Sentencia 16385 de julio 23 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 84

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos E. Mejía Escobar

Bogotá D.C., veintitrés de julio de dos mil dos

Vistos

Se pronuncia la Corte acerca de la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, presentada por el procesado Leslie Maffya Bent Archbold.

Fundamentos de la solicitud

Aduce el señor Maffya Bent que la medida dictada en su contra desconoce los derechos fundamentales a la libertad personal, a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Con base en lo dispuesto en la Sentencia C-774 de 2002 proferida por la Corte Constitucional, asegura que si bien la misma está soportada en presupuestos formales y sustanciales, no se consideraron los fines constitucionales previstos en los artículos 1º, 2º, 13, 29 y 250 de la Carta Política y ratificados por el artículo 3º-2 del Código de Procedimiento Penal.

Uno de los fines constitucionales para que se profiera la detención preventiva, es la necesidad de asegurar la comparecencia al proceso y en su caso, la presunción de fuga jamás se tipificó, porque una vez se inició la investigación siempre compareció voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación. Su captura se produjo en su residencia de la cual suministró la dirección a la fiscalía, rindió indagatoria y con posterioridad se profirió en su contra resolución acusatoria.

Actualmente se encuentra recluido en un centro de “mínima seguridad” del que no ha intentado ni intentará fugarse, porque está convencido de su inocencia y donde ha observado una conducta ejemplar.

De acuerdo a las circunstancias en que ocurrieron los hechos, considera que no es posible presumir que esté interesado en eludir el proceso o que no comparecerá al mismo, dado a que finalizada la audiencia hace más de dos años, de manera tranquila y respetuosa espera confiado en su absolución.

Asegura que todos estos elementos de juicio, hacen innecesaria su detención.

En cuanto a la necesidad de afianzar la preservación de la prueba, conforme a lo señalado por la Corte Constitucional en el mencionado pronunciamiento, su detención preventiva en ningún momento puede considerarse como necesaria para ese fin, habida consideración que él era el más interesado en afianzar el debate y proteger las pruebas. Las evidencias obrantes en el proceso, demuestran la inexistencia total de manipulación y pese a que tuvo oportunidad para ello, no lo hizo.

Por lo tanto, esta segunda finalidad tampoco se cumple en su caso.

Finalmente, en cuanto a la protección de la comunidad, asegura que las circunstancias y modalidades en que sucedieron los hechos, las innumerables pruebas aportadas por él al proceso, su personalidad, su actividad comercial, política, social y familiar, excluyen cualquier posibilidad de que sea una persona peligrosa para la sociedad, y por ende, que sea necesaria su detención preventiva.

Lo anterior porque carece de antecedentes administrativos, disciplinarios o judiciales; la posición social, familiar, política y comercial que tiene, fue adquirida a través del constante, exigente y honrado actuar en su vida pública y privada; tiene una sólida y estable unidad familiar, que lo obliga a comportarse como ciudadano de bien y a buscar su absolución en el proceso.

Comenta además la necesidad de su presencia en el seno de su familia, en especial para atender las dolencias que actualmente padece su hija de 6 años de edad, quien sufre de patologías irreversibles traumáticas que comprometen su existencia y exigen el respaldo y apoyo de su padre.

Estas limitaciones constitucionales a la procedencia de la detención preventiva, están reconocidas en las normas rectoras del nuevo código de Procedimiento Penal, que por tener ese carácter, es obligatoria y prevalece sobre cualquiera otra de sus disposiciones.

En consecuencia, para la imposición de la medida de aseguramiento se deben demostrar reunidos los requisitos legales y constitucionales. La falta de uno de ellos, hace improcedente tal determinación.

Aporta a su solicitud, copias del registro civil de matrimonio, del registro civil de nacimiento de su hija Patty Bent Guzmán y certificaciones médicas de la misma y referencias personales sobre su conducta.

Antecedentes y consideraciones

1. Al señor Leslie Maffya Ben Archbold se le imputa el delito de peculado por apropiación derivado del manejo irregular de fondos del Estado a través de la realización de un certamen denominado Sun, Sand, and Sea Festival, que el procesado en calidad de Gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, institucionalizó a través del Decreto 377 que expidió el 1º de junio de 1998. En ese mismo acto administrativo se comprometió a participar en su promoción, financiación y realización anual y además creó un comité organizador en el que todos los miembros, con excepción de la señora Martha Cecilia Vanegas Rudas, tenían la calidad de servidores públicos vinculados a la administración departamental.

En el manejo del certamen, desde el inicio, el comité organizador presidido por el gobernador, desconoció los parámetros legales que regulan las actividades que se ejecutan con recursos oficiales, tales como registrarlo en el banco de programas y proyectos departamentales, abstenerse de ingresar al presupuesto los recursos de capital conformado por las donaciones que empresas tanto oficiales como privadas aportaron para la realización del festival, permitir que sin el control de tesorería, los fondos públicos fueran administrados por una persona ajena a la administración departamental y por otra que no tenía suficiente garantía de manejo respecto del monto de las sumas utilizadas, la ausencia de registros y soportes contables, el pago de sumas superiores a las pactadas en los contratos celebrados, así como la administración de los fondos públicos por fuera de las normas que regulan la contratación administrativa.

A consecuencia de esos actos irregulares se produjo la apropiación de bienes del Estado en provecho de terceros, conducta que se consumó cuando los dineros pertenecientes al erario departamental, salieron del ámbito de custodia del ente territorial y pasaron a manos ajenas. No sólo se dispuso ilegalmente de un rubro perteneciente a la Secretaría de Educación, sino que se sobregiró una cuenta oficial para cancelar los compromisos adquiridos con particulares por virtud de la realización del festival, las donaciones se manejaron irregularmente, y quedaron cuentas pendientes de pago, todo lo cual arroja un valor aproximado de $ 300.000.000.

Por los anteriores hechos, la Fiscalía inicialmente le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva mediante resolución de fecha 19 de mayo de 1999, y posteriormente, el 7 de septiembre siguiente, calificó el mérito del sumario con resolución acusatoria en contra de Leslie Maffya Bent Archbold, por el delito de peculado por apropiación.

Ejecutoriada la resolución de acusación se remitieron las diligencias a esta corporación. En la actualidad el asunto se encuentra pendiente para dictar la correspondiente sentencia.

2. La revocatoria de la medida de aseguramiento procede, al tenor de lo dispuesto en el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen. Es decir, cuando sea posible establecer su total ineficacia, ya sea porque existe la certeza de que el implicado comparecerá al proceso o por la imposibilidad de que pueda manipular el material probatorio o afectar a la comunidad.

Esta Sala de Casación Penal, tras analizar lo dispuesto por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional en Sentencia C-774 del 25 de julio de 2001, ha venido señalando que para estos efectos deben tenerse en cuenta las normas inherentes a las funciones y fines de la medida de aseguramiento, pues la procedencia de la detención preventiva no se determina con la sola verificación del cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales contenidos en los artículos 356 y 357 del Código de Procedimiento Penal, sino que también es necesario consultar sus fines constitucionales y legales, que no son otros que los de asegurar la comparecencia al proceso de los presuntos infractores de la ley penal, impedir su fuga, la continuidad de la actividad delictual y evitar que se adelanten labores para deformar las pruebas. (art. 3º ibídem).

La medida se debe mantener siempre que subsista la necesidad de resguardar uno solo de esos fines.

Al respecto se ha venido insistiendo en que la imposición de la medida detentiva requiere de un estudio anticipado de las condiciones laborales, personales, familiares o sociales del procesado, que responda a los fines y funciones de la pena, en aras de determinar, en últimas, si efectivamente el procesado comparecerá al proceso, si no intervendrá en la actividad probatoria para ocultarla, deformarla, destruirla o entorpecerla, y si no pondrá en peligro a la comunidad a través de su actividad delictiva.

En el caso del señor Bent Archbold, se debe tener en cuenta su comparecencia voluntaria al proceso, que no se cuenta con información relacionada a algún antecedente penal o disciplinario que ponga en entredicho su comportamiento anterior a esta actuación y que se ha sometido en forma pacífica a la medida restrictiva de la libertad impuesta desde el inicio de la investigación.

Los datos suministrados en sus intervenciones, dan cuenta que es cabeza de familia, casado y padre de siete hijos y que la mayor parte de actividades, antes de ser electo gobernador del Departamento de San Andrés, estuvieron vinculadas con la empresa privada.

Esta situación descarta de plano la posibilidad de que el procesado evada los llamados de la justicia o que interfiera en la actividad probatoria, máxime cuando ésta ya finalizó y en la actualidad el proceso se encuentra al despacho para proferir la respectiva sentencia.

Dado que los cargos que se imputan al señor Bent Archbold, dentro de los de su género, no revisten una particular gravedad, la Sala considera que la necesidad de verificar su detención con fundamento en criterio de prevención general, deviene atemperada y por ende no debe acudirse al mismo para definir la necesidad de mantener el régimen de la medida de aseguramiento.

También que las circunstancias del hecho permiten deducir que Leslie Maffya Bent Archbold no pondrá en peligro a la comunidad, porque no existe riesgo de que continúe con su actividad delictiva, pues no obstante la información probatoria en torno a la apropiación de dineros del Estado en provecho de terceros y del desbarajuste económico que dejó la realización del festival, el proceso no da cuenta de una personalidad proclive al delito.

En estas condiciones, se revocará la medida de aseguramiento y se accederá a la libertad del procesado, una vez suscriba la diligencia en la que se comprometa a presentarse ante la Corte cuando sea requerido con ocasión de éste proceso, tal como lo dispone el artículo 354-2 de la Ley 600 de 2000.

La orden de libertad se hará efectiva, siempre que no sea requerido por otra autoridad, y con la advertencia de que el incumplimiento de las obligaciones será motivo suficiente para reconsiderar lo dispuesto en la presente decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

1. REVOCAR la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta al señor Leslie Maffya Bent Archbold, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. ORDENAR su libertad inmediata, que se hará efectiva, siempre que no sea requerido por ninguna otra autoridad por asunto diferente y una vez suscriba la correspondiente diligencia de compromiso.

3. Líbrense las comunicaciones necesarias, para dar cumplimiento a lo normado en el artículo 364 del Código de Procedimiento Penal.

4. Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

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