Sentencia 16143 de agosto 14 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

COLABORACIÓN VOLUNTARIA DE CIVILES EN OPERACIONES MILITARES

Responsabilidad del Estado cuando se les causa un daño.

EXTRACTOS: «Debe la Sala resaltar que en el caso en estudio la parte actora estimó que la muerte de Hugo Darío Santana Contreras se produjo porque el Ejército Nacional lo hizo participar en un operativo militar aun cuando este no tenía vinculación alguna con la entidad, misión oficial que fue emboscada por la guerrilla.

A partir de esa causa petendi, como resulta evidente, la parte demandante estructuró su argumentación hacia la configuración de una falla del servicio, régimen que supone para la prosperidad de las pretensiones de la demanda la acreditación del daño y del nexo del mismo con la actuación irregular de la administración. Sin embargo, en aplicación del principio iura novit curia, la Sala considera que en este caso se debe analizar, ante la aceptación por parte del ejército de la colaboración voluntaria de un particular que resulta afectado para el desarrollo de un operativo militar, la configuración o no del título de imputación de riesgo excepcional.

(...).

Hecha la anterior precisión, debe la Sala señalar que la muerte de Hugo Darío Santana Contreras se produjo por un hecho imputable al Ejército Nacional, premisa que, como se verá, encuentra sustento en el material probatorio allegado al proceso.

En efecto, la prueba testimonial recaudada en el sub lite da cuenta de que el 22 de septiembre de 1993 algunos soldados del Ejército Nacional iniciaron una misión oficial, dirigida principalmente a recuperar una camioneta que al parecer había sido abandona por la guerrilla después de haberla utilizado para sus fines delictivos, para lo cual se dispuso de la presencia de algunos civiles, entre ellos el señor Hugo Darío Santana Contreras, quienes colaborarían con el ejército en el desplazamiento por la zona donde se llevaría a cabo el rescate, así como en el reconocimiento de los guerrilleros que se pudieran encontrar durante el recorrido hacia el objetivo. La información anterior se encuentra consignada en la orden de operaciones número 091, la cual establece que para ejecutar el operativo se contaría con la presencia de un personal civil (guías), quienes “cumplirían misiones de observación con el fin de detectar en los retenes a los bandoleros que están sobre la vía, toda vez que los conocen con facilidad”. La prueba testimonial también da cuenta de que las tropas del ejército fueron emboscadas por grupos guerrilleros, ataque en el cual resultó muerto Hugo Darío Santana Contreras, quien hacía parte del grupo de guías civiles cuya cooperación se necesitaba para desarrollar el operativo porque ellos conocían la zona y a los guerrilleros que normalmente transitaban por esos lugares.

Lo anterior evidencia que efectivamente el Ejército Nacional solicitó y aceptó la colaboración voluntaria del civil Hugo Darío Santana Contreras, quien facilitaría la ubicación y el traslado de la tropa por la zona y advertiría a los militares sobre la presencia o no de los guerrilleros que eran conocidos por él.

Ahora bien, acerca del operativo y de la zona en donde debía realizarse la misión se encuentra plenamente acreditado que esta era catalogada de gran riesgo, pues así se especificó en la orden de la operación al indicar que el lugar al cual debía dirigirse la tropa era de alta peligrosidad, razón por la cual los militares podían estar altamente expuestos a una emboscada guerrillera, circunstancia esta que evidencia la necesidad de que la tropa estuviera acompañada con personas que conocieran la región y que pudieran identificar a los subversivos. Sobre el particular, se debe resaltar que el informe rendido por el comandante del ejército el 23 de septiembre de 1993 indica que el civil fue trasladado al batallón de Córdoba para que colaborara con las actividades de inteligencia, colaboración que arrojó información de importancia para el éxito de las operaciones militares. Acerca de la necesidad de vincular guías civiles al operativo mediante el cual se pretendió recuperar una camioneta que había sido secuestrada por la guerrilla, la orden de la misión indica que el vehículo se encontraba abandonado en una zona de alto riesgo por la presencia de guerrilleros, razón por la cual la tropa estaría acompañada de personal civil que colaboraría con la identificación de aquellos.

En el mismo sentido Miguel Ángel Caballero Rojas manifestó que se había solicitado la colaboración de algunos civiles para que guiaran a la tropa durante el traslado por la zona.

Todas esas afirmaciones acerca de la necesidad de que los uniformados estuvieran acompañados por civiles para desarrollar el operativo fue ratificada por Javier Francisco Figueroa Castro y por Miguel Arcángel Rico Zapata, quienes también rindieron testimonio en este proceso.

Lo anterior evidencia que los militares encargados de desarrollar la misión no conocían el área donde debía realizarse el operativo y que la misma era muy peligrosa por la presencia de subversivos, todo lo cual hacía necesaria la colaboración de civiles.

Como se observa, existía la imperiosa necesidad para el Ejército Nacional de vincular a civiles en su condición de guías para el desarrollo de la misión, sin embargo, esa participación voluntaria por parte de dichos civiles no vinculados a la entidad les generó un riesgo anormal que al materializarse les produjo un perjuicio y un daño que no estaban obligados a soportar, al tiempo que era la propia entidad la que se beneficiaba directamente de dicho riesgo.

Para la Sala no cabe duda que la utilización de civiles como colaboradores ocasionales puede resultar necesaria y efectiva para el desarrollo de una misión oficial, sin embargo, los perjuicios que se llegaren a causar al particular que voluntariamente asiste a los miembros de la fuerza pública deben ser resarcidos por la administración, pues la aceptación de dicha colaboración y la participación de esos civiles generó una circunstancia extraordinaria para quienes con buenas intenciones ayudaron al desarrollo de un servicio a cargo del Estado. En efecto, cuando la administración saca provecho y se beneficia de la colaboración ocasional de un particular y lo expone a un riesgo que finalmente le causa un perjuicio a él, a sus familiares y a terceros, se compromete la responsabilidad de la entidad pública, aunque la misma no se derive de una falla del servicio.

En estos términos la doctrina (3) ha señalado:

“Así pues, en la medida en que la administración saca beneficio de la colaboración que recibe a título permanente y ocasional, profesional o desinteresado (benévolo), parece equitativo que las personas que sufren daños al participar en el cumplimiento de sus misiones —y desde luego sus parientes y otros afectados según las circunstancias—, tengan la ventaja de un régimen de responsabilidad sin culpa sobre la base del riesgo-beneficio, que completa y precisa el criterio del riesgo-peligro. Además, la indemnización sobre este fundamento del perjuicio sufrido por el colaborador benévolo confirma que la noción administrativa de “riesgo” no puede asimilarse al solo concepto de “peligro”...

La lucha contra el terrorismo revela todo el interés de la aplicación de esta teoría jurisprudencial a los colaboradores benévolos de los servicios de policía. Esta parece adaptarse bien a este tipo de contencioso en un momento en que, con bastante frecuencia, las autoridades demandan a cada ciudadano tener una actitud y colaborar en el combate contra los terroristas señalándoles los objetos o comportamientos sospechosos”.

Reconoce la Sala que dicha colaboración casual, voluntaria y sin vínculo laboral o contractual a favor del Estado puede presentarse y que la misma no necesariamente constituye una falta; más aún, en muchos casos esa colaboración puede resultar necesaria para el cumplimiento de un servicio público, por lo cual los daños que se deriven de la misma por la exposición de los particulares a un riesgo anormal debe ser indemnizada por la administración.

La jurisprudencia francesa ha aceptado la responsabilidad de la administración cuando se causa un daño a un colaborador ocasional del servicio público, tanto para quienes han sido requeridos obligatoriamente por ella como para quienes voluntariamente han aceptado la solicitud, reconociendo una imputación sin falta que se configura a partir del momento en el cual el daño se produjo para los particulares que de manera benévola y espontánea intervinieron en el desarrollo de un operativo oficial, especialmente, dice la jurisprudencia, cuando se trata de actividades de socorro (4) .

Para configurar esta clase de responsabilidad, la jurisprudencia en comento ha establecido como requisitos: i) que la colaboración ocasional se hubiera producido por solicitud de la administración o en forma espontánea en caso de urgente necesidad; ii) que el colaborador sufra algún daño.

La Sala, por su parte, ha admitido este tipo de responsabilidad cuando un particular debe prestar a la administración un servicio que le genera un riesgo y que finalmente le causa un daño. En efecto, en sentencia del 5 de febrero de 1998, expediente 12.043, se expusieron las siguientes consideraciones:

“De lo hasta aquí expuesto para la Sala no cabe duda sobre las reales circunstancias de ejecución del servicio de transporte, que si bien contratado formalmente por terceras personas e independientemente de si era por colaboración espontánea de Ecopetrol o por “préstamo de vehículos” en “compensación” a los servicios prestados, lo cierto es que, la realidad de las pruebas analizadas muestra con claridad meridiana que los vehículos eran puestos a disposición del Ejército Nacional y bajo sus órdenes, por lo cual no resulta de recibo en manera alguna el argumento esbozado por la entidad demandada de pretender exonerarse de responsabilidad invocando ausencia de vínculos legales o contractuales para con las víctimas, pues como queda visto, en la práctica, era el ejército quien impartía las órdenes para el transporte de los víveres, quien las impartió en el caso concreto y además, aparece probado que esa entidad era la beneficiaria de los servicios de transporte contratados por Ecopetrol.

Así las cosas, habiéndose presentado el ataque de las fuerzas subversivas en la persona de un particular, que desempeñaba una misión oficial por órdenes del ejército al margen de la vinculación legal o contractual que pudiera tener para con el ejército o para con terceras personas, la responsabilidad patrimonial por los daños ocurridos a los demandantes encuentra pleno fundamento en dicha circunstancia.

En efecto, no debe olvidarse que en el caso concreto el mismo ente demandado reconoce expresa e inequívocamente que el transporte de víveres con destino al destacamento militar se realizaba a instancias de particulares precisamente como una estrategia militar tendiente a evitar que el enemigo detectara el aprovisionamiento de víveres y la presencia de la institución militar en la zona. Dicho en otros términos, para poder realizar el cumplimiento de la misión encomendada se acudía al servicio de particulares porque el Ejército Nacional consideraba que dicho mecanismo aminoraba los riesgos de ver frustado el empeño de aprovisionar de víveres a sus tropas.

Y fue precisamente en ejecución de esa estrategia, en la cual perdió la vida el joven conductor Humberto Rueda Suárez, que como lo dicen las pruebas, fue sometido a torturas y actos vejatorios de gravedad inusitada, precisamente por prestar los servicios de transporte al Ejército Nacional.

En este orden de ideas, resulta comprometida la responsabilidad del ente demandado, pues en sentir de la Sala, la institución militar, desde luego que con ese proceder y muy a sabiendas de la existencia de un orden público beligerante en la zona, sometió, con la ejecución de dicha prestación de transporte a la víctima, a un riesgo excepcional, que nadie en un Estado social de derecho, está obligado a soportar (...) máxime si se considera que, es al ejército de la República a quien compete velar por la seguridad de todos los ciudadanos y de quien se espera la protección adecuada que la Constitución ordena.

No es admisible ni tiene justificación desde ningún punto de vista el que las fuerzas regulares de la república se nieguen a prestar la protección adecuada a sus servidores o pretendan superar las circunstancias adversas que la guerra reconocida en la zona planteaban al ejército, con el ingenuo argumento de que los transportadores, en el caso concreto los conductores, conocían de antemano el riesgo a que se sometían por la colaboración a la institución militar...

Se podrá sostener incluso que razones de conveniencia y de seguridad militar hacían aconsejable la utilización de servicios particulares para el transporte de los víveres y que dicho proceder en manera alguna puede calificarse de irregular dadas las condiciones de guerra de la zona, mas sin embargo, lo que no puede aceptarse, es que el costo de dicha maniobra militar, lo tengan que asumir los particulares, que a la sazón oficiaban de colaboradores del Ejército Nacional...”.

De manera que la colaboración consentida o espontánea de un particular por solicitud de la administración y su participación en un asunto del servicio público, como circunstancia generadora de un riesgo anormal y en la medida en que se cause un daño compromete la responsabilidad del Estado, aunque dicha circunstancia no configure una falla del servicio.

Pues bien, en este caso, como se precisó anteriormente, se encuentra acreditado: i) que el Ejército Nacional le solicitó al señor Hugo Darío Santana Contreras su colaboración para el desarrollo de un operativo militar, colaboración que era necesaria para que la tropa pudiera llegar al punto donde se encontraba el objetivo, pues el señor Santana conocía la zona y para que identificara durante el trayecto a los subversivos que se encontraran en el camino, todo lo cual facilitaría para la administración la realización de su misión; ii) que el hoy occiso, Hugo Darío Santana Contreras, asistió al ejercito en forma voluntaria, es decir sin estar obligado a ello y sin tener con la entidad algún tipo de obligación laboral o contractual y a pesar de conocer los riesgos que podía generar la actividad oficial; iii) que dicha participación generó un riesgo anormal para el ciudadano por las condiciones de la zona y por la presencia de subversivos, quienes debían ser reconocidos por el colaborador; y, iv) que el particular resultó muerto tras la emboscada de un grupo guerrillero. Todo lo anterior, teniendo en cuenta las consideraciones antes transcritas, configura en este caso los elementos de la responsabilidad de la administración.

Debe la Sala precisar que en el caso concreto la argumentación de la administración en el sentido de que la colaboración que el señor Santana Contreras prestó el día del hecho dañoso obedeció a que para ese momento él se encontraba haciendo trámites para vincularse a la institución como agente de inteligencia, no sirve para desvirtuar la responsabilidad, pues la misma entidad precisó en los informes correspondientes que el día de su muerte el civil no tenía vinculación laboral para con la administración, por tanto esa participación en el operativo en el cual perdió la vida obedeció a la aceptación de la entidad de su colaboración voluntaria, circunstancia que lo expuso a un riesgo anormal que no estaba obligado a soportar.

Ahora bien, en lo que se refiere a la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, advierte la Sala que la configuración de esta causal impone la prueba de que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible para la administración. De no ser así, de tratarse de un hecho o de un riesgo previsible o resistible para la entidad, se revela la responsabilidad estatal, pues, como lo advierte la doctrina, “solo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor” (5) .

El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, solo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima” (6) .

Los mismos autores precisaron sobre la causa extraña lo siguiente:

“Para constituir una causa ajena, un acontecimiento, ya se trate de acontecimiento anónimo (caso de fuerza mayor stricto sensu), del hecho de un tercero o de una culpa de la víctima, debe presentar los caracteres de la fuerza mayor (lato sensu); es decir, ser imprevisible e irresistible” (7) .

Acorde con lo anterior, la Sala, en numerosas sentencias (8) ha reconocido la imprevisibilidad e irresistibilidad del suceso invocado por la entidad demandada como eximente de responsabilidad, bajo la modalidad de hecho exclusivo de la víctima (9) , circunstancias que deberán examinarse en cada caso concreto.

En lo que se refiere al conocimiento y aceptación del riesgo por parte de la víctima, los hermanos Mazeaud han precisado que cuando la participación voluntaria del afectado deviene de una intención benévola, humanitaria y benefactora, a pesar de que la víctima haya estado en posibilidad de conocer el riesgo, esa circunstancia no exime a la administración de la responsabilidad.

Al respecto, los autores (10) en cita señalan:

“Hay un caso en el cual es cierto que, aun habiendo aceptado la víctima el riesgo del daño, no ha incurrido en culpa y, por consiguiente, la responsabilidad del demandado subsiste íntegra: se trata de “los salvadores”, de las personas que, por abnegación, se exponen a un peligro; corren el riesgo de ser alcanzadas para impedir que el daño afecte a terceros...

¿No puede aducir que la víctima se ha expuesto voluntariamente al accidente, para demandar al menos una atenuación de responsabilidad? La jurisprudencia (11) y la doctrina (12) están de acuerdo para rechazar esa pretensión; la equidad se opone a que la abnegación y el valor del salvador le impidan tener plena y entera indemnización”.

En lo que se refiere al hecho de un tercero, la Sala (13) ha reconocido que este factor de exoneración tiene como función principal la de impedir la configuración de la denominada relación de causalidad, razón por la cual los daños experimentados por la víctima no pueden ser reconducidos, desde el punto de vista puramente material, a la conducta del demandado; sin embargo, si la ocurrencia fáctica no puede atribuirse de manera íntegra y exclusiva al hecho del tercero, el fenómeno jurídico que se configura no será la causal de exoneración total del hecho de un tercero.

El doctrinante Jorge Peirano Facio (14) también ha hecho referencias acerca de las características que debe acreditar el hecho de un tercero para liberar de responsabilidad a la administración:

“a) Causalidad. La primera nota que debe poseer el hecho de un tercero es haber concurrido a la producción del evento dañoso, ligándose a este por una relación causal; de no mediar esta relación el hecho del tercero no puede ser configurado como causa extraña, susceptible de exonerar de responsabilidad al ofensor (...).

Finalmente, ¿cuándo se entiende que un hecho emana de un tercero? Esto no ofrece mayores dificultades, y su respuesta solo supone la indagación de cuándo una persona es tercero; a tal respecto puede afirmarse que tercero es toda persona distinta de la víctima y del ofensor ... aun cuando debe formularse una reserva en lo que respecta a las personas de las cuales el ofensor es civilmente responsable, puesto que ellas no pueden, en relación con él, ser consideradas como terceros.

b) No provocado. Como acontece con otras causas de exoneración, no basta que el hecho dañoso sea en todo o en parte obra del tercero; se requiere, además, que el hecho del tercero, en última instancia no tenga su causa en una acción del ofensor, ya que si así fuera este debería ser considerado como único y exclusivo agresor (...).

c) Finalmente existen dudas acerca de si el hecho del tercero debe ser ilícito (...). Si el hecho del tercero constituye la única causa del evento dañoso no se requiere que sea en sí mismo ilícito, ya que su sola presencia basta para destruir la responsabilidad a cargo del presunto ofensor al eliminar el nexo casual que es uno de los supuestos de esta. En cambio, si el hecho del tercero ha concurrido con el hecho del ofensor, este último solo puede prevalerse de aquel como causa de exoneración a condición de que sea ilícito, puesto que si fuera lícito, el tercero no tendría obligación de reparar el daño causado por su hecho”. De acuerdo con el texto que se deja trascrito, se advierte que el hecho del tercero adquiere la connotación de exonerar de responsabilidad patrimonial a determinada persona por los daños que hubiesen padecido los demandantes, cuandoquiera que la intervención del tercero se encuentre total o completamente desligada de la actividad del centro de imputación a quien le atribuyeron los daños. Es decir, que esa capacidad, de eximir de responsabilidad se configura cuando su conducta fue la única causa determinante para producir el evento dañoso y además cuando el daño no tenga su causa en una acción u omisión del ofensor”.

Así las cosas, se puede concluir que la conducta de un tercero siendo exclusiva y determinante en la producción del daño antijurídico rompe el nexo de causalidad porque tiene entidad suficiente para liberar de responsabilidad a la persona a quien en principio se le imputan los hechos, a cuyo cargo está demostrar esa “causa extraña”. El hecho de un tercero como eximente de responsabilidad supone para su estructuración, en los casos de responsabilidad por omisión, que el tercero haya causado directamente el daño, sin que la entidad haya tenido la posibilidad de evitarlo con el ejercicio de las facultades y deberes de imposición que hubieren sido omitidos por ella; por manera que la obligación de indemnizar surge porque la actuación del tercero no es ajena a la entidad demandada y no constituye una causa extraña respecto de la omisión estatal.

En este caso no se configuraron los eximentes de responsabilidad a los cuales se ha hecho referencia porque la colaboración ocasional del hoy occiso fue aceptada por la administración y el ataque guerrillero no fue un hecho imprevisible e irresistible para ella, pues en la misma orden de operaciones se estableció ese hecho como probable, afirmación que también fue sostenida por el teniente encargado del operativo.

Por otra parte, en relación con la culpa exclusiva de la víctima se debe precisar que el hecho de que la misma hubiera estado en posibilidad de conocer el riesgo y de aceptar el riesgo que su colaboración ocasional pudiera conllevar no exime de responsabilidad a la administración, pues fue ella misma la que solicitó y autorizó su participación y la expuso a un riesgo, además de que la intención del sujeto colaborador, quien a pesar de ser consciente de los riesgos se prestó para ayudar a las fuerzas armadas en el desarrollo de una misión oficial desarrollada en ejercicio de las funciones y cargas impuestas a las mismas, no puede ser juzgada como una culpa exclusiva de la víctima, de manera que la causación del daño por su participación voluntaria y consentida por la administración en una actividad que generó un riesgo anormal para ese particular debe ser indemnizado integralmente, además, como lo sugieren los autores citados, por razones de equidad.

Tampoco se configuraron los supuestos para estructurar el hecho de un tercero porque el daño se produjo, como se anotó, porque la misma administración aceptó la participación de los civiles en la ejecución de un operativo militar, absteniéndose ella misma y, con conocimiento, de ejercer sus facultades y obligaciones constitucionales y legales referidas a la protección de los ciudadanos.

Así las cosas, reconoce la Sala la necesidad que tenía el Ejército Nacional de vincular a algunos civiles en el operativo, pues su conocimiento de la zona y de los subversivos que normalmente transitaban por el lugar era indispensable para el desarrollo de la misión, pero esa circunstancia, en cuanto causó un daño por la exposición a una situación anormal, compromete la responsabilidad de la administración.

Con fundamento en las motivaciones precedentes, la Sala concluye que debe mantenerse en firme la sentencia apelada en cuanto declaró responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por los hechos ocurridos el 23 de septiembre de 1993 en la vereda Parranda Seca, del municipio de Ciénaga, Magdalena, en los cuales resultó muerto el señor Hugo Darío Santana Contreras.

Finalmente, la Sala debe precisar que no hay lugar a analizar las fallas que se habrían configurado en la planeación y ejecución del operativo oficial porque la causa petendi de la demanda está dirigida a que se declare la responsabilidad por razón de la participación de civiles no vinculados con la entidad demandada en la ejecución de aquella misión, como en efecto se declarará en esta oportunidad, sin hacer referencia a las fallas en las que se pudo haber incurrido en la planeación y en el desarrollo del mismo, puesto que ello comportaría una modificación acerca de los hechos relacionados en la demanda y se pondría en riesgo el derecho de defensa de la demandada, razón por la cual no se entrará a analizar ese aspecto».

(Sentencia de agosto 14 de 2008. Expediente 16413. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez).

(3) Saavedra Becerra, Ramiro. “La responsabilidad extracontractual de la administración pública”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez 2003.

(4) Tomado del libro “La responsabilidad extracontractual de la Administración Pública”, antes citado: C.E., Sect., marzo 5 de 1943, Chaval, Rec. P. 62 y C.E., Ass. 30 de noviembre de 1945, Faure, Rec. C.E., pág. 245.

(5) Luis Josserand, Derecho Civil, Tomo II, Vol. I; ed. Bosh y cía, Buenos Aires, 1950, pág. 341.

(6) Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333.

(7) Ob. cit. pág. 318.

(8) Ver sentencias del 29 de agosto de 2007 (exp. 16.052) y del 23 de abril de 2008 (exp. 16525).

(9) En similares condiciones se ha pronunciado la Sala al evaluar el hecho del tercero; así en sentencia del 29 de agosto de 1996, expediente 9616, C.P. Carlos Betancur: “En el sub lite, haya ido o no en contravía la máquina de la entidad demandada, el accidente se habría producido porque el peatón fue lanzado por un tercero identificado hacia la, en ese momento, exclusiva zona de tránsito de la máquina barredora. No cabe duda de la situación imprevista e invencible en que se vio el conductor del aparato que además iba a baja velocidad, lo que confirma lo sorpresivo de la caída de la víctima, tanto que aquel no pudo hacer maniobra alguna para evitar atraparla”.

(10) Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960.

(11) Req., 4 de diciembre de 1940: Gaz. Pal., 1940. 2. 328 (ayuda prestada para levantar un automóvil accidentado; Metz, 17 de diciembre de 1930: REv. Alsase-Lorraine, 1932. 360; Bordeus, 21 de julio de 1932: s. 1933. 2. 185; Gaz. Pal., 1932. 2. 734; Rec. Bordeaux, 1933. 49 (ayuda prestada para levantar un caballo caído); Burdeos, 13 de febrero de 1933: s. 1933. 2. 185; Rec. Bordeaux, 1939. 49 (ayuda prestada para empujar a un automóvil averiado); Gijón, 30 de octubre de 1935 (fundamentos): Gaz. Pal., 1936. 1. 33 (extinción de un incendio); Com. Del Sena, 1º de abril de 1936: Gaz. Pal., 1936. 1. 877 (hecho de detener a un caballo desbocado); Orleáns, 28 de enero de 1938: s. 1938. 2. 165; Gaz. Pal., 1938. 1. 638 (ayuda prestada para extraer a la víctima de un accidente automóvil); Lyón, 14 de marzo de 1951: Gaz. Pal., 1952. 1, en sum. 17; París, 18 de abril de 1955: D. 1956. 354 y nota de TUNC; J. C. P. 1955. II. 8774 y nota de ESMEIN (ayuda prestada para extraer a la víctima de un accidente automovilístico).

(12) Cfr., además de los autores citados supra, nota I, Lalou, ob. cit., 5ª ed., ns. 361 y ss.; Planiol, Ripert y P. Esmein, ob. cit., t. VI, 2ª ed., n. 569. –Cfr. Gardenat y Ricci, ob. cit., pág. 574, ns. 43 y siguientes.

(13) Expediente 12407; actores Elvia María Ortiz Godoy y otros, contra secretaría de obras públicas y otros, doctor Daniel Suárez Hernández.

(14) Peirano Facio, Jorge. “Responsabilidad extracontractual”, tercera edición, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1981, págs. 478-479.

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