Sentencia 1628 de enero 25 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

DOCENTES QUE TRABAJARON POR HORAS

DERECHO A QUE SE LES CUENTE ESE TIEMPO PARA PENSIÓN

EXTRACTOS: «Se trata en este caso de establecer la legalidad de las resoluciones 555 de 14 de abril de 1993 y parcialmente la 1356 del 4 de agosto del mismo año, expedidas por el representante del Ministerio de Educación Nacional ante Santafé de Bogotá. Mediante la primera se negó su petición de pensión de jubilación y por la segunda se reconoció pensión de vejez.

El punto central de discusión radica en establecer si el tiempo laborado por el actor como docente por horas debe ser tenido en cuenta para efectos pensionales pues al tenor de los actos acusados “... el tiempo laborado no es competencia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Ministerio...” y “... el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no reconocerá el tiempo laborado de los docentes por el sistema de horas cátedra como tiempo válido para la liquidación de prestaciones sociales, puesto que no se reciben aportes por este concepto...".

Según obra en el proceso (fl. 68) el actor ingresó al servicio del Distrito Especial de Santafé de Bogotá mediante Decreto 830 de 1972 y laboró por horas desde el 1º de febrero de 1972 hasta el 1º de junio de 1975 con intensidad mensual de 120 y 80 horas (fl. 69).

Como el período discutido es el comprendido entre 1972 y 1975, resulta pertinente examinar la normatividad vigente para la época en relación con la labor docente por horas.

La Ley 43 de 1945, en su artículo 11, señaló que los profesores de establecimientos privados que trabajaran como empleados de tiempo completo, o por horas tendrán derecho al reconocimiento y pago de todas vacaciones que tengan lugar dentro del año escolar, sin perjuicio de las reconocidas por la Ley 6ª de 1945. En el artículo 12 ordenó que “Los profesores que trabajen por horas serán considerados como empleados públicos o privados, según el caso para los efectos de la Ley 6ª de 1945”; y, el artículo 13, dispuso que “Los profesores escalafonados que trabajen por horas y desempeñen funciones administrativas en un mismo establecimiento, tendrán derecho a que se les compute la totalidad del sueldo mensual que deriven, por uno y otro concepto, para los efectos de la cesantía y de la jubilación”.

El Decreto 224 de 1972, expedido en uso de las facultades extraordinarias concedidas por el artículo 2º de la Ley 14 de 1971, en su artículo 3º parágrafo señaló que “EI profesor por horas, o externo, tiene derecho a que en tiempo de vacaciones docentes se le pague el sueldo correspondiente de acuerdo al valor establecido para la categoría en la que el profesor esté inscrito en el escalafón nacional y proporcionalmente al tiempo servido”.

Y los decretos 524 de 1975 y 663 de 1974, establecieron que “El profesor externo o por horas tiene derecho a vacaciones remuneradas y a prima de navidad similares a las del personal docente de tiempo completo. La liquidación será el promedio de lo devengado en los diez (10) meses del respectivo período lectivo”.

De lo anterior se infiere que, para la época de los hechos, el docente por horas no sólo desempeñaba su labor en igualdad de condiciones que de tiempo completo, sino que además tenía un tratamiento prestacional similar. Aún más, su nombramiento se efectuaba mediante acto administrativo, que en el caso del actor, fue el Decreto 830 de 1972.

Estas disposiciones se encontraban vigentes en la época en que el demandante laboró por horas. Sin lugar a dudas, el servicio entonces prestado tiene efectos pensionales.

Establece el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 que:

“Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de jubilación o vejez, sólo se computarán como jornadas completas de trabajo las de (4) cuatro o más horas diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por cuatro (4); el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se adicionará con los del descanso remunerado y de vacaciones conforme a la ley...”.

Atendiendo a los períodos laborados por el actor, según certificados que obran en el expediente, y la jornada normal de trabajo en los establecimientos educativos, lunes a viernes, se tiene que trabajó así:

a) Desde febrero de 1972 hasta el mes de julio de 1974, 120 horas mensuales, es decir, 6 horas diarias.

b) Desde agosto de 1974 hasta mayo de 1975 80 horas mensuales, es decir, 4 horas diarias.

Así entonces, conforme a la norma transcrita, el tiempo antes referido debe computarse como jornada completa, lo que reportaría un total de tres años y cuatro meses de servicios.

Laboró después como docente de tiempo completo desde el 1º de junio de 1975 hasta el 18 de enero de 1993, según la certificación obrante a folio 15, es decir 17 años, 5 meses y 17 días.

Sumados los dos períodos se tiene que el actor cumplió 20 años de trabajo el 1º de febrero de 1992 y según el documento obrante a folio 114 el demandante nació el 28 de julio de 1935, es decir, cumplió 55 años de edad el 28 de julio de 1990, adquiriendo el status de pensionado el 1º de febrero de 1992.

En consecuencia, se accederá a las pretensiones de la demanda para ordenar que la Nación - Ministerio de Educación Nacional, a través del Fondo Educativo Regional de Bogotá, D.C., reconozca al demandante pensión de jubilación a partir del 1º de febrero de 1992 aplicando los reajustes previstos en la Ley 71 de 1988 y le pague las diferencias que se hayan causado con posterioridad al 2 de febrero de 1993 momento desde el cual está devengando la pensión de vejez.

Igualmente se ordenará la indexación, de las sumas que resulten a favor del demandante. Para tal efecto el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por concepto de pensión de jubilación desde el 1º de febrero de 1992 hasta la ejecutoria de la presente sentencia, con inclusión de los reajustes legales correspondientes a dicho período, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente al último día del mes en que se ejecutoríe esta sentencia) por el índice inicial (vigente al último día del mes en que se adquirió el derecho).

Además, por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes para cada mesada o diferencia pensional comenzando desde la fecha de su causación y para las demás mesadas teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada una de ellas.

Los intereses se reconocerán en las condiciones previstas por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase la sentencia proferida el 22 de enero de 1999 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, en el proceso incoado por el señor José Alberto Silva Lora contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional. En su lugar se dispone:

1. Anúlanse las resoluciones 555 de 14 de abril de 1993 y parcialmente la 1356 de 4 de agosto del mismo año proferidas por el representante del Ministerio de Educación Nacional ante Santafé de Bogotá, en cuanto la primera negó la pensión de jubilación al señor José Alberto Silva Lora y la segunda le reconoció pensión de vejez a partir del 1º de febrero de 1993.

2. A título de restablecimiento del derecho la Nación – Ministerio de Educación Nacional a través del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá al señor José Alberto Silva Lora pensión de jubilación a partir del 1º de febrero de 1992 en cuantía del 75% del salario devengado en el año de servicios inmediatamente anterior y aplicará los reajustes previstos en la Ley 71 de 1988. Igualmente pagará la diferencia que resulte entre lo pagado por pensión de vejez y la que corresponda por concepto de la pensión que ordena esta sentencia.

Las anteriores sumas de dinero se pagarán a la señora Ana Elvia Jiménez Pinzón quien ha sido reconocida como sucesora procesal del actor.

3. Las sumas que se reconozcan a favor de la señora Ana Elvia Jiménez Pinzón serán ajustadas en la forma como se indica en la parte motiva de esta providencia aplicando para ello la siguiente fórmula:

 

4. La Nación – Ministerio de Educación Nacional dará cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en el artículo 176, observando lo dispuesto en el inciso final del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(Sentencia de enero 25 de 2001. Expediente 1628-99. Consejero Ponente: Dr. Alberto Arango Mantilla).

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