Sentencia 16189 de noviembre 26 de 2003 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta Nº 128

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Luis Quintero Milanés

Bogotá, D.C., noviembre veintiséis de dos mil tres.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. El defensor del procesado, acusa al tribunal de haber dictado sentencia en un juicio viciado de nulidad, por falta de competencia de los funcionarios judiciales que conocieron de la actuación. Comenta que el acusado debió ser objeto de juzgamiento por parte de los miembros de su etnia, pues se encuentra acreditado todos los presupuestos para tal efecto, irregularidad que afecta, entre otros derechos, el debido proceso y el derecho de defensa.

2. Desde el punto de vista técnico, recuérdese que la incompetencia del juez, constituye una causal autónoma de nulidad, motivo por el cual no resulta afortunado que se mezclen con otras causales de invalidez o invocarse conjuntamente, puesto que dicho yerro no vulnera, por sí mismo, las garantías del procesado o la estructura lógica del proceso.

Del mismo modo, se observa que desconoce el alcance de los conceptos de debido proceso y de derecho de defensa, pues tanto la jurisprudencia como la doctrina los han diferenciado.

En efecto, de modo imperativo se ha dicho que si bien el derecho de defensa se encuentra inmerso dentro del debido proceso, de todos modos el primero hace referencia a las garantías judiciales de los sujetos procesales y, el segundo, a las bases de la instrucción y del juzgamiento, sin desconocerse que hay eventos en que la violación de uno conlleva al desconocimiento del otro, caso en el cual es deber del libelista que así lo enseñe y evidencie.

Finalmente, se hace indispensable reiterar que la falta de competencia del funcionario judicial, como causal de nulidad, se configura cuando se incurre en vicios in iudicando, es decir, que en el acto de la elaboración de los conceptos jurídicos se desconocen las normas que son las llamadas a gobernar el asunto, por errores de selección o de interpretación, así mismo se puede incurrir en esa causal de invalidez en virtud de yerros cometidos en la actividad probatoria. En este último caso, los mismos pueden tener como génesis errores de hecho o de derecho.

En cualquiera de los anteriores eventos, es deber del libelista que así lo postule y lo fundamente. En tratándose del primero constituye una regla técnica que el libelista acepta los hechos y las pruebas tal como fueron valoradas por las instancias, por ser el debate de estricto derecho; mientras que en el segundo se debe señalar con claridad la clase del error y el falso juicio que lo determinó y cómo él mismo llevó a la transgresión del precepto sustancial escogido para solucionar el conflicto. Finalmente, también es una carga del censor evidenciar la trascendencia del vicio, es decir, que la violación de la ley conduce a la falta de competencia del funcionario judicial, al punto que la invalidez de la actuación es la única decisión a adoptar.

Finalmente, también constituye un desconocimiento de los postulados que rigen a la casación, al pretenderse adjuntar con el libelo medios de pruebas, toda vez que en este estadio no existe una etapa probatoria, razón por la cual y comoquiera que los mismos no fueron allegados conforme al rito, la Sala no los podrá apreciar.

Aclarado lo anterior, observa la Sala que tampoco le asiste razón al censor, puesto que ha sido criterio de la corporación que la ley debe reglar el funcionamiento de la jurisdicción indígena, sin que ello implique el desconocimiento del artículo 246 de la Constitución Política y la protección de las minorías étnicas a que alude el artículo 7º de la misma normatividad, salvo cuando del proceso se advierta con claridad los presupuestos de dicha normativa, es decir, que la conducta delictual se hubiese cometido en el territorio del resguardo, que se trate de uno de sus miembros y que posean normas y procedimientos propios no contrarios a la Constitución o a la ley.

Al respecto la Sala interpretando el canon constitucional ha dicho: “el fuero indígena, entendido como el derecho que los miembros de las comunidades aborígenes tienen a ser juzgados por sus propias autoridades, dentro de su ámbito territorial, y de conformidad con las normas y procedimientos establecidos por ellas (C.P., art. 246), no surge de la sola circunstancia de ostentar el procesado la condición de indígena, como parece entenderlo el memorialista. Además de este factor, debe analizarse el lugar de ocurrencia de los hechos, en orden a determinar si se trata de un conflicto interno o externo, y en este último caso, las condiciones personales del indígena, su grado de culturización, conciencia étnica, distanciamiento del grupo, compenetración con la sociedad dominante, entre otros...” (1) .

La jurisdicción indígena procura preservar la diversidad étnica y cultural a partir del respeto de las normas, valores, costumbres e instituciones pertenecientes a grupos indígenas dentro de la órbita territorial y de proteger a quienes siendo sus miembros se ven comprometidos en actos delictivos externos al grupo, debido a su particular forma de entender el mundo, con miras a procurar su desarrollo dentro de la comunidad a que pertenecen, con todo lo que ello implica tanto para el colectivo como para el sujeto (2) .

Bajo esa premisa, es claro que en este evento no se puede predicar que el conocimiento del asunto radique en la jurisdicción indígena, habida cuenta que, además de que no se acreditó si en el resguardo de la Isla de Ronda se cuenta con una normatividad escrita u oral que pueda suplir al sistema judicial nacional, de los medios de convicción allegados al diligenciamiento, contrario a lo sostenido por el procurador, se advierte que si bien el procesado es un indígena y que pertenece a la etnia Cocama, de todos modos se puede predicar que él es una persona que ha estado en permanente contacto con la colectividad y cultura nacional, ya que como lo acepta en la indagatoria se trata de una persona que estudió en Leticia hasta quinto año de primaria, que reside en esa localidad, que prestó el servicio militar en el batallón de esa ciudad (Bejarano Muñoz) y que ha estado detenido por atribuírsele la comisión de un delito de hurto, siendo el sustento de su familia la actividad de pescador que realiza en dicha región. Además, como lo resalta el juzgador de primer grado, “por su expresión o manifestación del lenguaje se deduce que se ha sustraído al entorno indígena”.

Por consiguiente, si se tiene en cuenta los lineamientos trazados por la jurisprudencia de la Sala, en este evento no se puede predicar que el homicidio hubiese sucedido por razones de un conflicto al interior de la comunidad, en lo atinente a su organización política, social, económica, etc., y que las condiciones personales, su grado de culturización y su compenetración con la sociedad permitan concluir que era la jurisdicción indígena la llamada a juzgar al proceso y no el sistema judicial nacional.

En otras palabras, con base en los datos que obran en el proceso se sabe que el homicidio se cometió dentro de la comprensión territorial de Leticia y por el acusado que, como quedó expuesto en precedencia, ha estado en permanente contacto con la colectividad y cultura nacional desde hace un tiempo considerable, razón por la cual no se puede predicar que el juzgamiento adelantado por el sistema judicial nacional atente contra la identidad cultural de Bástenes Montenegro y la cohesión del resguardo indígena al que pertenece, máxime cuando los hechos no tuvieron génesis en un aspecto interno de la comunidad, sino en situaciones aisladas.

Por ello, no resulta atinado que el censor repudie a las autoridades que conocieron tanto en la investigación como en el juzgamiento del proceso adelantado en contra del procesado.

A más de lo anterior, no sobra reiterar que el dictamen psiquiátrico practicado al procesado también fue objeto de estudio y desechado por las instancias en los respectivos fallos, los que forman una sola unidad, a efecto de determinar la jurisdicción y competencia del asunto, concluyendo que, luego de estudiarlo con apego a lo que reglaba el artículo 273 del Decreto 2700 de 1991 (hoy 253 de la L. 599/2000), “los datos ubican al acusado como una persona de características físicas, mentales, familiares y sociales normales, dentro del entorno en que se ha desarrollado; de origen indígena, persona desarraigada de gran parte de su cultura y con fuerte influencia de la población no indígena de Leticia. Vale decir, con ribetes propios de una persona civilizada, de lo cual da cuenta fehacientemente la claridad verbal y conceptual que entraña su injurada. Por tanto, inexistente antecedente alguno indicativo de que se trata de una persona incapaz de comprender el carácter de sus actos y de mover su voluntad acorde con esa comprensión. En pocas palabras, nada señala que sea un sujeto inimputable. El único soporte de la conclusión a que llegó el perito es la explicación que dio para exculpar el homicidio que ejecutó, al señalar que le hizo porque la víctima era un “brujo”, que le había “hecho brujería” a varios de sus familiares, inclusive a él, pues se encontraba enfermo; idea alimentada por otro brujo de nombre “Dos Santos”, hecho que corroboró cuando el fallecido aceptó efectuarse un trabajo de esa índole.

“Para la Sala este relato no es cosa distinta que un mecanismo defensivo, sin soporte fáctico, pues nunca se acreditó que el procesado hubiese estado, efectivamente, enfermo, ni que varios familiares de este fallecieran en las condiciones por el narradas, ni la existencia del brujo Dos Santos. Tampoco el hoy occiso es presentado como un hechicero maligno, pues quienes testificaron dentro del proceso se refieren a él como el “viejito” que se dedicaba a la pesca. La única alusión procesal sobre el punto que se examina la formuló Isaías Candido Serra, quien relató que en la semana anterior al suceso trágico, Juan Ríos le curó a su hija, pero, su relato, lejos de mostrarlo como un sujeto maligno, lo presenta como una curandero de buen corazón, que le dio posada en su casa durante toda la semana mientras su hija se sanaba, que le cobró $ 545.000, pero aceptó que se los pagara “cuando pudiera” y le prestó su canoa, por ser más grande que la suya, para transportarse con su familia hasta su casa. Tampoco existe que en su comunidad la brujería se castigara con la muerte ni por mano propia, toda vez que el mismo incriminado informa que todo conflicto lo resuelve la autoridad nacional, con sede en Leticia, previo informe al CAI de policía del kilómetro seis. La Sala no controvierte que el acusado tuviese creencias mágicas, como muchas personas, pero esa respetable filosofía no autoriza a nadie para atentar contra la vida de sus semejantes.

(...).

En síntesis, por las razones que se acaban de exponer, esta corporación se aparta del dictamen psiquiátrico que obra en autos y concluye que la prueba obrante en el proceso, mirada y analizada en su conjunto, da certeza de que el enjuiciado es una persona imputable penalmente y, por contera, se CONFIRMARÁ el fallo impugnado”.

En esas condiciones, el cargo no está llamado a prosperar.

Acotación final

En lo que hace al principio de favorabilidad, por razón del tránsito de legislación, toda vez que el 25 de julio de 2001 entró en vigencia la Ley 599 de 2000, mediante la cual se expidió el nuevo Código Penal, su análisis le corresponde al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, al tenor de lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 79 del nuevo Código de Procedimiento Penal.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No CASAR la sentencia impugnada.

Contra esta providencia no procede ningún recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Sentencia del 15 de junio de 1999, M.P. Fernando Arboleda Ripoll. Rad. 12.043.

(2) En el mismo sentido se pronuncia la sentencia citada en precedencia.

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