Sentencia 16322 de enero 26 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2004-92218-01(16322)

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Textiles Miratex S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Bogotá, D.C., veintiséis de enero de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Antecedentes

La sociedad Textiles Miratex S.A. presentó el 8 de abril de 2002, su declaración del impuesto de renta y complementarios correspondiente al año gravable 2001. En su denuncio, solicitó las deducciones de $ 341.887.968 por pérdida de enajenación de activos y de $ 20.538.000 por concepto de pago de contribución especial a favor de la Superintendencia de Sociedades para su sostenimiento.

El 20 de octubre de 2003, la división de fiscalización de la administración especial de los grandes contribuyentes, profirió el requerimiento especial 310632003000219, en el cual propuso la modificación de la liquidación privada, para desconocer dichas partidas e imponer sanción por inexactitud.

La administración practicó la liquidación de revisión 310642004000104 del 23 de julio de 2004, donde determinó oficialmente el impuesto de renta y complementarios correspondiente al año gravable 2001, en los términos planteados en el requerimiento especial.

La sociedad omitió el recurso de reconsideración y acudió directamente a la jurisdicción en los términos del parágrafo del artículo 720 del estatuto tributario.

Consideraciones de la Sala

Se debate en la presente instancia, la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la administración especial de impuestos de los grandes contribuyentes de Bogotá, determinó oficialmente el impuesto de renta de la sociedad Textiles Miratex S.A. por el año gravable 2001.

De acuerdo con los términos del recurso de apelación, la Sala debe decidir si procede la deducción por pérdidas en la enajenación de activos por la diferencia que se presentó entre el valor percibido por la sociedad demandante, representado en los bienes dados en pago por la sociedad extranjera Hilanderías Sintéticas del Tuy, y la suma por la que estaba valorada la cuenta por cobrar a esa misma sociedad.

Para fundamentar sus pretensiones la parte actora ha invocado los artículos 90, 149 y 352 del estatuto tributario, considerando que se trata de una pérdida en la enajenación de activos de la sociedad, como quiera que el total de las cuentas por cobrar a la sociedad Hilanderías Sintéticas del Tuy ascendía a $ 8.962’278.859 y sin embargo el valor de los bienes recibidos sumaban $ 8.608’874.383, por lo que se presentó un menor valor de $ 341’887.968 que debe ser llevado como gasto por tratarse de la pérdida originada en la venta o retiro de un activo.

Para efectos tributarios existe una pérdida en la enajenación de activos (2) cuando se vende un bien que hace parte del activo del contribuyente por un valor inferior a su costo fiscal incluidos los ajustes integrales por inflación que se calcularon hasta el año gravable 2006. El artículo 149 del estatuto tributario limitó la deducción de esta pérdida excluyendo del costo fiscal de los activos enajenados, los siguientes ajustes:

1. Los contribuyentes personas naturales pueden ajustar los bienes inmuebles con el incremento porcentual de la propiedad raíz, y las acciones pueden ajustarse en el incremento porcentual de índice de precios al consumidor.

2. El ajuste del valor comercial de los bienes raíces poseídos a diciembre 31 de 1995 con motivo del saneamiento fiscal consagrado en la Ley 223 de 1995.

3. Los contribuyentes pueden ajustar anualmente el costo de los bienes muebles e inmuebles, que tengan el carácter de activos fijos en el porcentaje señalado en el artículo 868, es decir por la variación acumulada del IPC para ingresos medios, entre el 1º de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a este.

Los ajustes indicados se tienen en cuenta para determinar el costo fiscal de los bienes, pero no pueden dar lugar a pérdidas por enajenación de activos, por lo que se deben excluir para efectos de determinar la pérdida. Tampoco es deducible la pérdida en los siguientes eventos señalados en los artículos 151 y siguientes del estatuto tributario:

1. Cuando la enajenación tenga lugar entre una sociedad u otra entidad asimilada y personas naturales o sucesiones ilíquidas, que sean económicamente vinculadas a la sociedad o entidad.

2. Cuando la respectiva transacción tenga lugar entre una sociedad limitada o asimilada y sus socios que sean sucesiones ilíquidas o personas naturales, el cónyuge o los parientes de los socios dentro del cuarto grado civil de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.

3. Las pérdidas por enajenación de acciones, de bonos de financiamiento presupuestal y de bonos de financiamiento especial.

Observa la Sala, a propósito del caso sub-examine, que el tratamiento anteriormente señalado exige la “enajenación de un activo”, es decir, que se presente la transferencia del dominio de una cosa o algún derecho sobre ella a otra persona, bien sea a título oneroso o a título gratuito. Como ha manifestado la Sala en ocasiones anteriores (3) :

“En términos jurídicos “enajenación” significa “La transmisión de la propiedad de una cosa, a cambio de otra (como en la compraventa y en la permuta) o gratuitamente (como en la donación y el préstamo sin interés (4) ).

Igualmente, para la doctrina la palabra enajenación en su sentido natural indica la transmisión de cualquier derecho patrimonial de una cabeza a otra, por lo que constituye una adquisición derivada por acto entre vivos del contenido total o parcial de un derecho (5) ”.

En el presente caso, si bien los contratos de mutuo cedidos la sociedad Textiles Miratex Ltda. constituyeron un activo para ella pues representaron acreencias que constan en documentos y son bienes apreciables en dinero que hacen parte de su patrimonio; no se presentó la enajenación de dichas cuentas por cobrar a la empresa Hilanderías Sintéticas del Tuy, porque no transfirieron dichas deudas ni a esta última sociedad deudora, ni a ninguna otra persona.

En efecto, se extinguió la obligación a cargo de la empresa extranjera Hilanderías Sintéticas del Tuy, mediante la dación en pago de los bienes inmuebles a favor de la sociedad demandante, pero ésta última no enajenó ninguno de sus activos.

La dación en pago debe ser entendida como aquel “modo o mecanismo autónomo y, de suyo, independiente de extinguir las obligaciones (negocio solutorio), en virtud del cual el solvens, previo acuerdo con el accipiens, le entrega a éste un bien diferente para solucionar la obligación, sin que, para los efectos extintivos aludidos, interese si dicha cosa es de igual o mayor valor de la debida, pues una y otra se deben mirar como equivalentes (resaltado fuera del texto) (6) .

Es decir, la actora tenía unas deudas por cobrar a la sociedad Hilanderías Sintéticas del Tuy, las cuales se extinguieron por efecto de los bienes entregados en dación en pago por parte de esta última sociedad.

La sociedad Textiles Miratex S.A., por su parte no entregó nada a cambio, no enajenó las deudas a su favor, sino que estas se extinguieron. De haber existido la enajenación del activo (cuentas por cobrar), las obligaciones habrían sido transmitidas nuevamente y también habrían seguido produciendo efectos, lo cual no es posible después de perfeccionada la dación en pago.

Toda vez que no se presentó la enajenación de un activo fijo por parte de la sociedad actora, no le son aplicables los artículos 90, 149 y 352 del estatuto tributario y en consecuencia no puede invocarse una pérdida.

Observa la Sala que la deuda perdida no cumple este último requisito, pues no se originó en operaciones productoras de renta, teniendo en cuenta que se trató de la adquisición de cartera a terceros acreedores de la empresa venezolana, actividad que no corresponde al giro ordinario de los negocios de Textiles Miratex S.A., ni generó una renta que permita deducir la parte de la obligación que resultó incobrable por la extinción de la obligación en virtud de la dación en pago.

Por todo lo expuesto, no procede la deducción solicitada y en este aspecto deben confirmarse los actos acusados, teniendo en cuenta que no se desvirtuó su legalidad. Por tanto, no prospera este cargo del recurso de apelación.

En relación con el pago de la contribución especial para el mantenimiento de la Superintendencia de Sociedades, deducción que fue aceptada en primera instancia por el tribunal, la Sala no se pronunciará al respecto, toda vez que no fue objeto de apelación y en consecuencia se confirmará lo dispuesto por el a-quo.

En relación con la sanción por inexactitud, la Sala comparte el criterio del tribunal e mantenerla en relación con el rechazo de la deducción por pérdidas en la enajenación de activos fijos, porque no se presenta diferencia de criterios frente al derecho aplicable, sino que la sociedad actora pretendió aplicar unos preceptos legales a circunstancias fácticas diferentes a las previstas, con el fin de acceder a una deducción por cartera perdida que no reunía los requisitos previstos en el artículo 146 del estatuto tributario.

De conformidad con todo lo expuesto y teniendo en cuenta que el recurso de apelación no está llamado a prosperar, la Sala procederá a confirmar la providencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

RECONÓCESE personería para actuar al abogado Hermes Ariza Vargas como apoderado de la parte demandada en los términos del poder que le fue conferido y que obra a folio 240 del expediente.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha».

(2) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 20 de enero de 1984, exp. 8930, M.P. Enrique Low Murtra; del 8 de noviembre de 1991, exp. 045, M.P. Consuelo Sarriá Olcos, y del 11 de marzo de 2004, exp. 13542, M.P. Germán Ayala Mantilla.

(3) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 6 de febrero de 2006, exp. 14123, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(4) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Guillermo Cabanellas. Editorial Heliasta.

(5) Arturo Valencia Zea, Derecho Civil, Tomo IV, De los contratos, año 1985.

(6) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 2 febrero de 2001, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.

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