Sentencia 16313 de mayo 3 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 25000-23-27-000-2006-01305-01 (16313)

Consejera Ponente:

Dr. Ligia López Díaz

Actor: Polimetal S.A. - en liquidación

Auto

Bogotá, D.C., tres de mayo de dos mil siete.

Se decide el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte actora contra el auto de 25 de octubre de 2006 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta Subsección A mediante el cual se denegó la solicitud de amparo de pobreza de la parte demandante.

Antecedentes

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho el actor demandó los actos que modificaron la liquidación privada del impuesto sobre las ventas del II bimestre del 2002.

El 22 de septiembre del 2006 el tribunal admitió la demanda y fijó caución al demandante equivalente al 10% de la suma discutida, de conformidad con lo establecido en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, auto notificado por estado el 28 de septiembre de 2006.

Mediante escrito del 5 de octubre de 2006, la parte demandante solicitó el amparo de pobreza aduciendo la difícil situación económica de la empresa, situación que no le permite constituir un CDT por la suma de $ 59.435.700 para prestar la caución ordenada.

El tribunal por medio de auto del 25 de octubre de 2006, denegó la solicitud de amparo de pobreza, toda vez que el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil solo la consagra en favor de las personas naturales, excluyendo a las personas jurídicas.

No obstante, de conformidad con el artículo 229 de la Constitución Política y en aras de no limitar el acceso a la administración de justicia de la parte demandante, ordenó prestar caución equivalente al 2% de la suma discutida (sin incluir el valor de las sanciones) de conformidad con el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo.

El apoderado de la demandante señala que el tipo de póliza o caución exigida por el tribunal es considerada por las aseguradoras como de alto riesgo por lo que para su expedición exigen la constitución de un CDT por el valor asegurado, es decir $ 5.943.570, suma que está en incapacidad de pagar.

Precisó: “La sociedad Polimetal S.A. en liquidación se encuentra en estado de disolución, es decir que su liquidador se encuentra obligado a realizar todos los actos tendientes a su liquidación final, por tanto por mandato legal (C.C., art. 222) no puede realizar inversiones tales como constituir un CDT por la suma de $ 59.435.700 porque estaría incurriendo en una falta grave como liquidador de la sociedad Polimetal S.A. en liquidación”.

Consideraciones de la Sala

El artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, establece:

“Se concederá el amparo de pobreza a quien no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso adquirido a título oneroso” (negrillas fuera del texto).

El actor fundamenta la solicitud de amparo en que la sociedad se encuentra en liquidación, situación económica que no le permite prestar la caución fijada.

De la lectura del artículo 160 del Código de Procedimiento Civil (aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo), se concluye que el amparo de pobreza es un beneficio previsto expresamente para las personas naturales, posición que ha sido reiterada por la Sala en diferentes oportunidades (1) . No obstante en auto del 12 de abril de 2007, expediente 16377 C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa la Sala recogió la anterior tesis, aceptando la posibilidad de que las personas jurídicas, en cada caso concreto, accedan al mismo, bajo el supuesto de que los derechos a la igualdad y al acceso a la administración de justicia también les son predicables. En consecuencia en esta oportunidad se reitera lo allí expresado.

Para la Sala, a través de esta institución, la persona en situación económica ciertamente precaria, puede solicitar al juez de conocimiento que le conceda el beneficio y por ende, ser exonerado o relevado de gastos judiciales, como la caución.

Cabe precisar que la institución del amparo de pobreza tiene como finalidad garantizar y hacer efectiva la igualdad de las partes ante la ley dado que el Estado, al asumir el riesgo del proceso, confiere la oportunidad y el derecho de acudir a la administración de justicia a quien carece de recursos económicos.

Esta figura se encuentra consagrada en el artículo 2º de la Ley 270 de 1996, cuyo texto es del siguiente tenor:

“ART. 2º—Acceso a la justicia. El Estado garantiza el acceso de todos los asociados a la administración de justicia. Será de su cargo el amparo de pobreza y el servicio de defensoría pública. En cada municipio habrá como mínimo un defensor público”.

Para la Sala, las personas jurídicas pueden presentar de manera similar que las personas naturales, situaciones económicas que les impidan atender los gastos del proceso, lo cual les obstaculizaría el acceso a la justicia, en defensa de sus intereses e inclusive contribuiría a su total resquebrajamiento económico, afectando de paso, a las personas naturales que la conforman.

Por lo anterior, conforme a lo expuesto por la Sala, resulta procedente darle un alcance amplio a la norma, adecuándola a las condiciones propias de las personas jurídicas, lo cual no permite afirmar de manera categórica que tales entes se encuentran excluidos del beneficio previsto en el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la posibilidad de que las personas jurídicas accedan al amparo e (sic) pobreza es excepcional, debiéndose valorar en cada situación particular su verdadera situación financiera conforme a los medios probatorios allegados para tal fin.

La Sala reitera que la caución judicial prevista en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo y exigida dentro del trámite del proceso contencioso administrativo, fue establecida por el legislador con el fin de evitar el abuso del derecho de acción para evadir el cumplimiento de una obligación tributaria y para que en parte se satisfagan los créditos liquidados a favor del tesoro público, si la decisión resulta adversa al demandante. Además, la caución judicial exigida a la parte actora no vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia, pues el tribunal ordenó el cumplimiento de tal carga luego de admitida la demanda y no como requisito para su admisión.

El apoderado de la sociedad actora fundamenta el recurso de apelación interpuesto, señalando que el tipo de póliza o caución exigida por el tribunal es considerada por las aseguradoras como de alto riesgo, por lo que para su expedición exigen la constitución de un CDT por el valor asegurado, valor que está en incapacidad de pagar dada la precaria situación económica de la empresa.

Alega que la sociedad se encuentra en estado de disolución, razón por la cual su liquidador se encuentra obligado a realizar todos los actos tendientes a su liquidación final y por mandato del artículo 222 del Código de Comercio no puede realizar inversiones tales como constituir un CDT.

Conforme a lo expuesto y revisado el expediente, encuentra la Sala que la parte actora no aporta pruebas, como las declaraciones de renta y estados financieros actualizados, que permitan concluir que la sociedad demandante está en incapacidad de garantizar mediante caución los resultados del proceso en el evento de que fuera desfavorable la sentencia.

La garantía puede consistir no solo en constitución de un CDT en favor de una aseguradora, sino también en póliza, depósito judicial, garantía bancaria o prendaria, hipotecaria u otro medio aceptable a satisfacción del juzgador quien debe tener en cuenta los actos que se acusan y las condiciones económicas manifestadas por la sociedad demandante tanto en el libelo introductorio como con ocasión del recurso (2) .

En el caso concreto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 229 de la Constitución Política y en aras de garantizar al demandante el derecho al acceso a la administración de justicia, el tribunal ordenó prestar caución equivalente al 2% de la suma discutida (sin incluir el valor de las sanciones), de conformidad con el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo. De esta forma redujo la caución inicialmente fijada del 10% ($ 59.435.700) al 2% ($ 11.887.140) de la suma discutida.

Para la Sala la caución fijada es coherente con la situación económica de la actora, probada en el expediente, razón por la cual se confirmará el auto apelado.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el auto apelado. En consecuencia la sociedad actora deberá prestar la caución dispuesta por el tribunal, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Magistrados: Juan Ángel Palacio Hincapié, Presidente de la Sección—Ligia López Díaz—María Inés Ortiz Barbosa—Héctor J. Romero Díaz, salva voto.

Raúl Giraldo Londoño, Secretario.

(1) Providencias del 21 de mayo de 1993, expediente 4717, C.P. Dra. Consuelo Sarria Olcos y de 2 de febrero de 2001, expediente 12701, C.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié, entre otras.

(2) De igual forma, la Corte Constitucional en Sentencia C-318 del 30 de junio de 1998, declaró inexequible el artículo 7º de la Ley 383 de 1997, que modificó el artículo 867 del Decreto 624 de 1989, precisando que el juez contencioso debe regirse por lo preceptuado en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, y fijar la cuantía y tipo de garantía para respaldar su pretensión, demostrar la seriedad de su demanda y, en caso de un fallo adverso garantizar en parte el pago de su obligación tributaria.

SALVAMENTO DE VOTO

De manera respetuosa me aparto de la decisión mayoritaria de la Sala que negó el amparo de pobreza consagrado en el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, solicitado por la actora, porque consideró que esta no probó la incapacidad económica para asumir los gastos del proceso.

Sostuvo el auto del que me separo, que al darle un alcance extensivo del amparo de pobreza a las personas jurídicas, la solicitud debe ponderarse en cada caso, de acuerdo con las circunstancias fácticas que se demuestren en el proceso para determinar su verdadera procedibilidad.

Las razones por las cuales no comparto la decisión de negar el amparo de pobreza son las siguientes:

Previamente manifiesto, como lo expuse en Sala, que estoy plenamente de acuerdo con que el amparo de pobreza tiene cabida tanto para las personas naturales como para las jurídicas, dado que la finalidad del beneficio radica en proteger el mínimo vital de las personas, de tal forma que los entes jurídicos eventualmente, también, pueden encontrarse impedidos para cubrir las necesidades inherentes a su existencia.

Así, las personas jurídicas pueden verse afectadas en su sostenimiento al atender los gastos de un proceso. Es por tal razón, que la subsistencia de las personas a las que por ley se deben alimentos, no es fundamento para excluir a las personas jurídicas del beneficio, pues se violarían el derecho a la igualdad de los sujetos ante la ley y el de estos también de proveer a su propia subsistencia al evitar los gastos de un proceso que pueden ser ruinosos.

Lo que resulta contrario a derecho es imponer a la persona que pide el amparo de pobreza, como requisito para que proceda este beneficio, la carga de probar la incapacidad económica para asumir los costos de la litis, cuando el artículo 161 [inc. 2º] del Código de Procedimiento Civil, señala que al solicitante le basta afirmar bajo juramento, que se considera prestado por la presentación de la solicitud, que se encuentra en incapacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia.

El anterior artículo señala, sin el menor asomo de duda, que al solicitante le basta aseverar que “[…] no se halla en capacidad de atender los gastos de un proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia[…]”, afirmación que se entiende prestada bajo juramento, para que el juez deba conceder el amparo mencionado.

En todo caso, es necesario dejar sentado que si se llegare a demostrar que el solicitante contaba con capacidad económica, habrá de revocarse el amparo para negarlo, caso en el cual, además, se impondrá multa de un salario mínimo mensual (art. 162 ibídem) y, a su vez, se deberá adelantar por el juez competente la acción penal por el delito de falso juramento.

En consecuencia, en este asunto, ha debido concederse a la actora el amparo de pobreza sin exigirle que probara su negación indefinida —por lo demás exenta de prueba— (3) conforme a básicos principios de derecho probatorio.

En esta forma dejo expresadas las razones de mi salvamento de voto.

Héctor J. Romero Díaz 

(3) El artículo 177 [2] del Código de Procedimiento Civil, señala que las negaciones indefinidas están exentas de prueba. Por tanto, basta la simple aseveración de la circunstancia para que esta se tenga como demostrada, lo que implica la inversión de la carga de la prueba, porque la parte interesada, o, incluso el juez, dentro de su poder oficioso de decretar pruebas, pueden desvirtuar los hechos establecidos en virtud de la negación indefinida.

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