Sentencia 16380 de diciembre 11 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Rad. 25000-23-27-000-2004-00484-01(16380)

Actor: Seguridad Oncor Ltda.

Ref.: 16380

Impuesto renta

Apelación sentencia

Fallo

Bogotá, D.C., once de diciembre de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «Antecedentes

La sociedad Seguridad Oncor Ltda., presentó el 21 de junio de 2002 declaración de renta y complementarios correspondiente al año gravable 1999.

La Administración Especial de Impuestos de las Personas Jurídicas de Bogotá, D.C., profirió el 21 de marzo 2002 requerimiento especial 900011, el cual fue contestado dentro del término legal por la sociedad actora.

La administración expidió el 10 de diciembre de 2002 liquidación oficial de revisión 900028, acto notificado por introducción al correo el día 10 de diciembre de 2002 y entregado el 12 de diciembre de 2002, según consta en la planilla entregada por Adpostal. Contra esta decisión se interpuso recurso de reconsideración el 4 de junio de 2003.

Mediante Auto 900001 de julio 4 de 2003, la administración inadmitió el recurso de reconsideración instaurado por haber sido presentado extemporáneamente. Contra esta decisión se interpuso recurso de reposición el que se decidió a través de Auto 900002 de agosto 21 de 2003, confirmándolo.

(...).

Consideraciones de la Sala

Se controvierte la legalidad de los actos administrativos en virtud de los cuales la Administración Especial de Impuestos de las Personas Jurídicas de Bogotá, inadmitió el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de revisión y lo confirmó.

El artículo 720 del estatuto tributario prevé que contra las liquidaciones oficiales, procede el recurso de reconsideración, el cual es indispensable para agotar la vía gubernativa y solo se le puede prescindir y acudir directamente ante la jurisdicción, dentro de la oportunidad legal, cuando el contribuyente atiende en debida forma el requerimiento especial, situación que no ocurre en el presente caso.

Son requisitos para la interponer el recurso de reconsideración: 1. Que se formule por escrito, con expresión concreta de los motivos de inconformidad; 2. Que se interponga dentro de la oportunidad legal; y 3. Que se haga directamente o mediante apoderado o representante; si no se cumplen, la administración deberá inadmitir el recurso, contra dicha decisión procede la reposición y si es confirmada, se entiende agotada la vía gubernativa.

El artículo 138 del Código Contencioso Administrativo ordena demandar el acto definitivo y los que lo modifiquen o confirmen en la vía gubernativa. Aunque el auto que inadmite la reconsideración no resuelve el recurso administrativo puesto que no lo modifica, confirma o revoca, también debe demandarse pues, solo así la jurisdicción puede resolver sobre su legalidad como requisito previo para analizar el fondo de la controversia tributaria y la configuración o no del silencio administrativo positivo.

Así lo señaló la sala en sentencia de junio 14 de 2007, Expediente 14589, magistrado ponente Héctor J. Romero Díaz, para que el juez administrativo se pronuncie sobre la legalidad del auto que inadmitió el recurso de reconsideración, y posteriormente pueda estudiar el fondo de las pretensiones de la parte actora, o declarar la ocurrencia del silencio positivo, se deben demandar tanto el acto definitivo como el auto inadmisorio del recurso.

En el caso concreto, la parte actora solicitó la nulidad del acto que inadmitió el recurso y del que lo confirmó, y como restablecimiento del derecho que se declare que este fue presentado en tiempo y que al no haber sido resuelto por la administración dentro del término legal operó el silencio administrativo positivo, sin demandar la liquidación oficial de revisión, acto que en caso de prosperar las pretensiones de la demanda seguiría jurídicamente vivo y por ende de obligatorio cumplimiento para la administración y el contribuyente.

En tales condiciones se evidencia la improcedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho porque estos actos, al ser de trámite, no son susceptibles de ser demandados por sí solos, situación que no advirtió el tribunal al admitir la demanda ni al decidir mediante sentencia de mérito. En efecto, se requiere para su conocimiento ante la jurisdicción que junto con ellos se acuse el acto definitivo, esto es, la liquidación oficial de revisión, puesto que constituyen una unidad inseparable en la medida en que, aun anulado los primeros, no es posible estudiar de fondo el último, toda vez que siendo la justicia contencioso administrativo rogada, el juez no puede pronunciarse sobre su legalidad y en consecuencia seguiría estando vigente en el ordenamiento jurídico.

Por lo expuesto, se revocará la decisión del tribunal y en su lugar, la Sala se declarará inhibida para pronunciarse de fondo, por inepta demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia de noviembre 22 de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A. En su lugar, dispone:

DECLÁRASE inhibida la Sala para resolver de fondo el asunto.

2. RECONÓCESE personería a la abogada María Helena Caviedes Camargo, como apoderada judicial de la parte demandada, en los términos del poder conferido que obra a folio 208 del expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sección de la fecha».

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