Sentencia 16210 de septiembre 25 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2005-00257-01 (16210).

Consejera Ponente:

Dra. María Inés Ortiz Barbosa

Actor: Distribuidora Comercial de Lentes Ltda. Dicolentes Ltda.

Bogotá, D.C., veinticinco de septiembre de dos mil ocho.

FALLO

EXTRACTOS: «Antecedentes

Mediante la Resolución 2081 de marzo 20 de 2003, confirmada con la número 8621 de octubre 16 de 2003, la Administración Especial de Aduanas de Bogotá impuso a la sociedad actora una sanción de $ 60.390.696.

El 7 de mayo de 2003 con la Resolución 3785 se le impuso a Dicolentes Ltda. una sanción equivalente a $ 254.974.535 [confirmada mediante la Resolución 10088 de diciembre 5 de 2003].

Con los recibos oficiales de pago de tributos aduaneros y sanciones cambiarias números 01020030598510 de junio 28 de 2004 por valor de $ 24.156.278 y 01020030598528 de la misma fecha, por $ 101.989.814, canceló el cuarenta por ciento (40%) de las sanciones referidas.

El 29 de junio de 2004, el representante legal de la compañía presentó solicitud de conciliación de terminación por mutuo acuerdo radicadas con los números 029396 y 029395, de conformidad con la prerrogativa que concedía la Ley 863 del 2003 reglamentada por el Decreto 412 de 2004.

El Comité especial de conciliación y terminación por mutuo acuerdo de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá, el 27 de julio de 2004 por medio de Acta Nº 31 decidió negar la terminación por mutuo acuerdo presentada y en la parte resolutiva del acto se abstuvo de relacionar a la sociedad demandante.

Por ello, mediante el Auto Nº 48651 de octubre 8 de 2004, el comité adicionó el artículo segundo del acta mencionada, para incluir en la notificación a la sociedad Distribuidora Comercial de Lentes Ltda., Dicolentes Ltda., con NIT 800.021.889-2 ubicada en Bogotá en la Carrera 10 Nº 18-36 oficina 901, además de conceder los recursos de ley, notificado en forma personal el 15 de octubre de 2004.

El 25 de octubre de 2004 interpuso recurso de reposición contra el acta de conciliación citada, decidido mediante la Resolución 03-072-1340-930 de diciembre 2 de 2004, en el sentido de confirmarla.

(...).

Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la Administración de Aduanas de Bogotá negó la terminación por mutuo acuerdo propuesta por la sociedad Distribuidora Comercial de Lentes, Dicolentes Ltda.

Antes de conocer de fondo el asunto relacionado con una presunta violación del debido proceso por la falta de notificación dentro del plazo legal del acta de terminación por mutuo acuerdo del 27 de julio de 2004, dado que tan sólo se dio a conocer a la actora con su adición realizada mediante el Auto Nº 48651 notificado personalmente el 15 de octubre del mismo año, es pertinente establecer si se configura la excepción de indebido de agotamiento de la vía gubernativa declarada por el tribunal, al omitir interponer el recurso de apelación respectivo.

En primer lugar esta Sala señala que la finalidad de agotar la vía gubernativa como presupuesto para la procedibilidad de la acción contencioso administrativa [CCA, art. 135 (1) ], es otorgar al administrado la oportunidad de obtener una revisión de la decisión contenida en el acto administrativo, mediante su revocación, modificación o aclaración, y por ende, la satisfacción o protección de sus derechos o intereses individuales, sin necesidad de acudir ante la autoridad judicial y, de otra parte, brindar a la administración la oportunidad de examinar su determinación y subsanar las irregularidades y errores en que hubiere incurrido, para de encontrarla ilegal permitir su rectificación e incluso retirarla del mundo jurídico.

De la lectura de los artículos 63 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con los artículos 51 y 62 ib., se advierte que se produce el agotamiento de la vía gubernativa i) cuando el acto no es susceptible de recurso, ii) cuando los recursos han sido resueltos por acto expreso o presunto o iii), cuando se ha dejado de interponer el recurso de reposición y/o queja, que no son obligatorios.

Así las cosas, los eventos que dan lugar al agotamiento del debate en sede administrativa son:

i) Cuando el acto no es susceptible de recurso, lo que permite accionar directamente contra él;

ii) Cuando siendo susceptible únicamente de recurso de reposición, el interesado no lo interpone por vencimiento del término, renuncia o desistimiento del mismo, o una vez interpuesto es decidido con acto expreso o presunto originado en el silencio administrativo;

iii) Cuando es impugnable a través del recurso de apelación, y el interesado lo interpone directamente o de manera subsidiaria y es resuelto por actuación expresa o al configurarse el silencio administrativo; y

iv) Cuando la autoridad impide que el interesado haga uso de los recursos.

Entonces, cuando el acto administrativo es susceptible de ser controvertido con el recurso de apelación, para que ocurra el agotamiento de la vía gubernativa como presupuesto previo e indispensable para demandarlo ante la justicia administrativa, es obligatorio interponerlo directamente o como subsidiario del de reposición [CCA, arts. 51 y 62, numeral segundo].

En el caso en estudio, la Sala observa que la sociedad Dicolentes Ltda. elevó petición el 30 de junio de 2004 (fls. 42 y 44 c.a.) para acogerse a la figura de “terminación por mutuo acuerdo” que consagraba el artículo 39 de la Ley 863 de 2003, reglamentada por el Decreto 412 del mismo año, en relación con sanciones impuestas en las resoluciones 2081 y 3735 de marzo 20 y mayo 7 de 2003 respectivamente, por infracciones al régimen cambiario.

El comité especial de conciliación y terminación por mutuo acuerdo de la Administración de Aduanas de Bogotá mediante el Acta Nº 31 de julio 27 de 2004 (fls. 46 a 58 c.a.), rechazó la transacción por estar en firme las actuaciones administrativas, en donde la Sala advierte que si bien en el artículo segundo omitió notificar la actuación a la sociedad demandante, en el tercero dispuso que debía advertirse “al interesado que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante el comité especial de conciliación y terminación por mutuo acuerdo de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá y apelación ante el comité de defensa judicial y de conciliación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el nivel central, los que deberán interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente proveído, de acuerdo a lo establecido por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo” (negrilla fuera de texto).

Ante la omisión en la notificación, el ente fiscal adicionó el acta mencionada con el Auto 48651 (oct. 8/04, fl. 64 ib.), notificado personalmente a la sociedad actora el 15 de octubre de 2004, en donde en los mismos términos le informó de los recursos de reposición ante el comité de conciliación y terminación por mutuo acuerdo de la Administración de Aduanas de Bogotá y el de apelación ante el “Comité” de la DIAN del nivel central.

Lo anterior en cumplimiento de lo normado en el artículo 12 inciso quinto del Decreto 412 de 2004, que a la letra dice:

“Conforme al título II del libro primero del Código Contencioso Administrativo, contra la decisión negativa del comité de defensa judicial y de conciliación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el nivel central procede únicamente el recurso de reposición;contra la decisión negativa del comité especial de conciliación y terminación por mutuo acuerdo en el nivel local proceden los recursos de reposición y apelación, este último ante el comité de defensa judicial y de conciliación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el nivel central” (negrilla fuera de texto).

En el sub lite la Sala observa que la sociedad Distribuidora Comercial de Lentes, Dicolentes Ltda., interpuso solamente recurso de reposición el 25 de octubre de 2004 (fI. 34 e. rad. 0975) contra el Acta Nº 31 de julio 27 de 2004, adicionada por el Auto Nº 48651 [8-oct-04] para su debida notificación personal el 15 de octubre del mismo año, sin que se advierta la interposición directa o subsidiaria del recurso de apelación.

Por tanto, a pesar de la irregularidad cometida por la entidad demandada de omitir mencionar a la actora entre las entidades a quienes se les debía notificar el acta que decidió la terminación por mutuo acuerdo, a través de un segundo acto administrativo [Auto] para garantizarle el derecho de contradicción y el debido proceso [C.P., art. 29] corrigió esa falencia e informó sobre los medios de defensa con los que contaba para desvirtuar su legalidad, entre ellos, el recurso de apelación, que por su carácter obligatorio, al prescindir interponerlo acarrea que se configure la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa e impida emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las pretensiones de la demanda.

De manera que la falta de incoar el recurso de apelación como requisito para finiquitar el trámite administrativo, da lugar a que se declare la excepción de “falta de agotamiento de la vía gubernativa” por lo que en este aspecto la Sala modificará la sentencia de primer grado, que la declara probada por “indebido agotamiento” de la misma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE el numeral primero de la sentencia apelada así:

1. Declarar probada de oficio la excepción de “falta de agotamiento de la vía gubernativa”.

En lo demás se confirma la providencia impugnada.

RECONÓCESE personería para actuar a nombre de la entidad demandada a la abogada Biviana Nayibe Jiménez Galeano en los términos del poder conferido.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) El artículo 135 del Código Contencioso Administrativo reza “La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo”.

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