Sentencia 16188 de diciembre 4 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

PRUEBAS DE OFICIO

No tienen por objeto descargar a las partes de sus deberes probatorios.

EXTRACTOS: «La Sala confirmará el fallo de primera instancia por considerar que no existen elementos de prueba que permitan imputar responsabilidad a la entidad demandada, según se pasa a indicar.

En primer lugar, se advierte que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, al que se remite la Sala por disposición expresa del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, la carga de la prueba corresponde a las partes, motivo por el cual, tal como lo señaló el a quo, corresponde a la parte actora demostrar que la lesión causada a la señora Rosalba Ruiz Seña fue producida por la acción u omisión de la entidad demandada, a través de uno de sus agentes o utilizando bienes que le pertenecen o de los cuales se ha hecho cargo en razón de sus funciones.

Revisado el expediente, se observa que al proceso se aportó prueba documental, en la que se demuestra que el día 24 de junio de 1995, la demandante ingresó al Hospital San Jerónimo de Montería por presentar una herida de bala a nivel del tercio inferior de su pierna izquierda, quien estuvo internada hasta el 28 de junio del mismo año y fue dada de alta por retiro voluntario, según certificación emitida por el gerente del mencionado centro hospitalario a través de oficio de diciembre 5 de 1997. [...].

Si bien los testimonios coinciden en que la persona que hirió con un arma de fuego a la demandante fue un miembro del ejército, lo cierto es que tales señalamientos carecen de fundamento alguno, pues se trata de meras especulaciones y deducciones hechas por los testigos, quienes, por el simple hecho de que una persona estuviese vestida con un “camuflado”, concluyeron que se trataba de un miembro de las Fuerzas Militares, deducción esta que no resulta suficiente para concluir con fuerza de convicción que la persona que portaba ese traje, sin más detalles ni especificaciones, efectivamente hubiere sido quien hirió a la demandante y menos para sostener, con certeza, que esa persona era o es integrante de la fuerza pública.

En efecto, los testigos afirmaron que la persona que accionó el arma —cuyo número de impactos es contradictorio e incoherente (1) — llevaba puesto un “camuflado”, sin entrar a especificar qué clase de traje era al que hacían referencia, ya que ni siquiera dieron detalles sobre su diseño o alguna información respecto de sus características, tales como su color, escudos, nombres, insignias, entre otros aspectos que pudieran ser indicativos de que se trataba de una confección propia de los miembros de la fuerza pública.

Por consiguiente, considera la Sala que ninguno de los declarantes tuvo conocimiento real y efectivo respecto de la persona que accionó el arma respectiva y, por tanto, de si se trataba de un miembro del Ejército Nacional y mucho menos de su adscripción al Batallón de Junín de Montería, dado que en relación con este último aspecto, los testigos aceptan expresamente que conocían de tal circunstancia porque se habían dado cuenta a través de terceras personas (2) , lo cual impone concluir que se trata de un aspecto desconocido para los declarantes, de tal manera que su valoración en este juicio carece de toda eficacia probatoria.

A lo anterior se añade todo lo contrario, ya que se probó en el proceso que el señor Carlos Alberto Bossio, quien supuestamente habría sido la persona que disparó contra la demandante, no pertenecía al Batallón de Junín, tal como lo certificó el Comandante de Batallón de Infantería Nº 33 Junín a través de oficio calendado el 9 de diciembre de 1997 (fl. 85 cdno. 1).

Así las cosas, si ni siquiera existe prueba de quién fue el autor material del disparo que generó la lesión de la demandante, ni su calidad de agente del Estado, así como tampoco de la clase de arma a través de la cual se causaron las lesiones a la actora, mucho menos la hay de una falla en el servicio o de una responsabilidad por el uso de bienes del Estado en la comisión del hecho, pues debe recordarse que para poder imputar responsabilidad a la administración, resulta indispensable demostrar no solo una acción u omisión de la administración o de uno de sus agentes en nexo con el servicio y un daño, sino así mismo el nexo de causalidad existente entre esos dos elementos.

El hecho de que se declare que la persona que disparó e hirió a la señora Rosalba Ruiz Seña era un miembro del Ejército Nacional, por el hecho de que llevaba puesto un traje “camuflado”, no es prueba suficiente para establecer su responsabilidad y mucho menos la del Estado. Así entonces, cae por su base el argumento esgrimido por la parte actora, según el cual, debe inferirse que el disparo provino de arma de dotación oficial, dado que si no se acreditó la calidad especial de la persona que accionó el arma, mucho menos si esta era o no de dotación oficial.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada, dado que i) no se probó que fue el señor Carlos Alberto Bossio la persona que disparó el arma que lesionó a la demandante y mucho menos que dicha persona pertenecía al Ejército Nacional en su condición de suboficial adscrito al Batallón de Junín (Montería); ii) así como tampoco se probó que el arma mediante la cual se causaron las lesiones a la señora Rosalba Ruiz Seña hubiere sido de dotación oficial; circunstancias estas que permiten concluir que en el presente asunto, no están probados los elementos que estructuran la responsabilidad extracontractual y patrimonial del Estado.

Finalmente, la Sala estima necesario pronunciarse respecto de algunos de los señalamientos expresados por la parte recurrente, relacionados con la facultad oficiosa con que cuenta el juez para decretar pruebas, para lo cual, la Sala reitera lo anotado en la parte inicial de esta sentencia, en el sentido de que la carga de la prueba corresponde a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Acerca de este punto, aclara la Sala que en procesos contenciosos o controversiales como el presente, el juez no puede adoptar decisiones que no estén fundadas en las pruebas debidamente allegadas al proceso, ni le corresponde descargar a las partes de sus deberes probatorios, puesto que se incurriría en una violación flagrante de los artículos 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, así como también se estarían vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del interviniente que resulte afectado.

Si bien es cierto que el juez debe cumplir un papel activo dentro del trámite procesal, pues a este le corresponde dirigir el proceso, no es menos cierto que debe actuar de conformidad con los límites y procedimientos señalados en la ley. De allí que no sea de admisible que cada vez que alguna de las partes omita allegar al proceso las pruebas tendientes a probar los supuestos de hecho en que se fundamentan sus pretensiones o su defensa, sea el juez quien deba entrar a llenar tales vacíos o deficiencias probatorias, so pretexto de que actúa amparado bajo la facultad oficiosa que le asiste para decretar pruebas, puesto que tal prerrogativa solo puede ser ejercida cuandoquiera que existan dudas o puntos oscuros respecto de un determinado tema (CCA, art. 169), lo cual, en nada exime del deber probatorio que radica en cabeza de las partes».

(Sentencia de 4 de diciembre de 2006. Expediente 16188. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez).

(1) El primer testigo afirma que fueron dos disparos (fl. 76, cdno. 1), en tanto el segundo señaló que fueron más de cinco (fl. 80, c 1).

(2) Al respecto, el primer testigo señaló que se había dado cuenta porque eso dijeron en el hospital. En efecto, señaló: “... y por el relato que dijeron el hospital que el otro muchacho era del ejército y que se llamaba Carlos Bosso...”. La segunda declarante, manifestó que conocía a la persona que accionó el arma “... pues porque llegaron unos ahí preguntando por el nombre de él”. Y la tercera testigo, señaló que ni siquiera había visto a la persona que disparó, ya que toda la información por ella obtenida había sido suministrada por la demandante y su esposo.

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