Sentencia 16322 de octubre 1º de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 760012331000-1995-01579-01 (16322)

Consejera Ponente:

Dra. Myriam Guerrero de Escobar

Actor: Rubén Darío Sánchez Ruiz y otros

Demandado: Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional)

Reparación directa

Bogotá, D.C., primero de octubre de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «I. Antecedentes

1. Demanda, contestación y trámite.

En demanda presentada el 28 de julio de 1995, los actores, en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitaron que se declarara a la Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional) responsable por las lesiones físicas y psíquicas sufridas por el agente de la Policía Nacional Rubén Darío Sánchez Ruiz, a manos de un grupo guerrillero, hechos ocurridos el 15 de noviembre de 1993 en Zaragoza, por la vía que conduce a Buenaventura.

Solicitaron se les indemnice el perjuicio moral sufrido en 1.000 gramos de oro para cada uno de los demandantes; los perjuicios patrimoniales por la pérdida de los ingresos del lesionado, y el valor “de lo que cueste el pleito” incluyendo los honorarios del abogado.

Se señaló que la demandada es responsable del hecho bajo el régimen de falla del servicio, por la imprudencia y falta de previsión del sargento que conducía el vehículo del F-2 en el que se transportaban, quien a pesar de que los guerrilleros le dijeron que siguiera se bajó del vehículo y reveló la identidad, por lo que fueron atacados, produciéndose la muerte de tres compañeros y las lesiones de Rubén Darío Sánchez Ruiz. Que además, donde ocurrieron los hechos es zona de violencia guerrillera y sin embargo los superiores no ejercieron medidas de precaución en el desplazamiento de la patrulla; no se les explicó la clase de comisión o la función que cumplirían; llevaban armamento de corto alcance (revólveres) cuando por la zona se debían portar armas de largo alcance, a pesar de la solicitud en tal sentido; se ordenó una comisión de 4 hombres cuando debían ir 8 ó 10; el sargento manejaba, estando prohibida esa labor para los suboficiales; a pesar de que los guerrilleros que hacían el retén les autorizaron continuar, el sargento detuvo el vehículo, se bajó y se identificó como policía; el vehículo al parecer estaba decomisado y no podía ser utilizado por la Policía (fls. 43 a 60, cdno. 1).

2. La demanda se admitió el 25 de agosto de 1995 (fl. 61). En la contestación se argumentó que el daño provino del hecho exclusivo de un tercero (Farc); que el agente Sánchez al ingresar a la institución lo hizo voluntariamente, asumiendo los riesgos propios de esa profesión y que en la producción del hecho no existió falla por parte de la Policía Nacional (fls. 72 a 75, cdno. 1)

3. Vencido el periodo probatorio y fracasada la audiencia de conciliación, el 5 de junio de 1998 se corrió traslado a las partes para alegar y al representante del Ministerio Público para que rindiera concepto (fls. 77, 138 y 140, cdno. 1), término dentro del cual se presentaron los siguientes alegatos:

De la parte demandante, para solicitar se declare la responsabilidad por falla del servicio por haberse demostrado las imputaciones hechas en la demanda, así como la consecuente indemnización tanto para el lesionado como para los demás demandantes (fls. 141 a 147, cdno. 1).

De la demandada, en el que reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, y agregó que el ataque de la subversión fue cobarde, inminente, certero y sorpresivo. Que no existió falla u omisión de la Policía y los daños se presentaron en el ejercicio diario de la actividad policial (fls. 147 a 150, cdno. 1).

(...).

II. Consideraciones

Para el estudio del caso y la adopción de la decisión que en derecho corresponda, la Sala acudirá al régimen de la falla probada del servicio, y por tanto en primer lugar se hará alusión a la existencia del hecho del cual se deriva el daño que se reclama, y luego se determinará si ese hecho es atribuible a la entidad demandada a título de falla, y por último, previa demostración de esos dos elementos, se establecerá si quedó probado el daño y se liquidarán los perjuicios correspondientes.

El tribunal, para negar las pretensiones de la demanda expresó, en un párrafo y sin que previamente se hiciera algún análisis probatorio, lo siguiente:

“En efecto, en el evento sub examine, si bien, de la prueba documental y testimonial arrimada al proceso, se deduce que el día de los hechos, noviembre 15 de 1993, el agente Rubén Darío Sánchez, se encontraba en misión de inteligencia, labor propia de sus funciones como miembro de la institución policial y fue lesionado por miembros de la guerrilla, este hecho no se produjo por ninguna de las circunstancias que se aducen, constituyeron la falla, pues bien establecido se encuentra que fue la decisión equivocada del sargento López, de auxiliar a unas personas que habían sido retenidas por miembros de la guerrilla, a pesar de tener certeza que se trataba de miembros de esa insurgencia armada, no obstante lo cual, se identificó ante ellos, aptitud que aunque loable, era ajena a su misión, máxime que como se expresa en la demanda, se había dado vía libre para su paso”.

La Sala encuentra que la sentencia recurrida debe ser revocada, por cuanto aparece demostrada la falla del servicio que la parte actora alega como fuente generadora de responsabilidad, la cual le es imputable directa y definitivamente al Estado en la producción del daño cuya reparación se pretende.

Acerca del hecho y de la falla

En el caso se evidencia que pese a que el hecho generador del daño fue causado materialmente por personal al margen de la ley, el mismo se suscitó por la conducta irreflexiva y excesivamente arriesgada del comandante del grupo de policías que se desplazaban en misión de servicio, lo cual permite imputarlo, jurídicamente, a la entidad pública a la que pertenece dicho funcionario.

De las pruebas recaudadas en el proceso, se determinan los siguientes aspectos relevantes:

— Mediante Resolución 0201 del 4 de febrero de 1982 se nombró a Rubén Darío Sánchez Ruiz como agente de la Policía Nacional, con efectos desde el 1º de enero de ese año (fls. 103 y 104, cdno. 4).

— Según anotación en el libro de minuta de guardia de la primera estación de policía de Buenaventura, a las 14:20 horas del 15 de noviembre de 1993 salieron “0-1-3” unidades de la Subsijín con destino al municipio de Dagua, en la Toyota “Land Cruizer” de la Subsijín, sin novedad (fls. 9 y 105, cdno. 2).

— A las 16:00 horas de la misma fecha, se anotó que en el kilómetro 35 de la vía Cabal Pombo Buenaventura - Cali a la altura del sitio Zaragoza, dicha patrulla de la Subsijín fue emboscada por el frente 30 de las Farc, hecho en el que resultaron muertos el sargento Álvaro López López, los dragoneantes Óscar Julio Morales Gálvez y Daniel Ipiales Ortiz, y heridos el agente Rubén Darío Sánchez Ruiz, la señora Miryam Ramírez Díaz y la menor Cindi Diazgranados; y que fue hurtado el revólver Smith & Wesson Nº 4D689-3738 calibre 38 largo (fls.11 y 106, cdno. 2).

— El reporte oficial de los hechos, realizado por el comandante de la primera estación de la Policía Nacional de Buenaventura, da cuenta de lo siguiente:

“A raíz del secuestro perpretado en la vía Cabal Pombo altura corregimiento de Córdoba presentado el día 12 de los corrientes, se estaban llevando labores de inteligencia por parte del personal adscrito a la Subsijín tendientes a verificar autores del ilícito; fue así como el día 15-11-93 después de recibir órdenes superiores para ejecutar el plan retorno, a las 14:20 horas la patrula (sic) de la Subsijín conformada por el señor ss: López López Álvaro, dragoneantes Morales Gálvez Óscar Julio, Sánchez Ruiz Rubén Darío y agente Ipiales Ortiz Julio, los cuales se desplazaban en el vehículo Toyota de placas NB-6020 de dotación de la Subsijín, salieron a verificar información por el sector donde se realizó el plagio y proseguir su recorrido de acuerdo al plan retorno hasta la Delfina; al llegar a la vereda Zaragoza vía Cali-Buenaventura, según informaciones observaron que a unas personas las estaban robando los cuales se movilizaban en un vehículo y pedían auxilio, los que cometían el ilícito vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, el señor sargento jefe Subsijín forcejeó con uno de ellos, ante lo cual recibió disparos de diferentes partes y en especial del que estaba forcejeando con él (...); el dg. Sánchez Ruiz Rubén Darío salió a protegerse tras los matorrales selváticos y hacia allá le dispararon, recibiendo una herida en la pierna derecha. Del municipio de Dagua venía el personal que se encontraba controlando las festividades en ese municipio los cuales hacía 10 minutos habían pasado por la Delfina y observaron a la señora Miryam Ramírez Díaz en compañía de una menor, la cual estaba ensangrentada en la espalda y con el radio de la Policía en la mano quien le manifestó al cs. Arenas Manzano Juan Carlos que habían matado al sargento López, quien procedió a subir a la señora en mención a un vehículo expreso Palmira y alcanza a ver aproximadamente a unos cien (100) metros a unos individuos vestidos con uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares que estaban requisando a los policías muertos, los cuales portaban fusiles G-3, Galil, R-15 en un grupo aproximado de 15 hombres y procedió a abrirles fuego en compañía del personal que lo acompañaba... (fls. 17 y 18, cdno. 2).

— En declaración rendida en el proceso penal por Félix Antonio Ortiz López, conductor de un bus de servicio público, expresó que al pasar por el corregimiento Zaragoza vio tres “soldados” con armas largas y que el Toyota carpado paró, el conductor se bajó y se fue hacia la parte de atrás del vehículo y forcejeó con uno de los uniformados, en un momento el chofer del Toyota “mandó la mano a la cintura y el tipo que estaba uniformado se arrodilló y empezó a disparar en forma seguida contra el conductor”. Al preguntársele por qué el Toyota había parado, respondió que no observó que le hiciera alguna señal de pare, que tampoco había señales de pare y que cuando se acercó al sitio observó que el conductor se bajó, y que el único vehículo que estacionó fue el Toyota (fls. 20, cdno. 2 y 12, cdno. 3).

— En las necropsias se determinó que la muerte de las víctimas fue violenta, por proyectil de arma de fuego (fls. 41 a 52, cdno. 2).

— Según certificación del jefe de transporte del Distrito de Policía del Pacífico, el vehículo campero Toyota Land Cruiser modelo 86, con sigla 42-301 fue asignado a la Sijín del 7º Distrito por el Comando de la Policía Valle (fl. 140, cdno. 2).

— Dentro del trámite prestacional adelantado por el Departamento de Policía del Valle, oficina de inspección y disciplina, se profirieron resoluciones del 6 de diciembre de 1993 por parte del funcionario instructor y de 20 de diciembre de 1993 del comandante del Departamento de Policía Valle, mediante las cuales se declaró que las lesiones personales de que fue víctima el dragoneante Rubén Darío Sánchez Ruiz fueron en el servicio y en actos meritorios del mismo, en cumplimiento del deber cuando cumplía labores de inteligencia en misiones propias del servicio, a consecuencia de la acción de los subversivos que los agredieron, en hechos ocurridos el 15 de noviembre de 1993 (fls. 97 a 102, cdno. 2).

— La menor Cindi Diazgranados Ramírez, de 11 años de edad, en testimonio rendido el 17 de noviembre de 1993 en el proceso penal, manifestó que a las 14 horas del 15 de noviembre de 1993 llegó a su casa el sargento Álvaro López en compañía de los agentes Rubén Darío Sánchez Ruiz y Daniel Ipiales Ortiz; el carro pitó, salieron junto con su mamá, quien se subió en la parte delantera, echaron gasolina al carro y en el CAI del Pailón se subió el dragoneante Óscar Julio Morales; luego tomaron la carretera Cabal Pombo que conduce a Cali. Sobre la ocurrencia de los hechos, expresó:

“(...) cuando nos acercamos al corregimiento de Zaragoza... se observó a un lado de la vía lado derecho bajando, que había una señora pidiendo auxilio y junto habían unos tipos uniformados en número de cinco, tenían uniformes parecidos a los que usa el Ejército, pintados estilo camuflado, con la cara pintada color verde, como el sargento López Álvaro vio que la señora pedía auxilio, orilló el carro al lado derecho y paró, ellos o sea los individuos uniformados le decían que siguiera la marcha, pero el sargento paró y abrió la puerta del carro y se bajó, un individuo de los uniformados que tenía la cara pintada se arrimó a donde el sargento y le preguntó que si él era familiar de la señora que pedía auxilio, él le contestó que no, entonces el tipo uniformado le pedo (sic) un puño en el estómago entonces le continuó pegando y el sargento le manifestó que él era del F-2, entonces esos tipos dijeron aaaa... y empezaron a disparar, entonces yo agaché mi cabeza y el dragoneante Morales Gálvez Óscar Julio y el ag. Sánchez Ruiz Rubén Darío, me cubrieron mientras que el agente Ipiales se bajaba del carro, entonces yo al escuchar que seguían disparando subía la cabeza y escuchaba que el dragoneante Morales se quejaba, entonces dejaron de disparar, alcé mi cabeza y observé que el agente Sánchez Ruiz Rubén Darío se bajaba del carro, arrancó a correr y esos tipos le disparaban y decían entre ellos no le dimos, Sánchez se cayó de lado y se paró nuevamente y siguió corriendo pero cojeando arrastrando el pie izquierdo, yo no vi más al agente Sánchez, entonces el dragoneante Morales me decía que me bajara y parara un carro para que lo llevaran al hospital, entonces yo me quejaba del pie porque yo lo sentía entumido, pero yo le decía que a mí me daba miedo porque esos tipos todavía estaban allí y le podían disparar, el agente Morales me insistía que me bajara y parara un carro para que lo llevara hasta el hospital, yo esperé un momento y me bajé por la parte delantera, ya había llegado la Policía que se movilizaba en un vehículo Nissan (...) Yo si vi bastante de estos tipos a los lados de la vía, eran como 30 ó 40 tipos todos estaban uniformados de camuflado y portan armas grandes (...) CONTESTO: Yo no observé que esos tipos le hubieran hecho alguna señal para que parara el carro, el motivo para que el sargento parara, fue que esos tipos tenían detenidos a una pareja, la señora pedía auxilio, entonces en vista de eso el sargento paró el carro y se bajó (...). Los policías no alcanzaron a disparar, no les dieron tiempo de sacar sus armas (...). Íbamos siete personas, cuatro señores de la Policía, mi mamá, una hermanita mía y mi persona (...). Dicha pareja al ver que los tipos uniformados se dedicaron a proceder con el sargento y los demás agentes aprovecharon la oportunidad para abordar el vehículo donde se movilizaban y se fueron, esta pareja se movilizaba en una camioneta color rojo y llevaban remolcada una lancha, grande de color blanco” (fls. 12 a 14, cdno. 3).

— La señora Miryam del Socorro Ramírez de Diazgranados, quien también iba en el Toyota de la Sijín, en declaración rendida ante la fiscalía el 11 de febrero de 1994, sobre el hecho, manifestó:

“(...) aproximadamente a las dos y media llegamos al sitio conocido como Zaragoza y en una curva vimos un vehículo rojo, tipo burbuja, una señora ya de edad y un muchacho como de unos 27 años o más, entonces en el momento en que el sargento vio ese carro lanzó una frase ‘Hay jueputa es la guerrilla, nos jodimos’, se me olvidaba decir que entre estas personas se encontraba una persona uniformada, la señora estaba, al igual que el joven en la carretera, con la puerta del vehículo por donde va el conductor, abierta, la señora gritaba ‘auxilio no nos vayan a matar’, fue en ese momento cuando el sargento exclamó lo que manifesté anteriormente. En el momento en que el sargento va a pasar el vehículo, el supuesto militar le hace señas para que siga y el sargento nos dijo vamos a ver qué pasa, cuadró el carro y se bajó, llegó el presunto militar y dijo ‘ustedes quienes son, son familiares de ellos o qué’, entonces allí dijo el sargento ‘no somos del F-2’, entonces ellos dijeron ‘ah son del F-2, entonces tomen’ (...) como al minuto empezaron a disparar, yo me tiré del carro y empecé a correr... (fls 28 y 29, cdno. 2).

El argumento con el que el tribunal de instancia excluyó la responsabilidad de la Policía Nacional, la hace evidente.

Efectivamente, de las pruebas reseñadas se demuestra con claridad que el 15 de noviembre de 1993, el sargento Álvaro López López, en su condición de comandante de la Subsijí0n de Buenaventura, junto con dos dragoneantes y un agente, salieron hacia la carretera Buenaventura-Cali en un carro asignado a dicha institución, en labores de inteligencia relacionadas con un secuestro; cuando se desplazaban sobre el corregimiento Zaragoza había un grupo de uniformados que les hicieron señales de seguir su camino, en tanto que escucharon algunas voces de auxilio de una mujer que viajaba en una camioneta, que estaba estacionada en el sitio.

El sargento López tomó la determinación de parar el Toyota que él mismo conducía y bajarse, y aún teniendo la sospecha de que los uniformados podían ser guerrilleros, decidió identificarse con ellos como un miembro del F-2.

Esa conducta irreflexiva y excesivamente arriesgada, generó la reacción de los delincuentes, quienes dispararon contra el sargento (ya identificado como tal por los subversivos) y contra los demás ocupantes del vehículo de la Sijín, incluidas una señora que laboraba en la Fiscalía de Buenaventura y sus dos hijas menores, que iban dentro del mismo.

Entonces el sargento López no solo puso en riesgo su vida, sino la de sus compañeros e inclusive la de tres personas ajenas a la institución a quienes transportaban en el Toyota.

Los testimonios de las dos personas ajenas a la institución demandada, que iban en el vehículo en el que se transportaban los agentes de inteligencia de la Policía Nacional, dan cuenta que el Toyota al llegar al sitio en el que los delincuentes habían montado un falso retén, en lugar de continuar la marcha, conforme se lo indicaban estos, el sargento y comandante de la Subsijín de Buenaventura decidió bajarse del vehículo, identificarse como miembro del F-2, provocando con ello la reacción violenta de aquellos, que produjo su muerte, la muerte de dos de sus compañeros y las heridas del dragoneante Rubén Darío Sánchez Ruiz.

Ante el conocimiento que tenía de que comandaba un pequeño grupo de policías, armados con revólveres, con una misión específica, y que además transportaba a tres personas ajenas a la institución, debió seguir su marcha, para, por ejemplo, pedir refuerzos adecuados para enfrentar la situación, utilizando para ello el conocimiento que tenía sobre la misma, como el número aproximado de subversivos y las armas que portaban.

Lo deducido por el tribunal, atinente a que la conducta del sargento debe tomarse como eximente de responsabilidad frente a sus compañeros de labores, resulta contraria al análisis de causalidad que impera en el caso.

Aunque no pueda afirmarse que el hecho se produjo por el número de personal de la Policía ni porque dichos agentes portaran armas cortas, pues su misión no era atacar o repeler al grupo guerrillero, sino era de inteligencia; y tampoco pueda aseverarse que lo desencadenó el tipo de vehículo en el que se movilizaban, pues precisamente se trataba de un vehículo no identificado como de la entidad policial, forma esta de encubrir la identidad de sus ocupantes, sí quedó demostrado que el sargento Álvaro López optó por revelar esa identidad a los miembros del grupo ilegal uniformado que encontraron en la carretera, hecho este que también se imputó en la demanda como generador de la falla del servicio.

Frente al agente de la Policía Rubén Darío Sánchez Ruiz, la conducta del sargento Álvaro López López no puede tomarse como el hecho de un tercero, pues dicho suboficial, además de representar a la institución, era el comandante de la Subsijín de Buenaventura y el responsable de la misión de inteligencia, al punto que era el único de su grupo que sabía exactamente los pormenores de dicha labor.

La actuación del suboficial López estuvo ligada a la función institucional, no solo por la expresa misión que se encontraba ejecutando junto con sus hombres, sino porque su reacción, aunque constitutiva de falla frente a los nefastos resultados, obedeció al propósito constitucional de velar por la seguridad de los ciudadanos, al pretender auxiliar a una mujer que invocaba ayuda.

Tampoco podría hablarse de culpa exclusiva de la víctima, pues para que esta se configure se requiere la mediación de una conducta netamente personal de la víctima en la producción del hecho, y en el caso se observó todo lo contrario, pues el agente Sánchez Ruiz fue una víctima de la conducta de su jefe y comandante, ante la cual su reacción fue la de correr hacia la parte boscosa, en busca de protección, actuación que le permitió seguir con vida.

No existió entonces, ni el hecho de un tercero ni culpa exclusiva del agente Rubén Darío Sánchez Ruiz, sino una actuación irregular por parte de quien era el llamado a mantener una conducta prudente y previsiva acorde con las condiciones reales en las que se desplazaban en ese momento.

Acerca del daño

Las lesiones físicas y psíquicas del entonces agente de la Policía Nacional Rubén Darío Sánchez Ruiz, ocasionadas a raíz del hecho acaecido el 15 de noviembre de 1993, quedaron demostradas con las siguientes pruebas:

— Según certificación del 26 de noviembre de 1993 de la Clínica Regional Nuestra Señora de Fátima de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, el agente Rubén Darío Sánchez ingresó al servicio de urgencias el 15 de noviembre de 1993 a las 22:15 horas con muslo izquierdo con pérdida de sustancia y lesión vascular, fue intervenido quirúrgicamente y se encontraba hospitalizado (fl. 109, cdno. 4).

— Rubén Darío Sánchez Ruiz fue valorado el 8 de febrero de 1994 por el Instituto de Medicina Legal de Cali, reconocimiento en el cual se encontró:

“1. Deambula apoyado en muletas.

2. Cicatriz lineal, hipercrómica, de 30 cm, cara antero interna tercio medio distal muslo derecho, con tatuaje de sutura.

3. Vendaje elástico muslo izquierdo tercio medio no conviene remover.

4. Férula de acrílico pierna izquierda que inmoviliza pie.

Asistirá a segundo reconocimiento aportando copia de historia clínica de la policlínica” (fl. 41, cdno. 3).

— El 23 de noviembre de 1994 la Policía Nacional llevó a cabo junta médico científica con el objeto de estudiar y dictaminar la aptitud sicofísica del agente Rubén Darío Sánchez Ruiz, en la cual se consignó lo siguiente:

“I. Antecedentes:

J.M.C. por informe administrativo Nº 143 del 17/11/93, calificado en actos meritorios del servicio.

Día 15 noviembre de 1993 H.A.F. miembro inferior izquierdo con lesión, tejidos blandos, compromiso piel, tejido muscular, neurovascular.

Presentó además cuadro psicótico paranoide, el cual requirió manejo en la clínica psiquiátrica Hospital San José.

II. Examen general y concepto sobre el estado clínico actual:

Doctor Jairo Sánchez, neurólogo:

Paciente con secuelas definitivas de lesión nervio ciático izquierdo. Tiene limitación para movilidad distrae miembro inferior izquierdo.

Doctor Guillermo Valencia, traumatólogo:

Presenta atrofia muscular medial más fístula muslo izquierdo en su tercio medio con cara medial.

Será programado para cirugía enero de 1995.

Doctor Juan Carlos Rojas, médico psiquiatra adscrito.

Doctor Absalón Cárdenas Sánchez, médico psiquiatra de la Policía:

‘Paciente en tratamiento psiquiátrico desde enero de 1994, con cuadro clínico mental, de características psicóticas paranoides. Mi impresión diagnóstica es un trastorno paranoide, doctor Juan Carlos Rojas.

Paciente en mejores condiciones, con diagnóstico de esquizofrenia paranoide, sugiero que el paciente permanezca en la casa no en el cuartel por su estado de ansiedad, doctor Absalón Cárdenas’.

Conceptos médicos integrantes junta médica

El agente no es apto para vigilancia.

La lesión en su miembro inferior es irreversible y por lo tanto debe ser considerada secuela; la cirugía programada en enero de 1994 no modifica lo anterior.

III. Conclusiones:

Diagnóstico:

1. Ezquizofrenia paranoide.

2. Lesión nervio ciático izquierdo.

3. Atrofia muscular.

Pronóstico: Regular.

Aptitud para el servicio: No apto’ (se resaltó, fls. 7 y 8, cdno. 1).

— El 3 de febrero de 1997 Rubén Darío Sánchez Ruiz fue valorado por la sección de psiquiatría del Instituto de Medicina Legal regional sur, dictamen del cual se destaca lo siguiente:

“D. Versión de los hechos (dada por la acompañante)

‘Estamos aquí por un chequeo médico, para un dictamen médico, porque a él no le dan buen servicio médico, cuando él entró a la Policía estaba bien y ahora no sirve para nada, permanece en la casa todo el tiempo, él dice que es guerrillero, que cierren las puertas y las ventanas, que a él lo va a matar la policía, coge el bastón de la escoba y hace como si fuera un arma (...), a veces se orina en los pantalones (...), cuando se me escapa de la casa se va a hacer daños, insulta a la gente, se pone a pelear con los compañeros y lo encierran y a veces lo golpean porque algunos no saben lo que está padeciendo (...), no tenemos vida sexual desde el accidente, antes era normal, funcionaba bien pero después parece un vegetal (...)’.

La acompañante trae copia del acta de junta médico científica Nº 0128 del 23 de noviembre de 1994 en donde anotan:

‘Antecedentes:

Día 15 noviembre de 1993 (...).

H. Examen mental.

Ingresa adulto joven guiado y acompañado por la señora Nancy Guerrero, se moviliza con ayuda de muleta y de la acompañante, presenta férula en pie izquierdo, por pie caído, pantalón corto que deja visibles cicatrices en ambos muslos y deformidad y atrofia de muslo izquierdo (...) biotipo endofórmico y talla promedio, suspicaz, autista, actitud temerosa y por momentos hostil, soliloquios musitados e incoherentes, por momentos perplejidad, examina el entorno, no responde al llamado del entrevistador, recoge objetos del consultorio y los guarda en la maleta que trae la acompañante, esgrime su muleta como un arma, presentando sonidos de pum, pum, muestra sus manos al entrevistador pero no explica el motivo de ello, interrumpe la entrevista que se realiza con la acompañante para decir ‘me voy a tomar el Hotel Tequendama, eso es de la policía, necesito un carro y un R-15’. Negándose a ofrecernos más detalles.

(...).

I. Discusión.

Se trata de un hombre adulto joven que se encuentra en la cuarta década de la vida y quien presenta antecedentes de disfunción mental desde noviembre de 1993.

(...).

J. Conclusiones.

1. El señor Rubén Darío Sánchez Ruiz, presenta una esquizofrenia paranoide la cual apareció posterior al evento estresor traumático (atentado y muerte de sus compañeros).

2. La esquizofrenia paranoide que padece el señor Sánchez Ruiz es una enfermedad crónica y deteriorante que requiere tratamiento médico especializado (psiquiátrico) en forma permanente.

3. Las alteraciones mentales que presenta el señor Sánchez Ruiz son compatibles con una perturbación psíquica de carácter permanente” (fls. 129 a 134, cdno. 2).

— En testimonio rendido dentro del proceso contencioso administrativo por Martín Emilio Carmona Aladino, manifestó que conocía a Rubén Darío desde 15 años atrás, quien vive en unión libre con la señora Nancy; que luego del hecho camina bien, pero que en alguna oportunidad estuvo unos días recluido en una clínica de reposo porque se desquició (fls. 113 a 115, cdno. 2).

— Por su parte Blanca Aurora Montoya Cardona, en testimonio rendido el 24 de septiembre de 1996, manifestó:

“Sí señora, lo conocimos hace más o menos unos tres años a Rubén Darío, en ese entonces vivíamos nosotros en Cartago, al frente de la Subsijín, o sea al frente del F-2, ahí lo distinguimos a él y a Nancy también, y debido a que ella iba al F-2 para que le prestaran ayuda porque él estaba en estado como de locura, para llevarlo a una clínica de reposo, ahí los conocimos (...). Pues él estaba como un poco trastornado; él no estaba bien como una persona normal, no lo estaba, y debido a un accidente que el tuvo en un combate que tuvo por allá en Buenaventura, y debido a eso quedó inválido de una pierna, no tengo presente en qué tiempo antes sufrió el accidente, pero cuando lo conocimos ya estaba así, ya estaba enfermo (...) Yo lo distinguí a él después de que había tenido el accidente” (se resaltó, fl. 123, cdno. 2).

— Y Cayetano Cortés León, en testimonio rendido también el 24 de septiembre de 1996, manifestó que conoció a Rubén Darío y a Nancy como marido y mujer, bajo un mismo techo, en una casa por la que pagaban arriendo; que Rubén estaba enfermo, enloquecía (fls. 123 vuelto y 124, cdno. 2).

Se trata, entonces, de un daño cierto, directamente relacionado con los hechos trágicos experimentados por el agente Sánchez Ruiz a partir del 15 de noviembre de 1993, pues en esa fecha recibió disparo en el muslo izquierdo, que le produjo además una lesión vascular, circunstancia dolorosa que también le generó un deterioro a nivel psiquiátrico, ambos de carácter permanente.

Probada la falla y el daño, que por serle imputables a la Policía Nacional permite deducírsele responsabilidad, se procede a analizar si están demostrados los perjuicios que se piden para la víctima y demás demandantes, y el monto de los mismos.

Acerca de los perjuicios

Previamente a establecer los perjuicios para los demandantes, se hace necesario considerar la legitimación de cada uno de ellos.

Legitimación de los demandantes:

Además de la víctima directa, cuya legitimación por activa está dada por ser quien padeció directamente el daño, demandaron la señora Nancy Guerrero Montenegro, en su condición de compañera permanente de Rubén Darío Sánchez, y Rubén Darío y Franklin Orlando Sánchez Tisoy, en su condición de hijos de Rubén Darío Sánchez Ruiz.

La condición de la señora Nancy Guerrero Montenegro quedó corroborada por los testimonios de Martín Emilio Carmona Aladino, Blanca Aurora Montoya Cardona y Cayetano Cortés León, ya citados, quienes conocieron a Rubén y a Nancy como esposos, conviviendo bajo un mismo techo (fls. 113 y 123, cdno. 2).

Por su parte, la calidad de hijos de los otros dos demandantes quedó demostrada con los registros civiles de nacimiento de Rubén Darío Sánchez Tisoy y de Franklin Orlando Sánchez Tisoy, en los que se informa que nacieron el 23 de agosto de 1985 y 7 de julio de 1987, respectivamente, y que son hijos de Rubén Darío Sánchez Ruiz (fls. 4 y 5, cdno. 2).

Reconocimiento y liquidación de perjuicios:

De las pruebas obrantes en el proceso a las que se hizo referencia, se determina que el señor Rubén Darío Sánchez Ruiz quedó con secuelas definitivas por la lesión del nervio ciático izquierdo, que debe deambular con muletas, que tiene limitación para movilidad del miembro inferior izquierdo, atrofia muscular, todas esas lesiones calificadas médicamente como irreversibles; que además presenta esquizofrenia paranoide, enfermedad esta calificada por los médicos tratantes como una lesión crónica, deteriorante y permanente, que requiere tratamiento permanente.

Que tanto la lesión física como la perturbación psíquica determinaron que el entonces agente fuera inicialmente excusado del servicio, desde el incidente (15 de nov./93), como quedó determinado, entre otras pruebas, con certificación expedida el 17 de junio de 1994 por el médico de la estación de Policía de Buenaventura y con el Oficio 0607 del 11 de junio de 1994 del jefe de la Sijín del Valle (fls. 27 y 28, cdno. 1), hasta el 23 de noviembre de 1994, fecha en la que se le practicó la junta médico científica, en la que se dictaminó su no aptitud para el servicio (fl. 7, cdno. 2).

La esquizofrenia se define como un grupo de enfermedades caracterizadas por disociación psíquica, despersonalización, alteraciones del curso del pensamiento, autismo, alteraciones psicomotrices, trastornos de la afectividad y senoperceptivos, delirio paranoide (1) .

En el mismo diccionario médico se define la esquizofrenia paranoide como la forma de esquizofrenia más frecuente, con predominio de la manía persecutoria y el delirio de grandeza, junto con las alucinaciones (2) .

Así las cosas, la Sala tiene por probada la total incapacidad laboral del señor Rubén Darío Sánchez Ruiz, por lo que la condena por perjuicios morales y la liquidación de los perjuicios materiales se realizará sobre el 100% de merma de la capacidad laboral, teniendo como punto de partida la solicitud que en tal sentido se hizo en la demanda.

a. Morales.

Se solicitó para cada uno de los demandantes el equivalente a 1.000 gramos de oro. Se explicó que esos perjuicios deben presumirse para los demandantes “pues lo que normalmente ocurre cuando un ser querido sufre esta clase de lesiones es que a todos ellos les duela, se entristezcan, acongojen y apenen”, perjuicio que resultó agravado por la irresponsabilidad de los superiores del agente, por las circunstancias de indefensión de la víctima y por la vida en común que llevan los demandantes (fl. 48, cdno. 1).

Se recuerda que los médicos especialistas que participaron en la junta médico científica calificaron las lesiones del señor Rubén Darío Sánchez Ruiz como irreversibles, crónicas y permanentes, que determinan su condición grave, que por sí solas permiten inferir la afectación moral tanto para la víctima directa como para su esposa e hijos.

La afectación moral en dichos demandantes también quedó evidenciada en los testimonios rendidos por Blanca Aurora Montoya Cardona y Cayetano Cortés León, quienes dan cuenta de la afectación que sufrió el grupo familiar a raíz de las lesiones físicas y psíquicas del señor Sánchez Ruiz.

Igualmente resulta innegable, frente al contenido del dictamen psiquiátrico, del cual se transcribieron algunos apartes, en el que la esposa del lesionado comentó algunos pormenores de la afectación del núcleo familiar, información que si bien proviene de una de las demandantes, se suministró espontáneamente, sin el formalismo de una prueba testimonial y se hizo frente a aspectos tan íntimos del ambiente del hogar que difícilmente un extraño al mismo podría tener el conocimiento apropiado de ellos.

Frente a esas circunstancias probadas y en aplicación del arbitrio judicial, la Sala hará los siguientes reconocimientos, que se expresan en salarios mínimos legales mensuales:

Para Rubén Darío Sánchez Ruiz, cien (100) salarios mínimos legales mensuales; para Nancy Guerrero Montenegro, sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales; para Rubén Darío Sánchez Tisoy, cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales y para Franklin Orlando Sánchez Tisoy, cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales.

b. Materiales.

En la demanda se solicitaron perjuicios materiales, por concepto de la pérdida de la ayuda económica que regular y oportunamente venían recibiendo hasta que Rubén Darío se vio inhabilitado. A pesar de que se solicitaron perjuicios para todos los demandantes, por tratarse de lesiones que generaron la pérdida de la capacidad laboral, se le reconocerán al señor Sánchez Ruiz, sin fraccionar el ingreso para hacer reconocimiento a los demás demandantes.

Aunque está establecido el perjuicio, el demandante no demostró el monto del mismo, pues no se aportaron certificaciones sobre el ingreso del lesionado, carga que correspondía asumirla a la parte interesada, haciendo las peticiones pertinentes y manteniendo una postura activa frente a la incorporación de la prueba al proceso.

La Sala pone de presente que en la demanda no se solicitó ninguna prueba tendiente a probar ese aspecto y dentro de la prueba existente en el proceso no se encuentra alguna que lo determine, lo cual permite concluir la falta de prueba de tal circunstancia, necesaria para hacer la liquidación de perjuicios.

Pero sabiendo que el señor Sánchez Ruiz tenía una profesión de la cual devengaba el sustento, se aplicará la presunción acogida por la jurisprudencia de la Sala concerniente a que se entiende que las personas productivas perciben a título de ingreso, al menos, un salario mínimo legal mensual.

De las pruebas se deduce que al agente Sánchez Ruiz se le concedió pensión por invalidez, lo cual no obsta para que se le reconozcan los perjuicios de orden material por la falla del servicio, pues la Sala ha sostenido (3) que los reconocimientos económicos que se hagan y que encuentren su fundamento en la vinculación laboral tienen una causa diferente a las indemnizaciones provenientes de hechos generadores de responsabilidad extracontractual y, en consecuencia, no resulta procedente ordenar que se descuente de la indemnización originada en la responsabilidad estatal, los pagos y reconocimientos hechos por la entidad con fundamento en otro tipo de relaciones.

Entonces, se efectuará la liquidación de los perjuicios, con base en las siguientes bases conocidas:

Fecha desde la cual se le declaró no apto: 23 de noviembre de 1994.

Nacimiento de la víctima: 15 de octubre de 1961 (fl. 129, cdno. 1). Para el 23 de noviembre de 1994 tenía 33 años.

Expectativa de vida: 43.89 años —526 meses— (Res. 0996 de 29 de mar./1990 de la Superintendencia Bancaria).

Ingreso base: $ 98.700, salario mínimo que rigió para el año 1994.

Índice final: 189,95 (ago./2008)

Índice inicial: 49,36 (nov./94).

Actualización de la base:

RA = VH ind final (189,95)

ind inicial (49,36)

RA = $ 98.700 x 3,82 = $ 377.034, como esta cifra es menor al valor del actual salario mínimo, que equivale a $ 461.500, se tomará en cuenta este último.

Consolidado: Desde que se declaró no apto para laborar (23 de nov./94) hasta la de esta sentencia, esto es 165 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S = VA (1+i) n -1

i

S = VA (1,004867) 165 -1

0,004867

S = $ 461.500 1,228006

0,004867

S = $ 461.500 x 252,31

S = $ 116’441.065

Futuro. Por el resto del periodo de vida probable de la víctima, esto es, 221,68 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S =VA (1+0,004867) n-1

i (1+0,004867) n n

S = VA (1,004867) 361 - 1

i (1,004867) 361

S = VA 4,770306

0,028084

S = $ 461.500 x 169,85

S = $ 78’385.775

Total por perjuicios materiales: $ 194’826.840

No se accederá a la condena por concepto de los honorarios profesionales del abogado de la parte demandante, por no corresponder a un aspecto indemnizable, ni desde el punto de vista legal ni jurisprudencial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

1. REVÓCASE la sentencia de 14 de agosto de 1998, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar, se dispone:

1º) Declárase a la Nación (Ministerio de Defensa-Policía Nacional), responsable de los perjuicios inferidos a los demandantes Rubén Darío Sánchez Ruiz, Nancy Gutiérrez Montenegro, Rubén Darío Sánchez Tisoy y Franklin Orlando Sánchez Tisoy, con motivo de las lesiones físicas y perturbaciones psíquicas graves y permanentes sufridas por Rubén Darío Sánchez Ruiz, a raíz del hecho ocurrido el 15 de noviembre de 1993 en el corregimiento Zaragoza, ubicado en la carretera Buenaventura-Cali, en el que fue lesionado por delincuentes, como consecuencia de la falla del servicio imputable a la demandada.

2º) Como consecuencia de lo anterior, condénase a la Nación (Ministerio de Defensa-Policía Nacional) a pagarles a los actores las cantidades de dinero que correspondan a los siguientes salarios mínimos legales mensuales vigentes, para resarcirles el daño moral: a) A Rubén Darío Sánchez Ruiz, cien (100); b) A Nancy Guerrero Montenegro, sesenta (60); c) A Rubén Darío Sánchez Tisoy, cuarenta (40) y d) A Franklin Orlando Sánchez Tisoy, cuarenta (40).

3º) Condénase a la Nación (Ministerio de Defensa-Policía Nacional) a pagar a Rubén Darío Sánchez Ruiz la cantidad de $ 194’826.840, para indemnizarle el perjuicio material a título de lucro cesante.

4º) Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

2. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme con lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

3. Devuélvase el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Diccionario médico. Zamora editores. 2ª ed.,Bogotá, pág. 405.

(2) Ibídem, pág. 405.

(3) Sentencias de 30 de abril de 2007, Expediente 15724 y de 24 de abril de 2008, Expediente 15790.

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