Sentencia 1623 de febrero 16 de 2005 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 760011102000 200401623 01, feb. 16/2005

M.P. Temístocles Ortega Narváez

Aprobado según acta 17 del 16 de febrero de 2005.

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta contra del fallo que dictó el 16 de diciembre de 2004 el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca —Sala Jurisdiccional Disciplinaria—, dentro de la acción de tutela instaurada a través de apoderada por el doctor Rubén Pérez Echeverry contra la Caja Nacional de Previsión Social “Cajanal”, en la cual se tuteló al actor el derecho fundamental de petición.

Antecedentes

Ante la Sala de instancia el pasado 6 de diciembre el actor, actuando a través de apoderada judicial, manifestó que una vez cumplir (sic) con los requisitos de edad y después de 36 años al servicio de la rama judicial y el Ministerio Público se retiró del mismo el 4 de diciembre de 2003; el 25 de marzo de 2004 solicitó a Cajanal el reconocimiento de su pensión de jubilación teniendo en cuenta la aplicación del régimen especial para las pensiones de los empleados y funcionarios de la rama jurisdiccional y el Ministerio Público.

Transcurridos 4 meses sin que la accionada hubiese resuelto su solicitud. Operó el silencio administrativo negativo, por lo cual con data del 4 de noviembre de 2004 presentó la pertinente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra dicho acto ficto, para que se ordene a Cajanal el reconocimiento y pago de la pensión especial de los empleados y funcionarios de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público.

Considera que con su comportamiento omisivo Cajanal ha vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, mínimo vital, vida digna, estabilidad laboral y seguridad social; añadió que innumerables sentencias de la jurisdicción contencioso administrativa han ordenado a Cajanal aplicar lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 y el Decreto 1045 de 1978 y reliquidar las pensiones de los funcionarios de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público.

Agregó que su caso reviste mayor gravedad pues mientras la jurisdicción contenciosa decide de fondo la acción instaurada sufrirá un perjuicio irremediable, en tanto desde el 5 de diciembre de 2003 no percibe salario ni pensión alguna, además de hallarse desamparado por el sistema de seguridad social, más cuando durante el último año de servicio su salario ascendía a $ 3.954.648,43 y súbitamente se vio sin ingreso alguno, lo cual afecta su estabilidad y la de su familia, así como el pago generalizado de sus obligaciones.

Con tales y similares argumentos solicitó la tutela transitoria de los ya citados derechos fundamentales y ordenar a Cajanal que profiera resolución que reconozca y ordene pagar al actor su pensión de jubilación conforme al régimen previsto en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 y el Decreto 1045 de 1978, para que así se tenga en cuenta el salario más alto del último año de servicios, entendiéndose como tal todas la sumas que percibió como contraprestación de sus servicios.

A su libelo adjuntó copia de la solicitud de pensión que elevara a Cajanal, con sus respectivos anexos, así como de la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho aludida en su petitum, incluyendo el acta individual de reparto de la misma (1 a 29).

Integrado el litis consorcio necesario, la entidad accionada se abstuvo de intervenir en el decurso de la acción, al tiempo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dio cuenta de haber admitido la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el actor con data del 9 de diciembre de 2004, encontrándose actualmente pendiente de notificar a las partes.

El fallo impugnado

La Sala de instancia luego de un recuento de los hechos asumió que dentro de los derechos fundamentales cuyo amparo transitorio deprecara el actor se hallaba el de petición, y luego de consideraciones inherentes al mismo y de referencias a jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema, tuteló su derecho de petición ordenando a Cajanal que en el término de 8 días diera respuesta a la solicitud elevada por el accionante; no así los demás derechos invocados pues “como bien lo expresa de manera clara y concreta, al momento de la presentación de la acción pública no se le había expedido acto administrativo que indique que con la liquidación allí realizada se le estén violando tales derechos...”.

La impugnación

Oportunamente la apoderada actora impugnó la determinación que se acaba de sintetizar, donde manifiesta su desacuerdo con esta pues claramente demostró haber demandado el acto administrativo negativo presunto, el cual conforme al Código Contencioso Administrativo tiene plena validez jurídica, que conlleva no solo la negativa de su pensión sino obviamente la aplicación de cualquier régimen especial.

En ese orden de ideas solicitó revocar parcialmente la determinación de instancia, para que en su lugar se amparen los derechos fundamentales a que se contrajo el libelo incoatorio.

Consideraciones

1. De la tutela del derecho de petición.

Sea lo primero advertir el desconcierto de la Sala por la determinación asumida por el a quo, al entrar a tutelar un derecho fundamental cuyo amparo no fue solicitado, y que no tenía por qué serlo en tanto en el evento presente, como con claridad lo expresó la parte actora, la vulneración del derecho de petición produjo efectos jurídicos, consolidó una situación jurídica, misma que ya fue demandada por el mecanismo ordinario de defensa judicial, razón por la cual otros fueron los derechos fundamentales invocados de manera transitoria; de tal suerte, la tutela concedida y la orden impartida no hace sino caotizar la situación, en tanto se desconoce la existencia de un proceso jurisdiccional en curso, pues el acto llamado a proferirse como consecuencia del fallo haría nugatorio dicho proceso por sustracción de materia —recuérdese que se está demandando el acto ficto—.

Así las cosas, se impone en primer lugar revocar la determinación de instancia y por ende dejar sin efectos los actos que Cajanal haya podido producir como consecuencia del mismo. En consecuencia ha de procederse por la Sala, en segundo lugar, al estudio de la procedencia del amparo transitorio de los derechos realmente aducidos en el escrito de tutela.

2. De la procedencia de la acción.

Al respecto, debe advertirse que la Sala encuentra procedente la presente acción, pues además de la tardanza habitual de los procesos contenciosos, hecho que si bien no habilita per se el empleo de este mecanismo extraordinario, sí lo hace en el caso presente si se tiene en cuenta no solo que no se ha controvertido que el actor no percibe ingreso alguno desde el 5 de diciembre de 2003 sino además porque consta que fue retirado del servicio por haber llegado a la edad de retiro forzoso (Cfr. constancia visible a fl. 18) encontrándose próximo a cumplir 67 años de edad, según se sigue de la fotocopia de la cédula obrante en autos (fl. 1 vto.); circunstancias todas ellas que ameritan la intervención transitoria del juez de los derechos fundamentales.

Estas circunstancias fusionan tanto la ineficacia del mecanismo alterno como la causación de un perjuicio irremediable, como dio en reconocerlo en caso similar la Sala con ponencia de quien aquí funge en igual condición cuando al emitir el fallo de segunda instancia dentro del radicado 20019373, dijo:

“... circunstancia que de inmediato sitúa el mecanismo alternativo de defensa judicial —acción nulidad y reestablecimiento del derecho— como ineficaz en orden a permitirle el disfrute del derecho a la pensión en condiciones de vida digna, pues como persona de la especie humana se avizora la cercanía a su muerte y con ello para la decisión definitiva de su proceso bien puede haber dejado de existir, de donde no puede emerger más clara la irreversibilidad del perjuicio; sobre el punto se manifestó recientemente la Corte Constitucional señalando:

“3. La abundante jurisprudencia de esta Corte ha sido enfática en señalar que según lo previsto en el artículo 86 de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991 (art. 6º), la acción de tutela no procede cuando existen otros mecanismos judiciales de defensa, a menos que se utilice en forma transitoria y para evitar un perjuicio irremediable (1) ; su naturaleza residual y subsidiaria así lo exigen (2) . No obstante, la Corte ha precisado que tales medios deben ser valorados en cada caso concreto, reconociendo especial atención a su eficacia y a las condiciones de las personas en cuyo favor se interponga la acción de tutela. Así, cuando el otro mecanismo no constituye un real y un efectivo medio para asegurar la protección de los derechos, el juez debe proceder al estudio de la demanda de tutela, que pasa a convertirse en el mecanismo principal de defensa (...).

4. No obstante, hay personas que por sus “condiciones particulares” deben ser objeto de especial protección del Estado, específicamente cuando el juez de tutela valora la idoneidad de otros mecanismos de defensa, puesto que allí debe ser muy cauteloso a fin de evitar la vulneración de derechos fundamentales. Dicha situación se presenta entratándose de niños, enfermos, menesterosos, mujeres embarazadas, o de quienes han llegado a la tercera edad (7) .

(...).

Es natural que las personas de la tercera edad encuentran disminuidas sus capacidades físicas y se hallen propensas a contraer enfermedades. Lo anterior, sumado a la excesiva morosidad de los procesos judiciales ordinarios, significa que en muchas ocasiones no puedan asegurar con ellos la protección de sus derechos, toda vez que sus expectativas de vida son mucho menores” (1) .

Adicionalmente, en la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional últimamente citada se dijo en alusión al carácter de derecho fundamental de la seguridad social para las personas de la tercera edad:

“La naturaleza de la seguridad social y de la pensión de jubilación

5. La seguridad social tiene una doble connotación: (i) como servicio público y (ii) como derecho irrenunciable. Como servicio público es obligatorio, esencial y se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado; como derecho irrenunciable se garantiza a todos los habitantes del Estado, aun cuando “su exigibilidad como derecho subjetivo está sujeta a unas restricciones y condicionamientos específicos, que permitan garantizar que toda la población tenga acceso a él” (9) .

6. Con relación a las personas de la tercera edad, el derecho a la seguridad social adquiere una especial connotación y se eleva a la categoría fundamental” (10) .

Sentada como ha quedado la procedencia de la acción y puesto que igualmente quedó claro que ningún sentido tiene tutelar el derecho de petición vulnerado al actor, quien ya demandó el acto presunto producto del silencio administrativo negativo; es preciso anunciar desde ahora que de concederse el amparo habrá de serlo como mecanismo transitorio, mientras se decide el ordinario de defensa judicial actualmente en curso, por parte de su juez natural.

3. Del derecho a la pensión y del régimen aplicable.

Puesto que la entidad accionada no ha reconocido la prestación en discusión, hecho que habrá de dirimir en últimas la jurisdicción contencioso administrativa, es del caso estudiar si efectivamente el doctor Castro Guerrero tiene derecho a la pensión y cuál es el régimen bajo el que se regulará en su caso dicha prestación.

Pues bien, al consagrarse el régimen general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, esta misma normatividad estableció en su artículo 36 un régimen de transición que miraba a beneficiar a aquellas personas próximas a pensionarse, señalando tópicos que tenían que ver con la edad y el tiempo de servicios, al respecto la norma en cita consagró:

“La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley”.

En el caso del actor, para el momento de la entrada en vigencia de la ley en cita el 1º de abril de 1994, no solo contaba con más de 40 años de edad —nació el 25 de mayo de 1938 (véanse fls. 1 vto. u 14)— sino que igualmente contaba con más de 15 años de servicios —las certificaciones anexas a su solicitud revelan que laboró para la rama judicial y el Ministerio Público entre el 3 de febrero de 1966 y el 4 de diciembre de 2003, con una única interrupción entre el 8 de junio y el 1º de septiembre de 1976 (fls. 16 a 18)—, es decir que para el primero de abril de 1994 llevaba aproximadamente 28 años de labores, reuniéndose así las dos exigencias alternativas previstas en la norma en cita, que lo hacen acreedor al régimen de transición.

Este aserto comporta auscultar el régimen que le asistía, el cual no es otro que el previsto para los empleados de la rama judicial y el Ministerio Público en el Decreto 546 de 1971 y demás normas complementarias, el cual consagraba que se adquiere el derecho a la pensión de jubilación allí prevista siempre que se cuente con 55 años de edad (en el caso de los hombres) y más de 20 años al servicio del Estado, de los cuales más de 10 hayan sido al servicio de la rama judicial, exigencias estas que como acaba de verse son ampliamente reunidas por el actor al contar con 66 años de edad y haber laborado aproximadamente 36 años al servicio de la rama judicial y el Ministerio Público.

Queda entonces claramente definido que el actor sí tiene derecho a la prestación reclamada y que el régimen aplicable es el previsto en el Decreto 546 de 1971.

4. Del monto con el que ha de liquidarse la pensión.

Sobre este punto y frente a la reticencia de Cajanal de dar cabal acatamiento al artículo 6º del Decreto 546 de 1971, mucho se ha debatido en el ámbito jurisprudencial en distintas corporaciones y esta Sala no ha sido la excepción, propio resulta entonces es recordar lo que la misma ha venido señalando de manera uniforme de cara a similares situaciones a la del actor:

“En atención a que sobre el asunto materia de estudio ya se ha pronunciado esta corporación en precedentes oportunidades, como en los casos de la doctora Esperanza Gómez de Miranda, Joaquín Rueda Rincón, Gabriel Moncada Quintero, de quien funge aquí como ponente, en los que se hizo un análisis pormenorizado de la situación planteada, en esta ocasión la Sala se remite a lo ya decidido con el ánimo de preservar la unidad y la igualdad a los administrados, amén de que la propia Corte Constitucional en auto de Sala Plena de fecha febrero 27 de 2001, con ponencia del honorable magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, desarrolló la teoría interpares precisamente para evitar pronunciamientos encontrados que conlleven a un trato desigual o discriminatorio frente a asuntos de idénticas condiciones de hecho y de derecho.

“Pues bien, obsérvese cómo el aquí accionante está solicitando el derecho a una pensión de jubilación como miembro de la comunidad conocida como de “la tercera edad”, quienes gozan precisamente de esa garantía tripartita para su protección, en la que de conformidad con el artículo 46 del mandato constitucional, deben concurrir el Estado, la sociedad y la familia, siendo obligación del ente estatal, garantizar los servicios de la seguridad social”.

“Por ello, consideramos que el concepto de justicia de que da cuenta el preámbulo de la Constitución, apunta precisamente a que cada uno de los integrantes del Estado puede recibir la misma en vida, y no es justo que una persona que ha dedicado gran parte de su vida al servicio de una comunidad, sea esta privada o pública, tenga que sortear los engorrosos términos y procedimientos para hacer efectivo, o al menos tener conocimiento de lo que verdaderamente le corresponde por cada uno de sus derechos, como lo sería el de la pensión de jubilación; argumentos todos estos que valorados en conjunto nos sirven para dejar de lado el condicionamiento de la no procedencia de la tutela cuando existe otro mecanismo de defensa judicial; por ello la Sala entrará a estudiar el fondo de la acción propuesta, veamos:

“En primer orden, la Sala quiere dejar en claro que la decisión que aquí se adopte, no busca ni pretende invadir la órbita funcional de las jurisdicciones competentes, ya que finalmente, serán estas, con autoridad constitucional y legal, y fundadas en el principio de la autonomía judicial, quienes pondrán punto final al debate originado de esta tutela”.

“(...)”.

“Lo anterior, por cuanto el sujeto aquí accionante pertenece a la rama judicial, que como es sabido goza de un régimen excepcional de pensión que data desde el Decreto 546 de 1971, pasando por leyes como la Ley 33 de 1985, 100 de 1993, y cada uno de sus decretos reglamentarios que sobre el particular se han dictado, pudiéndose afirmar que frente a estos existen excepciones, no solamente en cuanto a la pensión en sí considerada, sino frente a su liquidación, la edad, el límite máximo de la misma, y por qué no decirlo, frente a su reliquidación, aspectos estos que tampoco son motivo de estudio por esta Sala, y por ello no nos detendremos frente a tales singularidades”.

“Pero lo anterior no obsta para que se proteja al accionante el derecho a que se le respete el debido proceso, que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Nacional, se predica no solamente de las actuaciones judiciales, sino también de las administrativas”.

“Así las cosas, si nos detenemos en la lectura del artículo 53 de la Carta, nos damos cuenta que allí se consagraron unos principios mínimos fundamentales en favor de los servidores, los que deben ser acatados no solamente por los jueces, sino por todas las autoridades, entre las que se encuentran las administrativas: el principio a la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, garantía a la seguridad social, para por último expresar categóricamente que la ley no puede menoscabar los derechos de los trabajadores”.

“Se deduce entonces, que la Caja Nacional de Previsión Social, tanto en la resolución inicial como en las que resolvieron los recursos interpuestos, ha violado el debido proceso administrativo, al no aplicar el principio de favorabilidad de las normas laborales, y prácticamente al pretender por esta vía que el accionante renuncie al beneficio mínimo establecido en la ley, que regula que su pensión equivale al 75% de la asignación mensual más elevada por él devengada en el último año de servicios, como empleado de la rama jurisdiccional, incluyendo las doceavas partes correspondientes a la bonificación por servicios, primas de servicio, de navidad, de vacaciones, y toda otra asignación de que gozare, lo cual se traduce en un abierto desconocimiento del mandato constitucional del artículo 53 que establece la “primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales”, pues no es posible entender cómo el ente administrador de la pensión, se niega a reconocer el derecho en la cuantía que verdaderamente le corresponde, so pretexto de argumentos que nos conducen sin duda alguna, a afirmar que Cajanal, hasta el momento, con las resoluciones proferidas, ha violado abiertamente el derecho fundamental al debido proceso administrativo, al no tener en cuenta en sus decisiones la aplicación de principios de orden constitucional y legal de imperioso acatamiento”.

“Lo anterior, por cuanto este juez de tutela, no entiende cómo es posible que la accionada profiera unos actos administrativos, disfrazados en supuestos conceptos de razonabilidad, para poder apoyar su negativa de dar el monto verdadero de la pensión del accionante, pues en verdad no tiene presentación que por un lado, el ente estatal acepte que el pensionado tiene derecho a un régimen de excepción como lo es el Decreto 546 de 1971, porque según su propio dicho y lo demostrado en la actuación administrativa, el actor tenía la edad, el tiempo de servicio en forma general, el tiempo de servicio excepcional (10 años en la rama judicial), el derecho a un 75% de su pensión, pero no acepta su liquidación conforme lo ordena este régimen excepcional, para en forma caprichosa y arbitraria y desconociendo todo tipo de interpretación de orden constitucional y legal y alejado de los principios rectores laborales como el de la favorabilidad e inescindibilidad de la norma, niega la forma de liquidación pensional para los servidores de la rama judicial contemplada en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971”.

“Para sustentar lo anterior, es suficiente hacer una confrontación, por cierto simple, de la normatividad sobre la cual se edifica la negativa que originó esta acción de tutela:

“ART. 36.—Régimen de transición: “La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres”.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el (sic) sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad sin son hombres, o quince (15) o más años de servicio cotizados, será la establecida en el régimen anterior al que se encuentran afiliados...”.

“A su turno el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, que era el régimen de los funcionarios judiciales anterior a la Ley 100 de 1993, señala que los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto, tendrán derecho al llegar a los 55 años de edad si son hombres y de 50 si son mujeres y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de ese decreto, de los cuales por los menos diez (10) hubieran sido exclusivamente a la rama jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubieren devengado en el último año de servicios en las actividades citadas”.

“Nótese entonces, cómo de la lectura desprevenida del artículo 6º del Decreto 546 de 1971, especialmente su parte final, se observa con meridiana claridad, que dicha norma sí reguló la forma de liquidar la pensión, cuando consagró que esta equivalía al 75% de la asignación mensual más alta devengada en el último año de servicios, concluyéndose entonces, que cuando se desconoce la taxatividad de esa norma para aplicar la Ley 100 de 1993, so pretexto de que el legislador no reguló este aspecto, se incurre en una vía de hecho por parte de la administración pública cuando alejada del contenido real de la ley afirmó como sustento de la providencia que resolvió el recurso de apelación, en sus páginas 6 y 7 lo siguiente: “... Como el régimen de transición atrás analizado no hace ninguna excepción respecto de los factores base de liquidación de la pensión ni de la forma de liquidar la misma, se hace necesario señalar que ambos aspectos se determinan de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y no con lo dispuesto en las normas vigentes con anterioridad...” (negrillas fuera de texto).

“La anterior afirmación es tan alejada de la realidad jurídica, que incluso consideramos que puede rayar en la comisión de un hecho delictual, por cuanto en verdad no existe base para indicar que el régimen excepcional no contempló los factores para la liquidación de la pensión, ya que se insiste, la legislación previó que la misma equivaldría al 75% del monto de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, luego es suficiente establecer qué entiende la ley por ello y qué ha dicho la jurisprudencia sobre el particular, afirmación que resulta aún más descabellada cuando se aleja del límite del tiempo de un (1) año, para pasar al de los últimos cinco (5) años”.

“Lo anteriormente expuesto ha sido criterio reiterado de esta Sala y de la propia Corte Constitucional; es por ello que incluso en reciente fallo de esta última, de fecha 4 de abril de 2002, con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, se trataron por vía de tutela, temas como el del respeto al régimen de transición, al de los regímenes especiales y al principio de favorabilidad, los que por ser de trascendencia y ajustarse perfectamente al caso en estudio nos permitimos transcribir en sus apartes pertinentes:

“El caso de los servidores públicos:”

“Tratándose de los servidores del Estado, salvo algunos casos exceptuados, la regla es el traslado al régimen general de pensiones. En efecto, el artículo 273 de la Ley 100 de 1993, al determinar el régimen aplicable a los servidores públicos dijo que se podrán incorporar, “respetando los derechos adquiridos a los servidores públicos, aun a los congresistas, al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud”. Este sistema ya se cumplió. El Decreto 691 de 1994 incorporó al sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, a los funcionarios de la rama ejecutiva, nacional, departamental, municipal, a los servidores públicos del Congreso, a la rama judicial, Ministerio Público, fiscalía, contraloría, organización electoral. E indicó, que para ellos la vigencia del sistema general de pensiones comenzó a regir, en el orden nacional, el 1º de abril de 1994...”.

“Sin embargo, el decreto citado reiteró que hay un régimen de transición, que por lo tanto se torna intocable:”

“ART. 4º—Los servidores públicos que seleccione el régimen de prima media con prestación definida, estarán sujetos al régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 93 y demás disposiciones que lo reglamentan”.

“Si dentro de las ramas y entidades del Estado, reseñadas en el Decreto 691 de 1994 había sectores que tenían regímenes especiales, significa que estos también fenecen al terminar el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, o sea, el 30 de marzo de 2014 al cumplir 60 años los varones que el 1º de abril tenían 40 años de edad y al cumplir 55 años las mujeres que a tal fecha tenían 35 años de edad”.

“Por las anteriores consideraciones, la Sala tutelará como mecanismo transitorio en favor del accionante, los derechos al debido proceso administrativo, de igualdad, seguridad social, derecho pensional en conexidad con la vida y la dignidad humana, y para el efecto se ordenará a la Caja Nacional de Previsión Social que acoja los principios aquí anotados y consagrados en el artículo 53 de la Constitución Nacional; y proceda a liquidar la pensión de jubilación del doctor Ovidio Angarita Fernández, según lo dispone el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, vale decir, en monto igual al 75% de la asignación mensual más elevada por él devengada en el último año de servicios como empleado de la rama jurisdiccional, incluyendo las doceavas partes correspondientes a la bonificación por servicios, primas de servicios, de vacaciones, de navidad, y toda asignación de la que gozare; pronunciamiento que deberá emitir dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, del cual enviará copia a esta jurisdicción” (2) .

En consecuencia, sentado como ha quedado que en el caso del actor deba darse aplicación del régimen previsto en el Decreto 546 de 1971; al momento de efectuar las liquidaciones no podrán dejarse de tener en cuenta ningún concepto que haga parte integral del salario, en los términos claramente expuestos, por la Corte Constitucional en Sentencia de Unificación 995 de 1999:

“Para efectos del significado que en nuestro ordenamiento ha de tener la voz salario y, sobre todo, para la protección judicial del derecho a su pago cumplido, deben integrarse todas las sumas que sean generadas en virtud de la labor desarrollada por el trabajador, sin importar las modalidades o denominaciones que puedan asignarles la ley o las partes contratantes. Así, no solo se hace referencia a la cifra quincenal o mensual percibida por el empleado —sentido restringido y común del vocablo—, sino a todas las cantidades que por concepto de primas, vacaciones, cesantías, horas extras —entre otras denominaciones—, tienen origen en la relación laboral y constituyen remuneración o contraprestación por la labor realizada o el servicio prestado”(negrillas fuera de texto).

En tales condiciones, no cabe duda que Cajanal debe reconocer al accionante su pensión de jubilación con apego al régimen previsto en el Decreto 546 de 1971 y demás normas complementarias, incluyendo dentro del salario base de la liquidación las doceavas correspondientes a la bonificación por servicios, primas de servicios, vacaciones y navidad, y toda otra asignación de al que gozare habitualmente, sin tope alguno, pues el régimen especial pertinente no lo prevé, luego no existe razón para que resulten aplicables los previstos en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, como así se dispondrá en la pertinente orden.

Con arreglo a lo hasta aquí dicho, con carácter transitorio se ampararán al actor los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, igualdad, seguridad social y vida digna y se ordenará a la entidad accionada que en el término de 48 horas emita resolución de reconocimiento de pensión liquidándola con inclusión de todos los conceptos atrás aludidos, debiendo allegar copia de la misma a la presente actuación.

En merito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura —Sala Jurisdiccional Disciplinaria— administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia impugnada y en consecuencia dejar sin valor ni efecto cualquier actuación que haya podido asumir Cajanal en acatamiento de la ordena(sic) allí impartida.

2. CONCEDER al doctor Rubén Pérez Echeverry como mecanismo transitorio el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso administrativo, igualdad, seguridad social y vida digna; al efecto se ordena a la Caja Nacional de Previsión Social que en el término de 48 horas emita resolución que le reconozca su pensión conforme al Decreto 546 de 1971 y demás normas complementarias e incluya dentro del salario base de la liquidación el salario más alto devengado en el último año de servicios, las doceavas correspondientes a los conceptos de bonificación por servicios, primas de servicios, vacaciones y navidad, y toda otra asignación de la que gozare habitualmente, sin tope alguno, debiendo allegar copia de la misma a la presente actuación; mientas la jurisdicción contenciosa define de fondo el asunto.

Envíese esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Temístocles Ortega Narváez, Presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz—Guillermo Bueno Miranda—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

(1) (sic).

(2) Cfr. Corte Constitucional, sentencias SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-057 de 1999, T-414 de 1998, T-235 de 1998, T-331 de 1997, T-273 de 1997 y T-026 de 1997.

(7) En este sentido pueden consultarse, por ejemplo, las sentencias T-277 de 1999, T-801 de 1998, T-143 de 1998, T-351 de 1997, T-224 de 1996 y T-339 de 1995.

(1) T-482 de 2001.

(9) Corte Constitucional, Sentencia T-1752 de 2000, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. En el mismo sentido puede consultarse, por ejemplo, la Sentencia SU-819 de 1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(10) Cfr. entre otras sentencias T-456 de 1994, T-299 de 1997 y T-503 de 2000, entre otras.

(2) Sentencia del 27 de junio de 2002, Rad. 20021947, M.P. Guillermo Bueno Miranda; en el mismo sentido, entre otros los fallos emitidos en los radicados 20019265, 20011745, 20019601, 20029167 y 20013669.

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