Sentencia 16289 de octubre 31 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 2000123310003406-01 (16.289)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Francisco Hernández Lizarazo y otros

Demandado: Nación - DAS

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C, treinta y uno de octubre de dos mil siete.

EXTRACTOS: «II Consideraciones de la Sala

La sentencia recurrida será confirmada, por considerar, tal como lo hizo el tribunal a quo, que en el caso concreto el daño ocurrió por una causa extraña a la actividad que desplegaba en el momento del hecho la Nación —Departamento Administrativo de Seguridad— DAS, esto es, por una fuerza mayor, porque el evento que constituyó la causa eficiente del daño fue imprevisible, irresistible y externo a la entidad demandada.

1. El daño sufrido por los demandantes.

1.1. Los señores Wilson Hernández Sandoval, Alfredo Vásquez Chavarro y William Augusto Díaz Hernández fallecieron el 15 de enero de 1996, en el municipio de Bosconia, según se acreditó con las actas del levantamiento de los cadáveres practicado por la Fiscalía Séptima Local Delegada de El Copey, Cesar, en la “finca Guayaquil, kilómetro 77 + 500 metros, vía Bosconia Cuatro Vientos” (fls. 7-94, cdno. 3, Exp. 3314); el protocolo de las necropsias médico legales, en las cuales se concluyó que el fallecimiento de todos se produjo por “severas lesiones craneoencefálicas producidas por un trauma contundente” (fls. 70-75, cdno. 3, Exp. 3314), y las copias de las actas de los registros civiles de las defunciones (fls. 11, cdno. 1, Exp. 3406; 7, Exp. 3403, y 7 Exp. 3568).

1.2. Igualmente, está acreditado el daño moral sufrido por los demandantes, que se infiere de la existencia del vínculo parental que los unía a los fallecidos, así:

(i) En relación con quienes demandaron por la muerte del señor Wilson Hernández Sandoval. Los señores Francisco Hernández Lizarazo y Edelmira Sandoval de Hernández acreditaron ser sus padres, porque así consta en el registro civil del nacimiento de aquel; los señores Ever Yimmy, Edgar y Francisco Javier Hernández Sandoval demostraron ser sus hermanos, porque en sus registros civiles de nacimiento figuran igualmente como hijos de los señores Francisco Hernández y Edelmira Sandoval, y los señores Julio Hernández Figueroa y Ana Felisa Lizarazo de Hernández acreditaron ser los abuelos del fallecido, porque demostraron ser los padres del señor Francisco Hernández Lizarazo (fl. 20 y 22-25, cdno. 1, Exp. 3406).

(ii) En relación con quienes demandaron por la muerte del señor Alfredo Vásquez Chavarro. Obran en el expediente los siguientes documentos: copia del acta del registro civil de nacimiento de Alfredo y Yasmin Vásquez Chavarro y el certificado del registro civil de nacimiento de Franklin y Yasser Enrique Vásquez Chavarro, en los cuales figuran como hijos de los señores Alfredo Vásquez Herrera y Margoth Chavarro Delgado (fls. 21-24, cdno. 1, Exp. 3403), con lo cual se acreditó que los dos últimos son los padres del occiso y los otros cuatro primeros sus hermanos.

(iii) En relación con quienes reclamaron indemnización por la muerte del señor William Augusto Díaz Hernández. Figura el certificado del registro civil de su nacimiento y el de los señores Lucy del Socorro, Gloria Patricia y Carlos Alberto Díaz Hernández, en los cuales figuran como hijos de los señores Francisco Javier Díaz Becerra y Ana Delfa Hernández Castro (fls. 3-6), con lo cual quedó demostrado que esta demandante y los tres primeros nombrados eran la madre y los hermanos del fallecido.

Ahora bien, la demostración del parentesco en el primero y segundo grados de consanguinidad entre las víctimas y los demandantes, unida a las reglas de la experiencia, permiten inferir el dolor moral que estos sufrieron con la muerte de aquellos.

2. El régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto.

2.1. En las demandas se pidió condenar a la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con fundamento en los regímenes de falla probada, presunta y presunción de responsabilidad.

Valga aclarar (1) que hasta el año de 1989, la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados en ejercicio de actividades peligrosas se definía en la jurisdicción con fundamento en el régimen de falla probada del servicio. Pero a partir de ese año se adoptó el criterio de falla presunta para juzgar este tipo de eventos, por considerar que “un vehículo automotor, por su peligrosidad, al ser nexo instrumental en la causación de un perjuicio, compromete de por sí la responsabilidad del ente público a quien el vehículo pertenece, sin necesidad de que se pruebe la falla del servicio que por demás bien puede existir” (2) .

Conforme al criterio de falla presunta del servicio, el demandante no requería acreditar la falla, pero el demandando se podía exonerar de responsabilidad si demostraba haber actuado con diligencia y cuidado. Decía la Sala:

“El perjuicio causado con vehículo automotor oficial, hace presumir la falla del servicio, puesto que al ser el mecanismo de la presunción una técnica probatoria que solo exonera al actor del aporte de la prueba de la falla, no excluye el análisis que de la misma puede realizar el juzgador. Es, pues, un régimen en el cual la falla del servicio sí está presente, lo que implica que se excluye, por definición, toda aplicación de la teoría del riesgo y de cualquier otro régimen de responsabilidad objetiva.

Por ser presunta la falta del servicio, esta puede ser desvirtuada por la administración, mediante prueba que desmienta la premisa sobre la cual está cimentada la presunción. En otros términos: puede la administración aportar probanza contraria que impida al juzgador extraer las consecuencias de la premisa que dé fundamento a la presunción de falla que pesa sobre la administración” (3) .

Posteriormente, en el año de 1992 (4) , la corporación señaló que la falla presunta únicamente se debía aplicar en los eventos de responsabilidad médica, y no para decidir los daños causados por cosas o actividades peligrosas, en los que no se juzga la conducta irregular de la administración sino el daño antijurídico, en los cuales operaba una presunción de responsabilidad y no una presunción de falta. Por lo tanto, la administración no se exoneraba de responsabilidad con la prueba de la diligencia y cuidado, sino solo con la demostración de que el daño se produjo por una causa extraña. En relación con ese régimen decía la Sala:

“Es jurisprudencia reiterada de la Sala que en relación con el uso de armas de fuego el régimen aplicable es el de la presunción de responsabilidad dado que ‘en los eventos de los daños producidos por las cosas o actividades peligrosas, ya no juega la falla o la conducta irregular de la administración, sino solo el daño antijurídico (C.N., art. 90) produciéndose así más que una presunción de falla, una de responsabilidad’. Por lo tanto, le ‘incumbe a la demandada demostrar para exculparse, la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho de tercero, también exclusivo y determinante. Y por eso mismo se entiende que en estos casos no se pueda exonerar la administración demostrando diligencia y cuidado’ (5)(6) .

En época más reciente, la Sala aclaró que la expresión “presunción de responsabilidad” resultaba equívoca porque sugería que podían presumirse todos los elementos de la responsabilidad, cuando lo único que con ese régimen se establecía era la objetividad de la imputación, es decir, que no tenía ninguna injerencia la calificación subjetiva de la conducta causante del daño. Dijo la Sala:

“Sea esta la oportunidad para aclarar que no existe, en ningún caso, la llamada ‘presunción de responsabilidad’, expresión que resulta desafortunada, en la medida en que sugiere la presunción de todos los elementos que permiten configurar la obligación de indemnizar. Es claro, en efecto, que, salvo en contadas excepciones, generalmente previstas en la ley, en relación con el daño, siempre se requiere su demostración, además de la del hecho dañoso y la relación de causalidad existente entre uno y otro. El régimen así denominado por esta corporación en varias oportunidades tenía, sin duda, todas las características del régimen objetivo de responsabilidad, en el que si bien no tiene ninguna injerencia la calificación subjetiva de la conducta —por lo cual no se requiere probar la falla del servicio ni se acepta al demandado como prueba para exonerarse la demostración de que su actuación fue diligente—, los demás elementos de la responsabilidad permanecen y deben ser acreditados por la parte demandante. Recaerá sobre la parte demandada la carga de la prueba de los hechos objetivos que permitan romper el nexo de causalidad, únicos con vocación para exonerarlo de responsabilidad” (7) .

Hoy, la Sala es del criterio de que el régimen bajo el cual deben ser decididas las demandas interpuestas con el fin de obtener la reparación de los daños causados en ejercicio de actividades peligrosas, es el objetivo por riesgo excepcional, de acuerdo con el cual al demandante le basta acreditar que la actividad peligrosa fue la causa del daño cuya reparación solicita, en tanto que la entidad para exonerarse, deberá demostrar la existencia de una causal de exoneración como la culpa exclusiva de la víctima, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la fuerza mayor (8) .

Esto siempre que no se invoque en la demanda el régimen de falla del servicio, pues el criterio de imputación de falla del servicio es aplicable aun tratándose de daños causados con ocasión de actividades peligrosas, por ser consustancial a la jurisprudencia contencioso administrativa, permitir identificar las falencias que se presentan en el ejercicio de la actividad administrativa, con el propósito de que: (i) la definición para un caso concreto se convierta en advertencia para la administración con el fin de que esta procure evitar la reiteración de conductas anormales y (ii) esa decisión sirva para trazar políticas públicas en materia de administración.

2.2. No sobra agregar que, en ausencia de la demostración de una falla del servicio, habrá de procederse a analizar el hecho probado bajo el criterio de imputación por riesgo excepcional por tratarse de una actividad peligrosa, aun cuando no sea invocado en la demanda, en aplicación del principio iura novit curia.

2.3. Y también vale destacar, para los efectos de este fallo, que el criterio objetivo de imputación de riesgo excepcional no es aplicable para decidir la responsabilidad del Estado por los daños sufridos por una actividad peligrosa, cuando quien los sufra sea la misma persona que ejercía dicha actividad, dado que en ese evento la responsabilidad del Estado solo quedará comprometida cuando el daño se haya producido por fallas en el servicio, esto es por situaciones relacionadas con el mal estado de los instrumentos, la falta de seguridades suficientes para evitar la causación de daño a quienes los manipulan, o la falta de entrenamiento para el ejercicio idóneo de esa actividad, por cuanto quien ejerce esa actividad voluntariamente asume el riesgo intrínseco de la misma.

En efecto, ha considerado la Sala que frente a los daños que sufre quien ejerce una actividad peligrosa, cuando tales daños son la materialización de los riesgos propios de esa actividad (9) , la decisión sobre el derecho a la indemnización debe ser adoptada bajo el régimen de la falla del servicio y no del régimen de responsabilidad objetivo, por riesgo excepcional:

“Quien maneja un arma, conduce un vehículo, etc., no podrá invocar después el ejercicio de la actividad peligrosa para reclamar del Estado la indemnización por el daño que sufra como consecuencia del uso del arma, de la conducción del automotor, etc., en tanto es él mismo, precisamente, quien está llamado a actuar de manera prudente y diligente en el ejercicio de la actividad peligrosa que se le recomienda.

De tal manera, el servidor público de la fuerza pública que manipula un arma y se lesiona, no podrá acudir a este régimen de responsabilidad para obtener la indemnización de los perjuicios que se le hubieren causado; por el contrario, si el afectado es un tercero, quedará relevado de probar la falla del servicio y la administración solo se exonerará si acredita que el hecho se produjo por culpa exclusiva de la víctima, por el hecho de un tercero ajeno al servicio, exclusivo y diferente, o por fuerza mayor (10) .

2.4. Además, se precisa que en cualquier régimen de responsabilidad de que se trate, la fuerza mayor exonera de responsabilidad, a diferencia del caso fortuito, que no exonera en todos los casos de la responsabilidad patrimonial del Estado, por lo que resulta relevante recabar sobre la distinción que en jurisprudencia de la jurisdicción se ha adoptado sobre esos dos conceptos.

La fuerza mayor y el caso fortuito como eximentes de responsabilidad se identifican en el derecho privado, mientras que el administrativo les tiene demarcado sus efectos, y ello hace que no se refiera a estas dos hipótesis indistintamente. Esta diferencia la explica la doctrina nacional, con apoyo en la doctrina francesa así:

“En el derecho administrativo francés se la considera una hipótesis característica del mismo, pero más bien de escasa ocurrencia. Y es así porque, si bien es cierto el vocablo ‘caso fortuito’ se encuentra en el Código Civil, ello ocurre siempre conjuntamente con el de ‘fuerza mayor’, y la doctrina, como la jurisprudencia civilista, no distinguen entre las dos hipótesis. El derecho administrativo por el contrario, establece la diferencia y le atribuye una consecuencia importante: al contrario de la fuerza mayor, el caso fortuito no juega un papel exoneratorio sino en los regímenes de responsabilidad por culpa.

El caso fortuito comparte dos de las características de la fuerza mayor: debe revestir un carácter imprevisible y ser, también, irresistible. Por el contrario, reexcluye el criterio de la exterioridad. El caso fortuito es la causa desconocida —o por lo menos desconocida en el momento en que se produce el siniestro— pero es necesariamente interna al servicio o actividad públicas consideradas.

En este supuesto, la jurisprudencia de los tribunales franceses considera lógico que el acontecimiento de que se trate sea exoneratorio en caso de responsabilidad por falta: no puede haber falta por no haberse previsto un suceso imprevisible e irresistible. Pero si por el contrario, el análisis se sitúa en una lógica de responsabilidad objetiva o sin falta, el caso fortuito no podrá excluir o atenuar la responsabilidad de la persona pública, ya que se parte de que el evento ocurrido tiene un origen interno al servicio, la actuación o la obra pública.

Explicando la diferencia entre la fuerza mayor y el caso fortuito, dice Marcel Waline:

‘Se puede decir, por lo menos aproximadamente, que la fuerza mayor es una fuerza exterior que impide la imputabilidad del accidente a quien el demandante quiere hacer responsable y en consecuencia juega como causal de exoneración cualquiera que sea el fundamento adoptado de la responsabilidad, falta o riesgo, porque la cuestión de la imputabilidad precede y condiciona en todo caso la de la responsabilidad: la causa del accidente reside ciertamente en un mecanismo que estaba a disposición de la persona cuya responsabilidad se busca, o que ha sido utilizado, accionado por ella. Pero no se sabe nada más; no se puede determinar con precisión la causa del accidente; la técnica o la ciencia se confinan impotentes en su momento, para determinar de manera precisa el origen de esta causa; el caso fortuito exonera de responsabilidad, no a la manera de la fuerza mayor, impidiendo la imputabilidad, sino únicamente excluyendo la falta. Es por tanto lógico que sea una causal de exoneración de la responsabilidad fundada sobre la falta, y que no lo sea cuando la responsabilidad es independiente de toda falta’ (11) .

La jurisprudencia de la Sección compartió la anterior perspectiva en un fallo de 1989, en relación con el uso de las armas oficiales, en los siguientes términos:

“7. La fuerza mayor exonera también a la administración. En efecto, su existencia supone que en esta no ha cometido falla alguna, y ello porque la causa de la falla del servicio no puede imputarse a la administración, sino a un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que supuestamente causó el perjuicio.

8. El caso fortuito, al contrario, en su concepción moderna administrativa de causa desconocida, no exonera a la administración frente a este tipo de perjuicios. Al decir del profesor Paul Amselek, “todo sistema de presunción de falta supone, por hipótesis misma, que en caso de no ser posible determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el daño, el llamado a responder por las fallas presuntas deberá reparar, por encontrarse en incapacidad de demostrar una ausencia de falta en el origen del perjuicio” (citado por F. Lorens-Fraysse, “La presomption de faute dans le contentieux administratif de la responsabilité”, LGDJ, París, 1985, pág. 147), puesto que, precisamente, la consecuencia de la concepción de la presunción de falta radica en que la víctima no tenga necesidad de probar las circunstancias que rodearon la causación del perjuicio, sino que, en el evento de no conocerse cómo se produjeron dichas circunstancias, corresponderá al demandado asumir la duda que rodea las circunstancias exactas en las que advino el perjuicio”.

Estima la Sala, de acuerdo con el profesor Amselek, que en el evento de presentarse un caso fortuito, en su acepción ya dicha, es a la administración a quien le corresponde resarcir el perjuicio, habida consideración de que no puede desvirtuar la presunción que sobre ella pesa, y que consiste en determinar a priori, y dada la peligrosidad de las armas, que un perjuicio causado con la utilización de una de ellas, se debe a falla del servicio” (12) .

Varios han sido los criterios ensayados en la jurisprudencia con base en la doctrina sobre la distinción entre caso fortuito y fuerza mayor. Así, se ha dicho que: (i) el caso fortuito es un suceso interno, que por consiguiente ocurre dentro del campo de actividad del que causa el daño; mientras que la fuerza mayor es un acaecimiento externo ajeno a esa actividad; (ii) hay caso fortuito cuando la causa del daño es desconocida; (iii) la esencia del caso fortuito está en la imprevisibilidad, y la de la fuerza mayor en la irresistibilidad, y (iv) el caso fortuito se relaciona con acontecimientos provenientes del hombre y la fuerza mayor a hechos producidos por la naturaleza (13) .

Finalmente, la Sala adoptó el criterio, que hoy se reitera, de que la nota distintiva entre la fuerza mayor y el caso fortuito con el propósito de determinar si constituyen eximentes de la responsabilidad del Estado, radica en la posición que pueda señalarse al hecho en relación con la estructura de la actividad y así, en tanto que, para que haya fuerza mayor debe tratarse de un hecho externo a la actividad que desplegaba la entidad demandada en la situación concreta de la causación del daño, tratándose del caso fortuito ese hecho debe ser interno a la estructura o actividad de la administración. La Sala ha considerado:

“Debe tenerse en cuenta, además, la distinción que la doctrina y la jurisprudencia han hecho entre la fuerza mayor y el caso fortuito, que..., adquiere su mayor interés dentro del marco de la responsabilidad por riesgo excepcional. Se ha dicho que la fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho del demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquel, y puede ser desconocido, permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño” (14) .

La Sala ha insistido en la diferencia entre fuerza mayor y caso fortuito, al señalar así sus características:

“Para efectos de la distinción, y de acuerdo con la doctrina (15) se entiende que la fuerza mayor debe ser:

“1) Exterior: esto es que ‘está dotado de una fuerza destructora abstracta, cuya realización no es determinada, ni aun indirectamente por la actividad del ofensor’.

2) Irresistible: esto es que ocurrido el hecho el ofensor se encuentra en tal situación que no puede actuar sino del modo que lo ha hecho.

3) Imprevisible: cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o predecirlo (16) .

A su vez, el caso fortuito debe ser interior, no porque nazca del fuero interno de la persona, sino porque proviene de la propia estructura de la actividad riesgosa, puede ser desconocido y permanecer oculto. En tales condiciones, según la doctrina se confunde con el riesgo profesional y por tanto no constituye una causa de exención de responsabilidad”.

De manera más reciente, la Sala ha reiterado que la distinción entre fuerza mayor y caso fortuito está basada en el origen de la causa, así:

“Se ha dicho que la fuerza mayor es causa extraña y externa a la esfera jurídica del demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquel, y puede ser desconocido, permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño (17) , cuando este obedece a la concreción del riesgo” (18) .

En relación con la fuerza mayor, la doctrina nacional y foránea destacan que esa causal de exoneración se configura frente a eventos extraños por completo a la actividad administrativa. “La fuerza mayor es siempre ajena al servicio; el riesgo de que se produzca un eventual resultado lesivo no lo crea el servicio; el riego existe con independencia de aquel” (19) . Se trata de una causa extraña exterior al objeto dañoso y a sus riesgos propios. Por lo tanto, no son hechos constitutivos de fuerza mayor los eventos intrínsecos, internos a la actividad administrativa.

En relación con la imprevisibilidad, se señala que este elemento no se excluye con la simple posibilidad vaga o abstracta de que el hecho pueda ocurrir, sino con la posibilidad concreta y real de que el mismo pudiera ser previsto, y también que debe distinguirse entre el evento y sus consecuencias, porque si bien el suceso pudo ser imprevisible, los daños concretos que ese suceso pueda causar pueden no serlo. Por ejemplo, los daños causados como consecuencia de un árbol derribado por una tormenta que no fue recogido de la vía ni señalizado y contra el cual colisionó un vehículo. La tormenta y el derrumbamiento del árbol podían ser imprevisibles, pero la colisión del vehículo con el obstáculo no. En tal caso, la entidad a cuyo cargo se encuentra la vía no se exoneraría de responsabilidad, alegando la fuerza mayor.

Y en relación con la irresistibilidad, cabe señalar que esta se vincula con juicios de carácter técnico y económico, es decir, la valoración sobre la resistibilidad del suceso involucra una valoración de los avances de la técnica, pero también de los recursos que deban disponerse para conjurar los eventos causantes del daño (20) .

En conclusión, mientras se demuestre por la parte actora que en el ejercicio de una actividad de las calificadas de riesgo o peligrosas, se le causó un daño que proviene del ejercicio de aquellas, el caso fortuito no podrá excluir o atenuar la responsabilidad de la persona pública, ya que se parte de que el evento ocurrido tiene un origen interno al servicio, o la actuación. No ocurre lo mismo cuando la causal eximente que se alega es la fuerza mayor, cuyo origen es extraño, externo a la actividad de la administración, la cual sí constituye eximente de responsabilidad.

En otros términos, cuando la causa eficiente del daño sea un hecho ajeno a la estructura o actividad que desarrollaba la administración, este no será imputable a la misma aunque hubiere actuado como causa pasiva en su materialización. Esto, se insiste, siempre que el hecho, además, hubiera sido imprevisible o irresistible para la entidad, porque faltando uno de tales circunstancias, el daño le sería imputable a título de falla del servicio, por omisión en el deber de cuidado o seguridad.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se procederá a analizar las pruebas que obran en el expediente para establecer si el daño sufrido por los demandantes es imputable a la entidad a título de falla del servicio, o de riesgo excepcional, o si, por el contrario, el daño no es imputable al Estado por haber ocurrido como consecuencia de una causa extraña.

3. El caso concreto.

Cabe precisar que en el análisis del caso concreto se tendrán en cuenta los documentos traídos al proceso y los testimonios practicados en el mismo, así como la prueba documental trasladada de la investigación preliminar disciplinaria que por los hechos adelantó el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que obra en copia auténtica (fls. 1-109 cdno. 3, Exp. 3314 y fl. 69, cdno. 1, Exp. 3314), porque esa prueba fue practicada por la entidad demandada y su traslado se solicitó por la parte demandante. Es decir, la parte con la que se oponen esas pruebas —DAS— ha tenido plena oportunidad de controvertirlas por cuanto fue directamente esa entidad la encargada de la práctica y recopilación en ese procedimiento en el cual llevó su dirección, lo cual inclusive amplía el espectro de posibilidades para una adecuada réplica, comoquiera que actuaba con total libertad al momento de decretarlas.

Con esas pruebas quedó demostrado que los señores Wilson Hernández Sandoval, Alfredo Vásquez Chavarro y William Augusto Díaz Hernández, detectives del DAS, fallecieron como consecuencia de un accidente de tránsito, ocurrido en momentos en que se hallaban cumpliendo una misión oficial, al atravesarse un semoviente al carro donde viajaban, hecho que generó la pérdida de control del vehículo, que invadió el carril contrario y colisionó con un vehículo particular que se desplazaba en sentido contrario. Esos hechos aparecen acreditados así:

3.1. Los fallecidos eran agentes del DAS.

3.1.1. Para acreditar la condición que de agente del DAS tenía el señor Wilson Hernández Sandoval al momento de su fallecimiento, se trajeron al proceso los siguientes documentos: (i) la trascripción de la Resolución 1506 de 1994, mediante la cual se le nombró como “alumno de academia 326 03 de la planta global área administrativa”, prueba traída al expediente por el jefe de la unidad de personal del DAS, en respuesta al oficio remitido por el a quo (fl. 76, cdno. 1, Exp. 3406); (ii) su hoja de vida en la institución, la cual contiene, entre otros, su tarjeta biográfica y demás actos relacionados con su ingreso a la entidad, las circunstancias en las cuales se produjo su fallecimiento y los actos mediante los cuales se reconocieron sus derechos laborales y compensación por muerte a sus padres, documentos que fueron traídos por el secretario general del DAS, en respuesta al oficio remitido por el a quo (fls. 1-155, cdno. 2, Exp. 3406); (iii) copia auténtica de la Resolución 1191 de 4 de junio de 1996, mediante la cual se reconocieron como beneficiarios de los derechos laborales a los señores Francisco Hernández Lizarazo y Edelmira Sandoval de Hernández; (iv) copia auténtica de la Resolución 1531 de 5 de julio de 1996, por la cual se ordenó el pago a sus beneficiarios de las prestaciones sociales causadas, y (v) Resolución 1772 de 31 de octubre de 1996, mediante la cual se reconoció a sus padres la prestación especial de compensación en caso de muerte, copias que fueron traídas al expediente por el subdirector seccional DAS Cesar, en respuesta al oficio remitido por el a quo (fls. 88-94, cdno. 1, Exp. 3406).

3.1.2. En relación con el señor Alfredo Vásquez Chavarro, su calidad de agente del DAS se acreditó con; la copia auténtica de su hoja de vida en la institución, que incluyó la tarjeta biográfica; la Resolución 1814 de 4 de agosto de 1994, mediante la cual se le nombró como “alumno de academia 326 03 de la planta global área administratitiva”; el acta de posesión como detective agente 208-06; la Resolución 1895 de 12 de noviembre de 1996, mediante la cual se reconocieron como beneficiarios de los derechos laborales a los señores Alfredo Vásquez Herrera y Margoth Chavarro de Vásquez, y de la Resolución 2396 de 1996, por la cual se ordenó el pago a sus beneficiarios de la prestación especial de compensación en caso de muerte, copias que fueron traídas al expediente por el jefe de la unidad de personal del DAS Cesar, en respuesta al oficio remitido por el a quo (fls. 1-95, cdno. 2, Exp. 3314).

3.1.3. En relación con el agente William Augusto Díaz Hernández, obra la copia auténtica de la hoja de vida, que incluyó tarjeta biográfica; Resolución 4653 de 19 de diciembre de 1989, mediante la cual se le nombró como “alumno de academia grado 03 de la Academia Superior de Inteligencia y Seguridad Pública”; Resolución 8973 de 24 de abril de 1992, mediante la cual se le inscribió en el escalafón de régimen especial de carrera del DAS; la Resolución 2035 de 5 de noviembre de 1996, mediante la cual se reconoció como beneficiarios de los derechos laborales a los señores Francisco Javier Díaz Becerra y Ana Delfa Hernández de Díaz, y de la Resolución 234 de 4 de febrero de 1997, por la cual se ordenó el pago a sus beneficiarios de la prestación especial de compensación en caso de muerte, copias que fueron traídas al expediente por el jefe de la unidad de personal del DAS Cesar, en respuesta al oficio remitido por el a quo (fls. 1-245, cdno. 2, Exp. 3568).

3.2. Al momento del accidente, los agentes se hallaban cumpliendo una misión oficial.

Así consta en los informes del accidente suscritos por el jefe del grupo de seguridad rural del DAS, quien afirmó que al momento de producirse el hecho, los agentes Alfredo Vásquez Chavarro, William Augusto Díaz Hernández y Wilson Hernández Sandoval estaban atendiendo una “emergencia sobe piratería terrestre en la vía que conduce Bosconia - Cuatro Vientos” (fls. 29-30, cdno. 1 Exp. 3406; 80-81 cdno. 1, Exp. 3403, y 66 cdno. 1, Exp. 3568 y 43-48, cdno. 3, Exp. 3314).

De igual manera, el jefe de la oficina de recursos humanos del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, hizo constar que los agentes Wilson Hernández Sandoval, fallecieron en accidente de tránsito ocurrido el 15 de enero de 1996, en cumplimiento de funciones propias del servicio, que en ese momento se trasladaban al corregimiento Cuatro Vientos, jurisdicción del municipio de El Paso, Cesar (fl. 32, cdno. 1, Exp. 3406).

En la certificación expedida por el director del DAS, en respuesta al oficio remitido por el a quo, manifestó que el señor William Augusto Díaz Hernández se encontraba en misión de servicio el 15 de enero de 1996, cuando, en compañía de los agentes Wilson Hernández Sandoval, Alfredo Vásquez Chavarro y Saúl Edén Pérez Riveros, adscritos al puesto de seguridad rural de Bosconia se dirigían al corregimiento Cuatro Vientos del municipio de El Paso, Cesar (fl. 62, cdno. 1, Exp. 3568).

En respuesta al oficio remitido por el a quo, el director seccional del DAS Cesar, manifestó que:

“... a raíz de una llamada telefónica recibida y siendo aproximadamente las 17:50 horas, el señor Pérez, jefe del puesto de Bosconia Cesar, para la época del accidente, salió en misión de servicio, en compañía de los detectives William Augusto Díaz Hernández, Alfredo Vásquez Chavarro y Wilson Hernández Sandoval, portando como apoyo la subametralladora Mini - Uzi Nº 02399, con dos proveedores y 40 cartuchos para la misma, en el vehículo marca Toyota, color blanco, placas CTC-384, de dotación del puesto, con destino al corregimiento de Cuatro Vientos, jurisdicción del municipio de El Paso, Cesar, con el fin de detectar la presencia de una banda de piratas terrestres que operaba en esa región” (fl. 71, cdno. 1, Exp. 3403).

En la indagación preliminar disciplinaria adelantada por la entidad, rindió declaración el señor Nabonazar Hernández de La Hoz, quien manifestó que para la época de los hechos se desempeñaba como guardián de información del DAS, adscrito al puesto de seguridad rural, destacado en Bosconia y se refirió a la misión oficial que estaban cumpliendo los fallecidos en el momento del accidente:

“El día quince (15) de enero de 1996 se presentó como novedad una llamada aproximadamente de las 16:40 a las 17:00 horas, la voz era de un señor quien no se identificó sino que le pasara al jefe de puesto, yo se lo pasé al teléfono, alcancé a escuchar cuando él dijo que es que lo están atracando y que cuántos tipos eran; de inmediato él colgó y le dijo a los muchachos William Augusto Díaz, Alfredo Vásquez y Wilson Hernández que se alistaran que iban a Cuatro Vientos a constatar la información sobre la llamada que le habían hecho... En ese instante no salieron porque la señora Rosa Britto, auxiliar de servicios del puesto le dijo al señor William Hernández, el cual se encontraba como ecónomo y conductor que se había acabado el cilindro de gas, procedieron a traerlo, cuando llegaron prosiguieron a salir a la diligencia a las 17:40 horas; como a los veinte minutos de haber salido, un muchacho conocido de aquí del puesto de nombre Orlando me comunicó que los compañeros habían tenido un accidente y que se habían matado todos cuatro...” (fls. 18-20, cdno. 3, Exp. 3314).

3.3. El vehículo en el cual ocurrió el accidente estaba bajo la guarda del DAS, según se acreditó con las siguientes pruebas:

Trascripción de la Resolución 2933 de 17 de noviembre de 1994, el director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, ordenó el decomiso definitivo del vehículo “camioneta Toyota, tipo Station Wagon, modelo Land Crusier FJ60, año 1982, color blanco, servicio particular, placas AOS-783 venezolanas”, traída al expediente por el jefe de la unidad de personal del DAS, en respuesta al oficio remitido por el a quo (fl. 77, cdno. 1, Exp. 3406) .

Su placa original era IYC-284, pero por razones de seguridad se utilizaba la placa CTC-384, según la certificación expedida por el jefe del grupo móvil de seguridad rural Bosconia, que obra en copia auténtica en el expediente (fl. 28, cdno. 1, Exp. 3406).

4. El hecho fue constitutivo de fuerza mayor.

Considera la Sala que con fundamento en las pruebas que obran en el expediente hay lugar a afirmar que el accidente en el cual perdieron la vida los agentes del DAS Wilson Hernández Sandoval, Alfredo Vásquez Chavarro y William Augusto Díaz Hernández se produjo por una causa extraña, imprevisible e irresistible para la entidad.

En relación con las circunstancias en las cuales ocurrió el accidente, obran las siguientes pruebas:

El oficio remitido por el subintendente de la policía de carreteras, del departamento de policía del Cesar, al inspector de tránsito departamental de Bosconia, se informó del hecho, así:

“Mediante el presente me permito enviar a ese despacho informe escrito de tránsito 93-0157646... del choque de los vehículos camioneta Toyota, color blanco, placas CTC-384, adscrita al DAS Bosconia, conducida por Wilson Hernández Sandoval... , detective agente DAS, quien resultó muerto. Vehículo tractocamión marca Dodge, modelo 1977, color azul y blanco, servicio particular de propiedad de Gaseosas del Cesar S.A., placas IYC-795, conducido por Pedro Villamizar Frías...

Mismos hechos resultaron muertos detective DAS Alfredo Vásquez Chavarro... detective DAS William Augusto Díaz Hernández..., resultando herido detective profesional DAS Saúl Edén Pérez Rivero... quienes se transportaban en la camioneta Toyota.

Hechos ocurridos día 150196, a las 18:15 horas, vía Bosconia Cuatro Vientos, sitio Loma Colorada, kilómetro 77 más 500, por haber animales en la vía (semoviente cerdo), el cual fue arrollado por la camioneta” (fl. 27, cdno. 1, Exp. 3406).

En la fotocopia del croquis 93-015764 de la oficina de tránsito y transporte de Bosconia, Cesar, que obra en copia auténtica en el expediente (fl. 75, cdno. 1, Exp. 3314), se hizo la siguiente observación: “en el lugar del accidente se encontró semoviente muerto (cerdo), no encontrándose en el sitio del impacto”.

El señor Pedro Antonio Villamizar Frías, conductor del camión de propiedad particular, contra el cual colisionó el vehículo oficial, rindió testimonio en la indagación preliminar disciplinaria que adelantó la entidad. Según el testigo, el hecho ocurrió así:

“El quince de enero de 1996, yo venía de Curumaní, Cesar, para Valledupar, cuando venía por Loma Colorada iba una camioneta cuatro puertas de aquí para allá y se le atravesó un marrano y lo mató, le hizo perder el control del carro, el cual se vino al carril mío; el conductor de la camioneta lo trató de echar al carril de él, el cual el carro se fue atravesando y le pegó a la mula, que era el vehículo que yo traía, después yo me bajé y la gente ya estaban tirados ahí muertos... [la camioneta del DAS] iba a gran velocidad...” (fls. 30-31, cdno. 3, Exp. 3314).

Por auto de 20 de junio de 1996, el director seccional DAS Cesar, ordenó el archivo definitivo de la indagación preliminar adelantada por el DAS, en relación con la muerte de los agentes William Augusto Díaz Hernández, Alfredo Vásquez Chavarro y Wilson Hernández Sandoval, por considerar que “el accidente ocurrió como consecuencia de un caso fortuito, en razón a la salida intempestiva en la vía de un semoviente porcino, que descontroló al conductor del DAS, haciéndole perder el control del vehículo en que se movilizaban” (fls. 73-76, cdno. 1, Exp. 3403).

Esas pocas pruebas dan cuenta de la presencia intempestiva de un semoviente sobre la vía que transitaban los detectives en el vehículo de destinación oficial, conducido en ese momento por el agente Wilson Hernández Sandoval, quien no pudo evitar la colisión con el obstáculo e invadió el carril contrario, sobre el cual en ese momento se desplazaba el vehículo de propiedad particular conducido por el señor Pedro Antonio Villamizar Frías.

La parte demandante pretendió desvirtuar la existencia de la causa extraña, aduciendo que el accidente se produjo como consecuencia de hechos constitutivos de falla del servicio de la administración, que consistieron en: (i) haberse ordenado la conducción del vehículo a un detective, a pesar de que esa no era una de las funciones propias de su cargo; (ii) el conductor del vehículo carecía de idoneidad para ejercer esa acción, y (iii) el accidente se produjo por la imprudencia del conductor del vehículo oficial, quien se desplazaba a exceso de velocidad y que, por eso, no pudo evitar la colisión y perdió el control del vehículo.

Pero esos hechos no fueron probados en el expediente. Por el contrario, se acreditó que el señor Wilson Hernández Sandoval poseía licencia de conducción categoría 04 (fl. 36, cdno. 3, Exp. 3314), que conforme a lo previsto en el artículo 20 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, vigente al momento de ocurrencia de los hechos (D. 1344 /70, modificado por la L. 33/86), acreditaba su aptitud física y mental para conducir, comprobada mediante exámenes médico y sicotécnico practicado por orden de la autoridad de tránsito y, además, acreditaba tener conocimientos de las normas vigentes de tránsito y seguridad vial, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

Ahora, el hecho de que el señor el señor Wilson Hernández Sandoval hubiera sido vinculado a la institución como detective, encargado de labores relacionadas con la seguridad pública o el desarrollo de tareas investigativas, conforme al manual de funciones del área operativa, traído al expediente en copia auténtica (anexo 1, Exp. 3406), y no como conductor, no excluía que en la prestación de su servicio debiera, estando habilitado para ello, desarrollar otro tipo de actividades necesarias para el buen desempeño de su función, como lo era el trasladarse, junto con sus compañeros en un vehículo oficial para llegar al sitio de ocurrencia del hecho, en relación con el cual debían adelantar labores de prevención, represión o investigación.

En cuanto a la velocidad que llevaba el conductor del vehículo oficial, cabe señalar que solo se hizo referencia a la misma en la declaración que rindió el señor Pedro Antonio Villamizar Frías, cuando afirmó que el vehículo “iba a gran velocidad”. Sin embargo, ese testimonio no es prueba idónea del hecho, porque de una parte su testimonio no goza de la imparcialidad que le debe ser propia a esta prueba, comoquiera que ese declarante era el conductor de la tractomula con la cual chocó el automotor en que viajaban los agentes del DAS, de tal manera que cualquier afirmación que haga en relación con el conductor del otro vehículo resulta influenciada por su propia situación frente a la responsabilidad que eventualmente pudiera endilgársele; por otra parte, el proceso carece totalmente de conceptos científicos o técnicos, demostrativos de tal afirmación.

Apreciadas en concreto las circunstancias que rodearon el hecho, considera la Sala que el obstáculo atravesado sobre la vía —el semoviente— contra el cual colisionó el vehículo oficial, constituye una causa extraña, en cuanto: (i) ese hecho fue externo a la conducción del vehículo; ajeno a las actividades propias de la entidad, que no estaban relacionadas con la remoción, o señalización de obstáculos sobre la vía; (ii) imprevisible, porque la presencia del semoviente sobre esa vía, como sobre cualquiera otra, era solo una posibilidad vaga o abstracta, dado que no se acreditaron en el proceso circunstancias particulares que permitieran concluir su previsibilidad, tales como que la vía fuera tránsito normal de animales, o que el día del accidente fuera de feria y que por lo regular en esas fechas los animales transitaban libremente por el lugar, e (iii) irresistible para el conductor del vehículo oficial, quien actuó conforme lo indicaban las circunstancias del momento, sin que pueda hablarse de que su actuación fue negligente.

La Sala ha conocido de casos similares y su decisión, valoradas las circunstancias concretas, ha sido igualmente la de declarar la ausencia de responsabilidad del Estado, por haberse demostrado en esos eventos, que el hecho era externo, imprevisible e irresistible para la entidad, esto es, constitutivo de fuerza mayor.

Así, en sentencia de 16 de marzo de 2000, Expediente 11.670, la Sala negó la responsabilidad del municipio de Ancuya, Nariño, por la muerte de un agente de la policía que se desplazaba en misión oficial, en un vehículo que estaba bajo la guarda de la alcaldía de ese municipio y era conducido en el momento por el alcalde, al rodar por un abismo, cuando trató de esquivar un caballo que se atravesó en la vía, por considerar que ese hecho era constitutivo de fuerza mayor, por ser imprevisible, irresistible y ajeno a la actividad de la administración.

Idéntica decisión tomó la Sala en sentencia de 26 de febrero de 2004, Expediente. 13.833, sobre el mismo asunto. En esa oportunidad dijo la Sala:

“De modo que en este caso se configuró una fuerza mayor, por cuanto la reacción asumida por el conductor fue producida por un hecho exterior (presencia de un caballo en la vía), que en momento alguno estaba determinado por la actividad del conductor; era irresistible, ya que ante la presencia del animal en la vía y la inminencia de chocar con él, a fin de evitar un accidente, al señor Lagos Hidalgo no le quedaba otra alternativa que tratar de esquivarlo, solo que las malas condiciones del terreno impidieron corregir la maniobra a efectos de encarrilarse y continuar normalmente su camino. En cuanto a la previsibilidad, ninguno de los testigos se refirió al tránsito y circulación habitual de semovientes por ese sitio, ni existían señales de tránsito que informaran sobre esa situación, a fin de exigirle al entonces alcalde que estuviera especialmente atento a esa situación y por tanto en ese momento y lugar no era posible prever su ocurrencia”.

En conclusión, al igual que en el antecedente jurisprudencial citado, en el caso concreto, el daño no es imputable al Estado por haber ocurrido como consecuencia de una fuerza mayor, en cuanto el accidente se produjo por hecho externo, ajeno a la actividad que en ese momento desarrollaba la entidad, e imprevisible e irresistible para la misma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por Tribunal Administrativo del Cesar, el 28 de enero de 1999.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) Este recuento sobre el cambio de régimen de responsabilidad en relación con el ejercicio de actividades peligrosas, ha sido señalado por la Sala en oportunidades anteriores. Así, pueden verse, por ejemplo, sentencias de 2 de mayo de 2000, Expediente 11.250 y de 3 de mayo de 2007, Expediente 25.020.

(2) Sentencia de diciembre 19 de 1989, Expediente 4484.

(3) Sentencia de 22 de octubre de 1990, Expediente 6091.

(4) Consejo de Estado, SCA Sección Tercera, sentencia de agosto 24 de 1992, Expediente 6754.

(5) Expediente 6754. En el mismo sentido: sentencias de 19 de septiembre de 1996, 16 de junio de 1997, Expediente 10.024, y de 30 de junio de 1998, Expediente 10.981.

(6) Sentencia de 16 de septiembre de 1999, Expediente 10.922.

(7) Sentencia de 2 de marzo de 2000, Expediente 11.401.

(8) Sobre este tema, dijo la Sala en sentencia de 15 de marzo de 2001, Expediente 52001-23-31-000-1994-6040-01 (11.222): “... en los eventos en que el daño es producido por las cosas o actividades peligrosas (armas de dotación oficial, vehículos automotores, conducción de energía eléctrica, etc.), el régimen aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación es el riesgo grave y anormal a que el Estado expone a los administrados. De tal manera, que basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es esta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política... En dichos eventos (daños producidos por las cosas o las actividades peligrosas), al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de una actividad riesgosa. Y la entidad demandada, para exculparse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, que el daño se produjo por fuerza mayor, culpa exclusiva y determinante de la víctima o hecho exclusivo y determinante de un tercero”. Criterio que en decisiones posteriores ha reiterado la Sala. Así, en sentencia de 25 de julio de 2002, Expediente 66001-23-31-000-1996-3104-01(14180), dijo: “En relación con los daños causados con el ejercicio de actividades peligrosas, como la conducción de vehículos, se aplica el régimen de responsabilidad objetiva, según el cual quien se beneficia de la actividad riesgosa debe responder por los daños que con ella se causen, y solo se exonera si demuestra la existencia de una causa extraña, es decir, la carga de la prueba de la ruptura del vínculo causal entre el ejercicio de la actividad riesgosa y el daño la tiene el responsable de aquella. A la víctima le basta acreditar que dicha actividad intervino en la causación de este”.

(9) La doctrina distingue la peligrosidad de la estructura de la peligrosidad del comportamiento de las cosas. Así, por ejemplo, Javier Tamayo Jaramillo. Tratado de Responsabilidad Civil. Bogotá, Ed. Legis, 2ª ed., 2007, pág. 941, señala: “Hay peligrosidad de la estructura cuando la cosa tiene un dinamismo propio o, a pesar de no tenerlo, conserva la posibilidad de dañar dada su ubicación, construcción o materiales utilizados; en este caso, la inmovilidad de la actividad exige un comportamiento activo de la víctima, que no hubiera bastado por sí mismo para producir el daño. Si una pipeta de gas explota, hay peligrosidad en la estructura, ya que en cierta forma la cosa tiene ese dinamismo propio; por el contrario, si una estructura está construida con materiales cortantes no podrá hablarse de dinamismo propio, pero la estructura de los materiales utilizados hacen que la actividad sea peligrosa aunque no haya dinamismo en la cosa ni en las personas que la utilizan... En cambio, hablamos de peligrosidad en el comportamiento cuando una cosa o actividad que pueden tener o no dinamismo propio son utilizadas de tal forma que de ese uso surge la peligrosidad. Las losas que cubren una acequia no son peligrosas en sí mismas, pero si son removidas se convierten en peligrosas. Además, hay actividades que son peligrosas no solo en su estructura sino también en su comportamiento; si, por ejemplo, un vehículo explota, su peligrosidad surge de la estructura; en cambio, si el vehículo atropella a un peatón, su peligrosidad surge del comportamiento, y si a causa de volcamiento explota, su peligrosidad surge de las dos. Tal vehículo no será actividad peligrosa en su comportamiento si se halla detenido, pues normalmente un automotor cesa de ser peligroso en su comportamiento cuando no está en movimiento”.

(10) Sentencia del 13 de febrero de 1997, Expediente 9.912, reiterada, entre otras, en sentencia de 7 de septiembre de 2000, Expediente 13.184.

(11) Ramiro Saavedra Becerra. “La responsabilidad extracontractual de la administración pública”. Páginas 584 y 585.

(12) Sentencia de 31 de julio de 1989. Expediente 2852.

(13) Esos criterios fueron expuestos de manera amplia en sentencia de 16 de marzo de 2000, Expediente 11.670.

(14) Sentencia de 16 de marzo de 2000, Expediente 11.670, entre muchas otras.

(15) Peirano Facio, Jorge. Responsabilidad extracontractual. 3ª ed. Temis. Bogotá. 1981. Páginas 451 a 459.

(16) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 13 de noviembre de 1962.

(17) Ver sentencias del 16 de marzo de 2000, Expediente 11.670, y del 19 de julio del mismo año, Expediente 11.842.

(18) Sentencia de 5 de diciembre de 2005, Expediente 14.731.

(19) Beladiez Rojo, Margarita. Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de los servicios públicos. Madrid, Tecnos, 1997, páginas 105-106.

(20) Sobre este tema, Jordano Fraga, Jesús. En La reparación de los daños catastróficos. Madrid, Marcial Pons, 2000, trae la siguiente conclusión: “Es evidente que ese juicio técnico encierra una decisión político-social de costes (esto es, la determinación cuantitativa de las inversiones asumibles por la sociedad en la evitación de riesgos). El componente técnico debe ser el predominante en la fijación de estos estándares. Y el criterio económico-racional; porque si técnicamente casi todos los riesgos naturales son evitables hoy; económicamente no siempre será racional la absoluta cobertura técnica... Debe observarse que cabe trazar una doble línea: 1) la de efectividad (el estándar técnico requerible efectivamente a las obras públicas) en previsión de riesgos y que todas las obras públicas deben efectivamente cumplir; este sería el nivel exigido de estándar de seguridad; 2) la de razonabilidad (asumiendo que la disponibilidad presupuestaria no permite actualmente alcanzar el estándar óptimo de seguridad), pero determinando no el nivel permisible de estándar de seguridad sino la frontera de la institución de la responsabilidad”.

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