Sentencia 1619 de mayo 15 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Dr. Luis Eduardo Jaramillo Mejía

Ref.: Expediente 1619

Electoral segunda instancia

Santafé de Bogotá, D.C., mayo quince de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «A juicio de la Sala los actos administrativos que dictan los concejos para la realización de su trabajo, se denominan reglamentos, la ley no les da categoría de acuerdo ni autoriza expresamente su expedición mediante éstos, por ello no requieren ser sancionados ni publicados conforme a las previsiones de los artículos 76 y 81 de la Ley 136 de 1994. Lo anterior tiene fundamento en lo señalado en el artículo 72 del Decreto 1333 de 1986, norma que forma parte del título IV, capítulo I de dicha codificación, ubicación diferente a la de las normas que en dicho decreto regulan lo relativo a los acuerdos que se encuentran en el título V (arts. 104 y ss.).

Además cabe resaltar que el artículo 34 del Decreto 1222 de 1986 Código de Régimen Departamental, regula el punto en la forma anotada, al decir:

“Los actos que dictan las asambleas departamentales para arreglar el curso de su trabajo y que se denominan reglamentos, sufren sólo dos debates: el primero general, y el segundo en los términos indicados por la ley para el segundo debate de los proyectos de ordenanza y no necesita de sanción ejecutiva”.

El principio consagrado en esta norma departamental tiene el mismo sentido y alcance de la norma municipal, pues ambas se expiden para regular las actividades a desarrollar en el ámbito interno de dichas corporaciones de representación popular, y es razonable que para su validez y eficacia, esos actos reglamentarios no requieran de tales requisitos de forma pues dada la materia que tratan carecería de sentido práctico someterlos a sanción del ejecutivo y a un conocimiento que ya tienen los miembros de las corporaciones, a quienes de consiguiente les son oponibles.

Ahora bien, si ante la falta de procedimiento —que no existe en la Ley 136 de 1994— para la expedición de su reglamento por parte del concejo municipal, se tramita por el señalado en la misma ley para el acuerdo, no resulta válido alegar que la omisión de su publicación le impida producir efectos jurídicos respecto a quienes intervinieron en su creación.

Cabe anotar que la falta de publicación de un acto administrativo, o su falta de prueba, no es constitutivo de un presupuesto procesal que impida fallar en el fondo el proceso. Como elemento probatorio que es, podrá tener como consecuencia una sentencia desestimatoria de las pretensiones de la demanda».

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