Sentencia 16342 de agosto 27 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Nº interno: 16342

Rad. 05001 23 31 000 1996 00495 01

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: Eduardo Londoño e Hijos Sucesores Limitada Eduardoño Limitada

Demandado: UAE DIAN

Bogotá, D.C., veintisiete de agosto de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Corresponde a la Sala establecer si en el caso de autos operó el fenómeno jurídico del silencio positivo, toda vez que el actor alegó que los actos administrativos demandados no le fueron notificados.

Para resolver, en primer lugar, se analizará si los actos demandados se notificaron en debida forma.

De conformidad con lo expuesto en el artículo 565 del estatuto tributario, las liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse por correo o personalmente.

Lo anterior, en concordancia con el artículo 564 del estatuto tributario, significa que la administración debía enviar el aviso de citación a la dirección informada por la sociedad contribuyente.

Al respecto se observa que las notificaciones del requerimiento ordinario, pliego de cargos, y las resoluciones sancionatorias fueron enviadas a la finca denominada El Porvenir, ubicada en la vereda Las Cruces, municipio de Chocontá, camino que de la cabecera municipal va hacia El Pedregal-vereda Las Cruces-vereda Chinatá” idéntica dirección suministró al interponer el recurso de reconsideración contra la Resolución 01523 del 5 de octubre de 1994.

En efecto, al interponer el recurso de reconsideración (1) contra la resolución sancionatoria, la parte actora informó que “recibiré notificaciones en la finca denominada El Porvenir, ubicada en la Vereda Las Cruces, municipio de Chocontá, camino que de la cabecera municipal va hacia El Pedregal —vereda Las Cruces— vereda Chinatá”.

Esta sección en sentencia del 2 de diciembre de 2004, Expediente 13013, consejera ponente María Inés Ortiz Barbosa y sentencia del 10 de octubre de 2007, Expediente 15601, consejero ponente Juan Ángel Palacio Hincapié, cuya controversia fue entre las mismas partes, con fundamento en similares supuestos fácticos y jurídicos, fijó el siguiente criterio que ahora se reitera:

Cuando se suministra una dirección rural, es un hecho conocido que no hay servicio de correo hasta el predio, por lo tanto es deber de la persona recoger en la oficina de Adpostal en la cabecera municipal la correspondencia. Su conducta negligente al no reclamarla y los efectos derivados de ella, debe sufrirlos quien incurre en ese descuido.

Más grave aún cuando el contribuyente confiere a un apoderado la representación ante la autoridad tributaria y este informa como dirección procesal la rural señalada, pero incumple su deber profesional de estar atento al desarrollo del proceso encomendado, que incluía entre otras gestiones, reclamar la correspondencia en la oficina postal de Chocontá, a sabiendas de que para la época, la notificación de las providencias de la administración tributaria se hacía por correo, en los términos previstos en el artículo 566 del estatuto tributario (2) .

Esgrimir el apoderado en este caso, la indebida notificación y por consiguiente la violación del debido proceso, es pretender obtener beneficio de su propia negligencia, lo cual es inadmisible.

Reitera la Sala lo expuesto en otras oportunidades sobre notificaciones por correo en zonas rurales (3) , en particular en la sentencia de 9 de octubre de 2003, magistrado ponente doctor Germán Ayala Mantilla, Expediente 10506, en el cual el demandante es el mismo del sub judice. En esta oportunidad se dijo:

“Pues bien, en relación con la notificación por correo y el aviso de citación a direcciones rurales, en las cuales no existe el servicio de correo, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala en el sentido de señalar que tal circunstancia, más que conducir a la falta de notificación, evidencia un error o negligencia del administrado, que además de obstruir el procedimiento administrativo de determinación y discusión del tributo, implica la falta de legitimación para desvirtuar la notificación postal.

De manera que como en el caso que se analiza, las circunstancias fácticas que se plantean en torno a la indebida notificación corresponden a las que dieran origen al anterior pronunciamiento, hasta el punto que la dirección procesal informada por la demandante, es exactamente la misma que se ha venido informando en otros procesos objeto de decisión por parte de la jurisdicción, como el que diera origen a la sentencia de octubre 24 de 2002. Expediente13014, actor Luis Eduardo Andrés Martínez, consejera ponente doctora Ligia López, debe concluirse que la notificación enviada a la dirección informada por la apoderada de la actora se efectúo en debida forma, comoquiera que el hecho de su devolución no es imputable a la administración tributaria, sino a la apoderada de la demandante, quien informando una dirección rural debió estar atenta de su correspondencia en la oficina postal de Chocontá”.

Estima la Sala que si el apoderado no reclamó la correspondencia, ello se debió a su propio descuido y por consiguiente no puede imputársele tal hecho a la administración, ya que esta envió los actos a la dirección procesal suministrada por él.

En el caso de autos, consta en el expediente el oficio del 13 de septiembre de 2001 (4) , en el cual el jefe de la división documentación le comunica al secretario general del Tribunal Administrativo de Antioquia que: “el pliego de cargos 226 de mayo 11 de 1994, enviado por la división de fiscalización tributaria de la DIAN fue devuelto por el correo el 1º de julio de 1994 y renotificado con planilla de correo 1918 de agosto 3/94 cuyo envío no fue devuelto nuevamente por el correo”.

Ahora, la Resolución 001523 de octubre 5 de 1994 (5) , fue notificada en la misma fecha, según consta en el mismo acto.

En lo que se refiere al recurso de reconsideración 0394 del 27 de octubre de 1995, su notificación se hizo por edicto fijado el 16 de noviembre y desfijado el 29 de noviembre de 1995 (6) , procedimiento al cual acudió la administración en virtud de que al apoderado de la sociedad le fue enviada por correo el 30 de octubre de 1995, la citación para notificación personal a la dirección procesal que fue devuelta por no haber sido reclamada.

La administración tenía plazo para decidir y notificar el recurso hasta el 1º de diciembre de 1995, cuando se cumplía un año de haberse interpuesto. Luego la notificación se hizo dentro del término previsto por el artículo 732 del estatuto tributario.

Es evidente la intención del apoderado del demandante de obstruir el proceso administrativo al cambiar la dirección tributaria localizada en la ciudad de Medellín, por la dirección procesal ubicada en zona rural del municipio de Chocontá Cundinamarca, hecho que atenta contra el principio de lealtad procesal, como lo ha sostenido la entidad demandada, pues aun en el caso en que se pretendió hacer la notificación personal de uno de los actos, tampoco fue reclamada en el correo la respectiva citación.

En consecuencia no hay la indebida notificación que esgrime el actor y por ende carece de fundamento sostener que operó el silencio administrativo positivo y que por falta de notificación los actos sancionatorios son extemporáneos.

Por lo analizado no prospera el recurso de apelación, la Sala en consecuencia procederá a confirmar la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE, el fallo apelado.

1. RECONÓCESE personería a la abogada Bibiana Nayibe Jiménez Galeano como apoderada de la parte demandada, conforme al poder a ella conferido.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

Se deja constancia de que la presente providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Folio 28 cuaderno principal.

(2) Declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-096 de enero 31 de 2001.

(3) En este sentido se ha pronunciado la Sala en reiteradas oportunidades: Sentencia del 23 de agosto de 1996, Expediente 7759, con ponencia del doctor Delio Gómez Leyva, reiterada en el fallo del 2 de julio de 1999, Expediente 9234, actor, Inversiones Martínez y Villegas y Cía. S. en C., sentencia de diciembre 1º de 1994, Expediente 6095, actor Rafael Espinosa Hermanos y Cía., SCA, M.P. Consuelo Sarria Olcos.

(4) Folio 81 cuaderno principal.

(5) Folio 12 cuaderno principal.

(6) Folios 26-27.

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