Sentencia 16273 de diciembre 11 de 2008 

• CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 16273

Ref.: 66001233100020030054501

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Luis Evelio Giraldo González

Impuesto renta

Fallo

Bogotá, D.C., once de diciembre de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «Antecedentes

El señor Luis Evelio Giraldo González presentó declaración de renta por el año gravable de 1998, el 1º de julio de 1999, determinando un saldo a pagar de $ 1.340.000.

El 3 de marzo de 2001 la administración notifica por correo el Auto de inspección tributaria 150762001000024 en donde se comisiona a varios funcionarios para que practiquen visita al demandante por el año gravable 1998.

El 9 de abril de 2001 los funcionarios comisionados se hicieron presentes en la dirección informada por el contribuyente.

El 17 de mayo de 2001 la Administración notifica el emplazamiento para corregir 160762001000020, donde solicita corregir la declaración de renta presentada por el año gravable 1998 por incluir deducciones sin los requisitos establecidos en los artículos 107 a 177 del estatuto tributario y por omitir ingresos.

Mediante el requerimiento especial 160762001000096 del 24 de agosto de 2001, se propone modificar la declaración de renta en los términos planteados en el emplazamiento para corregir.

Previa respuesta al requerimiento especial, la administración introdujo al correo el 20 de mayo de 2002 la liquidación oficial de revisión 160642002000028 del 17 de mayo de 2002.

La división jurídica de la Administración de Impuestos y Aduanas de Pereira profirió el 23 de enero de 2003 la resolución 160772003000001 por medio de la cual decidió el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la liquidación oficial de revisión, acto administrativo notificado mediante edicto 010 desfijado el 26 de febrero de 2003.

(...).

Consideraciones de la sección

De acuerdo con los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, corresponde decidir sobre la legalidad de los actos administrativos que modificaron la liquidación privada del impuesto de renta, año gravable 1998, presentada por Luis Evelio Giraldo González, y concretamente si la administración vulneró el debido proceso que le asiste al contribuyente al negar la práctica de pruebas solicitadas en el recurso de reconsideración.

Según el apelante, la administración no vulneró el debido proceso, toda vez que el contribuyente debió hacer referencia al año 1998, año gravable de la investigación, luego las aclaraciones del contribuyente hicieron referencia a un período gravable distinto al investigado y de allí que no se hubieran decretado porque no interesaban al proceso.

Observa la Sala que a folio 1103 del cuaderno 1 de antecedentes figura el recurso de reconsideración interpuesto por el demandante en contra de la liquidación oficial de revisión 1607642002000028 de fecha 20 de mayo de 2002, en el capítulo de pruebas, el actor solicitó:

“Comedidamente le solicito se decreten, incorporen y tenga como pruebas las siguientes:

“Certificación juramentada

“Pido se le solicite certificación bajo la gravedad del juramento a cada una de las siguientes personas sobre los siguientes puntos:

“Cargill Cafetera de Manizales S.A.

“Gilberto Ramírez

“José Manuel Naranjo

“Octavio Muñoz

“Trilladora Espinoza

“Harold Rodríguez

“Trilladora Mariscal de la Cuidad de Cartago

“William Cuesta

“Trilladora Carcafe en la ciudad de Cartago

“Germán Henao

“Trilladora San Antonio

“Mauricio Gómez

“Trilladora Visión Cafetera de la ciudad de Santa Rosa de Cabal

“Antonio Henao

“Trilladora Almacafe de la ciudad de Santa Rosa de Cabal

“José Mario Monsalve

“1. Que certifique si conocen al señor Luis Evelio Giraldo González, en qué condiciones, desde hace cuánto.

“2. Que si han tenido relaciones comerciales, desde hace cuánto tiempo y bajo qué circunstancias.

“3. Que realice una descripción de la actividad de compra y venta de café, sus principales clientes”.

Mediante oficio 25934 del 22 de noviembre de 2002 (fl. 1023, cdno. 1 de antecedentes) la división jurídica solicitó al contribuyente respecto a las pruebas solicitadas su aclaración en los siguientes aspectos:

“1. Se señale su nombre o razón social y NIT con el que se identifican en el caso de las empresas, ya que con su nombre comercial no se identifican en las bases de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

“2. En el caso de las personas naturales señaladas, indicar los nombres completos y el NIT o cédula de ciudadanía, especificando en calidad de qué actúa cada individuo y cuál es la razón para que se solicite a estas personas esta prueba.

“3. En cada uno de los anteriores casos indicar la dirección de residencia.

“La relación a identificar es la siguiente...”.

En respuesta a la anterior solicitud, el contribuyente mediante oficio del 15 de enero de 2003 (fl. 996, cdno. 1 de antecedentes) informó los datos requeridos y precisó el objeto de la solicitud de pruebas de la siguiente forma:

“3. El objeto de la presente solicitud de pruebas tiene por objeto determinar la propiedad del dinero, procedencia de cada una de las consignaciones, destino y uso de los dineros consignados por cada una de estas empresas en las cuentas del contribuyente Luis Evelio Giraldo González, durante 1997, (sic) las cuales sirvieron para adquirir café a nombre de los mismos, razón por la cual durante el año gravable de 1997 (sic) los dineros fueron contabilizados como cuentas por pagar y no como ingresos producto de operaciones de compra y venta de café como pretende interpretarlo la administración”.

Para la Sala, si el objetivo de la prueba era demostrar la procedencia de cada una de las consignaciones y la forma en que fueron contabilizadas en la contabilidad el contribuyente, se debe partir de la base que la contabilidad está llevada en debida forma y que por tal razón es demostrativa de los hechos que se pretenden probar.

En declaración juramentada rendida en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto de inspección tributaria 160762001000024 del 22 de agosto de 2001 (fl. 698, cdno. 1 antecedentes) el demandante señaló entre otras cosas:

“Preguntado: Diga, ¿qué actividad o actividades ejerció durante el año 1998? Respondió: Comisioné café.

“Preguntado: Detallar, ¿en qué consistió la actividad ‘comisioné café’? Respondió: Cargill y otras cooperativas me prestaban plata, y yo a su vez se la prestaba a otros terceros para que compraran café a nombre de Cargill y de otras cooperativas, prácticamente yo servía de intermediario.

“Preguntado: ¿En esa oportunidad se realizaron contratos o documentos, para establecer los términos de la relación comercial entre usted, Cargill y los demás prestamistas? Respondió: No.

“(...).

“Preguntado: ¿Qué garantía o documentos exigía el prestamista para la entrega del dinero? Respondió: A Cargill pignoré mis bienes como la bodega y camiones, a las cooperativas el respaldo era de palabra.

“Preguntado: ¿De qué manera recibía el dinero de los préstamos? Respondió: Ellos me consignaban en cuenta corriente del Banco Cafetero de Santa Rosa de Cabal - cuenta corriente 344-99005-6.

“(...).

“Preguntado: ¿Cuál era el movimiento contable para registrar los préstamos de Cargill y las demás cooperativas? Respondió: Ingresaban a las cuentas bancarias contra la 28150501, préstamos de terceros para compra de café.

“(...).

“Preguntado: Siendo una de sus actividades económicas la intermediación de café, ¿por qué incurrió en gastos por fletes, cargues y descargues? Respondió: Yo incurría en esos gastos para que los terceros entregaran en Cargill y las demás cooperativas, el café comprado por ellos.

“Preguntado: Don Luís Evelio, ¿tiene usted la manera de soportar documentalmente la anterior respuesta, explicando detallada y conceptualmente el proceso? Respondió: Cómo hago si la gran mayoría de esas cooperativas que me prestaron esas platas en 1998, a la fecha no existen, ni algunas compañías como Cargill, que fue la que mayor plata me prestó”.

Contrario a lo afirmado por el tribunal de instancia, la negativa de la práctica de las pruebas solicitadas no vulneró el derecho de defensa del demandante, toda vez que estas apuntaban a demostrar el vínculo comercial de las cooperativas referenciadas con el contribuyente, y el desarrollo de la alegada actividad de compra y venta de café de la cual era intermediario.

Los datos suministrados no permitían la ubicación de las cooperativas ni de las personas naturales con las cuales desarrollaba la alegada actividad comercial, razón por la cual la DIAN le manifestó que tales empresas no se identifican como tales en las bases de datos que reposan en la DIAN.

A pesar de que el contribuyente en el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la liquidación oficial de revisión manifestó que la solicitud de pruebas tiene por objeto determinar la propiedad del dinero, procedencia de cada una de las consignaciones y el destino y uso de los dineros consignados por cada una de estas empresas en las cuentas del contribuyente Luis Evelio Giraldo González, durante 1997. (sic), tal como lo manifestó en la declaración juramentada, no existen los contratos que den cuenta de la relación comercial con las cooperativas y los prestamistas, no existe prueba de las garantías otorgadas para la entrega del dinero, toda vez que no comprobó la alegada pignoración de sus bienes como respaldo de los compromisos adquiridos con Cargill y respecto a las restantes cooperativas manifestó que el respaldo era de palabra.

Adicionalmente expresamente manifestó que no tenía forma de probar la intermediación alegada, toda vez que la mayoría de las cooperativas que prestaron los recursos en el año de 1998 a la fecha de efectuada la declaración juramentada (ago./2001) ya habían desaparecido.

Para la Sala, contrario a lo estimado por el a quo si bien la práctica de pruebas no fue negada expresamente por administración tributaria, aduciendo en la apelación que estas se refieren a un período gravable distinto al investigado y que por tanto no interesan al proceso, lo cierto es que no existen pruebas documentales que soporten las relaciones comerciales alegadas entre las cooperativas y los prestamistas con el demandante, aspecto reconocido expresamente por el contribuyente en la declaración juramentada rendida en cumplimiento del auto de inspección tributaria.

Adicionalmente se debe tener en cuenta que las cooperativas le prestaban dinero al demandante y este a su vez lo prestaba a terceros para que compraran café a nombre de las cooperativas, en consecuencia su actividad fue la de comisionista (1) , no la de comprador y productor de café. Por tanto las deducciones rechazadas no tienen relación de causalidad con el ingreso.

Por otra parte, acorde con lo señalado por el Ministerio Público, el actor no pudo controvertir ni desvirtuar las glosas originadas en las inconsistencias de su propia contabilidad, toda vez que como él lo admitió y consta en la sentencia de 1º de junio de 2006, proferida por el Consejo de Estado, a la cual se remite el apelante, sus libros de contabilidad los registró en la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, el 6 de abril de 1999, y el registro de las operaciones realizadas en el año 1997 —y por ende las del año 1998— lo efectuó con posterioridad a la inscripción de aquellos.

La Sala reitera que el Código Contencioso Administrativo determina que en los juicios seguidos ante esta jurisdicción de lo contencioso administrativo, se aplicarán en cuanto resulten compatibles con sus normas las disposiciones del procedimiento civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración (art. 168).

Si concebimos la conducencia como la capacidad legal que tiene una prueba para demostrar cierto hecho, la encontramos en el examen que pueda realizar el juez entre la ley y el uso de ese medio probatorio sin ninguna dificultad legal que anule el valor probatorio que se procura.

En cuanto a la pertinencia de la prueba, es de mucha importancia la definición de su objeto al momento de su solicitud, ya que este requisito constituye el único juicio válido para que el juez considere la procedencia o no del medio probatorio, en atención al artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, el cual determina que las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas.

Así mismo la utilidad de la prueba se manifiesta en el servicio que preste para la convicción de un hecho que aún no se encuentra demostrado con otro medio probatorio (2) .

En el caso concreto, contrario a lo estimado por el a quo, la Sala evidencia que no existió la alegada violación al debido proceso, derivado de la no práctica de las pruebas solicitadas con ocasión a la interposición del recurso de reconsideración, toda vez que las modificaciones efectuadas por la administración a la declaración presentada por el año gravable 1998 obedecieron a que la actividad desarrollada por el demandante fue la de comisionista, no la de comprador y productor de café, no existen soportes de las transacciones generadoras del ingreso y la contabilidad del demandante para la vigencia fiscal en discusión no estaba registrada, en consecuencia las pruebas solicitadas son manifiestamente inconducentes, ya que de haber sido decretadas no tendrían la virtualidad de demostrar el hecho que se pretende probar.

Conforme al artículo 746 del estatuto tributario: “se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas, o en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley lo exija”, la liquidación privada de la demandante estuvo amparada por dicha presunción de veracidad hasta el momento en que la administración le solicitó comprobación especial respecto a los renglones a modificar, momento en el cual la carga de la prueba pasó a ser del contribuyente.

En consecuencia no puede el contribuyente pretender trasladar la carga de la prueba en cabeza de la administración, con la finalidad de comprobar la veracidad de los conceptos declarados, pretendiendo que esta supla dicha deficiencia probatoria.

Respecto a los restantes cargos planteados en la demanda, la Sala precisa:

En cuanto a la alegada incompetencia del funcionario que participó en la investigación tributaria y en la proyección de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la Sala coincide con los argumentos expuestos por el a quo, según el cual no prospera el cargo propuesto toda vez que el recurso de reconsideración fue suscrito por otro funcionario con competencia para el efecto conforme a los artículos 688 y 721 del estatuto tributario.

Respecto a la alegada violación al derecho de defensa por falsa motivación del requerimiento especial 160762001000096 del 23 de agosto de 2001, por cuanto dicho acto oficial fue enviado por correo pero recibido de forma incompleta por el demandante, la Sala precisa que dicho argumento carece de sustento probatorio, razón por la cual coincide con los argumentos expuestos por el a quo denegando la prosperidad del cargo propuesto.

En cuanto a la alegada firmeza de la declaración la Sala precisa que el demandante presentó la declaración de renta por el año gravable de 1998 el 1º de julio de 1999, el 3 de marzo de 2001 la administración profirió Auto de inspección tributaria 160762001000024, diligencia que se practicó en las oficinas del demandante los días 9 y 10 de abril de 2001, en consecuencia, conforme al artículo 706 del estatuto tributario el término para notificar el requerimiento especial consagrado en el artículo 714 del estatuto tributario se amplió por tres meses, hasta el 1º de octubre de 2001 y toda vez que dicha diligencia se efectuó el 24 de agosto de 2001, la administración se encontraba dentro del término legalmente establecido para el efecto.

Finalmente en cuanto a la sanción por inexactitud impuesta, observa la Sala que esta se originó en la falta de comprobación de los rubros declarados con fundamento en la insuficiencia de la prueba contable (deducciones declaradas), hecho que no es sancionable con inexactitud, conforme a lo expuesto reiteradamente por el Consejo de Estado, pues: “... la falta de prueba o del cumplimiento de requisitos formales para acceder a ciertos derechos o beneficios de orden fiscal (costos, deducciones, pasivos, etc.) no implican que el rubro sea inexistente o que provenga de operaciones simuladas o que se hubiese utilizado en la declaración datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados según voces del artículo 647 del estatuto tributario” (3) .

Conforme a lo expuesto, la Sala revocará la sentencia apelada, en cuanto a la sanción por inexactitud impuesta, la cual se levanta, denegando las restantes súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar se dispone:

1. ANÚLANSE parcialmente la liquidación oficial de revisión 160642002000028 del 17 de mayo de 2002, proferida por la división de liquidación de la Administración de Impuestos y Aduanas de Pereira y la Resolución 160772003000001 del 23 de enero de 2003 proferida por la división jurídica tributaria de la misma administración, actos administrativos por medio de los cuales se determinó el impuesto sobre la renta por el año gravable 1998 al señor Luis Evelio Giraldo González.

2. En consecuencia de lo anterior y de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, fíjase como total a cargo del demandante, por concepto de renta por el año gravable 1998, la suma de ciento ochenta y cuatro millones noventa y ocho mil pesos ($184.098.000) moneda corriente.

Se reconoce a la abogada Amparo Merizalde de Martínez como apoderada de la demandada, en los términos de poder que obra a folio 15, cuaderno de pruebas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) En declaración juramentada rendida en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto de inspección tributaria, el demandante señaló: “Preguntado: Diga, ¿qué actividad o actividades ejerció durante el año 1998? Respondió: Comisioné café.

(2) Consejo de Estado, auto de 7 de febrero de 2007, Expediente 30138, C.P. Enrique Gil Botero.

(3) Consejo de Estado, sentencia del 24 de octubre de 2007, Expediente 15093, C.P. Ligia López Díaz.

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