Sentencia 16359 de febrero 23 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

HOMICIDIO AGRAVADO POR LA INDEFENSIÓN DE LA VÍCTIMA

PUEDE SER ATENUADO POR EL ESTADO DE IRA

EXTRACTOS: «El defensor del procesado, al amparo del cuerpo primero de la causal primera de casación, acusa al tribunal de haber violado, de manera directa, la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 324, numeral 7º, del Decreto 100 de 1980, vigente para la época de los hechos, toda vez que, en su criterio, no puede concurrir, de manera simultánea, la circunstancia de agravación punitiva reglada en aquella preceptiva con el estado de ira e intenso dolor.

(...).

Considera la Sala que de todos modos no le asiste razón al censor, pues teniendo en cuenta los argumentos exhibidos por el juzgador, en este particular asunto es posible que la citada agravante específica para la conducta punible del homicidio concurra con el estado emocional de la ira.

Ante todo se hace indispensable realizar un breve relato de los hechos a fin de establecer la concurrencia de dichas circunstancias modificadoras de la punibilidad. Al respecto se sabe que el 6 de agosto de 1995, siendo aproximadamente las 5:30 de la tarde y después de colisionar los vehículos Jeep Toyota de placa BB-0730 conducido por Rodolfo Ávila Piñeros y el automóvil Ford de placa BDS-956 dirigido por el procesado Álvaro Ignacio Herrera Gutiérrez, los ocupantes de los citados rodantes se reclamaron entre sí, al punto que Pablo Augusto de Jesús Carrillo quien viajaba como pasajero en el primer automotor, en forma airada y acudiendo a vías de hecho (ofensas verbales y golpes) agredió a Herrera Gutiérrez, episodio que culminó cuando este en cinco oportunidades disparó el arma de fuego que portaba, causándole la muerte por “shock neurológico. Causa de muerte, heridas proyectil arma de fuego”.

Así mismo, se sabe que las heridas causadas a la víctima fueron las siguientes: inicialmente dos proyectiles impactaron en sus extremidades, y cuando esta avanzó varios metros para refugiarse de su agresor y estando en el suelo; el acusado fue hasta el lugar donde se hallaba y procedió aI dispararle en tres oportunidades haciendo blanco en la espalda cuando aquella ya estaba imposibilitada para realizar cualquier acción defensiva o de resistencia, aclarándose que uno de ellos ingresó en la región preauricular izquierda presentando el orificio de entrada tatuaje o anillo de ahumamiento.

Ahora bien, es cierto que la jurisprudencia de la Sala ha señalado que, en principio, el exceso de la legítima defensa y el estado de indefensión o de inferioridad no pueden concurrir con la ira o el intenso dolor. Por ejemplo, respecto a la primera situación planteada el 3 de agosto de 1995 se dijo:

“La ira o el dolor son estados afectivos de la persona provocada, quien a su merced sintió o vivió un momento de emoción violenta.

Cabe observar que el exceso defensivo y la ira o intenso dolor son dos fenómenos autónomos e independientes, que no puede converger a explicar de modo razonable el comportamiento del procesado, porque aquel supone la existencia de una agresión actual e injusta que genera un peligro inminente contra un bien jurídicamente tutelado (vida y la integridad personal), mientras que la segunda hipótesis emerge de un agravio o de una ofensa ya consumados, que desata en el ofendido reacciones de ira o de dolor.

El exceso que resulta punible aunque en menor grado, es una desproporción en la respuesta defensiva ante una agresión actual o inminente, al paso que la ira y el intenso dolor constituyen perturbaciones emocionales generadas en la causa ya cumplida, esto es, en la ofensa o provocación grave e injusta de un tercero.

En otras palabras, la actualidad es uno de los factores que permite distinguir la agresión de la provocación: en la defensa excedida el agente reacciona en forma desproporcionada contra un peligro actual o inminente; en cambio, ante el impulso de la ira no existe ese peligro injusto que rechazar, sino que la reacción proviene de una ofensa ya consumada.

Puede acontecer sí, que el impulso del miedo o del temor, arremolinado a veces con la ira acrecentado por ella, dé lugar a excesos en la defensa privada, o a dificultades apreciativas sobre la proporcionalidad de las propias reacciones” (1) .

En pronunciamiento del 25 de marzo de 1993 se sostuvo:

“La alevosía que consiste en la comisión del homicidio o las lesiones a traición, y en forma segura para el autor, de tal manera que la víctima esté en condiciones de indefensión o inferioridad, excluye de suyo la diminuente del artículo 60 del Código Penal que supone una súbita e incontrolada acción del ofendido que le impide discernir sobre los actos que ejecuta, y tener clara conciencia de esa indefensión o inferioridad de la víctima. Estos fenómenos son abiertamente incompatibles” (2) .

Sin embargo, la Sala no desconoce que en determinados eventos, como sucede en este particular asunto, puede admitirse dicha concurrencia, situación que también es reconocida por la doctrina. Por ejemplo, el autor que cita la delegada, sostiene que no es muy factible tal situación, “teniendo como base el dolo de ímpetu, situación en la que está ausente la reflexión, pero no ocurre así en todos los casos de perturbación emocional, pues existen estados emotivos determinados que por su propia naturaleza le permiten al individuo pensar en la respuesta que dará ante un estímulo ofensivo, es decir, no puede darse una respuesta uniforme para todos los casos” (3) .

En otras palabras, pueden concurrir dichas circunstancias modificadoras de la punibilidad, siempre y cuando el agente conserve, al momento de ejecutar el acto, el grado de conciencia y lucidez para percibirse del modo y la forma de la agresión y del medio o instrumentos utilizados para la comisión de la conducta punible (4) .

Así, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y para este asunto en particular, se repite, en la conducta del procesado si podía concurrir la circunstancia de agravación específica para el delito de homicidio (indefensión) con la ira, contrario a lo manifestado por el demandante, tal como fue condenado por el juzgador de segunda instancia.

En el evento que ocupa la atención de la Sala, para el tribunal, al revocar el fallo absolutorio de primera instancia y teniendo en cuenta la prueba técnica y testimonial, fue evidente que el hoy occiso agredió grave e injustamente a su agresor, lo que generó en él un estado de emotividad,

“... provocado por los golpes recibidos, que bien permite ubicarlo dentro de la atenuante consagrada por el artículo 60 del Código Penal, pues está demostrado, se vio ante el comportamiento que exige esta figura, grave e injusto, puesto que si bien fue el causante del accidente y con ello puso en peligro la vida de los ocupantes del Toyota, quienes reaccionaron en forma conocida, no podía como respuesta a ello, emprenderlo a tiros, como lo hizo, pero dada la situación de ira, ante el comportamiento sorpresivo, bien permite se le reconozca frente al punible de homicidio agravado, lo cual permitirá su disminución en la forma señalada por la ley, ya que bien estuviera motivado por la ira, no le era dado ejercer la justicia por su propia mano, en la forma que lo hizo, disparándole por cinco veces consecutivas”.

En efecto, con apego en el acta de levantamiento del cadáver, el croquis levantado en el lugar del accidente, el peritaje de balística y la prueba testimonial, se dedujo, atinadamente, que el comportamiento del procesado no se encontraba justificado por haber actuado en defensa de su vida, puesto que la agresión a la que fue objeto el procesado por los ocupantes del campero, en manera alguna agredieron al procesado para que lo hubiese llevado a repeler el ataque a efecto de proteger su integridad personal, habida cuenta que “contribuye a esta conclusión, la distancia que los separaba del vehículo, a donde se acercó y se produjo el inicial altercado, y donde quedó, de acuerdo al croquis, y el hecho inequívoco de haber recibido la mayor parte de los tiros por la región posterior de su cuerpo, por detrás, lo cual desvirtúa, estuviera ante una ataque actual, grave e inminente, del cual debiera reaccionar legítimamente”, como erradamente lo sostuvo el juzgador de primer grado. Todo lo contrario, la conducta del procesado fue desatada por las provocaciones de la víctima cuando lo golpeó y lo insultó, situación que condujo a que Herrera Gutiérrez inicialmente le dispara en dos oportunidades en sus extremidades.

Del mismo modo, en lo relativo a la circunstancia de agravación para el delito de homicidio que preveía el artículo 324, numeral 7º, del Decreto 100 de 1980, vigente para la época de los hechos (hoy art. 104, num. 7º de la L. 599/2000), apartándose de las consideraciones del fallador de primer grado, el tribunal estimó que el comportamiento del procesado encajaba en la descripción típica de la conducta punible que estatuía dicha norma, toda vez que si bien el acontecer fáctico ocurrió de “manera rápida”, de todos modos

“... no puede desconocerse su situación de indefensión, al haber recibido dos disparos en las extremidades y tres por la parte posterior del cuerpo, uno de ellos en la zona auricular izquierda, cuando se encontraba caído y de todo surge inequívocamente, concurre la causal de agravación de la indefensión, pues la víctima estaba inerme y el sujeto actuó prevalido de ello, iniciando toda la serie de disparos hasta prodigarle el último a quemarropa, dada la señal de ahumamiento que presentó, con ello se evidencia que su propósito era ocasionarle la muerte, como se deduce de las distintas secuencias, por lo cual, se considera, incurrió en el homicidio agravado a título de dolo, por indefensión, con conocimiento y voluntad, así se desprende de la acción ejecutada al disparar casi la totalidad de la carga de su arma que es de 8 proyectiles... contra quien lo había golpeado a puños, modificando las condiciones de la pelea, por lo cual debe asumir la responsabilidad, y es que se advierte, no erró ninguno de los disparos y tres de ellos fueron propinados por detrás...”.

En otros términos, cuando la víctima recibió los disparos en sus extremidades inferiores se creó una situación de desventaja y que el agresor aprovechó, toda vez que cuando fue inicialmente agredida, como lo reconoce el procesado, trató de llegar a la parte de atrás del vehículo Ford a fin de protegerse, y el acusado procedió a ir hasta ese lugar y percutir el arma en tres oportunidades más, estructurándose de esta manera la citada causal de agravación, puesto que no es necesario que el agente coloque al sujeto pasivo de la conducta punible en esa situación mediante actos previos para predicar su existencia, sino que el ofendido carezca de los medios o elementos que le sirvan para repeler el ataque, o que aquel se aproveche de esa circunstancia, estando así el victimario en condiciones de superioridad en relación con el atacado.

En síntesis, las circunstancias de indefensión o inferioridad, pueden ser propiciadas por el victimario o aprovechadas por él (5) .

En consecuencia, para la Corte es fácil colegir que el casacionista le dio una personal perspectiva a los hechos declarados en la sentencia recurrida, pues de acuerdo con lo expuesto por el juzgador de segundo grado, en este particular evento concurren la circunstancia específica de agravación punitiva para la conducta punible de homicidio con la ira, máxime cuando dicho estado emotivo lo constituye la alteración aguda e intempestiva del ánimo, que produce ofuscación y enojo intenso, y que llama impulsivamente a la acción (6) , situación que al procesado, de acuerdo con la experticia siquiátrica y su ampliación, no le afectó la capacidad de concluir y valorar sus actos y recordarlos al momento en que ejecutó la conducta punible, y que el juzgador la centró en las agresiones de que fue objeto por parte de la víctima.

De la misma manera, la circunstancia de agravación específica para el delito de homicidio se dedujo del hecho que cuando la víctima fue agredida en sus extremidades se creó la condición de indefensión que fue aprovechada por el agresor, habida cuenta que le permitió al procesado percutir la pistola en tres oportunidades, sin dejar pasar por alto que este era un militar retirado, aspecto que le permitía un conocimiento y dominio de las armas, con la convicción que se encontraba en connotable ventaja sobre las condiciones del sujeto pasivo de la conducta punible.

En esas condiciones, el cargo no prospera».

(Sentencia de casación, 23 de febrero de 2005. Radicación 16.359. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Luis Quintero Milanés).

(1) Magistrado ponente Nilson Pinilla Pinilla. Rad. 8844.

(2) Magistrado ponente Jorge Carreño Luengas. Rad. 6835. En el sentido, providencia del 3 de diciembre de 2001. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Rad. 10299.

(3) Orlando Gómez López. “El homicidio”. T. I, Editorial Temis, Bogotá, 1997, pág. 568. Citado por la procuraduría.

(4) En este mismo sentido lo expone Gonzalo Rodríguez Murillo y otros. “Comentarios al Código Penal (español)”. Editorial Civitas, Madrid, 1997, pág. 399.

(5) Sentencia del 21 de noviembre de 2002. M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego. Rad. 16.435.

(6) Sentencia del 27 de agosto de 2003. M.P. Mauro Solarte Portilla. Rad. 17160.

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