Sentencia 16208 de julio 17 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE NO CONFIGURAN SUBORDINACIÓN LABORAL

EXTRACTOS: «El meollo de la presente controversia estriba en determinar si la naturaleza jurídica del vínculo que unía al actor y a la demandada era laboral, como lo plantea el recurrente; o si se trata de una relación independiente regida por las normas del mandato civil, como lo concluyó el tribunal.

Para adoptar su decisión el ad quem se detuvo en el estudio del contrato de prestación de servicios suscrito el 19 de noviembre de 1973 (fl. 212 c. ppal), luego de lo cual estableció que se trataba en realidad de un contrato civil de servicios profesionales independientes, el que, dijo enseguida, no pierde su esencia por el hecho de que al demandante se le haya designado como apoderado general mediante escritura pública para llevar la representación judicial y extrajudicial de la empresa y sus filiales; tampoco porque se le hubieran impartido órdenes, se le hicieran insinuaciones o recomendaciones en relación con las diligencias o actividades procesales que debía cumplir o se le enviaran escritos alusivos a las gestiones realizadas, pues todas esas actividades —dijo— no son más que desarrollo del “poder de insinuación que puede tener un mandante frente a su mandatario”. Respecto del poder general, sostuvo que el mismo lo que buscaba era la agilización de las actuaciones judiciales, tales como notificaciones, traslados, contestaciones de la demanda, etc.

El recurrente le imputa al tribunal haber apreciado equivocadamente dicho contrato de prestación de servicios; empero en la sustentación del error denunciado se limita a decir que el juzgador simplemente se aferró a su texto formal y externo sin relacionarlo con la realidad de los hechos, aserción en la que ninguna razón le asiste puesto que al rompe se advierte que tal ejercicio sí fue hecho en la sentencia acusada, en la que además se deja en claro que la naturaleza civil del vínculo no fue deducida únicamente del contenido de ese convenio, sino del examen de otros medios demostrativos.

Y respecto del tenor literal de dicho documento, cabe agregar que en ningún yerro incurrió el ad quem ya que allí nítidamente quedó anotado que se trataba de un “contrato de servicios profesionales independientes” en el que el abogado se obligaba a “prestar a dichas empresas o a sus filiales, asesoría jurídica, especialmente en todos los asuntos laborales. Además, atenderá los litigios laborales ante los jueces, según se dirá más adelante, y ante la inspección del trabajo cuando la importancia del asunto así lo requiera”, labor por la que recibiría “honorarios por los servicios independientes de carácter civil... la suma de...” y finalmente que dada su naturaleza, el contrato “no causa obligaciones laborales”. De manera que, contrario a lo pregonado por el impugnante, en tal probanza no está contenida “la estipulación ínsita de la subordinación”, sino justamente lo contrario, vale decir, la manifiesta voluntad de las partes de que esa relación era de carácter civil e independiente.

Igualmente enrostra el impugnante al tribunal haber apreciado equivocadamente la carta del 23 de noviembre de 1974, remisoria del citado contrato y enviada por el gerente de la empresa de esa época al actor (fl. 214), pieza a la que, en rigor, el juzgador no hizo ninguna alusión y, por ende, respecto de ella no pudo cometer el yerro señalado. De todos modos, aún aceptando que el tribunal analizó todas las pruebas y en concreto el señalado documento, el resultado del examen sería contrario a su discurso y, paradójicamente, terminaría demostrando lo contrario de lo que pretende, toda vez que de esa probanza lo único que queda claro es que fue el demandante quien redactó espontáneamente el contrato, sin que resulte verosímil ni exista evidencia porbatoria que lo hizo obligado o acatando órdenes de la empresa. La recepción de ese oficio fue admitida por el actor en el hecho 9 del libelo inicial y ello aunado a la circunstancia de ser el demandante un experto abogado laboralista —como lo asentó el tribunal—, sin que tal afirmación fuera refutada, antes que propiciar dudas acerca de la simulación o realidad del contrato, más bien refuerza la convicción de que el querer de ambas partes al suscribirlo fue realizar uno de prestación civil de servicios.

De manera que de dichos documentos no puede colegirse cosa distinta de la que se acaba de puntualizar, y en la hipótesis de aceptar el planteamiento del censor sobre su equivocada apreciación, el resultado sería necesariamente la desestimación de su reproche.

Tampoco se deduce la dependencia que se invoca del poder general conferido por la demandada (fl. 26) ya que, contrario a lo que cree el recurrente, de esa pieza no aflora la subordinación jurídica propia del contrato de trabajo, del abogado frente a su poderdante.

El reseñado mandato es del siguiente tenor:

“...confiere poder para toda clase de pleitos... para que represente a las citadas compañías ante las autoridades judiciales y administrativas, en todos los juicios, actuaciones y diligencias en que ellas tengan interés directa o indirectamente, sea como parte demandante o como parte demandada, o como simple coadyuvante. Podrá en consecuencia, iniciar tales juicios o diligencias administrativas, contestar las demandas, interponer los recursos necesarios en primera y segunda instancia, inclusive el recurso de casación, sustentar la demanda de esta índole llegado el caso, transigir, desistir, sustituir y recibir. Queda igualmente facultado para absolver interrogatorios de parte”.

Ese documento, a juicio de la Corte, no se puede deslindar ni independizar del contrato a que en principio se hizo mención porque, como con tino lo señaló el adquem, con el mismo no se perseguía cosa distinta que instrumentalizar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones que se habían consignado en aquél.

En todo caso a propósito de este tema es pertinente precisar que la subordinación consiste en la facultad que tiene el patrono de dar órdenes al trabajador y el deber correlativo de éste de acatarlas y el impugnante no muestra de qué manera aparece ésta prerrogativa para la empresa en el documento que, se estudia, ya que se ha limitado a afirmarlo pero sin demostrarlo efectivamente.

El hecho de que una persona natural o jurídica otorgue poder general a un abogado para que la represente ante las autoridades judiciales o administrativas, atienda un número indeterminado de litigios en que aquella actúe como demandante o demandada o se notifique de demandas, en modo alguno le confiere a éste en forma automática la condición de empleado ni mucho menos significa que sea por ello subordinado o dependiente de su poderdante.

Es que no se puede olvidar que de conformidad con el artículo 2144 del Código Civil “Los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a que está unida la facultad de representar y obligar a otra persona (y el ejercicio de la abogacía conlleva por antonomasia la facultad de representación), respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato” (entre paréntesis, fuera del texto). Tampoco puede perderse de vista que por el mandato se confía a otro la gestión de uno o más negocios, que el mismo puede ser remunerado o gratuito y que en tal virtud puede el mandante trazar instrucciones al mandatario y éste queda obligado a acatarlas.

Partiendo de esos postulados legales, no constituye en todo caso error protuberante de hecho lo deducido por el tribunal, por cuanto las condiciones que han quedado descritas, por el contrario, muestran que la relación objeto de examen, estuvo más bien regido por un contrato de prestación de servicios de naturaleza civil.

Puede agregarse a lo dicho, que la circunstancia de que el mandato encomendado signifique el control y la vigilancia del contratante sobre la manera en que se ejecutan las obligaciones contractuales o el deber de rendir informes periódicos sobre ellas, no constituye en sí misma prueba de una relación dependiente por cuanto todo contrato, como atrás se explicó, comporta una serie de compromisos, cuyo imperioso cumplimiento por parte del contratista no es signo de la continuada subordinación que requiere el vínculo laboral. En el evento concreto que ahora se examina la obligación del demandante de notificarse y contestar las demandas presentadas contra la empresa contratante en modo alguno supone una relación de dependencia de aquel frente a ésta, sino sencillamente el cumplimiento de sus deberes como mandatario.

Así mismo se duele el recurrente de la equivocada estimación de una serie de medios demostrativos de los que, según su parecer, surge indudablemente la subordinación que invoca. Pruebas que en estricto sentido tampoco fueron apreciadas por el tribunal pues ninguna alusión expresa o tácita hizo a ellas, luego por éste aspecto desatinó el recurrente en la escogencia de la modalidad de violación.

No obstante, de adentrarse la Corte en el estudio de las citadas probanzas encontraría que en ellas tampoco aparece clara la subordinación pregonada con mayor razón si se tiene en cuenta que el tribunal dio por sentado que en el mandato también se imparten al contratista órdenes e instrucciones planteamiento que no fue refutado por el recurrente y por tanto se mantiene incólume. De acuerdo con ello, lo que busca demostrar el atacante es que las órdenes e instrucciones dadas no corresponden al poder de insinuación a que se refirió el ad quem sino que encajan dentro de los postulados del artículo 23 literal b) del Código Sustantivo del Trabajo.

Pues bien de las certificaciones expedidas por los juzgados a que alude el recurrente lo único que se infiere es que el demandante defendió a la empresa contratante y promovió demandas en su favor en varios procesos judiciales desde el año 1974 hasta 1996; en cuanto a las supuestas órdenes emitidas por la representante legal de la demandada doctora María Luisa Mejía, en el interrogatorio de parte absuelto por ella no aparece ninguna confesión sobre estos hechos (fls. 161 al 163) sin perjuicio de dejar en claro que el cargo no indica de manera concreta en cuáles respuestas y de qué forma dicha prueba permite colegir la subordinación; en lo que tiene que ver con la presunta confesión del doctor Hernando Villa, debe aclararse que no compareció al proceso como representante legal de la demandada ya que el juez de primera instancia al decretar las pruebas consideró que no podía ordenar dos interrogatorios de parte a personas distintas, por lo que resolvió citar a éste como testigo, decisión que no fue objeto de reproche en esa oportunidad, quedando por tanto en firme. Así las cosas, al no ser el testimonio prueba calificada para impugnar en casación, ésta declaración y las restantes indicadas por el censor, tanto las que corresponden a los jefes de personal como a otros funcionarios de la empresa, no pueden ser objeto de examen, desde luego a menos que previamente se logre acreditar error con base en pruebas calificadas, como son el documento auténtico, la inspección judicial y la confesión, lo cual no es el caso. Igual acontece con los documentos declarativos emanados de terceros, que son asimilables a testimonios (CPC, art. 277, num. 2º), en cuya supuesta estimación errónea se edifica buena parte de la acusación, y cuya revisión tampoco puede abordar la Corte.

También se refiere el recurrente a la desatinada apreciación de los comprobantes de pago obrantes a folios 304 a 322, pero ocurre que de esos documentos no se deduce que la remuneración y sus incrementos hayan sido establecidos unilateralmente por la empresa desconociendo la autonomía contractual del abogado; por el contrario, lo único que se desprende de ellos es el monto pagado y la fecha en que se hizo, sin que ahí se incorpore ningún dato adicional.

Finalmente expresa el impugnante que el tribunal erró al afirmar que sólo al terminar el contrato de prestación de servicios el abogado reclamó salarios y prestaciones sociales sin percatarse que según los documentos visibles a folios 1º, 2º y 3º del cuaderno Nº 1, hizo tal petición antes de ese momento. En efecto, de dichas pruebas se desprende que en oficio del 28 de noviembre de 1996 dirigido a la representante legal de la compañía, el doctor Velásquez Uribe adujo la existencia de contrato de trabajo entre él y la empresa; después el 9 de diciembre del mismo año solicitó la consignación do sus cesantías en Protección S.A.

De manera que en estricto sentido es equivocada la afirmación del tribunal, pero tal desatino resulta intrascendente pues lo que éste en el fondo quiso decir es que una muestra de que el contrato celebrado era de prestación de servicios consistió en que el actor siendo “un distinguido profesional del derecho, con amplia trayectoria en el ámbito laboral... nunca, durante el largo desarrollo de la relación reclamó de la accionada el pago de las prestaciones sociales”, aserción que en lo fundamental no es socavada por el hecho de que unos meses antes y luego de más de 20 años de prestación de servicios haya reclamado en tal sentido.

De acuerdo con lo discurrido no incurrió el ad quem en los yerros probatorios que se le endilgan; por consiguiente, se desestima el cargo».

(Sentencia de casación, julio 17 de 2001. Radicación 16.208. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Isaac Náder).

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