Sentencia 16269 de abril 23 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 05 001 23 31 000 2003 02264 01

Nº Interno: 16269

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Isagen S.A. ESP.

FALLO

Bogotá, D.C., veintitrés de abril de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde decidir sobre la legalidad de la actuación administrativa mediante la cual la Administración de Aduanas de Medellín rechazó la solicitud de liquidación oficial de corrección de las declaraciones de importación a efectos de la devolución del IVA liquidado y pagado.

Al respecto proceden las siguientes consideraciones:

De conformidad con el artículo 424-5 [4] del estatuto tributario, resulta evidente que el legislador excluyó del impuesto sobre las ventas la importación de los equipos y elementos destinados a ser utilizados en la instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo ambiental. Se condiciona el reconocimiento de tal beneficio, a que se acredite ante el Ministerio del Medio Ambiente la destinación de los bienes importados. Ese Ministerio, deberá expedir la respectiva certificación, que constituye soporte de la declaración de importación (D. 2532/2001, art. 9º).

La Sala, en sentencia de 25 de noviembre de 2004, Exp. 13533 C.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié, en la que decidió acerca de la demanda de nulidad instaurada contra el Concepto 003 de 17 de julio de 2002 expedido por la división de normativa y doctrina tributaria de la DIAN, el que pretendía sentar la tesis jurídica según la cual el momento de presentación de la certificación del Ministerio del Medio Ambiente para acreditar la exclusión del IVA, es el momento de la presentación y aceptación de la declaración de importación dijo:

“(...)

Se tiene entonces que tanto de la normatividad tributaria como de la aduanera surge la condición específica para que se reconozca el beneficio de la exclusión del IVA en la importación de elementos y equipos destinados al desarrollo de programas del medio ambiente, consistente en la acreditación de su destinación mediante la certificación expedida por el Ministerio del Medio Ambiente en el momento de presentación y aceptación de la declaración de importación, tal como se indica en el inciso cuarto del aparte del concepto acusado. Pero lo que si no se infiere de norma alguna, es que la misma certificación no pueda ser “de recibo en una etapa posterior” , cuando el importador que por cualquier circunstancia no la haya obtenido previamente y por la misma razón tampoco haya solicitado en la declaración de importación el beneficio de la exclusión del IVA, decida reclamar con posterioridad al derecho que le otorgaba la ley vigente al momento de realizar la importación, acudiendo a los procedimientos aduaneros establecidos para hacer viable tal reconocimiento” (negrilla fuera de texto).

En el caso sub examine, el importador solicitó el 11 de febrero de 2002 al Ministerio del Medio Ambiente la certificación para acreditar como bienes excluidos del impuesto a las ventas los equipos y materiales que importó, la cual fue expedida el 18 de junio de 2002, es decir con posterioridad a la presentación de las declaraciones del 7 y el 13 de junio de 2002. Por consiguiente, se infiere que el actor no hizo cosa distinta que declarar y pagar un tributo del cual se encontraba exento de pago, pero que ante la falta de la certificación requerida no podía esgrimir ese beneficio.

En consecuencia, tal como lo ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación, al cumplir con la exigencia prevista en el artículo 424-5 para que proceda la exclusión del IVA, y una vez obtenida la certificación emitida por el Ministerio del Medio Ambiente sobre la destinación de los equipos y maquinaria importados, tiene el contribuyente el derecho de solicitar la liquidación de corrección a efectos de la devolución del IVA pagado.

De otra parte, en lo que hace referencia al contenido de la declaración de importación para efecto de obtener la exclusión del IVA y sobre el momento en el que debe presentarse la certificación, la Sala ha dicho:

“En conclusión, la existencia de una norma superior de la cual emana directamente el derecho a la excepción (sic) del IVA implícito; los antecedentes que ponen de manifiesto los vicios de ilegalidad del Decreto 1344 de 1999 y las pruebas que obran en el proceso, son elementos que no pueden desconocerse, so pretexto de no haberse indicado en las declaraciones de importación “el fundamento de la exención” como esta previsto en el artículo 22 del Decreto 1909 de 1992, o no haberse allegado en dicha oportunidad la prueba pertinente, como lo pretende la recurrente, pues sobre tales formalidades prevalece el derecho sustancial, en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 228 de la Carta Política, toda vez que existe la facultad de corregir, y la demandante bien podía efectuar la corrección en su favor, determinando su derecho a la exención, cumpliendo como lo hizo, todos los requisitos que señalan las normas aduaneras aplicables” (negrilla fuera de texto).

Por lo anterior, se concluye que la administración incurrió en violación del artículo 424-5 del estatuto tributario al negar la corrección de las declaraciones con el argumento de que la certificación del Ministerio del Medio Ambiente debía presentarse de forma previa a las importaciones, pues de la normatividad citada no se deriva que tal obligación sea de cumplimiento previo. Además, está demostrado que en las declaraciones el importador liquidó el IVA respecto de la importación de los productos que la ley había excluido de ese impuesto.

Ahora bien, en relación con los intereses solicitados por la demandante en la pretensión tercera de la demandada, la Sala, en sentencia del 6 de marzo de 2008, Exp. 16047, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, expresó:

“Respecto a la petición del reconocimiento de intereses corrientes y moratorios, de conformidad con lo previsto en el artículo 557 del Decreto 2685(7) (Estatuto Aduanero) y los artículos 863 y 864 del estatuto tributario, en los que se fijan los presupuestos legales para tener derecho a su reconocimiento y señala la tasa de interés para el caso de las devoluciones, “cuando hubiere un pago en exceso o en las declaraciones tributarias resulte un saldo a favor del contribuyente”, a partir de la presentación de la solicitud de devolución en debida forma y cuando la devolución no sea atendida dentro de los términos legales, se destaca que en el presente caso no es procedente el reconocimiento pretendido, toda vez que la actuación administrativa enjuiciada no se enmarca dentro de tales presupuestos; pues, no obra en el expediente prueba de que se haya hecho la solicitud de devolución ni de que la administración haya incurrido en mora para efectuarla, puesto que la actuación se originó en la solicitud de liquidación de corrección a las declaraciones de importación con el fin de determinar el valor correcto de los tributos aduaneros, excluyendo el IVA implícito pagado en la importación de los productos (negrilla fuera de texto).

De la sentencia transcrita, se concluye que el reconocimiento de los intereses corrientes y moratorios, de conformidad con lo previsto en el artículo 557 del Decreto 2685 y los artículos 863 y 864 del estatuto tributario proceden cuando el contribuyente presentó solicitud de devolución en debida forma y ésta no se atendió dentro de los términos legales.

En consecuencia, en el presente caso no es procedente el reconocimiento de los intereses reclamados por la actora, toda vez que la devolución ordenada en la sentencia del a quo surge por el restablecimiento del derecho solicitado en la demanda y no atiende a solicitud de devolución impetrada ante la administración.

De acuerdo con lo expuesto, procederá la Sala a confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. RECONÓCESE personería a la abogada Amparo Merizalde de Martínez como apoderada de la demandada, en los términos del poder a ella conferido.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que ésta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Magistrados: Martha Teresa Briceño de Valencia, Presidente de la sección—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Héctor J. Romero Díaz».

(7) “ART. 557.—Cancelación de intereses. Cuando hubiere lugar a la cancelación de intereses como consecuencia de un proceso de devolución a cargo de la Nación por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y previa solicitud del interesado, su pago se sujetará a las apropiaciones correspondientes dentro del presupuesto general de la Nación, conforme a lo previsto en los artículos 863 y 864 del estatuto tributario”.

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