Sentencia 16256 de diciembre 13 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 16256

Acta Nº 58

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Escobar Henríquez

Bogotá, D.C., diciembre trece de dos mil uno.

Decide la Corte los recursos de casación interpuestos por los apoderados judiciales de las partes, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, el 22 de agosto de 2000, en el juicio promovido por Alcides Quintana Torrado y otros contra el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras “INAT”.

Antecedentes

La demanda inicial fue promovida para que se condenara a la entidad estatal demandada a pagar a los demandantes la pensión jubilación establecida en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 y en consecuencia las mesadas causadas, incluidas las adicionales, con los reajustes de ley y la tasa de interés moratorio, más alta vigente al momento en que se efectúe el pago de las mismas.

Informan los hechos que sustentan las reclamaciones anotadas que los accionantes prestaron sus servicios para el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras “Himat”, mediante contratos individuales de trabajo, en los siguientes términos:

a) Alcides Quintana Torrado, entre el 1º de febrero de 1977 y el 26 de agosto de 1993, es decir por espacio de 16 años 6 meses y 26 días, desempeñando la labor de operador de maquinaria.

b) Hernando Antonio Rincón Lozada, entre el 1º de febrero de 1977 y el 29 de agosto de 1993, para un tiempo total de 16 años, 6 meses y 29 días, desempeñando la labor de operador de maquinaria.

c) Juan Manuel Bayona Salazar, entre el 1º de febrero de 1977 y el 29 de agosto de 1993, para un total de 16 años, 6 meses y 26 días, desempeñando la labor de canalero.

d) Leonidas Navarro Navarro, entre el 1º de febrero de 1977 y el 26 de agosto de 1993, sumando 16 años, 6 meses y 26 días, desempeñando la labor de celador.

e) Luis Eduardo Rojas García, entre el 1º de febrero de 1977 y el 26 de agosto de 1993, es decir por espacio de 16 años, 6 meses y 26 días, desempeñando la labor de canalero.

f) Luis Enrique Lázaro Villamizar, entre el 1º de febrero de 1977 y el 29 de agosto de 1993, para un total de 16 años, 6 meses y 29 días, desempeñando la labor de operador de maquinaria.

g) Luis Humberto Páez Sánchez, entre el 1º de febrero de 1977 y el 27 de agosto de 1993, para un total de 16 años, 6 meses y 27 días, desempeñando la labor de mampostero.

h) Ramón Abel Álvarez Torrado, entre el 1º de febrero de 1977 y el 29 de agosto de 1993, es decir por espacio de 16 años, 6 meses y 29 días, desempeñando la labor de chofer de volqueta.

Igualmente reseñan que por disposición del parágrafo segundo del artículo 17 de la Ley 99 de 1993, el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, Himat, pasó a denominarse Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT, adscrito también al Ministerio de Agricultura.

En torno a la desvinculación de los demandantes anotan que mediante oficios suscritos el 20 de agosto de 1993, el director general del “Himat”, informó: “Me permito comunicarle que de conformidad con el artículo transitorio 20 de la Constitución Política, el Decreto Extraordinario 2135 del 30 de diciembre de 1992, que desarrolla las facultades contenidas en la mencionada disposición constitucional y el Decreto 1616 del 18 de agosto de 1993, que establece la planta de personal del Himat, el cargo al cual usted es titular ha sido suprimido y por lo tanto se ha producido la terminación del contrato de trabajo”. Agregan que la entidad referida reconoció a cada uno de los actores la indemnización por despido injusto, en razón de la suplantación de los respectivos cargos de la planta de personal de trabajadores oficiales.

Respuesta a la demanda

El apoderado de la entidad accionada sostuvo que ninguno de los demandantes tiene derecho a la pensión reclamada, teniendo en cuenta que la Ley 171 de 1961 fue derogada por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990. Disposición que aduce fue modificada a su vez por el artículo 133 de la Ley 100 de 1993. Sostiene al respecto que este caso no se subsume en último precepto mencionado porque el Himat en su condición de empleador cumplió el mandato legal de afiliación de sus servidores al sistema general de pensiones. Además propuso las excepciones de prescripción, caducidad y carencia del derecho e inexistencia de la obligación.

Decisiones de instancia

En audiencia de juzgamiento, celebrada el 15 de septiembre de 1999, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar a los demandantes la pensión restringida de jubilación, a partir de las fechas que mencionó allí expresamente, con los reajustes correspondientes y tomando como base la liquidación proporcional. Respecto de algunos de los demandantes declaró la excepción de prescripción y no encontró probados los demás medios exceptivos. El juzgado del conocimiento también ordenó los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación de las mesadas obtenidas.

En segunda instancia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, que conoció del recurso de alzada, en virtud de la descongestión de algunas de las Salas Laborales de tribunales del país dispuesta en el Acuerdo 811 del 28 de junio de 2000, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, revocó las condenas referidas, con excepción de la que benefició el señor Ramón Abel Álvarez Torrado, respecto de la cual también ordenó el reconocimiento de los intereses de mora, conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre cada mesada, y teniendo como base de la liquidación proporcional, el salario devengado al momento del retiro.

El juzgador de segundo grado encontró que todos los demandantes con excepción del señor Ramón Abel Álvarez Torrado estuvieron vinculados al Incora durante relaciones laborales de varios años, que terminaron el 31 de enero de 1977, circunstancia que advirtió impedía el reconocimiento de la pensión pretendida, puesto que lo correcto era la solicitud de la pensión plena de jubilación, que por el tiempo de servicios no admitía ningún reparo.

En la decisión recurrida se indicó que el juez de primera instancia se equivocó al imponer la pensión de jubilación en favor de todo los demandantes, puesto que según el acervo probatorio los vínculos laborales que los ataron a dos entidades estatales suma más de 20 años y por ello se generó el derecho a la pensión por aportes, prevista en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988.

El juzgador ad quem también entendió que era improcedente la pensión restringida porque los demandantes durante la relación laboral estuvieron afiliados a la Caja Nacional de Previsión.

(...).

Se considera

El alcance de la impugnación propuesto para el segundo cargo es suficientemente claro, pues sin dificultades se entiende que la impugnación persigue que se case la sentencia recurrida en cuanto condenó a intereses moratorios para que en sede de instancia se modifiquen los numerales que los ordenan y sólo subsistan en cuanto disponen que el pago de las mesadas pensionales se verifique dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

En cuanto corresponde al fondo del cargo se observa que el juzgador de segundo grado no aplicó indebidamente el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues dispuso los intereses moratorios sobre mesadas pensionales dejados de pagar durante la vigencia de esta disposición, sin que para el caso tenga incidencia que se trate de una pensión causada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta normatividad, pues una cosa es la fecha en que se causa el derecho pensional y otra muy distinta cuando se produce la mora en el pago de las prestaciones económicas que se derivan de ella. Al respecto es preciso anotar que la referida Ley 100 no modificó los derechos adquiridos con anterioridad a su entrada en vigencia, pero naturalmente que esta normatividad sí tiene incidencia en cuanto a los efectos futuros que se deriven de las pensiones causadas con anterioridad a su expedición, salvo que exista norma en contrario, es decir que se aplica a aquellas situaciones que las afecten con posterioridad a la fecha en que empezó a regir, como sería el caso de las sustituciones pensionales y del incumplimiento de las obligaciones que se deriven de dicha prestación.

En todo caso el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 mencionado es aplicable analógicamente en este asunto conforme a los postulados sobre aplicación supletoria contenidos en el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, puesto que con anterioridad a la expedición del sistema de seguridad social integral no existía norma que regulara el punto de los intereses de mora en eventos como el discutido en el juicio.

En relación con este tema la Sala tuvo oportunidad de pronunciarse, en la sentencia radicada con el número 15689, de septiembre 2 de 2001, en los siguientes términos:

“De suerte que al acoger el tribunal la sentencia del a quo, en cuanto condenó a cancelar dichos intereses con base en el artículo 141 de esa normatividad, lejos de aplicarlo en forma indebida, lo hizo correctamente, según se deduce de su tenor literal, que conforme se vio, ordenó tomar en cuenta “las disposiciones contenidas en la presente ley”, respecto de “las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez”; o sea, que con prescindencia de la edad, tiempo de servicio y número de semanas cotizadas que de acuerdo a los parámetros del artículo 36 que contiene ese régimen de transición se rigen por la normatividad anterior a la cual se encuentren afiliados, toda otra cuestión se gobierna, repite la Corte, “por las disposiciones contenidas en la presente ley”, entre ellas, los intereses por mora, aunque la pensión concedida tenga su fuente en una normatividad anterior a la vigencia de esta última reglamentación. Obviamente con la condición, como aquí sucede, de que el demandante se encuentre en una de esas dos hipótesis a que se refiere la norma. Para el caso más de 40 años al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social.

Realmente el querer del legislador con la expedición del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no fue otro que el de hacer justicia a aquellos trabajadores que alcanzada determinada edad de su vida para acceder a la pensión, luego de haber aportado a la seguridad social, frente a la morosidad del pago de las mesadas, se vieran resarcidos económicamente mediante el reconocimiento de intereses moratorios.

Al respecto es pertinente traer a colación los considerandos de la Corte Constitucional expresados en la Sentencia D-2663 del 24 de mayo de 2000, que al declarar exequibles las expresiones “a partir del 1º de enero de 1994” y “de que trata esta ley”, del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sostuvo lo siguiente:

“Así las cosas, no observa la Corte que la disposición cuestionada parcialmente, cree privilegios entre grupos de pensionados que han adquirido su estatus bajo diferentes regímenes jurídicos, como lo aduce el demandante, pues la correcta interpretación de la norma demandada indica que a partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las pensiones a que se refiere la ley, esto es, las pensiones que tienen como origen el fenómeno laboral de la jubilación, la vejez, la enfermedad o la sustitución por causa de muerte, que se presente después de esa fecha, el pensionado afectado, sin importar bajo la vigencia de qué normatividad se le reconoce su condición de pensionado, tendrá derecho al pago de su mesada y sobre el importe de ella la tasa máxima de interés moratorio vigente. Es decir, la disposición acusada no distingue entre pensionados, pues, sólo alude al momento en el cual se produce la mora para efectos de su cálculo, de suerte que si ésta se produjo con anterioridad al 1º de enero de 1994, ésta se deberá calcular de conformidad con la normativa vigente hasta ese momento, esto es, el artículo 8º de la Ley 10 de 1972, reglamentada por el artículo 6º del Decreto 1672 de 1973, y eventualmente, por aplicación analógica de algunos criterios plasmados en el Código Civil colombiano, diferentes al artículo 1617 de la misma obra, y si la mora se produjo después de esa fecha su valor se deberá calcular con base en los lineamientos contenidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

“En consecuencia, como quiera que la disposición acusada no diferencia, como parece suponerlo el demandante, entre quienes adquirieron el derecho pensional antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y quienes lo adquieren con posterioridad a la misma, es decir, después de la vigencia de la ley de seguridad social, esta Corte en la parte resolutiva de su providencia la declarará exequible.

“En este sentido también es oportuno precisar que tal indemnización a los titulares de las pensiones por la cancelación tardía de las mesadas pensionales atrasadas debe aplicársele a los regímenes especiales anteriores y subsistentes con la Ley 100 de 1993, esto es, los que se encuentren en las excepciones previstas en el artículo 279 de la referida ley.

“Finalmente, en cuanto a la acusación dirigida contra el segmento normativo de que trata esta ley”, contenido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tampoco comparte la Corte el cargo formulado por el demandante, pues la disposición no se refiere a las personas que hayan adquirido el derecho al pago de su pensión con anterioridad al 1º de enero de 1994, sino que alude al hecho de que la Ley 100 de 1993 se refiere a las mesadas pensionales que se pagan con ocasión del reconocimiento de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, pues, repárese, que con la expedición de la Ley 100 de 1993, se creó un nuevo régimen de pensiones y de salud, que entró a regir el 1º de abril de 1994. Es decir, en principio esta norma derogó los regímenes especiales anteriores a su vigencia, pero sin duda subsisten algunos regímenes particulares y hay que precisar que la norma acusada tiene un carácter general, aplicable inclusive, para todo tipo de pensiones. Las excepciones expresamente contempladas en el estatuto de seguridad social, tal como lo dispone el artículo 11 de la Ley 100, conforme lo consagra la Sentencia C-408 de 1994. Dicha disposición establece”.

“ART. 11.—Campo de aplicación. El sistema general de pensiones, con las excepciones previstas en el artículo 279 de la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente todos los derechos, garantías prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en general.

“Para efectos de este artículo se respetarán y por tanto mantendrán su vigencia los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o convención colectiva de trabajo.

“Y en este mismo sentido el artículo 146 de la referida ley señaló:

“ART. 146.—Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales a favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.

“También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones.

“Lo dispuesto en la presente ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo.

“Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente ley”.

“Esta última disposición fue declarada exequible mediante sentencias C-410 de 1997 y C-590 de 1997, salvo la expresión “...quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido o cumplan dentro de los dos años siguientes los requisitos exigidos en dichas normas”, del inciso segundo del artículo 146 de la ley de seguridad social.

“En consecuencia de lo anterior, para la corporación, el artículo 141 parcialmente cuestionado, si bien es cierto, únicamente se limitó a regular los intereses de mora hacia el futuro en materia pensional, sin que distinguiera a los pensionados, de acuerdo con una fecha o con la obtención de sus derechos pensionales bajo una legislación vigente, y por ello no desconoce normas constitucionales, dicha disposición se debe aplicar para todo tipo de pensiones”.

En estas condiciones no acredita la censura que el juzgador de segundo grado haya incurrido en el error jurídico denunciado, sin embargo no hay lugar a costas porque ninguno de los recursos tuvo prosperidad.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, el 22 de agosto de 2000, en el juicio promovido por Alcides Quintana Torrado y otros contra el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras “INAT”.

Sin costas en los recursos.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

SALVAMENTO DE VOTO

Me aparto de la decisión mayoritaria por cuanto estimo que debió prosperar el segundo cargo, y como consecuencia de ello, se imponía casar parcialmente la sentencia en cuento conformó la condena por intereses moratorios.

Las razones en que me apoyo son las siguientes:

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993, textualmente dice:

“Intereses de mora. A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”.

De acuerdo a ese texto claro y expreso, no puede haber duda, que los intereses que esa norma consagra están restringidos a las pensiones de que trata la Ley 100 de 1993, luego al acoger el tribunal la sentencia del a quo, en cuanto condenó a cancelar dichos intereses con base en el artículo 141 de esa normatividad, rebasó su contenido al darle un entendimiento extensivo que no corresponde, porque esa codificación no es aplicable a pensiones reconocidas con fundamento en reglamentaciones diferentes, incurriendo así en la aplicación indebida de la norma que se denuncia.

En los anteriores términos, salvo el voto.

Carlos Isaac Náder 

SALVAMENTO DE VOTO

Muy respetuosamente considero que la impugnación de la parte demandada ha debido prosperar en lo tocante con los intereses de mora que se imponen por cuanto estimo que éstos sólo proceden frente a la tardanza en el pago de las pensiones previstas en la Ley 100 de 1993.

Entiendo que tal posición aparentemente crea una situación diferencial frente al estado de mora en el pago de mesadas pensionales, pero ello es fácilmente explicable por cuanto se trata de pensiones que tienen, no solamente un origen diferente sino unos parámetros de causación y de liquidación distintos, que permiten un tratamiento así mismo distinto.

Creo que a esas pensiones diferentes a las contempladas y reguladas por la Ley 100 de 1993 se le está creando una condición que no está prevista en las normas que las establecieron y además, no se tiene en cuenta la gran diferencia que existe entre pensiones pertenecientes a un sistema general de seguridad social y las que se causan a cargo de los empleadores, las cuales naturalmente, no corresponden a lo que en rigor se conoce como un régimen contributivo.

Fecha ut supra 

Germán G. Valdés Sánchez 

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto salvo el voto en el fallo proferido por la Sala para resolver en este asunto el recurso de casación, en cuanto no quebró la decisión del tribunal de confirmar la condena que el juez de primera instancia impuso a la demandada de pagar intereses moratorios de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Y no comparto tal determinación porque no obstante lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-2663 del 24 de mayo de 2000 al declarar exequible el mencionado artículo 141, en mi sentir esa disposición únicamente es aplicable en el caso de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la ley de seguridad social y que sean reconocidas con sujeción a la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en este caso, respecto de una pensión restringida de jubilación que se reconoce con sustento en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961.

Lo anterior implica, entonces, que como la pensión que se le concedió al demandante Ramón Abel Álvarez Torrado no es de la que trata la Ley 100 de 1993, ni siquiera de las de régimen de transición de su artículo 36, no había lugar a condenar al pago de los intereses moratorios que consagra la ley en su artículo 141 que claramente dispone: “(...) en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley (...)”. (Negrillas del salvamento).

Además, en este asunto tampoco se dio la situación prevista por el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 para que se pudiera dar aplicación a su artículo 141, pues la primera norma dispone: “Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo por lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley”.

Fernando Vásquez Botero 

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