Sentencia 16317 de abril 23 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 76001-23-31-000-2003-04171-01(16317)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Barcenas

Actor: Conconcreto S.A. C

Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

Bogotá, D.C., veintitrés de abril de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Según el recurso de apelación, corresponde a esta instancia examinar si la sentencia del a quo se encuentra indebidamente motivada porque interpretó erradamente las normas que regulan la contribución al FIC, no valoró las pruebas de los respectivos pagos y no se pronunció sobre la falsa motivación y el enriquecimiento ilícito.

El artículo 170 del Código Contencioso Administrativo impone el deber de motivar la sentencia, para lo cual se deben analizar los hechos, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones, todo eso con el fin de resolver todas las peticiones y cuestiones propuestas en el proceso.

El apelante considera que el fallo está indebidamente motivado porque aparentemente dejó de pronunciarse sobre la falsa motivación en que a su juicio incurrió el SENA cuando expidió, hecho que significaría la violación del artículo 170 de parte del a quo.

En este caso, del fallo se desprende que el tribunal sí tuvo en cuenta los hechos planteados objeto de controversia, relacionados con el mayor valor por la contribución al FIC a cargo de la actora, las normas que la regulan, las pruebas y los argumentos de las partes, es decir que dio estricta observancia a la obligación contenida en el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo (Cfr. fls. 115-118 c.p.).

Precisado lo anterior, se observa que la falsa motivación tiene lugar cuando no existe correspondencia entre la parte motiva y resolutiva del acto, o cuando los motivos invocados como fuente de la decisión por parte de la administración no son reales o no existen, o están desfigurados al punto de no corresponder a la realidad (2) .

En el presente asunto la demandante sustentó la falsa motivación del acto acusado en que el SENA no debió tomar como base gravable del aporte al FIC la totalidad de los trabajadores de la obra porque eso desconoció el hecho de que no todos estaban a su cargo.

Sin embargo, se observa que sobre este aspecto se pronunció el Tribunal precisamente al considerar que se ajustada a derecho la liquidación en tal sentido, razón por la cual carece de sustento el recurso en relación con esta inconformidad.

Ahora bien, el apelante sustenta la errónea interpretación de las normas que regulan el aporte al FIC en que el tribunal no examinó cuáles de dichos trabajadores eran subcontratados.

El artículo 6º del Decreto 2375 de 1974 exoneró a la industria de la construcción de contratar aprendices; en su lugar, creó el Fondo Nacional de la Industria de la Construcción, FIC, y estableció que los empleadores de este ramo de la economía debían contribuir mensualmente con una suma igual a una vez el salario mínimo por cada cuarenta (40) trabajadores que laboren bajo sus órdenes.

El artículo 7º del Decreto 83 de 1976, reglamentario del Decreto 2375 de 1974, dispuso:

“Entiéndese por personas dedicadas a la industria de la construcción para los efectos del Decreto 2375 de 1974, quienes ocasional o permanentemente, por su cuenta o la de un tercero, erigen o levantan estructuras inmuebles como construcción de casas, edificios, vías de comunicación, oleoductos, gasoductos, canalización, alcantarillado, acueducto, pavimentos, obras de desecación, riego, embalses, instalaciones eléctricas y mecánicas y demás construcciones civiles no mencionadas y quienes trabajan en el mantenimiento y reparación de dichas obras”.

El artículo 3º del Decreto 1047 de 1983 atribuyó al SENA, como administrador de dicho fondo, la facultad para establecer los procedimientos necesarios relacionados con la liquidación, recaudo y control de los valores de dicho aporte y para regular la administración, funcionamiento y destinación específica del mismo.

La Sala no comparte el planteamiento del apelante en el sentido de que se tenga en cuenta que la actora solo aportaba por los trabajadores a su cargo, pues eso desconoce que la obra que se levantó bajo sus órdenes comprende a todos los trabajadores que intervienen en la misma, para efectos de la contribución de la cual es sujeto pasivo por disposición legal [D. 2375/74, art. 6].

El hecho que el propietario de la obra no intervenga en su realización porque la desarrolla un tercero, no lo exonera de la contribución sino demuestra que este pagó el aporte por los trabajadores que supuestamente fueron subcontratados y que laboraron en la misma.

La Sala reitera (3) que si bien la construcción de un edificio requiere de conocimientos específicos en distintas áreas y, por lo mismo, de la contratación de diversas personas especializadas, existe un sujeto responsable del pago de los aportes causados al FIC, que es el responsable de la obra, pues de lo contrario fácilmente se podría evadir el cumplimiento de la carga.

En el caso sub examine el SENA determinó, con base en la visita realizada, el número total de trabajadores que intervenían en las obras adelantadas por la actora y que el contratista ejercía funciones de supervisor (4) . No encontró pagos realizados al FIC por cuenta de subcontratistas y estableció claramente que la actora obró como contratista principal (5) .

Lo anterior no fue desvirtuado por la actora, pues los documentos allegados sobre el pago de aportes no demuestran que se trate de aquellos que echó de menos el SENA por valor de $ 117’828.098 y respecto de los trabajadores por los que dejó de aportar. Por el contrario, la actora se opuso a cumplir con tal obligación con base en que se trataba de personal subcontratado, cuya prueba en todo caso no aportó. Los testimonios tampoco contribuyeron a aclarar que dicho pago se hubiera efectuado por contratistas o subcontratistas (fls. 7-12 antecedentes).

En este aspecto la Sala comparte la apreciación del tribunal en cuanto señaló que de acuerdo con las pruebas, no se demostró la existencia de contratistas o subcontratistas que hubieran pagado el aporte, lo cual evidencia que efectuó una acertada valoración probatoria, contrario a lo señalado por el apelante.

Como no existe la comprobación de dicho pago, la liquidación oficial de la contribución no constituye enriquecimiento sin causa a favor del SENA, razón por la cual carecen de sustento los argumentos del apelante y se debe confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(2) Consejo de Estado, sentencia de 10 de julio de 2002, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, Expediente 11629.

(3) Sentencia de 26 de junio de 1996, C.P. Delio Gómez Leyva, Expediente 7754.

(4) Folio 48 antecedentes, parte superior.

(5) Informe rendido por el comité conformado para decidir el recurso de apelación (fl. 135 antecedentes).

______________________________