Sentencia 16208 de septiembre 20 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 6600123310003699 01 (16.208)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Jhon Fredy Restrepo Parra

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Asunto: apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D.C., veinte de septiembre de dos mil siete.

EXTRACTOS: «Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el día 30 de noviembre de 1998, mediante la cual se decidió:

“1º Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional) de las lesiones de que fuera sujetó (sic) Jhon Fredy Restrepo Parra, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar, anotadas en la parte motiva de esta decisión.

2º Como consecuencia de lo anterior, se condena a la entidad mencionada a pagar por concepto de perjuicios morales: El equivalente en pesos, moneda legal colombiana, a seiscientos (600) gramos oro para Jhon Fredy Restrepo Parra.

3º Se deniegan las demás súplicas de la demanda”.

I. Antecedentes

1. La demanda.

En escrito presentado el día 27 de mayo de 1997, los señores Jhon Fredy Restrepo Parra, Javier Restrepo Duque y las señoras Amparo Parra Restrepo, Carolina Restrepo Parra, Jacqueline Restrepo Parra, María Maday Restrepo Yepes y Lucrecia Restrepo de Parra, actuando a través de apoderado judicial, formularon acción de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declare administrativamente responsable por los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados, como consecuencia de las lesiones físicas ocasionadas al primero de los actores por parte de un agente de la Policía Nacional con un arma de dotación oficial, en hechos ocurridos el día 5 de diciembre de 1996 (fls. 22 a 66, cdno. ppal.).

(...).

II. Consideraciones de la Sala

En la demanda se alegó que el daño sufrido por los demandantes tuvo su origen en las lesiones físicas ocasionadas al señor Jhon Fredy Restrepo Parra, por parte de un agente de policía, a través de su arma de dotación oficial; previo a determinar si en el presente caso se configura la responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho que se le imputa, la Sala determinará el mérito probatorio de algunas pruebas allegadas a este juicio, las cuales fueron trasladadas de otros procesos.

Al expediente se trajo copia auténtica de las actuaciones judiciales y administrativas adelantadas por la Fiscalía Treinta Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal y por la Policía Nacional, dentro de la investigación penal y disciplinaria, respectivamente, por las lesiones personales causadas a Jhon Fredy Restrepo Parra; allí se encuentran contenidos una serie de documentos y unos testimonios, cuya valoración probatoria en este juicio, será definida a continuación.

El Código Contencioso Administrativo dispone, en materia de pruebas, que en los procesos seguidos ante esta jurisdicción se aplicarán, en cuanto resulten compatibles con sus normas, las del Código de Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración (art. 168). De este modo, se acude a las normas del mencionado estatuto procesal civil en cuya virtud establece que las pruebas trasladadas son apreciables, sin mayores formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella (art. 185).

Al respecto, se observa que la parte demandante solicitó dentro de la demanda que se allegaran a este juicio las pruebas practicadas en desarrollo de la instrucción penal y administrativa, por los hechos ocurridos el 5 de diciembre de 1996; esas pruebas fueron allegadas al proceso en debida forma, dado que fueron pedidas oportunamente (1) (fls. 59 y 60, cdno. ppal.), decretadas por el a quo en el auto de pruebas (fl. 83, cdno. ppal.) y aceptadas o convalidadas expresamente por la entidad demandada, toda vez que esta dentro del capítulo de pruebas de la contestación de la demanda, señaló: “Con el fin de que obre como prueba, sean tenidas en cuenta y apreciadas por el honorable magistrado de la causa al momento de proyectar el respectivo fallo, me permito manifestar que me adhiero íntegramente a las solicitadas por la parte actora, y me acojo a las que determine su señoría” (fl. 80, cdno. ppal.).

Esta corporación ha sostenido que la exigencia legal de la ratificación de la prueba testimonial trasladada del proceso penal y de actuaciones administrativas, puede entenderse suplida a través de la admisión probatoria de quien en el proceso original no la contradijo, no la pidió o no se recepcionó con su audiencia, como quiera que la admisión o el decreto de la prueba a su propia voluntad o por su solicitud, representa la renuncia al derecho de contradicción y admite que la prueba sea valorada sin necesidad de dicha ratificación (2) y, por tanto, no le es dable al fallador desconocer su interés para exigir el cumplimiento de una formalidad cuyo objeto es la protección del derecho sustancial (CPC, art. 228) (3) .

Por consiguiente, las declaraciones rendidas dentro de las pruebas trasladadas serán valoradas en este juicio, así como también lo serán los documentos públicos traídos de los procesos penal y disciplinario, dado que la parte contra quien se oponen, esto es la entidad demandada, se allanó expresamente a tales pruebas al contestar la demanda.

En la demanda se alegó que el daño sufrido por los demandantes tuvo su origen en las lesiones físicas ocasionadas al señor Jhon Fredy Restrepo Parra, por parte de un agente de policía, a través de su arma de dotación oficial, hecho que se encuentra acreditado a través de los siguientes medios de prueba:

1. Copia de la investigación penal adelantada por la Fiscalía Treinta Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal contra el agente de policía Edinson Antonio Bedoya Garzón, por las lesiones personales culposas ocasionadas a Jhon Fredy Restrepo Parra, el día 5 de diciembre de 1996, dentro de la cual se destacan, a su vez, las siguientes pruebas:

1.1. Copia de la historia clínica del señor Jhon Fredy Restrepo Parra (fls. 43 a 88, cdno. 2), de la cual se puede extraer la siguiente información:

— El lesionado fue atendido en urgencias del ISS, el día 5 de diciembre de 1996 debido a una herida por arma de fuego en la boca (fl. 56, cdno. 2).

— Fue remitido de Santa Rosa de Cabal el 5 de diciembre de 1996, por herida con arma de fuego en boca sin orificio de salida (fl. 58, cdno. 2).

— Tac cerebral simple, efectuado el día 5 de diciembre de 1996, el cual arrojó:

“En la radiología de localización digital se observa marcado aumento en el grosor del tejido blando prevertebral, con disminución en el calibre de oro y —rinofaringe—.

En secuencia axial a través de primeros segmentos vertebrales y base de cráneo de observa(sic), fractura conminutiva de la masa lateral derecha del atlas, con pérdida de los rebordes del sifón vertebral.

No hay esquirla metálicas u óseas intracanal. Mínima deformidad en sentido lateral del saco tecal.

El grosor de la médula a ese nivel se observa indemne.

Relación atiantoaxoidea, preservada.

Trayectoria de esquirla metálicas y gas desde región maxilar derecha hasta tejidos blandos en aspecto posteroexterno del lado derecho, donde se encuentra el proyectil” (fl. 59, cdno. 2).

1.2. Copia del informe de novedad efectuado por el agente José Fabio Gallego Quiceno, el día 5 de diciembre de 1996 (fl. 6, cdno. 2), en el cual se indicó:

“Respetuosamente me permito informar a ese comando la novedad presentada el día de hoy a eso de las 01:30 horas, cuando fuimos informados por parte del radio operador APB. Cuartas Valencia Alonso, que en el barrio La Hermosa Sexta (68) Etapa. Discoteca denominada ‘Mirror Night’ ubicada en dicho sector se había presentado un caso de herido con arma de fuego procediendo de inmediato a trasladarnos al lugar indicado y pidimos (sic) constatar que el lesionado había sido el señor Jhon Fredy Restrepo Parra, de 22 años de edad, natural de Santa Rosa de Cabal (...)”.

1.3. Declaración del agente de policía Luís Norberto Patiño Fernández, quien se encontraba en el lugar de los hechos; de su testimonio se destaca la siguiente información.

“(...) cuando escuché de un momento a otro un disparo en forma instantánea que procedía fuera de la barra y vi a Jhon Fredy cuando cayó al suelo, él ya venía para la barra y cayó dentro del mostrador, entones yo ahí mismo voltié (sic) a mi izquierda y observé al patrullero Bedoya, como quieto, inmóvil, como pasmado y lo único que me dijo fue: se me fue un tiro, él tenía el revólver en la mano derecha, y él siguió ahí pasmado (...)” (fl. 35 vto. cdno. 2).

1.4. Copia de la providencia emitida por la Fiscalía Treinta Delegada ante el Juez del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el día 7 de abril de 1997, mediante la cual se resolvió, en primera instancia, la situación jurídica del agente de policía Edinson Bedoya Garzón, en el sentido de decretar medida de aseguramiento (detención preventiva) en su contra, por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Jhon Fredy Restrepo Parra (fls. 110 a 117, cdno. 2).

1.5. Copia de la providencia emitida por la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Pereira, el día 25 de junio de 1997, a través de la cual se confirmó íntegramente la anterior decisión (fls. 15 a 197, cdno. 2).

1.6. Copia del informe de novedad de fecha 5 de diciembre de 1996 suscrito por el armerillo en turno de la estación de policía de Santa Rosa de Cabal, en el cual se indicó:

“Respetuosamente me permito informar a mi teniente, comandante cuarto distrito, la novedad presentada con el señor PT. Bedoya Garzón Edinson, que el día de ayer a las 13:45 horas se le hizo entrega del revólver oficial 38 largo - Smit & Wessón Nro. AAN - 6325, y doce (12) cartuchos para el mismo con el fin de realizar tercer turno de vigilancia, del cual debía hacer entrega al armerillo al término del mismo, o sea a las 22:00 horas, y este no lo hizo, desconociéndose el motivo y la razón de la no entrega, haciéndolo a las 02:30 horas, sin la respectiva munición, solo entregó una vainilla” (fl. 7, cdno. 2).

2. Copia de la investigación disciplinaria adelantada por la policía de Risaralda contra el agente de policía Edinson Antonio Bedoya Garzón, dentro de la cual resaltan las siguientes pruebas:

2.1. Copia del dictamen 1578 que da cuenta del examen de alcoholemia practicado al agente de policía Edinson Bedoya Garzón, el día 5 de diciembre de 1996, el cual arrojó:

“alcohol etílico positivo. Concentración: 121 mgrs% (ciento veintiún miligramos por ciento)” (fl. 20, cdno. 2).

2.2. Copia del concepto emitido por el funcionario investigador el día 12 de febrero de 1997, mediante el cual se solicitó declarar la responsabilidad disciplinaria del agente Bedoya Garzón por haber lesionado, con arma de fuego, al señor Jhon Fredy Restrepo Parra, sin justificación alguna (fls. 55 a 62, cdno. 3).

2.3. Copia de la decisión proferida por el comandante del departamento de policía de Risaralda, el día 24 de febrero de 1997 a través del cual se acogió el concepto emitido por el funcionario investigador (fls. 64 a 68, cdno. 3).

3. Oficio 0156 de marzo 24 de 1998 suscrito por el comandante de la estación de policía de Santa Rosa de Cabal (fl. 51, cdno. 2), mediante el cual certificó:

“(...) para el día 05/12/96, el señor patrullero Bedoya Garzón Edinson Antonio, se encontraba adscrito a la estación de policía de Santa Rosa de Cabal, donde se desempeñaba como jefe de una escuadra de vigilancia, realizando el tercer turno de vigilancia, de las 14:00 a las 22:00 horas, debiendo regresar al día siguiente 06/12/96, a las 7:00 horas, a realizar el segundo turno de vigilancia”.

4. Copia simple del registro de anotaciones de la policía de Santa Rosa de Cabal (allegado por la unidad de recursos humanos de dicha entidad), en la cual obran las siguientes observaciones del día 5 de diciembre de 1996 a las 0:30 y 01:30 horas, respectivamente:

“A esta hora recibo comunicación de Flórez Baldón comandante de guardia de que en la discoteca Mirror Nigth había herido y que allí se encontraban el AG. Bedoya y el AG. Patiño. De inmediato informé a la patrulla móvil para que se desplazara a ese lugar (...)”. (fl. 55, cdno. 3) - (se destaca).

______________________________________________________

“A esta hora fuimos informados por radio que en la discoteca Nigth Club Mirror ... se presentó el caso de un lesionado con arma de fuego, de inmediato acudimos al lugar para verificar lo sucedido y en efecto pudimos comprobar que el herido ya lo habían trasladado hasta el hospital San Vicente de Paúl y la primera información recibida al respecto fue que se habían lesionado ... al señor Jhon Fredy Restrepo Parra” (fl. 52, cdno. 2).

5. Acta de posesión S NRO de fecha 1º de diciembre de 1992 del agente de policía Edinson Antonio Bedoya Garzón, quien fue nombrado en la policía del departamento de Risaralda mediante Resolución 10036 de noviembre 13 de 1992 (fl. 47, cdno. 1).

6. Constancia emitida por el jefe de la unidad de recursos humanos de la policía de Risaralda, el día 30 de marzo de 1998 a través de la cual se certificó que el día 5 de diciembre de 1996, el agente Edinson Antonio Bedoya Garzón se encontraba vinculado a la estación de policía de Santa Rosa de Cabal (fl. 50, cdno. 1).

De conformidad con el material probatorio antes descrito, se encuentra probado que el señor Jhon Fredy Restrepo Parra fue lesionado en su cara por un miembro de la Policía Nacional con su arma de dotación oficial, quien, encontrándose en funciones propias del servicio, ingresó el día 5 de diciembre de 1996 a un establecimiento público denominado “Mirror Nigth” y, encontrándose en dicho lugar, el uniformado procedió a ingerir bebidas alcohólicas y posteriormente le disparó al señor Restrepo Parra en una ocasión, hecho que constituye una evidente falla en el servicio de la administración, lo cual permite endilgarle responsabilidad patrimonial al ente público demandado por ese hecho.

Indemnización de perjuicios

Establecida entonces la responsabilidad extracontractual de la entidad demandada como consecuencia de las heridas causadas al señor Jhon Fredy Restrepo Parra por parte de un agente del Estado, se procederá a establecer si se encuentra acreditada, o no, la causación de los perjuicios materiales e inmateriales reclamados por los actores, lo cual constituye precisamente el objeto del recurso de apelación.

• Perjuicio moral

Frente a la indemnización por los perjuicios morales derivados de las lesiones corporales padecidas por un pariente cercano, esta Sección del Consejo de Estado, de manera reiterada, ha establecido que debe distinguirse si las lesiones padecidas por la víctima fueron graves o leves.

En el primer supuesto, basta la prueba de la existencia de la lesión y el parentesco para que los perjudicados indirectos tengan derecho a la indemnización, toda vez que se ha inferido de estos dos hechos el dolor moral. En el segundo supuesto, es necesario acreditar, además, que la lesión sufrida por el damnificado les produjo dolor moral (4) ; es así como se ha dicho (5) :

“En el segundo caso, es decir indemnización por perjuicios morales ocasionados por lesiones “leves”, deben distinguirse las siguientes situaciones:

para la víctima directa: una vez prueba el daño antijurídico por lesión leve, es claro, que tiene derecho a la indemnización por perjuicio moral; es de la naturaleza de los seres humanos que cuando sufren directamente el impacto de una lesión física así sea leve, quien la soporta padece con ella; pero

para las víctimas indirectas —como en este caso damnificado— es necesario demostrar la lesión leve, el vínculo de afecto (que se es damnificado) y además que aquella lesión les produjo dolor moral; en este tipo de lesión, la jurisprudencia no infiere padecimiento moral de los dos hechos primeramente mencionados” (6) (negrillas del original).

En el presente caso, los demandantes Javier Restrepo Duque, Amparo Parra Restrepo, Carolina Restrepo Parra, Jacqueline Restrepo Parra, María Maday Restrepo Yepes y Lucrecia Restrepo acreditaron ser, respectivamente, el padre, la madre, las hermanas y la abuela materna de Jhon Fredy Restrepo Parra (lesionado), parentesco del que dan cuenta los registros civiles de nacimiento y la partida eclesiástica de matrimonio de la señora Lucrecia Restrepo de Parra (7) aportados en copia auténtica (fls. 14, 16, 17, 18 y 11, respectivamente cdno. ppal.).

Así mismo, obran en el plenario las declaraciones rendidas ante el a quo de los señores Guillermo Francisco Londoño Montaño, Jesús Eduardo García Tamayo y de la señora María Stella Marín Giraldo, quienes conocen a la familia Restrepo Parra de mucho tiempo atrás y son vecinos de la misma; los testigos fueron contestes al señalar que la lesión padecida por Jhon Fredy Restrepo Parra les causó a sus padres, hermanas y abuela un padecimiento y aflicción moral, por cuanto estos integraban un grupo familiar muy unido, el cual se desintegró a partir de que el señor Jhon Fredy fue herido, pues esta persona debió irse de su casa y domiciliarse en otra ciudad debido a las constantes amenazas que en su contra se han presentado a partir de ese momento (fls. 17 a 22, cdno. 1).

Por lo anterior, se encuentra acreditado el padecimiento moral que les produjo la lesión corporal padecida por su pariente, cuya intensidad está directamente vinculada a la gravedad de la lesión (8) . Las siguientes pruebas acreditan la lesión padecida por el señor Restrepo Parra:

— Examen médico efectuado por la división de empleo y seguridad social médico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - regional Risaralda, en el cual consta:

“(...) Está mentalmente normal. En cuello hay una cicatriz rendida en piel, al parecer causada por orificio de entrada de la bala, en región posterior, lado derecho del cuello. La movilidad del cuello es normal. La faringe es normal. No hay presencia de sangre ni de coágulos sanguíneos en el momento. No hay signos inflamatorios ni de abscesos en el momento. Las extremidades superiores son normales. El tórax es normal. Sistema nervioso: mentalmente normal; pares craneanos normales; motor normal; sensibilidad normal; equilibrio normal; Reflejos osteotendinosos normales; no hay reflejos patológicos.

Conclusión: De acuerdo al concepto de los cirujanos y al examen físico practicado, en el momento no hay deficiencias y por lo tanto tampoco hay discapacidades, ni minusvalías" (fls. 69 y 70, cdno. 1).

— Informe emitido por la sociedad neurológica del ISS - Risaralda, en el cual se indicó:

“Junta decisiones neurocx certificamos que el pte Jhon F. Restrepo ha sido tratado por el servicio de neurocirugía en la Clínica Pio XII, en el momento se encuentra en buen estado neurológico y no tiene secuelas neurológicas incapacitantes” (fl. 67, cdno. 1).

Así las cosas, en consideración a la intensidad de la lesión padecida por la víctima, se reconocerá a favor de sus padres, un monto de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno; a favor de sus hermanas 8 salarios mínimos legales y, para la abuela (9) , un monto de 4 salarios mínimos, lo anterior por concepto de perjuicios morales.

Ahora bien, en relación con la indemnización otorgada al lesionado por esta clase de perjuicios, la Sala la modificará para efectos de reconocerla en salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El a quo reconoció un monto de 600 gramos de oro a favor del señor Jhon Fredy Restrepo Parra, los cuales a la fecha de esta sentencia equivalen a la suma de $ 24’282.996,00 (10) ; esta cifra equivale a 55.9 salarios mínimos (11) , los cuales serán reconocidos a favor del actor.

• Perjuicios materiales

La Sala confirmará en este punto la decisión de primera instancia, en cuanto negó el reconocimiento de perjuicios materiales a favor tanto del lesionado como de sus familiares, dado que no obra en el proceso prueba alguna que permita establecer la causación de tales perjuicios.

Según se observa, la parte actora pidió en la demanda —a título de daño emergente futuro—, la indemnización de perjuicios consistente en el pago que el lesionado supuestamente incurriría por concepto de servicios médicos especializados de carácter permanente; por el valor de los medicamentos que debería consumir y por las erogaciones que, por vía de hospitalizaciones y servicios médico quirúrgicos, llegaría a cancelar.

Y por concepto de lucro cesante (futuro y consolidado), se solicitó todo aquello dejado de percibir por Jhon Fredy Restrepo Parra, con fundamento en el salario mínimo legal.

Las anteriores peticiones se fundamentaron en el dictamen médico legal y la consiguiente reducción de la capacidad laboral que llegare a dictaminársele al lesionado a lo largo del proceso.

Pues bien, según se probó en el proceso, las lesiones causadas a Jhon Fredy Restrepo Parra no le significaron disminución alguna en su capacidad laboral, así como tampoco le generaron secuelas de alguna naturaleza, dado que —según se concluye de las evaluaciones médicas practicadas al lesionado—, la herida causada por el proyectil no perturbó ni física ni funcionalmente algún órgano o parte de la boca, de la cara o del cuello del actor, motivo por el cual, es claro que dicha persona no quedó con limitación alguna que le impida desarrollar sus labores normales de vida y, por ende, continuar ejecutando sus labores u oficios a los cuales se dedicaba cotidianamente, tal como pretendió demostrarlo, sin prosperidad, la parte actora.

Si bien los testimonios rendidos en el proceso dan cuenta, en principio, de que el señor Restrepo Parra no pudo volver a trabajar como consecuencia de la lesión que se le causó, lo cierto es que en este caso la prueba idónea para acreditar esos señalamientos la constituye, indiscutiblemente, el dictamen médico legal emitido por la división de empleo y seguridad social médico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el cual se sustentó, además, en el informe efectuado por la sociedad neurológica del ISS - Risaralda, cuyos resultados coincidieron en dictaminar que el señor Restrepo Parra no presentaba deficiencias o secuelas neurológicas ni físicas que lo incapacitaran y mucho menos que determinaran una disminución de su capacidad laboral.

De este modo, se acreditó en el proceso un hecho completamente distinto a lo señalado en la demanda y a lo dicho por los testigos dentro de sus declaraciones, motivo por el cual, estas últimas carecen de eficacia probatoria en ese sentido, a lo cual se agrega que ambos exámenes médicos fueron emitidos con posterioridad a que los declarantes rindieran sus testimonios ante el a quo, circunstancia que sustenta, con mayor claridad, que esos medios probatorios —para efectos de acreditar que el lesionado sufrió daños físicos de carácter permanente y, por ende, disminución de su capacidad laboral—, no poseen virtud probatoria.

De otro lado, no se allegó al proceso prueba alguna que acredite, con certeza, que la parte actora tuvo que incurrir en gastos médicos, quirúrgicos u hospitalarios, tal como se sostiene en la demanda; al respecto cabe advertir que aunque se probó que Jhon Fredy Restrepo Parra fue atendido en varias oportunidades en el Instituto del Seguro Social, tal circunstancia por sí sola no demuestra, con certeza suficiente, cuánto fue el costo de su atención y mucho menos que este haya sido asumido por él o por alguno de los actores, para efectos de que deba ser resarcido.

La Sala no acepta, en modo alguno, el argumento expuesto por la parte recurrente, según el cual debió el a quo decretar, de manera oficiosa, las pruebas tendientes a acreditar la causación del perjuicio material que supuestamente se le causó al lesionado; este cargo no es de recibo, como quiera que si bien el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, faculta al juez para decretar pruebas de manera oficiosa, lo cierto es que en procesos contenciosos o controversiales como el presente, el juez —bajo pretexto de contar con dicha potestad—, no puede descargar a las partes de sus deberes probatorios, puesto que incurriría en una violación flagrante de los artículos 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, así como también se estarían vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del interviniente que resulte afectado.

Aunque el juez deba cumplir un papel activo dentro del trámite procesal, pues a este le corresponde dirigir el proceso, aquel —en su función de administrar justicia—, debe actuar de conformidad con los límites y procedimientos señalados en la ley. De allí que no sea admisible que cada vez que alguna de las partes omita allegar al proceso las pruebas tendientes a probar los supuestos de hecho en que se fundamentan sus pretensiones o su defensa, sea el juez quien deba entrar a llenar tales vacíos o deficiencias probatorias, so pretexto de que actúa amparado bajo la facultad oficiosa que le asiste para decretar pruebas, puesto que tal prerrogativa solo puede ser ejercida cuando quiera que existan dudas o puntos oscuros respecto de un determinado tema (CCA, art. 169), lo cual, en nada exime del deber probatorio que radica en cabeza de las partes (12) .

A lo anterior se añade aquello reiterado por esta Sección del Consejo de Estado, en el sentido de que el juez no está autorizado para eximir de prueba los hechos alegados por las partes, como fundamento de sus pretensiones y defensa, salvo que el legislador se lo imponga. De allí la importancia de establecer claramente la diferencia entre las presunciones legales y aquellas que elabora el juez con fundamento en hechos debidamente probados en el proceso, dando lugar a la construcción de indicios, medio probatorio regulado por nuestra legislación procesal civil (13) .

En consecuencia, la decisión del a quo en cuanto denegó la indemnización de perjuicios materiales a favor del lesionado fue acertada y, por consiguiente, amerita confirmación.

Condena en costas

La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte demandada, habida cuenta que no está probada dentro de la actuación una conducta temeraria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia apelada, esto es la dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el día 30 de noviembre de 1998, la cual quedará así:

1) DECLARAR administrativamente responsable a la Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional de la lesión sufrida por el señor Jhon Fredy Restrepo Parra, el día 5 de diciembre de 1996, en las circunstancias descritas en la parte motiva de esta sentencia.

2) CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a los demandantes las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales:

— A favor de Jhon Fredy Restrepo Parra (lesionado), un monto de 55.9 salarios mínimos legales.

— A favor de Javier Restrepo Duque y Amparo Parra Restrepo (padres), un monto de 15 salarios mínimos legales.

— A favor de Carolina Restrepo Parra, Jacqueline Restrepo Parra y María Maday Restrepo Yepes (hermanas), un monto de 8 salarios mínimos legales.

— A favor de Lucrecia Restrepo (abuela), un monto de 4 salarios mínimos legales.

3) DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4) Sin condena en costas.

2. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

3. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

4. Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

5. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Al respecto, debe precisarse que la parte demandante solicitó en la demanda que se oficiara al Juzgado 31 de Instrucción Penal Militar para que remitiera esa prueba; sin embargo, mediante Oficio 1559 de agosto 21 de 1997 dicho juzgado manifestó que las diligencias penales habían sido remitidas a las fiscalías locales de Santa Rosa de Cabal por ser de su competencia (fl. 7, cdno. 1), razón por la cual el tribunal requirió a la unidad local de fiscalías para que remitiera copia del proceso penal (fl. 10, cdno. 1). Dicho ente fue el que remitió la prueba trasladada (fl. 12, cdno. 1) la cual obra, en su integridad, en el cuaderno 2 del expediente.

(2) En este sentido, ver sentencias de abril 22 de 2004, expediente 15.088 y de agosto 11 de 2005, expediente 15.649.

(3) En este sentido se pronunció la Sala en Sentencia 13.247 del 2 de mayo de 2002. Actor: José Octavio Prado, reiterada en sentencia de diciembre 4 de 2006, expediente 15.723.

(4) Ver auto de fecha 30 de marzo de 2006, expediente 30.547; reiterado recientemente en sentencia de junio 7 de 2007, expediente 16.425.

(5) Ver, entre otras, sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 12.384; del 14 de septiembre de 2000, expediente 12.166; del 20 de abril de 2005, expediente 15.247.

(6) Sentencia de 28 de octubre de 1999. Expediente 12.384. Demandante: Luis Eudoro Jojoa Jojoa. Demandada: Nación (Ministerio de Defensa).

(7) Partida eclesiástica de matrimonio de Elías Parra y Lucrecia Restrepo; consta que se celebró el día 29 de agosto de 1940. Este medio de prueba es eficaz para probar este acto del estado civil por virtud de lo dispuesto en el Decreto 1260 de 1970.

(8) En este sentido ver sentencia de abril 20 de 2005, expediente 15.247; M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(9) La Sala presumió la existencia de daño moral para los abuelos de la víctima, en sentencia del 31 de mayo de 2001, expediente 13.005; posteriormente, en sentencia de octubre 31 de 2001, expediente 13.767, se dijo:

“En cuanto a los perjuicios solicitados por los abuelos, se venía sosteniendo que se requería probar el daño, el parentesco y el perjuicio; posición que se ha venido flexibilizando a favor de los demandantes, cuando estos al menos demuestren la convivencia con la víctima del daño. En efecto, una vez acreditada la relación de parentesco, la Sala ha establecido una presunción de existencia del daño moral, respecto de los parientes más próximos del fallecido, como son los padres, los cónyuges, los hijos, los hermanos y los abuelos, así como la necesidad de probar la ocurrencia del mismo, para los demás familiares, y en general, para aquellas personas que experimenten dolor y aflicción, con motivo de la muerte de la víctima” (negrilla fuera de texto).

(10) En razón a que el valor del gramo oro a 10 de junio de 2007, equivale a $ 40.471.66.

(11) lo cual resulta de dividir el valor de 600 gramos oro a la fecha de la sentencia entre el salario mínimo legal del año 2007 ($ 24’282.996 / $ 433.700).

(12) Ver auto de esta Sección del Consejo de Estado de fecha marzo 28 de 2007, expediente 28.145.

(13) Al respecto, se pronunció la Sala en sentencia de diciembre 4 de 2006, expediente 16.188.

__________________________