Sentencia 16272 de abril 10 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS

EL JUEZ NO ESTÁ ATADO POR VALORACIONES PREVIAS

EXTRACTOS: «Se equivoca diametralmente el casacionista cuando asegura que atenta contra el principio de la seguridad jurídica, el funcionario judicial que se aparta del criterio de su antecesor, sin que medien pruebas nuevas que autoricen la variación del criterio inicialmente sostenido.

Los jueces, también los fiscales delegados, en tanto únicamente están sometidos al imperio de la ley, por mandato del artículo 230 de la Constitución Política, no están obligados por ningún precepto jurídico a acoger, sin posibilidad de crítica ni discernimiento, el criterio plasmado dentro del mismo proceso por otro funcionario de idéntica jerarquía funcional. Tampoco quedan atados a su propia manera de pensar previamente expresada, en tanto nada obsta para que otro estudio del mismo asunto, la mejor comprensión del sentido de la ley aplicable, o el auxilio de la jurisprudencia y la doctrina aconsejen el replanteamiento de su inicial postura.

Mientras la instancia no se agote, es perfectamente posible en la dialéctica procesal que el nuevo funcionario pondere de distinta manera el recaudo probatorio, ya evaluado por quien le antecedió en la misma labor y en la misma jerarquía funcional, toda vez que la sana crítica, como sistema de valoración de los medios de prueba, comporta un ejercicio intelectual que necesariamente llevará como impronta el talante individual, único, e irrepetible de cada persona investida de jurisdicción.

Por supuesto, la reflexión de cada funcionario se desenvolverá en el marco de los principios de la lógica, de los aportes científicos y de las reglas de la experiencia, pues si ocurriere un desbordamiento en la libre apreciación por parte del administrador de justicia, la normatividad prevé los recursos ordinarios y el extraordinario, cuando fuere procedente para abogar por el remedio a esa situación.

Por lo demás, el concepto de seguridad jurídica, no versa sobre los tópicos que el censor le asigna, sino que dice relación con el respeto a los efectos de la cosa juzgada constitucional o legal, y se erige en uno de los deberes de los jueces de la República, dado que tal acatamiento materializa una de las características importantes del estado de derecho».

(Sentencia de Casación, 10 de abril de 2003. Radicación 16.272. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Lombana Trujillo).

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