Sentencia 16308 de marzo 1º de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RESPONSABILIDAD ESTATAL

Por daños sufridos por personas que prestan el servicio militar obligatorio.

EXTRACTOS: «La parte demandante adujo, además, que por tratarse de un soldado, el Estado debía responder por los daños que este hubiera sufrido durante el tiempo en que permaneció en el ejército, porque los riesgos inherentes al ejercicio de la actividad militar, deben ser asumidos por aquel sin que para tal efecto se puedan realizar distinciones derivadas de la forma de incorporación del soldado a las milicias.

Debe advertirse, en primer lugar, que el tribunal de instancia incurrió en error al confundir la condición de soldado regular que tenía la víctima, con la de soldado profesional, para dejar de aplicar en la decisión del caso sub examine los criterios elaborados por la jurisprudencia en relación con la responsabilidad del Estado frente a quienes han sido llamados a prestar el servicio militar obligatorio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la ley 48 de 1993, para atender la obligación de prestar el servicio militar existen varias modalidades de incorporación: (i) soldado regular: quien no terminó sus estudios de bachillerato y debe permanecer en filas un período entre 18 y 24 meses; (ii) soldado bachiller, quien debe prestar el servicio por 12 meses y, además de su formación militar, y demás obligaciones inherentes a su calidad de soldado, deberá ser instruido y dedicado a la realización de actividades de bienestar social a la comunidad y en especial a tareas para la preservación del medio ambiente y conservación ecológica; (iii) auxiliar de policía bachiller, quien debe prestar el servicio por 12 meses, y (iv) soldado campesino, quien es asignado para prestar el servicio militar obligatorio en la zona geográfica donde reside, por un período de 12 a 18 meses. Como se advierte, las modalidades señaladas en la ley tienen relevancia, entre otros, para determinar el tiempo de prestación del servicio, el lugar y las actividades que se les encomiendan. El conscripto, según lo establecido en el artículo 48 del Decreto 2048 de 1993, es el joven que se ha inscrito para definir su situación militar dentro de los términos, plazos y edad establecidos en la Ley 48 de 1993.

A diferencia del conscripto llamado a prestar el servicio militar obligatorio, en cualquiera de las modalidades señaladas en la ley, el soldado profesional se vincula a las fuerzas armadas de manera voluntaria y para prestar su servicio de manera permanente. Su incorporación se hace mediante nombramiento por orden de personal de los respectivos comandos, de acuerdo con las necesidades y la planta de personal que haya sido aprobada por el Gobierno Nacional, según lo establecido en el artículo 3º del decreto 1793 de 2000.

Ahora bien, en relación con el joven Mauricio Rodríguez Ocampo se advierte que, de acuerdo con la certificación expedida por el subjefe del departamento de personal del ejército, en respuesta al oficio remitido por el a quo (fl. 46, c-2), este fue incorporado como soldado regular el 19 de octubre de 1989, lo cual significa que debió prestar el servicio militar obligatorio por un período máximo de 24 meses, esto es, hasta el 19 de octubre de 1991.

No obstante, según la misma certificación, al soldado se le dio de baja del servicio mediante orden administrativa de personal número 1065 el 1º de agosto de 1993, pero no obra en el expediente ninguna prueba que acredite que en los años subsiguientes se cambió la condición laboral del soldado. Lo que puede concluirse de tales pruebas es que se prestó al soldado el servicio médico que requirió desde el momento en que se presentaron los síntomas de la enfermedad —año 1990—, hasta que el soldado falleció —4 de mayo de 1993— y que durante ese lapso las autoridades militares omitieron la definición de su situación militar.

Esa conclusión sigue siendo válida a pesar de que al soldado se le hubiera concedido la pensión de invalidez y la indemnización respectiva, con fundamento en el concepto de la junta médico laboral celebrada el 4 de mayo de 1993, esto es, en la misma fecha de su muerte, según la certificación expedida por el director de sanidad del ejército (fl. 87, c-2), por cuanto tales beneficios estaban establecidos también para los soldados que estuvieran prestando el servicio militar obligatorio, en el Decreto 94 de 1989.

Por lo tanto, son aplicables en el caso concreto los criterios jurisprudenciales adoptados por la Sala en relación con la responsabilidad del Estado por los daños que sufran las personas llamadas a prestar el servicio militar obligatorio.

En relación con la responsabilidad patrimonial del Estado frente a quienes se encuentren prestando el servicio militar obligatorio, ha considerado la Sala que el régimen bajo el cual debe resolverse su situación es diferente del que se aplica frente a quienes voluntariamente ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía o detectives del DAS (1) , porque el sometimiento de aquellos a los riesgos inherentes a la actividad militar no se realiza de manera voluntaria, sino que corresponde al cumplimiento de los deberes que la Constitución impone a las personas, “derivados de los principios fundamentales de solidaridad y reciprocidad social” (2) , para “defender la independencia nacional y las instituciones públicas” (C.P., art. 216).

Por eso, desde tiempo atrás la jurisprudencia ha considerado que cuando una persona ingresa al servicio militar obligatorio en buenas condiciones de salud debe dejar el servicio en condiciones similares (3) , criterio a partir del cual se estableció la obligación de reparación a cargo de la entidad demandada, frente a los daños cuya causa esté vinculada con la prestación del servicio y excedan la restricción de los derechos y libertades inherentes a la condición de militar.

Atendiendo a las condiciones concretas en las que se produjo el hecho, la Sala ha aplicado en la solución de los casos, los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas (4) ; el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y, el de riesgo cuando este proviene de la realización de actividades peligrosas (5) ; pero, en todo caso, ha considerado que el daño no será imputable al Estado cuando se haya producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, por rompimiento del nexo causal. En providencia de 2 de marzo de 2000, dijo la Sala:

“... demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que aquel es imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, por las circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la protección de los obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será imputable al Estado el daño causado cuando este haya ocurrido por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, eventos cuya demostración corresponderá a la parte demandada” (6) .

Si bien es cierto que en el caso concreto se trata de un soldado regular, esto es, un hombre llamado a prestar el servicio obligatorio que no había culminado sus estudios de bachillerato, no hay lugar a condenar a la entidad demandada por los perjuicios causados a los demandantes con su muerte porque no se acreditó que la enfermedad contraída por el soldado tuviera algún vínculo con la prestación del servicio militar.

No se acreditó en el expediente que el soldado hubiera contraído la enfermedad durante la prestación del servicio, sino que durante esa época se manifestaron sus síntomas; tampoco se demostró que el padecimiento de la enfermedad estuviera asociado al ejercicio de su profesión por haber ejercido su función, por ejemplo, en zona endémica, o haber tenido que entrar en contacto, con ocasión de la prestación del servicio, con personas o elementos contaminados, es decir, no se acreditó la existencia de nexo causal entre el daño sufrido por el soldado y la prestación del servicio militar obligatorio.

Tampoco se demostró que el Estado hubiera faltado al deber de protección y cuidado de la salud que tenía para con el soldado, como ya se analizó; ni que hubiera sido sometido a soportar una carga superior a las de los demás soldados, en condiciones que constituyeran un medio propicio para contraer la enfermedad.

En síntesis, se confirmará la sentencia impugnada, que negó las pretensiones de la demanda, porque no se demostraron la falla del servicio atribuida a la entidad por la parte demandante, ni el nexo causal entre la prestación del servicio militar obligatorio y la muerte del soldado Mauricio Rodríguez Ocampo».

(Sentencia de 1º de marzo de 2006. Expediente 16308. Consejera Ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio).

(1) Ha dicho la Sala que “quienes ejerce funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía o detectives del DAS, deben soportar los daños causados como consecuencia de los riesgos inherentes a la misma actividad y solo habrá lugar a la reparación cuando dicho daño se haya producido por falla del servicio, o cuando se someta al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros. En todo caso, el funcionario y quienes hayan sufrido perjuicio con el hecho tendrán derecho a las prestaciones e indemnizaciones previamente establecidas en el ordenamiento jurídico (a forfait)”. Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de 21 de febrero de 2002, Exp. 12.799.

(2) Sentencia de la Corte Constitucional T-250 del 30 de junio de 1993.

(3) Sentencias de 3 de marzo de 1989, Exp. 5290 y del 25 de octubre de 1991, Exp. 6465, entre otras.

(4) En sentencia de 10 de agosto de 2005, Exp. 85001-23-31-000-0448-01 (16.205), la Sala al resolver la demanda instaurada con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por las lesiones sufridas por un soldado, quien en cumplimiento de la orden proferida por su superior jerárquico, de realizar un registro de área en horas de la noche, al saltar un caño se cayó y golpeó contra una piedra, consideró: “... la causación de los daños material, moral y a la vida de relación tienen sustento, en este proceso, en el actuar de la administración de sometimiento del soldado conscripto a una carga mayor a la que estaba obligado a soportar, cuando en el cumplimiento de la misión conferida a él por el comandante del Escuadrón B de Contraguerrillas de registro del área general del municipio de Paz de Ariporo dentro del servicio y con ocasión de él, se tropezó cayendo contra la maleza, lesionándose el ojo derecho”.

(5) En sentencia de 28 de abril de 2005, Exp. 85001-23-31-000-1996-00282-01 (15445), dijo la Sala: “En el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado la jurisprudencia ha aplicado varios títulos jurídicos de imputación en relación a los conscriptos. Generalmente se acude al de daño especial cuando el “daño” tiene su causa en el rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas. Sin embargo cuando la causa de los daños se origina en otro tipo de hechos, según estos debe aplicarse el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y el de riesgo cuando los conscriptos sufren daños con causa y por razón del servicio que provienen o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos. El Consejo de Estado ha partido de la regulación legal especial contemplada para la fuerza pública y en especial para los conscriptos, y ha concluido que cuando las pruebas son indicadoras de que los hechos ocurrieron por el riesgo a que fueron expuestos los conscriptos no se requiere realizar valoración subjetiva de conducta del demandado; que solo es necesario demostrar *) el ejercicio por parte del Estado de una actividad de riesgo en desarrollo del servicio militar prestado —o por su destinación o por su estructura—; *) el daño antijurídico; y *) el nexo de causalidad eficiente y determinante entre ese riesgo y el daño causado al conscripto; y que el demandado solo se exonera por causa extraña, es decir por el hecho exclusivo del tercero o de la víctima y fuerza mayor”.

(6) Expediente 11.401.

__________________________