Sentencia 16284 de septiembre 17 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

CONCEJALES

NO TIENEN DERECHO A VIÁTICOS

EXTRACTOS: «Decide la Sala la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia del 15 de noviembre de 1996, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda declaró sin validez la expresión “y concejales” contenida en el parágrafo del artículo primero del Acuerdo 04 del 15 de febrero de 1995 del Concejo Municipal de Pereira.

(...).

Se discute en el presente evento la legalidad del acuerdo por el cual se establecieron viáticos a favor de los concejales del Concejo Municipal de Pereira. Dice en efecto el parágrafo del artículo 1º del Acuerdo 4 del 15 de febrero de 1995:

“Los viáticos del contralor, personero y concejales serán los equivalentes a los correspondientes del alcalde”.

Procede entonces pasar a examinar las normas rectoras de las competencias asignadas a los concejos municipales en materia salarial, encontrando en primer lugar que de acuerdo con el numeral 6 del artículo 313 de la Carta Política corresponde a los concejos:

“Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos (...)”.

Estas escalas de remuneración deben encuadrarse a su turno en las normas generales contentivas de los objetivos y criterios fijados por el Congreso en materia salarial y prestacional. Poniéndose de presente al punto que los concejos no tienen iniciativa para crear, modificar o extinguir derechos salariales o prestacionales en sus respectivas jurisdicciones, al igual que el imperativo acatamiento de los límites máximos estipulados por el Gobierno Nacional cuando quiera que pretendan determinar las correspondientes escalas de remuneración.

En lo concerniente a la calidad de los concejales y a la contraprestación a que pueden tener derecho dice la Constitución en su artículo 312:

“(...) Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos.

La ley podrá determinar los casos en que tengan derecho a honorarios por su asistencia a sesiones”.

En desarrollo de este mandato la Ley 136 de 1994 dispuso en el inciso 1º de su artículo 65:

“Los miembros de los concejos de las entidades territoriales tienen derecho a reconocimiento de honorarios por la asistencia comprobada a las sesiones plenarias”.

La ley 136 también se refirió al seguro de vida y a la atención médico asistencial personal, a la causación de los honorarios y a la imposibilidad de que éstos lleguen a tener efecto legal alguno con carácter de remuneración laboral o prestacional.

En atención a los eventuales gastos de transporte de los concejales se previó en el artículo 67 ibídem:

“Reconócese el valor de transporte, durante las sesiones plenarias, a los concejales que residan en zonas rurales y deban desplazarse hasta la cabecera municipal, sede principal del funcionamiento de las corporaciones municipales”.

Con arreglo a lo anterior queda suficientemente claro que los concejales son servidores públicos con régimen especial, y que al no tener la calidad de empleados públicos quedan al margen de cualquier tipo de vínculo laboral, sin perjuicio de reconocer que en el ejercicio de sus funciones ellos desarrollan un trabajo tendiente al beneficio de la comunidad. En torno a esta temática ha dicho el Consejo de Estado:

“En el pasado las actuaciones de los concejales se ejercían ad honorem; la Constitución Política introdujo la viabilidad deferida a la ley para fijar honorarios como remuneración por las actividades realizadas.

El hecho es que en este caso se optó por los honorarios y fue el propio constituyente quien negó el carácter de empleado público o cualquier otra vinculación laboral a los concejales. Ni siquiera la circunstancia del reconocimiento por ley de algunos beneficios de la seguridad social en su favor (el seguro de vida y la asistencia médica, art. 68 L. 136/94 y art. 34 del D. 1421/93), podría derivar la modificación de su régimen de remuneración que es por honorarios y tampoco de ella podría devenir fundamento alguno para exigir otras prestaciones no consignadas en la Carta ni en la ley, aun cuando efectivamente están establecidas en favor de otros servidores públicos”(1).

(1) C. de E. Sala de Consulta y Servicio Civil, rad. 802 de 1996, pág. 18, M.P. Luis Camilo Osorio Isaza.

Así pues, dado el carácter taxativo de la remuneración y beneficios predicables de los concejales, ostensible resulta la improcedencia de un tal derecho a percibir viáticos, situación que por otra parte no podría sufrir modificación alguna bajo el pretexto de que los viáticos corresponden a gastos directos del municipio, pues si bien a los mismos se los clasifica dentro de los gastos generales, es de entender que tal connotación sólo se hace para efectos presupuestales, que no para servir de fundamento a contraevidentes derivaciones remuneratorias.

De consiguiente, al ser nítida la incompetencia de los concejos (por los factores funcional y material) para establecer viáticos en favor de sus miembros, el acto combatido habrá de perder toda ligazón con el derecho, siendo del caso anunciar que ante la viabilidad de las pretensiones la sentencia de primer grado será confirmada».

(Sentencia de septiembre 17 de 1998. Expediente 16284. Consejero Ponente. Dr. Carlos A. Orjuela Góngora ).

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