Sentencia 16347 de diciembre 5 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

PERJUICIOS POR RETENCIÓN ILEGAL DE VEHÍCULO

Lucro cesante por capital inmovilizado.

Rad.: 25000233100012147-01 (16347)

Magistrada Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Miguel Ángel Villanueva Rojas

Demandado: Nación-Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá

Asunto: Acción de reparación directa - apelación sentencia

Bogotá, D.C., cinco de diciembre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La responsabilidad patrimonial de la entidad estatal demandada, por la alegada retención ilegal del automóvil particular marca Swift modelo 1992 de placas EVL 467 denegada por el a quo, habrá de declararse, por las razones que pasan a exponerse.

1. Está acreditada la propiedad del automotor retenido con la fotocopia de la licencia de tránsito (1) Nº 94-300587 expedida el 2 de noviembre de 1994 por el Ministerio de Transporte en la que se indica que Miguel Ángel Villanueva Rojas, identificado con cédula de ciudadanía 5.898.503 del Espinal es propietario del vehículo marca Chevrolet-Swift, modelo 1992, color azul danubio metalizado, número de serie SPC 136421, placa EVL 467, (fotocopia autenticada que obra en el proceso de tutela interpuesto por el actor contra la fiscalía regional y remitido en copia auténtica al a quo por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, fl. 2).

2. También está demostrado en el proceso que, el 9 de diciembre de 1994, el actor reclamó la restitución del referido vehículo, ante la fiscalía regional de Bogotá, dentro del proceso penal 23349 contra Alfonso Pinto Villa y otros, al alegar que el mismo se encontraba a título de préstamo en manos del sindicado cuando este fue capturado pero que el mismo no interesaba al proceso al no ser “instrumento, ni efecto, ni tienen (sic) ninguna relación con los hechos que se investigan”, petición que fue reiterada en varias ocasiones (fls. 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18 cdno. 2 de pruebas).

3. Igualmente, está acreditado que el 14 de agosto de 1995, el demandante interpuso acción de tutela contra la Fiscalía Regional de Bogotá ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, con el objeto de que se ampararan el derecho al trabajo y el principio de dignidad humana, y, en consecuencia, se ordenara la entrega del vehículo. La Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia de 29 de agosto de 1995, accedió al amparo solicitado respecto del derecho al debido proceso y ordenó a la fiscalía regional, que en el término de 48 horas, resolviera el incidente respectivo (fls. 94 a 100 cdno. 2 de pruebas).

4. Así mismo, logró probarse que el 4 de septiembre de 1995 la unidad especial de narcotráfico de la dirección regional de fiscalías de la Fiscalía General de la Nación, ordenó entregar en forma definitiva al demandante el automóvil al encontrar que “no se estableció la procedencia ilícita del vehículo tantas veces citado, así como se tiene que, al ser incautado éste se encontraba en poder del capturado Alfonso Pinto quien lo tenía para la venta por mandato de su propietario Miguel Villanueva Rojas” (fls. 106 a 112 cdno. 2 de pruebas).

5. Del mismo modo se logró establecer que dicha retención produjo un daño antijurídico al demandante, aunque no lograron demostrarse todos los ítems alegados por el mismo.

Tal y como lo advirtió el a quo, en el expediente no obra prueba alguna que permita determinar que el automóvil haya sufrido daños, como alega el actor, que hayan forzado su reparación.

De otro lado, tampoco resulta admisible el reconocimiento patrimonial derivado de la ganancia o provecho que el actor aduce dejó de percibir durante el tiempo de retención del automotor, en tanto no logró establecerse que la actividad a la que estaba destinado el mismo (transporte de licores, entre ellos whisky desde el puerto de Buenaventura a Bogotá), como actividad reglada hubiera cumplido con los requerimientos que al efecto impone nuestro ordenamiento jurídico. A esta conclusión se llega con fundamento en la prueba testimonial recaudada.

En efecto, en este proceso declaró José Daniel Ortiz Paredes, compañero de estudios de la hija del accionante, que lo “acompañaba a Buenaventura a comprar licor que él expendía, él tenía sus clientes fijos en Ibagué y llevaba también licor al Espinal y a Bogotá. En el carro que le retuvieron al señor Miguel Ángel Villanueva Rojas era que(sic) siempre viajaban. El señor Villanueva Rojas me llamó y me comentó que no podía seguir viajando porque le habían retenido el carro en Bogotá” (fls. 151 a 153 cdno. 2 de pruebas).

También declaró Guillermo Barrero Buitrago, amigo del demandante, que este tenía un automóvil particular de placas EVL 467 y que

“en este vehículo él estaba trabajando comerciaba con licores, él traía licores y perfumes de Buenaventura se dedicaba a estas dos actividades y de esa actividad devengaba su subsistencia para él y su familia (...) venía a vender los productos acá a Espinal, aquí tiene mucho amigo y les vendía a gran cantidad de amigos (...) Nosotros nos encontrábamos aquí varias veces, una o dos veces a la semana y charlábamos, yo le compré una botella de wiski (sic) y perfume (...) El desarrolló esa actividad más o menos de 8 a 10 meses porque esa actividad la inicio(sic) en el año 91 y 92 y a mediados del año 93 le quitaron el carro, él vendia(sic) esos productos en Ibagué, Guamo, Girardot, Espinal” (fls. 13 a 16 cdno. 2 de pruebas).

Así mismo declaró Antonio Rodríguez Hurtado que Villanueva Rojas tenía un carro con el cual se movilizaba “vendiendo licores y perfumes, que comercializaba de Buenaventura a Ibagué” (fls. 16 a 18 cdno. 2 de pruebas).

De modo que los elementos de juicio, legalmente acopiados en este proceso, si bien permiten establecer que el vehículo retenido era utilizado para el transporte con fines lucrativos de licores, entre ellos whisky, desde el puerto de Buenaventura a Bogotá, como quedó establecido con las declaraciones vertidas en el proceso que son coincidentes en señalar que el actor utilizaba su vehículo para traer desde Buenaventura hasta Bogotá y otras ciudades del país licores, que comercializaba, entre otras personas, con amigos suyos, pero de las mismas no puede inferirse que la actividad desplegada se hiciese con arreglo a los estrictos y precisos términos previstos por nuestro ordenamiento jurídico.

Ahora, la certificación aportada por el actor en su recurso que da cuenta de que supuestamente adquiría el licor en una miscelánea de Buenaventura, no podrá ser valorada en esta instancia, por no haber sido aportada en la oportunidad y forma procesales indicadas por la ley, con todo, aun en el evento de que en gracia de discusión se valorase, la misma no sirve para acreditar su condición de comerciante, transportador y distribuidor de licores, como que este carácter —por tratarse de una actividad reglada— no puede establecerse de esta forma.

Lo anterior, no significa en modo alguno, que la Sala desatienda la presunción de buena fe que gobierna las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas (art. 83 superior). Estas consideraciones se contraen a la determinación de la existencia o no del daño alegado, circunstancia que merced a la deficiente actividad probatoria desplegada por el actor, no pudo establecerse con arreglo a las normas que gobiernan la materia.

No debe perderse de vista que la actividad de transporte de licores está minuciosamente regulada tanto por la ley como por los reglamentos (2) , que imponen que la misma se adelante previo el cumplimiento de las autorizaciones que para el efecto deben emitir las autoridades competentes, como que la misma es objeto de monopolio rentístico, según los términos del artículo 336 constitucional.

De conformidad con el artículo 61 de la Ley 14 de 1983 (3) , la producción, introducción y venta de licores destilados constituyen monopolios de los departamentos como arbitrio rentístico, regulados por las asambleas departamentales.

En perfecta consonancia con lo dispuesto por el artículo 63 de la citada ley, el inciso segundo del artículo 123 del Decreto 1222 de 1986 (4) dispuso en forma categórica:

Para la introducción y venta de licores destilados, nacionales o extranjeros, sobre los cuales el departamento ejerza el monopolio, será necesario obtener previamente su permiso, que solo lo otorgará una vez se celebren los convenios económicos con las firmas productoras, introductoras o importadoras en los cuales se establezca la participación porcentual del departamento en el precio de venta del producto, sin sujeción a los límites tarifarios aquí establecidos” (resalta la Sala).

A este respecto la Sección Primera de esta corporación ha indicado:

“El gobernador de Cundinamarca, en uso de las atribuciones constitucionales y legales citadas en el encabezamiento del acto acusado, expidió mediante el Decreto 2143 de 1992 el estatuto de rentas del departamento de Cundinamarca.

(...) Al definir la tornaguía, dice el artículo 27 que es “el documento mediante el cual la oficina competente de la Secretaría de Hacienda concede permiso al sujeto pasivo para transportar otro departamento o introducir a Cundinamarca licores, vinos, aperitivos y similares, cervezas y cigarrillos, nacionales y extranjeros, con la obligación de legalizar la mercancía correspondiente en el departamento de destino”.

(...) Si bien el gobernador de Cundinamarca para dictar el decreto sub examine dijo hacerlo en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, su fundamento especial es artículo 88 de la ordenanza 26 de 1991, expedida por la Asamblea de Cundinamarca.

(...) no se logró desvirtuar en el proceso la presunción de legalidad del acto demandado por cuanto, a pesar de no citar en forma expresa las normas de orden legal en que se fundamentan sus disposiciones, siendo, como ya se anotó, equivocada la fundamentación en la ordenanza 26 de 1991 en cuanto a monopolio del alcohol potable se refiere, sí existen normas legales que lo sustentan.

Es ciertamente, el artículo 1º del Decreto 244 de 1906 el basamento jurídico del monopolio. Para mayor claridad, se cita aquí su texto que es del siguiente tenor:

“Los licores de producción nacional que quedan comprendidos en el monopolio creado por el Decreto Legislativo 41 de 3 de marzo de 1905, son: el aguardiente de caña y sus compuestos, tales como ron, las mistelas, el aguardiente común y las demás bebidas alcohólicas que produce la caña; el alcohol, cualquiera que sea la materia prima que se fabrique; las bebidas fermentadas en que el alcohol constituye la fuerza, con excepción de la cerveza, el guarapo y la chicha” (resalta la Sala).

La voluntad monopolista de la disposición es ratificada en el artículo segundo y su parágrafo, según los cuales “Queda prohibida la importación al territorio nacional de licores de la misma clase o naturaleza de los enumerados en el artículo anterior, como pertenecientes al monopolio de licores nacionales. El gobierno puede autorizar la introducción de alcohol a determinadas secciones del país, mediante convenios especiales entre la gerencia de rentas y rematadores de la renta de licores nacionales”.

Hasta donde fue posible indagar, la Sala no ha tenido oportunidad de pronunciarse en el fondo sobre el monopolio de alcohol potable, porque las veces en las que se ha referido a él lo ha hecho en circunstancias diferentes a las que hubieran podido requerir un estudio de fondo. Dentro del expediente 978 en auto de 22 de noviembre de 1988, con ponencia del consejero Luis Antonio Alvarado Pantoja, se revocó la suspensión provisional de la palabra potable contenida en el artículo 7º de la ordenanza 004-E de 29 de febrero de 1988 de la asamblea del Valle, según el cual “los monopolios de producción y venta de alcohol potable o impotable se seguirán rigiendo por el Código de Rentas del departamento y las normas que lo modifiquen”. Dijo en aquella oportunidad el Consejo: “que allí no se hace otra cosa que remitirse a lo dispuesto en el Código de Rentas del departamento, el cual no ha sido objeto de la demanda de nulidad, siendo por lo tanto, cuando menos, inoportuna la definición de ilegalidad que hace el tribunal, de acuerdo con la demanda, al hacer distinción entre alcoholes potables e impotables, para el efecto del monopolio”.

También, dentro del expediente 1768, en auto de 17 de septiembre de 1992 con ponencia del consejero Miguel González Rodríguez, se dijo:

“La Sala no se referirá concretamente al cargo “Monopolio del alcohol potable”, dado que los artículos 47 y 48 del decreto acusado (fl. 35, vto. cdno. 1), quedan comprendidos dentro de la nulidad que habrá de decretarse, en razón del estudio sobre el segundo argumento; pero sin embargo, es un hecho evidente el que el alcohol potable no es objeto de monopolio”.

Del texto transcrito se deduce que su parte final según la cual “... es un hecho evidente que el alcohol potable no es objeto de monopolio”, constituye una anotación marginal, la que si, en el mejor de los casos se considerara como una jurisprudencia sobre la materia, vendría a quedar rectificada en virtud de las consideraciones expuestas para resolver el presente caso” (5) (resaltado fuera del texto original).

De modo que la actividad de movilización en el territorio nacional de productos nacionales y extranjeros gravados con los impuestos al consumo o que sean objeto de monopolio rentístico de licores, entre departamentos o entre estos y el Distrito Capital, no puede realizarse sin la autorización que para el efecto emita la autoridad competente. De igual manera ninguno de estos productos puede ser retirado de la fábrica, planta, puerto o aeropuerto mientras no cuente con la respectiva tornaguía expedida por la autoridad competente, para la movilización de dichos productos dentro de sus jurisdicciones (6) .

En lo que atañe al transporte de perfumes, tampoco se acreditó daño alguno, pues las declaraciones no son coincidentes en este punto y, por el contrario, acusan inconsistencias y contradicciones, respecto de la actividad desplegada, así como en lo que hace a la remuneración que ella generaba, lo mismo que sobre la época y periodicidad con que se llevó a cabo.

Así mientras José Daniel Ortiz Paredes —quien asegura haber trabajado con el actor y que le ayudaba a cobrar las facturas del producido de la venta de licores que traía con el vehículo retenido— sólo dio cuenta de la venta de licores al punto que asegura que el accionante “obtenía un promedio que oscilaba entre dos millones trescientos mil pesos y dos millones setecientos mil pesos” por este exclusivo concepto (fls. 151 a 153 cdno. 2 de pruebas); otro declarante Guillermo Barrero Buitrago, amigo del actor, sostiene —en cambio— que este “traía licores y perfumes ” y que las dos actividades le dejaban unos ingresos de 2 millones a dos millones y medio de ingresos mensuales, además indica que la actividad desarrollada la desplegó en los años 1991 y 1992 “y a mediados del año 93 le quitaron el carro”, cuando el vehículo fue adquirido en el año 1992, y la inmovilización del vehículo tuvo lugar, como el mismo actor lo expuso en su escrito de demanda, el 20 de octubre de 1994 (fls. 13 a 16 cdno. 2 de pruebas). Tampoco arroja mayor claridad al respecto lo manifestado por Antonio Rodríguez Hurtado, amigo del actor, quien se limitó a indicar que el actor vendía licores y perfumes que comercializaba de Buenaventura a lbagué y que dicha comercialización le generaba un promedio de dos millones de pesos mensuales “lo sé por comentario de mismo Miguel Ángel Villanueva” (fls. 16 a 18 cdno. 2 de pruebas).

De lo expuesto se tiene que dos de los declarantes, con las inconsistencias reseñadas, se limitaron a referir que el demandante utilizaba el vehículo para la venta de perfumes, de modo que no obra prueba que acredite que efectivamente esa era la actividad comercial de Villanueva Rojas y mucho menos, la frecuencia con la que realizaba esos viajes.

Con todo, y aunque el actor no demostró que el vehículo estuviese en estado productivo, la Sala encuentra que la retención del vehículo representa un capital inmovilizado (7) que de conformidad con lo dispuesto las normas civiles tiene como mínimo una renta anual del 6%, porcentaje que habrá de aplicarse durante el período que tuvo lugar la retención del vehículo. A este respecto, de tiempo atrás la jurisprudencia tiene determinado que sobre un capital inmovilizado puede otorgarse, como indemnización por lucro cesante, el 6% anual que hubiera producido el capital que se ha visto paralizado a causa del daño:

“... la privación del uso, por el tiempo de indisponibilidad, ha de resarcirse, independientemente de que el vehículo destruido, fuera un bien productivo, v. gr., por tratarse de un vehículo de transporte público de pasajeros, ora se trate de un vehículo de servicio particular, pues la Sala considera que, este perjuicio tiene propia autonomía, al margen de su ubicación en uno cualquiera de los dos rubros —daño emergente o lucro cesante—, pues a más de la certeza que se infiere de la presunción obvia a que alude el texto precitado, es verdad que la falta de disponibilidad de uso y goce vulnera un interés de la víctima: se le priva de la utilización del vehículo, sea con fines lucrativos o puramente personales ajenos a toda noción de provecho económico, utilidad o ganancia.

Lo anterior evidencia que, antes que calificar el perjuicio como daño emergente o lucro cesante, lo que debe procurarse —y en esta ocasión lo hace la Sala—, es determinar pautas jurisprudenciales que permitan liquidar y cuantificar el monto de dicho perjuicio.

En esa dirección, la Sala considera que la adopción del sistema de resarcimiento por interés de valor permite un adecuado reconocimiento para la víctima del daño consistente en la privación del uso y goce, reconociéndole a ésta, como equivalente a la privación de dicho uso y goce, el interés comercial que la suma de capital equivalente al valor del automóvil, habría producido durante todo el tiempo que razonablemente presente la indisponibilidad.

Todo lo anterior sin perjuicio que, el demandante víctima del daño acredite un perjuicio de mayor valor por tal concepto, v. gr., porque ha sido privado del uso y goce de un vehículo automotor de determinadas características, porque se desplazaba habitual y cómodamente a otras ciudades; en últimas, acreditado un perjuicio de mayor valor que el mero interés comercial que produciría la suma de dinero —bien de capital—, referido a dicho uso y goce.

Nada se opone a tal reconocimiento, pero en dicho evento, de la misma manera y para no rebasar los adecuados límites del alcance indemnizatorio, se descontará el valor de depreciación comercial que ciertamente habría sobrevenido al vehículo por el uso y goce durante el período de que se trate y las cantidades dinerarias que habrían que desembolsarse para la producción de tal renta” (8) (se destaca).

De modo que en el sub lite debe tenerse en cuenta el valor del vehículo, consignado en la fotocopia de la factura Nº 147 de venta del mismo que indica un precio total del mismo de $ 10.926.792 (fotocopia autenticada tomada de la copia auténtica del proceso de tutela, fl. 6) y el lapso de 13,47 meses en el cual permaneció retenido el vehículo a órdenes de la fiscalía: desde el 20 de octubre de 1994 hasta el 4 diciembre de 1995.

En consecuencia para deducir el lucro cesante se liquidarán los intereses legales del 6% sobre el valor de $ 10.926.792 por un período de 13,47 meses y el resultado será indexado teniendo en cuenta como índices, inicial y final, los vigentes a la fecha de retención y la devolución del automóvil, así:

Cálculo de la indemnización:

Capital x tasa de interés anual del 6% (mensual 0.5%) x número de meses

Capital: $ 10’926.792, que corresponde al valor del vehículo

Interés: 0.5%

El número de meses por liquidar es 13,47

I = $ 10.926.792 x 0.5% x 13,47 = $ 735.919,44

Esa suma actualizada a la fecha de la sentencia equivale a $ 2.060.476,07, según el siguiente cálculo:

 

 

Ra = $2.060.476,07

Total perjuicios materiales: $ 2.060.476,07, que corresponden a los intereses causados durante los 13,47 meses de retención del bien.

Ahora, en relación con los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, la Sala en providencia del 30 de julio de 1992, señaló que, salvo en circunstancias muy especiales, la pérdida de las cosas materiales no amerita el reconocimiento de dichos perjuicios, pues “la materia necesita ser tratada con un especial enfoque cultural y filosófico para no rendirle culto a las personas que, no poseen las cosas, sino que se dejan poseer por ellas” (42) .

No obstante, en decisiones posteriores, la Sala ha adoptado un criterio más amplio, que ahora se reitera, para considerar que “hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos sean demostrados en el proceso (43) . Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el padecimiento sea fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La intensidad del daño es apreciable por sus manifestaciones externas; por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba. Sin embargo, la jurisprudencia puede inferir su existencia en casos como el de la muerte de los parientes más allegados” (44) .

Sin embargo, en el caso concreto, tampoco se demostró la existencia de perjuicios morales, por la retención del vehículo de propiedad del demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 14 de diciembre de 1998, y en su lugar se dispone:

1. Declárase la responsabilidad patrimonial de la Nación-Fiscalía Regional de Bogotá, por los perjuicios ocasionados a Miguel Ángel Villanueva Rojas.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía Regional de Bogotá pagarle al demandante la suma de dos millones sesenta mil cuatrocientos setenta y seis pesos ($ 2.060.476), por perjuicios materiales.

3. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

4. La Nación - Fiscalía Regional de Bogotá dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de los preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6. Todas las comunicaciones que se ordenan hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo».

(1) Sobre la prueba de la propiedad del vehículo recientemente la Sala precisó: "En relación con el negocio jurídico de enajenación de vehículos debe distinguirse si el mismo constituye un contrato civil o si se trata de un contrato mercantil, para definir de qué manera se realiza la tradición de tales bienes, de acuerdo con la legislación que se aplica según el evento.

"En efecto, si se trata de un contrato civil, la tradición se realiza conforme lo establecido en el artículo 754 del Código Civil, esto es, con la manifestación que una de les partes haga a la otra de que le trasfiere el dominio del bien, a través de los medios que señala la norma. En tal evento, el registro del título de adquisición ante el funcionario que indique la ley, no tiene efectos sobre el acto de tradición en sí, sino que constituye una forma de publicidad del mismo, que tiene entre sus fines permitir un mejor control del Estado sobre la actividad de conducción de vehículos y generar confianza pública en las relaciones jurídicas en las que sean objeto dichos bienes.

“Diferente es la situación jurídica cuando se trata de enajenación de vehículos automotores destinados al transporte público, pues en tal caso, la compra y venta de los mismos constituirán actos de comercio y su tradición, de acuerdo con la ley mercantil se realiza con la inscripción del título en la oficina correspondiente.

“En efecto, el artículo 20 numeral 18 del Código de Comercio establece que son mercantiles para todos los efectos legales las empresas de compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire y sus accesorios y el artículo 922 ibídem establece que la tradición de vehículos automotores se realiza con la inscripción del título ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes.

“Dicha inscripción debía realizarse, según lo previsto en el Decreto 1344 de 1970, o Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal como fue modificado por el Decreto 1809 de 1990, vigentes para la época de ocurrencia de los hechos de que trata este proceso, en las oficinas de tránsito correspondientes y sólo verificado ese acto podía expedirse la licencia de tránsito.

“En efecto, el artículo segundo del Decreto 1809 de 1990, establecía que la licencia de tránsito era el “documento público cuya finalidad es autorizar el tránsito de un vehículo por las vías públicas del territorio nacional y sirve para la identificación del mismo”.

“Por su parte, el artículo 87 del Decreto 1344 de 1970, modificado por el artículo 1º, numeral 75 del Decreto 1809 de 1990, determinaba que:

La licencia de tránsito estará suscrita por la autoridad de tránsito ante la cual se presentó la solicitud, identificará el vehículo y será expedida luego de perfeccionado el registro en la oficina de tránsito correspondiente y contendrá los siguientes datos:

1. Características de identificación del vehículo.

2. Destinación y clase para el cual fue homologado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

3. Nombre del propietario, documento de identidad, domicilio y dirección.

4. Limitaciones a la propiedad.

5. Número de placa asignada.

6. Los demás que determine el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

PAR. 1º—Las características que identifican un vehículo son las siguientes: número de motor, número de chasis o serie, línea, clase (de vehículo), marca, modelo, tipo (de carrocería), color, clase de servicio y capacidad.

PAR. 2º—El inventario nacional automotor será llevado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito con base en la información contenida en el registro de que trata el presente artículo. El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito establecerá los mecanismos para que la autoridad de tránsito competente suministre la información correspondiente.

"Finalmente, el artículo 92, modificado por el numeral 80 del artículo primero del Decreto 1809 de 1990, establecía que la licencia debía ser solicitada por el propietario del vehículo, de acuerdo con la reglamentación que expidiera el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, Intra”: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006, radicación 41001233100049937279-01 (19.432), actor: Jorge Enrique Sánchez Rodríguez, demandado: La Nación-Min. Obras Públicas y Transporte, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

Ahora bien, conviene indicar que actualmente según la Ley 769 de 2002, por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones, la licencia de tránsito es el documento público que identifica un vehículo automotor, acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público: artículos 2º y 34 a 41 (D.O. Nº 44.893, ago. 7/2002).

(2) Lo cual no es nuevo en el derecho nacional como que el artículo 2º del Decreto Legislativo 41 de 1905 fue una de las primeras normas en ocuparse del asunto, luego el Decreto 244 de 1906 en su artículo 1º dispuso “los licores de producción nacional que quedan comprendidos en el monopolio creado por el Decreto Legislativo 41 de 1905, son (...) el alcohol, cualquiera que sea la materia prima de que se fabrique; las bebidas fermentadas en que el alcohol constituye la fuerza, con excepción de la cerveza, el guarapo y la chicha”.

El Decreto Legislativo 41 de 1905, fue convertido en legislación permanente por virtud de la Ley 15 del mismo año.

Sobre este mismo tema también se ocupó el Acto Legislativo 3 de 1910 que estableció en el nivel constitucional que los monopolios solamente pueden establecerse como arbitrio rentístico, en virtud de una ley y previa indemnización de quienes eran perjudicados con la medida.

Otros dispositivos normativos que merecen destacarse son la Ley 4ª de 1913 o Código Político y Municipal; la Ley 34 de 1925 referente a los alcoholes industriales o impotables y a los utilizados en la fabricación de vinos; la Ley 83 de 1925 que autorizó a los departamentos para monopolizar la producción del alcohol impotable; la Ley 88 de 1928 que fijó tarifas “en relación con cada botella de 720 gramos”; el Decreto 2956 de 1955 ratificado por la Ley 33 de 1968 y el Decreto 131 de 1958.

(3) “Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”, en Diario Oficial 36.288 de 6 de julio de 1983.

(4) “Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental”, en Diario Oficial 37.466 de 14 de mayo de 1986.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 14 de julio de 1995, radicación 2713, actora: Asociación de importadores y productores de licores, vinos aperitivos y similares, referencia: actos departamentales, C.P. Yesid Rojas Serrano.

(6) Sobre la normatividad vigente ver Decreto 3072 de 1997, por medio del cual se reglamenta el sistema único nacional de control de transporte de productos gravados con impuesto al consumo y se dictan otras disposiciones (en D.O. 43.205, dic. 31/97) y los artículos 197, 219, 199 y 221 de la Ley 223 de 1995 (en D.O. 42.160, dic. 22/95) a cuyo amparo se expidió el decreto reglamentario citado. Al respecto ver igualmente Corte Constitucional, Sentencia C-281 de 1997, M.P. Barrera Carbonell y Concepto DIAN 020 de mayo 14 de 1998 (disponible en www.minhacienda.gov.co), según este último: “tanto para la movilización como para el retiro de fábrica o planta, del puerto, aeropuerto o de la aduana nacional de todas las mercancías gravadas con el impuesto al consumo o que sean objeto del monopolio rentístico de licores entre los diferentes departamentos o entre estos y el Distrito Capital, deberá mediar autorización emitida por la autoridad competente, la cual corresponde al jefe de la unidad de rentas, dirección, división o sección de impuestos de esta dependencia, es decir, del departamento de donde proviene dicha mercancía, o en su lugar, por el funcionario de nivel profesional o técnico de la misma dependencia a quien se le asigne dicha función”.

(7) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia de 1º de junio de 1957, en G.J. T. LXXXV, pág. 584; sentencia de 22 de julio de 1959, en G.J. T. XCI, pág. 283; sentencia de 16 de agosto de 1963 en G.J. T. CIII, pág. 628 y sentencia de 8 de julio de 1964, en G.J. T. CVIII, pág. 294.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 1994, expediente 6755, actor: María Amparo Fuentes y otro, sentencia de 8 de junio de 1999, expediente 13.540, actor: Luis Cruz Delgado y otros, C.P. Daniel Suárez Hernández. En el mismo sentido sentencia de 19 de julio de 2000, expediente 13244, actor: Julio Ribero Martínez, sentencia de 1º de noviembre de 2001, radicado 13185, actor Eugenio Sandoval La Rotta, C.P. María Elena Giraldo Gómez y sentencia de 12 de septiembre de 2002, expediente 13395, actor: Jaime Francisco Martínez Pinilla, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(42) Expediente 6.828, C.P. Julio César Uribe Acosta. Posición reiterada entre muchas otras, en sentencias de 7 de abril de 1994, expediente 9367.

(43) Sentencia del 24 de septiembre de 1987, expediente 4039.

(44) Sentencia de la Sección Tercera de 13 de mayo de 2004, expediente AG-520012331000200200226-01. Acción de grupo de Harold Hernández Santacruz y otros, contra Ministerio del Medio Ambiente y Ecopetrol.

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