Sentencia 16213 de agosto 14 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

María Inés Ortiz Barbosa

Bogotá D.C., catorce de agosto de dos mil ocho.

Rad.: 25000-23-27000-2003-01843-01 (16213)

Actor: Eduardo Alberto Rojas Bernal

(...).

EXTRACTOS: «Antecedentes

El 26 de mayo de 1999 el actor presentó declaración de renta y complementarios por el año gravable de 1998, corregida el 23 de julio de 1999.

Mediante el Auto de Apertura 101-320632001002207 de mayo 14 de 2001, la Administración de Impuestos Nacionales de Personas Naturales inició investigación por el programa integral de información exógena.

El 24 de agosto de 2001 se profirió el requerimiento especial 320632001000295, el que propuso la modificación de la liquidación privada de renta de 1998, al considerar que no estaba amparada por el beneficio de auditoría, dado que por el monto del patrimonio derivado de la actividad comercial del actor, debía presentarla firmada por contador público. Por ende, adujo una adición de ingresos de $ 225.183.000, un impuesto sobre la renta gravable de $ 94.399.000, anticipo por el año gravable de 1998 de $ 68.538.000, sanción por inexactitud de $ 126.102.000, extemporaneidad de $ 189.000, para un total saldo a pagar de $ 220.823.000.

Previa respuesta a la actuación mencionada, se expidió la Liquidación Oficial de Revisión 320642002000136 de mayo 20 de 2002, en los mismos términos planteados en el requerimiento especial.

El 19 de julio de 2002 el accionante interpuso recurso de reconsideración, decidido mediante la Resolución 320662003000031 de junio 12 de 2003, en el sentido de confirmar el acto oficial de revisión.

(...).

Consideraciones de la Sala

Debe la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de primer grado que anuló los actos administrativos que modificaron la declaración de renta del año gravable de 1998, a cargo del señor Eduardo Alberto Rojas Bernal.

El asunto jurídico a dilucidar se concreta en determinar si el actor estaba cobijado por el beneficio de auditoría consagrado en el artículo 22 de la Ley 488 de 1998, o si por el contrario, como lo sostiene la entidad demandada el hecho de haber presentado la declaración de renta inicial con error en la actividad económica y con omisión de la firma de contador público por el tope de patrimonio declarado, origina la pérdida de la firmeza de la declaración de renta de la vigencia fiscal de 1998, y en consecuencia procedía su modificación para adicionarle ingresos. En el evento en que la Sala encuentre que no se cumplen con los presupuestos normativos para dicha figura fiscal, se estudiarán las glosas planteadas en los actos oficiales.

El artículo 22 de la Ley 488 de 1998 establecía:

ART. 22.—Beneficio de auditoría para el impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable de 1998. Adiciónase el estatuto tributario con el siguiente artículo:

“ART. 689-1.—Beneficio de auditoría por el año gravable de 1998. La liquidación privada del año gravable de 1998 de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que incrementen su impuesto neto de renta en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) frente al impuesto neto de renta del año gravable 1997, quedará en firme dentro de los seis (6) meses siguientes a su presentación oportuna, siempre y cuando cancelen el valor a cargo por dicha vigencia dentro de los plazos que se señalen para el efecto.

Dicho término de firmeza no será aplicable en relación con las liquidaciones privadas del impuesto sobre las ventas y de retención en la fuente, correspondiente a los períodos comprendidos en el año 1998, las cuales se regirán en esta materia por lo previsto en los artículos 705 y 714 del estatuto tributario.

PAR.—Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los contribuyentes del régimen tributario especial, ni a los contribuyentes que son objeto de los beneficios consagrados en materia del impuesto sobre la renta para la zona de la Ley Páez en la leyes 218 de 1995 y 383 de 1997 y para las empresas de servicios públicos domiciliarios en el artículo 211 del estatuto tributario”.

De acuerdo con el texto de la disposición legal transcrita, el legislador, a través del beneficio de auditoría, buscaba incrementar los ingresos del Estado, al permitir que los contribuyentes que aumenten en un porcentaje específico el margen de tributación en renta, obtengan dentro del plazo fijado en la ley, la firmeza de la declaración.

Para obtener el beneficio de auditoría por el año gravable de 1998, el contribuyente debía incrementar el impuesto neto de renta en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) respecto del impuesto neto de renta liquidado en la vigencia fiscal de 1997, para que el denuncio rentístico quedara en firme dentro de los seis (6) meses siguientes a su presentación oportuna, en la medida en que cancelara los valores a cargo de ese período dentro del plazo legal.

En el asunto debatido, la Sala observa que el actor en la declaración de renta inicial del año gravable de 1998 [radicada el 26 de mayo de 1999, fl. 21 c.a. # 1], dentro del plazo concedido por el artículo 12 del Decreto 2652 de 1998 [Nit 61 al 65, 27 de mayo de 1998] liquidó los siguientes valores:

— Impuesto neto de renta (LC) $ 15.585.000

— Total impuesto a cargo (FU) $ 15.585.000

— Total retenciones año gravable de 1998 (GR) $ 2.261.000

— Menos: Saldo a favor año 1997, sin dev. o com. $ 0

— Menos anticipo por el año gravable de 1998 $ 5.541.000

— Más anticipo año gravable de 1999 $ 7.935.000

— Más sanciones $ 0

— Total Saldo a pagar $ 15.718.000

Y en la parte de pagos en el total a pagar (TP) figura $ 15.718.000, suma debidamente cancelada.

Mientras que en la declaración de renta y complementarios del año gravable de 1997 (fl. 18 ib.), consignó un. impuesto neto de renta (LC) por $ 11.604.000, que al aumentarlo en un 30% como lo ordenaba la ley, equivalía a $ 15.085.000 [la diferencia es de $ 3.481.000].

El 23 de julio de 1999, corrigió la liquidación privada de renta de 1998, en cuanto a la actividad económica [8519], y en ella registró firma de contador público.

Para la administración dada la actividad económica a la que se dedica el accionante, proveniente de la verificación tributaria realizada en uno de sus establecimientos, consideró que correspondía a la contenida en el código 9241 inherente a “Actividades deportivas” definidas como la “La organización y dirección de todo tipo de actividades deportivas al aire libre y bajo techo, con la participación de profesionales y aficionados, así como la explotación de las instalaciones en las que se realizan tales actividades”, que encaja dentro de los actos mercantiles descritos en el artículo 20 del Código de Comercio [fl. 28 e. requerimiento especial].

De manera que al ostentar la calidad de comerciante, estar obligado a llevar libros de contabilidad y haber declarado un patrimonio bruto para el año fiscal de 1998 de $ 1.362.556.000, la declaración de renta debía ir firmada por contador público, de conformidad con el artículo 596 del estatuto tributario en concordancia con la actualización de valores contenida en el Decreto 3020 de 1997, de ahí que el primer denuncio rentístico [mayo 26 de 1999] que omitió ese requerimiento legal, a la luz del artículo 580 ib. literal d) se tenía como no presentado y ocasionaba la pérdida del beneficio de auditoría.

No obstante, la DIAN reconoce que omitió notificar un acto administrativo que diera como no presentada la declaración mencionada, porque a su juicio con la corrección calendada el 23 de julio de 1999 (fI. 22 c.a. # 1) el contribuyente subsanó la falencia referente a la firma de contador, por lo que a pesar de mencionar en ella que se acogía al beneficio de auditoría [casilla 5], para esa fecha se encontraba por fuera de la oportunidad legal, lo que la habilitaba para el desarrollo del respectivo proceso de determinación del tributo.

Al respecto la Sala observa que el artículo 5º del Decreto 433 de 1999 prevé como requisitos para acceder al beneficio de auditoría, vigente para la época de los hechos, los siguientes:

ART. 5º—Requisitos para tener derecho al beneficio de auditoría por el impuesto de renta de 1998. Para la procedencia del beneficio consagrado en el artículo 689-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 22 de la Ley 488 de 1998, el contribuyente deberá cumplir los siguientes requisitos, a más tardar en la fecha del vencimiento del plazo para declarar:

a) Presentar oportunamente la declaración de renta y complementarios del año gravable de 1998, con el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el estatuto tributario para considerarla debidamente presentada;

b) Determinar en dicha declaración por impuesto neto de renta un valor que supere, por lo menos en un 30%, el impuesto neto de renta determinado en la declaración de renta y complementarios del año gravable de 1997;

c) Cancelar oportunamente los valores que resulten a cargo en la declaración de renta y complementarios del año gravable de 1998.

d) Informar a la administración de impuestos y aduanas nacionales que le corresponda, enviando fotocopia de la declaración presentada por el año gravable de 1998 y prueba del pago de la totalidad de los valores a cargo. El incumplimiento de este requisito no invalida el beneficio.

El beneficio de auditoría por el año gravable de 1998 procede si se cumplen los requisitos aquí previstos, independientemente de que la declaración de renta de los años gravables 1997 o anteriores, sea modificada en el proceso de determinación oficial del impuesto.

(...) (negrillas fuera de texto).

De la norma transcrita se establece que si bien es cierto una de las exigencias allí previstas consiste en que la declaración de renta se presente con el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el estatuto tributario para considerarla debidamente presentada, no existe prohibición legal para que el contribuyente que hace uso del beneficio de auditoría pueda corregir su liquidación privada.

En efecto, se advierte que dentro del término de firmeza tanto la administración como el administrado pueden adelantar las actuaciones para la determinación correcta del tributo, derecho que no resulta restringido por el hecho de hacer uso del beneficio de auditoría. Sin embargo, la Sala advierte, que la facultad de corrección debe ajustarse a las reglas particulares del mencionado beneficio y por ello tal potestad en cabeza del contribuyente debe ejercerse dentro del término de firmeza especial.

Ahora bien, para la Sala tal facultad de corrección además de restringirse en cuanto al término, resulta limitada por los requisitos esenciales del beneficio de auditoría y que fueron antes precisados, tales como el incremento porcentual del impuesto de renta y su pago oportuno.

De acuerdo con lo anterior, en el caso, se advierte que el contribuyente cumplió con todos los presupuestos previstos en el artículo 22 de la Ley 488 de 1998, para obtener el beneficio de auditoría por el año gravable de 1998, toda vez que presentó oportunamente la declaración [antes del plazo de vencimiento, 27 de mayo de 1999], con el incremento del treinta por ciento (30%) del impuesto neto de renta liquidado en el denuncio rentístico de 1997, y el pago de la totalidad de los valores a cargo consignados en la liquidación privada.

Si bien la mencionada declaración podía tenerse como no presentada al haber omitido el contribuyente la firma del contador público estando obligado a ello, el actor hizo uso de la facultad de corrección, el 23 de julio de 1999, antes de la firmeza especial de seis meses otorgada por el legislador tributario para este tipo de prerrogativa fiscal, razón por la cual carece de fundamento legal el argumento de la administración quien sostiene la extemporaneidad de la corrección.

Así las cosas, se advierte que en el sub examine, en virtud de lo dispuesto en el artículo 588 del estatuto tributario, la liquidación presentada el 23 de julio de 1999 debió ser tenida en cuenta por la administración y respecto de ella verificar los requisitos para determinar el derecho al beneficio de auditoría, la cual como se advirtió reunió las exigencias legales para ello pues además de los requisitos específicos del beneficio fiscal cumplió los establecidos en estatuto tributario para tenerla como presentada.

En tales condiciones se observa que en el caso para el momento en el cual la entidad demandada ejerció sus facultades de fiscalización (requerimiento especial de 24-08-01), la declaración del contribuyente correspondiente al impuesto de renta año gravable 1998 se encontraba en firme y por tanto la administración carecía de competencia para modificarla.

Esta corporación reitera que el objeto del beneficio de auditoría es el de elevar y facilitar el recaudo de recursos para atender oportunamente los fines esenciales del Estado sin que ello implique que se acepten o pasen por alto posibles inexactitudes en los denuncios tributarios y por ello no puede entenderse que la finalidad del beneficio o el cumplimiento de sus requisitos legales impidan la posibilidad de que tanto la administración como el administrado puedan dentro de las condiciones especiales determinar correctamente el tributo.

Además esta corporación no comparte la posición de la demandada quien de manera ceñida a la ley anula el derecho de corrección del contribuyente que se acoge al beneficio de auditoría, pues en cada caso debe apreciarse el cumplimiento de la finalidad perseguida por el legislador al conceder tal beneficio.

Por lo antes explicado se advierte que no resulta del caso analizar el procedimiento utilizado por la administración frente a la declaración presentada inicialmente por cuanto el contribuyente presentó la declaración de corrección oportunamente y dentro de los términos legales y por ello es esta última la que tiene validez.

En consecuencia la Sala confirmará la decisión de primera instancia que anuló los actos administrativos acusados, pero con fundamento en las razones expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

RECONÓCESE personería para actuar a nombre de la Nación a la doctora Ana Isabel Camargo Ángel en los términos del poder que obra en el informativo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha».

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