de responsabilidad o no?

Los anteriores problemas jurídicos y lógicos fueron superados, en su momento, por la jurisprudencia, a partir de la delimitación de sistemas objetivos de responsabilidad, como por ejemplo el riesgo excepcional, el daño especial y, a partir del año 2006, de la aplicación de las relaciones de especial sujeción, concepto este último extraído de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En efecto, en reciente oportunidad la Sala precisó (9) :

“La Sección Tercera ha considerado que el régimen de responsabilidad aplicable a los daños causados a las personas privadas de la libertad, en sitios de reclusión oficiales, es objetivo, por las circunstancias especiales en que se encuentran y con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política. En estos casos entre las personas presas o detenidas y el Estado existen “relaciones especiales de sujeción”. La Corte Constitucional en numerosos fallos ha definido y determinado las consecuencias de tales relaciones, en Sentencia T-687 de 2003, del ocho de agosto de 2003, entre otras, señaló lo siguiente:

“Doctrina constitucional acerca de las relaciones de especial sujeción.

“De la existencia, identificación y régimen de las llamadas “relaciones especiales de sujeción” (10) entre los reclusos y el Estado (las autoridades penitenciarias), la Corte ha extraído importantes consecuencias jurídicas que la Sala procederá a reiterar en función de la ilustración del caso bajo estudio.

“De la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala identifica seis elementos característicos que procederá a relacionar así: las relaciones de especial sujeción implican (i) la subordinación (11) de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial (12) (controles disciplinarios (13) y administrativos (14) especiales y posibilidad de limitar (15) el ejercicio de derechos, incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales debe estar autorizado (16) por la Constitución y la ley. (iv) La finalidad (17) del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la rsocialización). (v) Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales (18) (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser (19) especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar (20) de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).

“Como lo puede apreciar la Sala, entre las consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones especiales de sujeción, están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación). (ii) La imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El deber positivo (21) en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos. (iv) El deber positivo (22) en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias (23) que permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización (24) de los reclusos.

En este sentido, del perfeccionamiento de la “relación de especial sujeción” entre los reclusos y el Estado, surgen verdaderos deberes jurídicos positivos del Estado. Tales deberes se encuentran estrechamente ligados a la garantía de la funcionalidad del sistema penal, que viene dada por la posibilidad real de la resocialización de los reclusos, a partir del aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad y de existencia vital de la población carcelaria. Deberes positivos de cuyo cumplimiento depende la legitimidad del sistema penal y, ante cuya inadvertencia, este último resulta convertido en una mera sombra de los valores y principios propios del Estado social de derecho (25)(26) .

“Por la relación especial de sujeción, la persona privada de la libertad “queda enteramente cobijada por la organización administrativa carcelaria o penitenciaria”, que como ya se dijo en la sentencia citada, permite restringir o modular algunos derechos fundamentales, de acuerdo con los fines de resocialización del delincuente y con las necesidades de orden y seguridad de las prisiones; pero también implica que otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida y la integridad personal, no pueden ser limitados o suspendidos de forma alguna y deben ser respetados y garantizados plenamente por las autoridades que tienen a su cargo a las personas detenidas o presas y que, de no cumplir con tales deberes puede comprometer la responsabilidad del Estado (27) ; sobre el punto, en la Sentencia T-714 de 1996, del 16 de diciembre de 1996, la Corte Constitucional señaló:

“En efecto, los internos tienen derechos fundamentales que no pueden ser limitados ni suspendidos por las autoridades administrativas, como el derecho a la vida y a la integridad personal, el derecho a la salud, al debido proceso, etc. En esta medida, dada la situación de indefensión y de privación de la libertad, en la que se encuentran los reclusos, la administración penitenciaria no solo debe abstenerse de violar estos derechos a través de acciones positivas, sino que está en la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizarlos. Ciertamente, la realización efectiva de algunos de los derechos fundamentales del interno, que no pueden ser suspendidos ni restringidos, depende, por entero, de acciones positivas de la administración. Así por ejemplo, para proteger el derecho a la vida o a la salud, se hace necesaria la prestación de una adecuada asistencia médica, la adecuación de instalaciones sanitarias apropiadas para asegurar la convivencia en condiciones higiénicas etc. En este sentido, cabe rcordar que, reiteradamente, la Corte ha indicado que el Estado es responsable de garantizar el goce de los derechos fundamentales de los reclusos que no hubieren sido suspendidos o limitados en razón de la sanción impuesta, so pena de comprometer su responsabilidad patrimonial (C.P., art. 90) (28) .

“Ese deber de protección de los derechos fundamentales, abarca, entre otros, el de garantía a la seguridad a las persona privadas de la libertad:

“... A su turno, esta relación de especial sujeción genera la carga de proteger a los internos expuestos a los riesgos y consecuencias de su condición derivada del poder punitivo del Estado. Esta carga se manifiesta en varios deberes positivos y prestaciones que el Estado ha de cumplir y prestar (29) . Uno de esos deberes es garantizar la seguridad de los reclusos, aún durante los traslados, y facilitar las condiciones para el ejercicio de ciertos derechos, como el derecho a la visita conyugal” (30) .

“En lo que tiene que ver con el contenido ese deber, respecto del derecho a la vida, la Corte Constitucional en Sentencia T-1190/2003, del cuatro de diciembre de 2003, señaló:

“3. La privación de la libertad de una persona la coloca en una situación de indefensión, que genera obligaciones de protección por parte de quien adopta la medida o acción restrictiva de la libertad. No importa que se trate de particulares o del Estado, y que la restricción sea lícita o ilícita.

“Esta particular condición de indefensión, en la medida en que impide por completo la satisfacción de las necesidades del privado de libertad por los medios a su disposición en condiciones de generalidad, implica que las obligaciones de protección no necesariamente son de medio (31) . En este sentido, la responsabilidad no se deriva de una relación causal naturalística entre la privación de la libertad y los daños o peligros a los que se ve sometida la persona, sino que tiene como base el mero deber de custodia y protección que se desprende de colocar a la persona en una situación restrictiva de su libertad.

“Lo anterior implica que el custodio tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el mayor disfrute posible de los derechos constitucionales de la persona privada de la libertad. Tratándose del Estado, supone la obligación de garantizar condiciones de dignidad del recluso. Garantía que únicamente se cumple si tales condiciones son efectivamente realizadas; es decir, no basta la adopción de medidas programáticas, sino que han de traducirse en realidad. Así, tal como lo ha señalado esta corporación, no pueden aducirse problemas presupuestales, sino que el Estado tiene la obligación de realizar el trato digno. Se trata pues, de una obligación de respeto.

“(...).

“En relación con el derecho a la vida del recluso, el Estado tiene la obligación de impedir que otros reclusos o terceros particulares (obligación de protección), así como el personal Estatal —sea personal penitenciario o de otra naturaleza— (obligación de respeto) amenacen contra la vida del interno (32) . Dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso, enfrentar efectivamente las amenazas contra la vida de los reclusos (33) . Esto apareja la obligación de adoptar medidas generales de seguridad interna dentro del centro de reclusión, así como la de trasladar a los internos cuando resulta imprescindible para proteger su vida. Empero, cuando quiera que se supera el umbral de riesgo ordinario para el derecho a la vida de los reclusos y se presentan situaciones de amenaza contra determinados grupos de reclusos, el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias que aseguren que dichas amenazas no se hagan efectivas. Se trata, por lo tanto, de obligaciones de resultado (34) ”.

La anterior jurisprudencia resulta congruente con lo dicho por la Sala, respecto del fundamento de la responsabilidad patrimonial de la administración, cuando se trata de daños causados a personas detenidas o presas en lugares oficiales:

“En determinados eventos, sin embargo, el Estado asume una obligación específica de protección y seguridad, en virtud de la cual se hace responsable de los perjuicios que sufren las personas. Es el caso de los retenidos, quienes por encontrarse en una situación de particular sujeción frente al Estado en virtud de la cual ven limitados sus derechos y libertades y la autonomía para responder por su propia integridad, deben gozar del pleno amparo de las autoridades frente a los posibles daños y peligros que los amenacen.

“Las obligaciones que asumen las autoridades de la República frente a los retenidos son de dos clases: 1. de hacer, esto es, de prever y controlar los peligros que pueda sufrir una persona retenida desde el momento mismo en que se produce la privación material de la libertad, hasta el momento en que ella es devuelta a la sociedad y 2. de no hacer, referida a la abstención de cualquier conducta que pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no hayan sido limitados con la medida cautelar.

“En síntesis, la retención como ejercicio legítimo del poder punitivo del Estado que afecta algunos derechos de las personas, en sí misma no es una actividad que genere responsabilidad patrimonial derivada de los perjuicios consustanciales a la retención misma, dado que esta es una carga que los ciudadanos deben soportar, daño jurídico y por ende no encuadrable dentro del supuesto general que consagra el artículo 90 de la Carta Política, salvo, claro está, cuando el ejercicio de dicho poder se desborda, v.gr. en los supuestos de retención injusta (L. 270/96, art. 68). Pero así como el ciudadano debe asumir la carga derivada de la restricción de sus derechos, en la medida en que esa retención es una actividad que redunda en beneficio de la comunidad, el Estado se obliga a garantizarle una eficaz protección y seguridad, para lo cual este goza de posibilidades reales, pues posee también el monopolio de la fuerza y los poderes de coerción que le permiten afrontar tales riesgos.

“En este orden de ideas, considera la Sala que las obligaciones de abstenerse de causar cualquier limitación a los derechos de las personas que no estén implicados dentro de la medida cautelar, así como las de prever y controlar cualquier acto que redunde en perjuicio de los retenidos son de resultado, pues la probabilidad de lograr la eficacia en el cumplimiento de la obligación es alta.

“Lo anterior significa que si el Estado no devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que lo retuvo, debe responder patrimonialmente por los perjuicios que este haya sufrido durante el tiempo de la retención, aunque haya puesto en funcionamiento todos los recursos de que dispone para proteger al retenido y evitarle la causación de cualquier daño, salvo que haya intervenido una causa extraña, pues frente al retenido la obligación del Estado no es un comportamiento sino la realización efectiva de un resultado determinado.

“Frente a las obligaciones de resultado el deudor responde de manera objetiva y por tanto, solo se exonera si acredita una causa extraña, esto es, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero” (35) .

“De acuerdo con lo dicho hasta el momento, las relaciones de especial sujeción que nacen entre las personas privadas de la libertad y el Estado, implican que algunos de sus derechos queden sometidos a ciertas restricciones. Sin embargo, otros derechos fundamentales no pueden ser limitados ni suspendidos; el total sometimiento al Estado, que la Corte Constitucional ha identificado como un estado de indefensión o debilidad manifiesto, implica que el Estado tiene el deber de respetarlos y garantizados plenamente; es decir, que todo agente estatal debe abstenerse de conducta alguna que los vulnere y debe prevenir o evitar que terceros ajenos a dicha relación lo hagan.

“En esa situación se encuentran los derechos a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de la libertad, dado que su seguridad depende por completo de la administración y esta debe garantizarla. En efecto, la llamada por la doctrina obligación de seguridad, se concreta en el deber que tienen la autoridades de evitar que las personas detenidas o presas sufran algún daño, durante el tiempo que permanezcan en tal condición o, dicho de otra forma, el Estado tiene el deber de preservarlas de los daños que con ocasión de su situación pueda ocurrirles. La misma obligación comprende la de “custodia y vigilancia” pues se busca la garantía de la seguridad personal del detenido. Las autoridades estatales tienen a cargo el deber de tomar las medidas necesarias para evitar cualquier atentado contra la vida o integridad personal de los detenidos o presos (36) . (Subrayado del texto original – negrillas adicionales).

Como se aprecia, la Sala mantuvo una línea de pensamiento, consistente y coherente con la interpretación constitucional que, sobre las relaciones que se derivan entre recluso y centro penitenciario y carcelario se producen, para determinar que, en estos precisos eventos, se genera una relación especial, como quiera que el Estado en ejercicio legítimo del ius puniendi debe verificar la satisfacción y materialización de los derechos de las personas que se encuentran cobijadas por una medida restrictiva de la libertad, o por una pena privativa de la misma.

En esas condiciones, el deber del Estado se vuelve de un grado tal, que no podrá alegar ni siquiera la causal eximente de responsabilidad, consistente en el hecho de un tercero para enervar la reparación del daño causado a un recluso, por cuanto esta persona se encuentra sometida al imperium del poder estatal y, por ende, es el Estado mismo quien debe velar por su seguridad e integridad, de forma tal que no se vean afectadas sus garantías fundamentales.

2.8. Un criterio como el que se pretende fijar, por la posición mayoritaria, no se acompasa con los postulados constitucionales, jurisprudenciales y legales que sobre el particular han sido trazados en relación con la protección y el cuidado que debe brindar el Estado a las personas que se encuentran privadas de la libertad, como quiera que el hecho de trasladar la prueba de la falla (negligencia, descuido, impericia, violación a reglamentos y, en general, el desconocimiento al deber objetivo de cuidado) en cabeza de la parte demandante, transforma el onus probandi en una labor de imposible cumplimiento, dadas las condiciones de clandestinidad en que, por regla general, se producen los perjuicios a personas recluidas en centros penitenciarios o carcelarios.

Exigir a los familiares de un recluso que fallece a causa de una lesión propinada por otra persona privada de la libertad, que prueben el incumplimiento de las obligaciones en cabeza de la autoridad pública constituye, con el respeto que profeso por las decisiones de la Sala, un despropósito que puede llegar a constituirse en una cortapisa para el acceso efectivo a la administración de justicia, y que puede suponer un factor de impunidad.

2.9. Las distintas teorías que han girado en torno a la responsabilidad del Estado por daños causados a personas privadas de la libertad, han girado siempre en el sistema objetivo, precisamente, porque en estos casos, poco importa la conducta diligente o cuidadosa de la administración a efectos de configurar la responsabilidad del Estado; lo anterior, como quiera que la administración pública, en estos eventos, debe garantizar a la persona que somete a partir del ejercicio del poder punitivo, la satisfacción, cuidado y protección de sus derechos fundamentales, sin que la privación de la libertad se constituya en un riesgo para la vida e integridad de la persona.

En estos casos, el Estado debe velar porque la persona que es recluida salga en las mismas condiciones psicofísicas que tenía al momento de su ingreso, salvo las que se derivan de manera natural a causa del paso del tiempo, o las que se generan como consecuencia de la ocurrencia de una causa extraña, en la modalidades de culpa exclusiva de la víctima, o de fuerza mayor (v.gr. la caída de un rayo).

Es de tal magnitud la obligación que asume, en estos casos, la administración pública, que no se puede invocar el hecho de un tercero como causa extraña, con el fin enervar la responsabilidad, dado que, el Estado al tener bajo su custodia a las personas privadas de la libertad, debe velar porque ninguna persona lastime o atente contra otra de ellas; el acaecimiento de este suceso, lleva implícita la responsabilidad del Estado, por haber trasgredido la relación de especial sujeción existente con el recluso, lo que genera un efecto indemnizatorio inmediato.

2.10. Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la interpretación a la que se ve abocada la Sala, lleva a que, tal y como sucedió en el asunto sub examine, no se aplicara realmente un sistema de falla probada, sino más bien de falla presunta, como quiera que luego de una trascripción in extenso de las normas que contienen las obligaciones de las autoridades carcelarias, dentro de la propia providencia se hace la siguiente afirmación:

“En efecto, cabe anotar que, si bien no se cuenta con pruebas en relación con las circunstancias que rodearon la riña carcelaria, por cuanto los testimonios recepcionados (sic) en la investigación disciplinaria que se adelantó, no dan cuenta de esta situación, dado que afirman que no presenciaron el alterado, o cierto es que los hechos demostrados permiten concluir que la muerte del señor Julio César Patiño se produjo dentro del establecimiento carcelario como consecuencia de una lesión provocada por una herida propinada con arma cortante y cortopunzante (sic), mientras se encontraba bajo la custodia y vigilancia de los directos y el personal de oficiales, suboficiales y guardianes del establecimiento de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec” (págs. 23 y 24).

Lo señalado en el párrafo trascrito, refleja el dilema en que incurre la Sala al tener que abordar el análisis de la controversia, desde el punto de vista teórico, a partir de la falla probada del servicio, pero ante la incertidumbre y vaguedad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar recurre, a efectos de fundamentar la “supuesta falla del servicio”, en la relación de custodia y vigilancia en la que se encontraba el señor Julio César Patiño, vínculo éste que no es otra cosa distinta a la relación de especial sujeción (37) a la que se ha hecho referencia en este documento. Por lo tanto, considero que, el asunto concreto fue desatado a partir de lo que pudiera llamarse una falla presunta del servicio, en la medida que, luego de efectuar un recuento normativo aplicable, la Sala derivó la responsabilidad de la entidad demandada, en tanto la muerte se produjo dentro del establecimiento carcelario y no se probó una causa extraña o la diligencia y cuidado suficientes para desestimar las pretensiones de la demnda.

En efecto, la forma como se despejó, en el caso concreto, la carga de la prueba denota la aplicación de un sistema de falla presunta, toda vez que a partir de los hechos acreditados en el expediente se estaría presumiendo la falla del servicio por el incumplimiento de las obligaciones de protección y cuidado, puesto que en la sentencia no se señala la norma infringida y la prueba que conduciría, de forma indefectible, a derivar la prueba de la negligencia de la entidad demandada. Y, si bien, soy defensor de la falla presunta bajo determinadas circunstancias fácticas (v.gr. el sistema de responsabilidad médico - hospitalaria), no deja de desconcertarme que un tema que ha sido manejado, de manera principal, a través de regímenes objetivos, ahora sea abordado desde la falla del servicio, bien en sus modalidades probada o presunta.

De otra parte, me atrevo a señalar que la perspectiva contenida en la providencia de la cual me aparto, no refleja un criterio jurisprudencial claramente definido, estático y unánime de la sección, por cuanto, en providencia del 20 de febrero del año en curso, se profirió una sentencia en la cual la Sala puntualizó, entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…) La misma consideración, ha realizado la Sala, al señalar la absoluta compatibilidad entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional de las llamadas relaciones de especial sujeción, entre el Estado y las personas privadas de la libertad, y la llamada obligaciones de resultado, en lo que tiene que ver con la Sección Tercera del Consejo de Estado.

“(…) Es así como desde la perspectiva de análisis que ocupa, en el presente caso, a la Sala, la relaciones de especial sujeción respecto de las personas privadas de la libertad, encuentran su ratio y fundamento, simple y llanamente en la Constitución y la ley. Y es esa la razón que justifica la existencia de las autoridades, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo segundo de la Constitución Política, al señalar:

“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

“En este entendimiento, se recoge el criterio de argumentación que atrás se señaló, para por el contrario, relievar la importancia de los deberes y contenidos de la Constitución y la ley frente al ciudadano en el campo al que se contrae la situación fáctica sub examine.

Debe anotarse que, tanto en las relaciones de especial sujeción respecto de reclusos, como en los deberes de seguridad y protección de las personas que dimanan de la Constitución y la ley, la Corte Constitucional y la Sección Tercera del Consejo de Estado, han determinado que el Estado se encuentra en posición de garante.

“(…)” (38) .

En conclusión, no me opongo a que en determinadas ocasiones se declare probada la falla del servicio en aquellos eventos en que se causa un daño a un recluso, siempre y cuando la misma sea evidente y, en consecuencia, haya lugar a declararla; de lo contrario, desde mi perspectiva, el título jurídico aplicable para imputar el daño al Estado será el objetivo, derivado de la especial relación a que somete el Estado a la persona que se encuentra privada de su libertad. En consecuencia, el estudio de este tipo de controversias debe despejarse, desde un inicio, con base en el título objetivo, salvo que el juez del análisis del proceso encuentre acreditada la falla del servicio, caso en el cual procederá a decretar y delimitar su existencia.

Bajo las anteriores precisiones, dejo sentada mi posición en cuanto concierne a la forma como se abordó el tema de la imputación en situaciones de responsabilidad estatal derivada de daños causados a personas privadas de la libertad, concretamente, por afirmar que el régimen aplicable en estos eventos corresponde al subjetivo de falla del servicio, situación que, como presento a través de estas consideraciones, no puede aceptarse como certeza incuestionable, so pena de renunciar (39) veladamente o a ir diluyendo de manera imperceptible los títulos de imputación objetiva, como fundamento de atribución y justicia frente a un daño antijurídico que sufra quien ha sido privado de la libertad.

Atentamente,

Enrique Gil Botero. 

Fecha ut supra 

(8) Sobre el particular, la jurisprudencia de la corporación puntualizó:

“La noción de daño antijurídico es invariable cualquiera sea la clase (contractual o extracontractual) o el régimen de responsabilidad de que se trate; consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar. La diferencia estriba, en consecuencia, en los títulos jurídicos de imputación del daño, determinantes de la causalidad jurídica más allá de la simple causalidad material que se deriva del nexo causal. Así, mientras en la responsabilidad fundada en el contrato, serán títulos jurídicos de imputación, por ejemplo, “los mandatos de la buena fe, igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos” (L. 80/93, art. 28), en la extracontractual lo serán, además, la falla del servicio que es el título de imputación más frecuente, cualquiera que sea el sistema que para su prueba se adopte; la culpa personal en nexo con el servicio, prevista, para citar algunas disposiciones en el inciso 2º del artículo 90 de la Constitución Nacional y en el 77 del Código Contencioso Administrativo; la igualdad de las personas ante la ley (C.N., art. 13); la proporcionalidad en la distribución de las cargas públicas (C.N., art. 95, num. 9º y art. 216, entre otros); el riesgo excepcional establecido, por ejemplo, por la Ley 104 de 1993 o en el Decreto 444 del mismo año; el error judicial y el anormal funcionamiento de la administración de justicia (CPC, art. 40, CPP, art. 414, etc.) la inconstitucionalidad de la ley declarada judicialmente, y principios de justicia y equidad como éste del no enriquecimiento sin causa. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de mayo de 1995, Exp. 8118, M.P. Juan de Dios Montes.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de abril de 2006, Exp. 20125, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(10) Esta expresión en el contexto de las relaciones entre autoridades penitenciarias y personas privadas de la libertad, fue utilizada por primera vez en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia T-596 de 1992. Así mismo, entre los pronunciamientos más importantes al respecto, Cfr. Sentencias T-705 de 1996 y T-153 de 1998.

(11) La subordinación tiene su fundamento en la obligación especial de la persona recluida consistente en el deber de “cumplir una medida de aseguramiento, dada su vinculación a un proceso penal, o una pena debido a que es responsable de la comisión de un hecho punible”. Cfr. Sentencia T-065 de 1995. O también es vista como el resultado de la “inserción” del administrado en la organización administrativa penitenciaria por lo cual queda “sometido a un régimen jurídico especial”. Así en Sentencia T-705 de 1996.

(12) Desde los primeros pronunciamientos sobre el tema, la Corte identificó la existencia de un “régimen jurídico especial al que se encuentran sometidos los internos”, el cual incluye la suspensión y la limitación de algunos derechos fundamentales, en este sentido Cfr. Sentencia T-422 de 1992.

(13) Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un régimen disciplinario para los reclusos, así en Sentencia T-596 de 1992.

(14) Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un régimen especial de visitas, así en Sentencia T-065 de 1995.

(15) Sobre los tres regímenes de los derechos fundamentales de los reclusos, según la posibilidad de la suspensión, limitación y goce pleno, ver entre otras las sentencias T-222 de 1993, T-065 de 1995 y T-705 de 1996.

(16) En este sentido véase la Sentencia C-318 de 1995. La potestad administrativa para limitar o restringir derechos fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción, “debe estar expresamente autorizada en la ley que regule su ejercicio”, así en la Sentencia T-705 de 1996.

(17) Sobre la finalidad de la limitación a los derechos fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción, véase especialmente la Sentencia T-705 de 1996. Sobre su relación con la posibilidad real de la resocialización véase la Sentencia T-714 de 1996.

(18) Entre los especiales derechos de los presos y su correlato, los deberes del Estado, como consecuencia del establecimiento de una relación especial de sujeción, se encuentran “el deber de trato humano y digno, del deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno, entre otros”, citada de la Sentencia T-596 de 1992.

(19) Sobre los deberes especiales del Estado ver la Sentencia T-966 de 2000.

(20) Para la Corte esta garantía debe ser reforzada, ya que el recluso al estar sometido a una relación especial de sujeción, tiene limitado su derecho a escoger opciones y le es imposible autoabastecerse, en este sentido ver la Sentencia T-522 de 1992, además se encuentra en un estado de “vulnerabilidad” por lo cual la actividad del Estado en procura de la eficacia de los derechos fundamentales debe ser activa y no solo pasiva, en este sentido ver la Sentencia T-388 de 1993, y en el mismo sentido la Sentencia T-420 de 1994. Ya que el recluso está en imposibilidad de procurarse en forma autónoma los beneficios propios de las condiciones mínimas de una existencia digna, así en la Sentencia T-714 de 1995, o se encuentra en estado de indefensión frente a terceros, así en la Sentencia T-435 de 1997.

(21) Sobre el contenido de este deber positivo ver la Sentencia T-153 de 1998.

(22) Sobre el énfasis en el deber positivo en cabeza del Estado, véase las sentencias T-714 de 1996 y T-153 de 1998.

(23) Responsabilidad del Estado que se concreta en la obligación de velar por la seguridad de los reclusos en el perímetro carcelario y en la obligación de garantizar condiciones de vida adecuadas a los reclusos, así en la Sentencia T-522 de 1992.

(24) La posibilidad de reinserción social depende en buena medida de la eficacia del derecho de los reclusos a contar con centros carcelarios adecuados, este derecho encuentra el fundamento de su validez en el derecho a la dignidad y en el principio del Estado social de derecho, así en Sentencia T-153 de 1998.

(25) Sobre la síntesis de la doctrina constitucional de las relaciones de especial sujeción, en idénticos términos Cfr., Sentencia T-881 de 2002.

(26) En el mismo sentido ver las sentencias: T-596/92, T-065/95, C-318/95, T-705/96, T-1190/03,T-490/04, T-881/02 y T-134/05.

(27) El deber indemnizatorio del Estado respecto de daños causados a personas privadas de la libertad también se encuentra establecido en el derecho internacional de los derechos humanos, el “Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión”, adoptado por la asamblea general en su Resolución 43/173, de nueve de diciembre de 1988, en el principio 35 establece:

“1. Los daños causados por actos u omisiones de un funcionario público que sean contrarios a los derechos previstos en los presentes principios serán indemnizados de conformidad con las normas del derecho interno aplicables en materia de responsabilidad.

2. La información de la que se deba dejar constancia en registros a efectos de los presentes principios estará disponible, de conformidad con los procedimientos previstos en el derecho interno, para ser utilizada cuando se reclame indemnización con arreglo al presente principio”.

(28) ST-347/93 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); ST-324/94 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); ST-420/94 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(29) Sobre el contenido de ese deber positivo ver la Sentencia T-153 de 1998. Sobre el énfasis en el deber positivo en cabeza del Estado, véanse las sentencias T-714 de 1996 y T-153 de 1998. Sobre la responsabilidad del Estado que se concreta en la obligación de velar por la seguridad de los reclusos en el perímetro carcelario y en la obligación de garantizar condiciones de vida adecuadas a los reclusos, Sentencia T-522 de 1992.

(30) Sentencia T-134/05, del 17 de febrero de 2005.

(31) Sentencia T-590 de 1998.

(32) Sentencia T-265 de 1999.

(33) Idem. En igual sentido T-208 de 1999.

(34) Sentencia T-590 de 1998.

(35) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de febrero de 2004, Expediente 14.955 (R-0654), actores: Jorge E. Zapata Roldán y otros. En el mismo sentido ver sentencia del 24 de junio de 2004, Expediente 14.950 (R-0301). Para la explicación en profundidad de esa obligación de resultado ver la sentencia del 24 de junio de 1998, Exp. 14.406.

(36) En el mismo sentido ver sentencia de la Sala del 27 de noviembre de 2002, Expediente 13760 ( R- 01010), actores: Efraín Hernández Ramírez y otros.

(37) “Es cierto que frente a los reclusos y conscriptos, el Estado tiene una obligación de resultado, lo cual significa que si no devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que se encontraba antes de su reclutamiento o retención, debe responder patrimonialmente por los perjuicios que este haya sufrido durante el tiempo en el cual fue sometido a la prestación del servicio militar o a la detención, aunque haya puesto en funcionamiento todos los recursos de que dispone para proteger al retenido y evitarle la causación de cualquier daño, salvo que haya intervenido una causa extraña, pues frente al retenido la obligación del Estado no es un simple comportamiento sino la obtención efectiva de un resultado determinado. Las obligaciones del Estado frente a las personas sometidas a una situación especial de sujeción son de dos clases: — de hacer, esto es, de prever y controlar los peligros que pueda sufrir una persona retenida desde el momento mismo en que se recluta o se produce la privación material de la libertad, hasta el momento en que ella es devuelta a la sociedad y — de no hacer, referida a la abstención de cualquier conducta que pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no estén limitados por su situación especial. En síntesis, el reclutamiento y la retención como ejercicio legítimo del poder del Estado que afecta algunos derechos de las personas, en sí misma no son actividades que generen responsabilidad patrimonial derivada de los perjuicios consustanciales a esas situaciones, dado que estas son cargas que los ciudadanos deben soportar”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de noviembre de 2000, Exp. 13329, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(38) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de febrero de 2008, Exp. 16.996, M.P. Enrique Gil Botero.

(39) “Pero Epicteto renunciaba a demasiadas cosas, y yo no había tardado en darme cuenta de que nada era tan peligrosamente fácil como renunciar”. Yourcenar, Marguerite “Memorias de Adriano”, Ed. Seix Barral, Pág. 112.

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