•Sentencia 16351 de febrero 18 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

ACUERDOS DE LOS CONCEJOS

UNIDAD DE MATERIA

EXTRACTOS: «Por medio del Acuerdo 043 de diciembre 30 de 1994, el concejo del municipio de Yumbo, expidió el presupuesto de ingresos y egresos de este municipio para la vigencia fiscal de 1995.

Los artículos acusados 18, 22 y 23 del citado acuerdo, señalan lo siguiente:

“ART. 18.—No habrá lugar al pago de primas de antigüedad a empleados y obreros que pasen de veinte (20) años de servicio a la administración municipal”.

“ART. 22.—Todo empleado que ingrese al servicio de la administración municipal se acogerá al régimen de jubilación y de prestaciones sociales consagrados en la ley”.

“ART. 23.—Todo el personal al servicio activo de la administración y los que ingresen se acogerán sin excepción alguna al régimen de jubilación y prestaciones sociales consagrados en la ley”.

De la comparación de los artículos demandados con el tema del acuerdo acusado, encuentra la Sala que no hay identidad de materia, pues mientras que el acuerdo tiene como fin señalar la estimación de los ingresos y recursos de capital que se esperan recaudar durante el año fiscal y los gastos de funcionamiento y de inversión para el mismo período, los artículos demandados se refieren a asuntos de índole salarial el primero y prestacional los dos restantes, lo que contradice el expreso mandato del artículo 72 de la Ley 136 de 1994.

Si bien es cierto que el tema “identidad de materia” que exige no sólo la Carta Política en el artículo 158 para el caso de las leyes, sino el legislador en el citado artículo 72 para los proyectos de acuerdo de los concejos municipales, no debe tomarse en una acepción restringida, sino comprensiva, pues es obvio que el tratamiento de algunos temas, como el presupuestal, impone hacer referencia a algunos asuntos que tienen con ellos una conexión necesaria. En el caso sub lite no se da esa relación razonable en las dos temáticas, ya que no es cierto, como lo alega la entidad demandada, que se dé tal conexión porque las materias de que se ocupan las disposiciones demandadas, tienen incidencia directa en la materia presupuestal local.

Este argumento del municipio demandado comportaría consecuencias absurdas, pues con esa misma tesis se podría sostener que un proyecto de acuerdo que fije el presupuesto de ingresos y gastos, puede regular cualquier tema jurídico, por implicar un gasto local, lo cual daría cabida a una gama de posibilidades inconmensurables de asuntos a tratar, ya que el gasto público irradia toda la actividad de la administración.

La unidad de materia tiene un claro propósito de coherencia en el proceso normativo y en la seguridad jurídica, pues tal medida permite una mayor transparencia en el debate de las disposiciones que se expidan y facilitan la identificación del asunto tratado por parte de los destinatarios de las normas; por ello dicha identidad de temas es exigida, como se dijo anteriormente, no solamente para el caso de las leyes sino también para el caso de los actos administrativos dictados por los concejos municipales, como son los acuerdos.

Pero además, aceptar la posibilidad de que en las disposiciones presupuestales se regulen asuntos que rebasen el período fiscal, es desconocer la técnica presupuestal que impone la estimación de ingresos y gastos sólo por la anualidad pertinente.

Por las anteriores razones acertado estuvo el a quo al declarar la nulidad de los actos acusados, por infringir el claro mandato del artículo 72 de la Ley 136 de 1994, lo que impone confirmar la sentencia recurrida».

(Sentencia de febrero 18 de 1999. Expediente 16.351. Consejera Ponente: Dra. Dolly Pedraza de Arenas).

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