Sentencia 16246 de abril 2 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA  

Número interno: (16246)

Rad. 05001-23-31-000-2003-03888-01

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Empresas Públicas de Medellín ESP c/municipio de Barbosa

Fallo

Bogotá, D.C., dos de abril de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Antecedentes

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, Empresas Públicas de Medellín ESP solicitó la nulidad del artículo 1º del Acuerdo 048 de 1995, cuyo texto es el siguiente:

“ACUERDO NÚMERO 048 DE 1995

(Septiembre 10)

Por medio del cual se hace el cobro del impuesto predial unificado

(...)

ART. 1º—Adóptese una tarifa del 33% por mil (33x1.000) a los lotes o predios por concepto del impuesto predial y compensaciones de que trata el literal a) la parte considerativa del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Acuerdo 036 de 1992 y la Ley 56 de octubre 5 de 1981 (...)” (1) .

Invocó la violación de los artículos 4º, 150 [12] 287, 288 313 [4] 338 de la Constitución Política, 4º literal a) y 7º de la Ley 56 de 1981, Ley 44 de 1990 y el Decreto 2024 de 1982 y expuso como concepto de violación, lo siguiente:

Los concejos municipales no gozan de una soberanía impositiva ilimitada, la cual solo pueden ejercer de conformidad con la Constitución y la ley, a la que también se someten en la gestión de sus propios, intereses.

Ninguna de las disposiciones citadas en el acuerdo facultan al municipio para imponer el impuesto predial a las entidades propietarias de las obras de generación de energía, sujetas a las compensaciones previstas en la ley.

Frente a la vigencia del artículo 4º de la Ley 56 de 1981, el concejo no podía imponer un gravamen adicional; además la redacción del precepto acusado no es clara pues las normas a que se remite se refieren a las compensaciones (L. 56/1981) y a una escala tarifaria (Acu. 36/92); en conclusión, pretende aplicar la tarifa del 33 por mil prevista para el impuesto predial, al pago de la compensación consagrado en dicha ley.

(...).

Consideraciones

En los términos de la apelación la Sala debe determinar la legalidad de la norma acusada, en cuanto adoptó la tarifa del 33 x mil por concepto de impuesto predial y de las compensaciones de que trata la Ley 56 de 1981.

La Sala (2) ha precisado que la autonomía de los municipios en materia fiscal es derivada pues de conformidad con el artículo 313 [4] de la Constitución Nacional, la atribución de decretar tributos y contribuciones la deben ejercer con arreglo a la ley.

El establecimiento del impuesto por parte del municipio debe estar acorde con las directrices previstas por el legislador en la norma superior que lo crea, de tal manera que si esta fija los hechos gravados y no faculta a los concejos para determinar otros, estas entidades incurren en violación de dicha norma si extienden el tributo a hechos distintos a los previstos en la ley.

La Ley 56 de 1981 reguló aspectos relacionados con las entidades propietarias de obras públicas de generación eléctrica y les impuso en el artículo 4º: a) que reconocieran una suma de dinero que compensara el impuesto predial que dejaban de percibir los municipios por los inmuebles adquiridos y, b) el impuesto predial por los edificios y viviendas permanentes de su propiedad sin incluir las presas, estaciones generadoras y otras obras ni sus equipos.

Por su parte, la Ley 44 de 1990 al regular el impuesto predial unificado estableció como base gravable el avalúo catastral o el autoavalúo conforme a la declaración anual y facultó a los concejos para fijar la tarifa entre el 1 y el 16 por mil del respectivo avalúo, la cual podía ser superior sin exceder el 33 por mil, para los terrenos urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados (arts. 3º y 4º).

De acuerdo con lo anterior, la Ley 44 de 1990 reguló de manera general el impuesto predial y autorizó a los concejos municipales para graduar la respectiva tarifa, y la Ley 56 de 1981 estableció en forma especial una compensación a cargo de las propietarias de obras de energía, en relación con el mismo tributo.

Según esta última ley se establecen dos clases de pagos: el de la compensación a cambio del impuesto predial y el correspondiente a este gravamen para los edificios y viviendas permanentes de su propiedad (3) .

La finalidad de la compensación era reconocer al municipio una suma por lo dejado de percibir a título de impuesto predial, por los terrenos adquiridos para la construcción de las obras de energía —presas y estaciones generadoras— sobre las cuales no recae el gravamen según lo dispuesto por el artículo 4º de la citada Ley 56.

La Ley 44 de 1990 no concedió a los concejos municipales ninguna facultad para modificar la tasa de la compensación, en el sentido expuesto en la norma, esto es, para aplicarle la tarifa del predial, pues fijó en el parágrafo del artículo 4º mencionado, una tasa fija por este concepto.

El parágrafo anotado dispone: “La compensación de que trata el literal a) del presente artículo se calculará aplicando a toda el área adquirida por la entidad propietaria —avaluada por el valor catastral promedio por hectárea rural, en el resto del municipio— una tasa igual al 150% de la que corresponde al impuesto predial vigente para todos los predios en el municipio”.

Es decir que al área adquirida se aplica el 150% de la tarifa correspondiente al impuesto predial vigente (4) para todos los predios, área que se avalúa por el valor catastral promedio por hectárea rural en el resto del municipio.

A diferencia de lo dispuesto en la ley, de la lectura de la norma acusada de acuerdo con la forma en que se encuentra redactada, se desprende que el 33 por mil se aplica por concepto del impuesto predial y las compensaciones.

En esas condiciones, la norma acusada desplaza la tasa igual al 150% de la que corresponda al impuesto predial vigente conforme lo consagra la Ley 56 de 1981, precisamente con la finalidad de compensar lo dejado de recibir por el municipio por dicho impuesto, respecto del predio adquirido por una generadora de energía.

En conclusión, la norma acusada adoptó una tasa distinta de la consagrada para calcular la compensación, con la cual vulnera la norma superior y por lo tanto, debe ser retirada del ordenamiento jurídico aunque parcialmente.

En efecto, se observa que la atribución para establecer la tarifa del 33 por mil en el impuesto predial, se encuentra conferida a los concejos municipales en la Ley 44 de 1990 (art. 4º) según lo expuesto.

Sin embargo, dicha tarifa aplicable a los terrenos urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados solamente, no puede coincidir con la establecida por la Ley 56 de 1981 en forma especial, como compensación a cargo de las empresas generadoras de energía a título de predial, por los terrenos adquiridos para sus obras.

Por tal razón, la Sala accederá a las pretensiones de nulidad en relación con la aplicación de la tarifa del 33 por mil a la compensación consagrada en la Ley 56 de 1981, frente a la cual no procede.

Las razones anteriores son suficientes para revocar la sentencia apelada y en su lugar, acceder parcialmente a las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia objeto de apelación.

En su lugar, anúlese parcialmente el artículo 1º del Acuerdo 48 de 1995 expedido por el Concejo Municipal de Barbosa (Antioquia) en el siguiente aparte: “y compensaciones de que trata el literal a de la parte considerativa del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Acuerdo numero (sic) 036 de 1992 y la Ley 56 de octubre 5 de 1981”.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) El literal a) hace referencia a la Ley 56 de 1981, por la cual se dictaron normas sobre obras públicas de generación de energía eléctrica. El artículo 2º del Acuerdo 036 de 1992 consagra la escala de tarifas para el impuesto predial en el municipio.

(2) Sentencia de 12 de noviembre de 2003, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, Expediente 13544.

(3) En tal sentido se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia C-148 de 1994 que declaró exequible el artículo 4º de la Ley 56 de 1981.

(4) El artículo 6º del Decreto 2024 de 1982, reglamentario de la Ley 56 de 1981, define el impuesto predial vigente como el que regía el 5 de octubre del mismo año, respecto de las obras en construcción y el que rija a la fecha de compra del inmueble para las nuevas obras.

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