Sentencia 16423 de octubre 4 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

EXCEPCIONES AL RÉGIMEN INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL

CUÁLES EMPRESAS EN CONCORDATO QUEDARON EXCEPTUADAS

EXTRACTOS: «El Tribunal estimó con arreglo a lo estipulado en el inciso 3º del artículo 279 de la Ley 100 que para excluir del sistema integral de seguridad social contemplado en ese ordenamiento legal a los trabajadores de las empresas que al momento de entrar a regir dicha codificación se encontraban en concordato preventivo obligatorio, no era suficiente con que se hubiesen pactado sistemas o procedimientos para la protección de las pensiones de jubilación exclusivamente, sino que era menester que tales pactos también cobijaran otro tipo de pensiones. Sólo en estas condiciones, precisó, se produce la exclusión a que antes se hizo referencia.

Y como encontró que el acuerdo establecido en la empresa demandada únicamente protegía las pensiones de jubilación, concluyó que con el mismo no se cumplía el claro y categórico mandato legal antes aludido, y por ende, sus servidores no quedaban excluidos de las prestaciones contenidas en la susodicha ley ni de las condiciones y requisitos en ella establecidos para su reconocimiento.

El recurrente ataca por la vía directa las conclusiones del juzgador de segundo grado, o sea, que acepta su inferencia acerca de que el acuerdo de pensiones celebrado en la Frontino Gold Mines Limited únicamente protegía lo atinente a las pensiones de jubilación. Sostiene, en síntesis, que la norma cuya violación proclama “al determinar que estén garantizadas o protegidas “las pensiones” no se refirió a todas ellas simultáneamente, sino individualmente a cada tipo de pensión, según las circunstancias del respectivo concordato”.

Delimitado así el asunto objeto de debate, es claro para la Sala que en ningún yerro jurídico incurrió el fallo recurrido pues una simple lectura del inciso en cuestión lleva al convencimiento de que el pacto de pensiones a que él se refiere debe ser universal y omnicomprensivo, esto es, contemplar todas las formas de pensiones a que aludió el adquem, porque si el legislador hubiese querido reducirlas a las de jubilación así lo hubiese dicho expresamente.

En efecto la reseñada disposición, reguladora de las excepciones al régimen integral de seguridad social, dispone:

“Se exceptúan también, los trabajadores de las empresas que al empezar a regir la presente ley, estén en concordato preventivo y obligatorio en el cual se hayan pactado sistemas o procedimientos especiales de protección a las pensiones, y mientras dure el respectivo concordato” (subrayas, no son del original).

Es claro, se repite, que el legislador allí dispuso que el pacto de protección a las pensiones debía abarcar las de todo tipo y no sólo una de sus especies, pues es esa la única forma de hacer compatible el principio de universalidad que inspira la Ley 100 de 1993 con el contenido del segmento en cuestión, que busca en cierta forma contribuir a la supervivencia de las empresas que se hallaran en la difícil situación concordataria, pero con la condición de que aseguraran el cubrimiento mediante un fondo propio de las diversas contingencias a que están expuestos los trabajadores.

De manera que aun siendo evidente que la demandada se encontraba en concordato preventivo obligatorio cuando entró a regir la Ley 100 de 1993 y además había pactado un sistema para la protección de las pensiones, ese convenio no es suficiente para cumplir el propósito tuitivo señalado por el legislador por cuanto dejó por fuera una serie de situaciones que, según la ley, debieron quedar contempladas, como las pensiones de invalidez o sobrevivientes, omisión que trae como consecuencia que la constitución del fondo en esos términos restringidos no genere per se la consecuencia indicada en el precepto legal, es decir, la exclusión de los trabajadores de la empresa del sistema integral de seguridad social de la Ley 100, quienes por el contrario pertenecen al mismo, y como tal tienen derecho a las prestaciones establecidas en dicho régimen, en las condiciones y con los requisitos en él establecidos.

Cabe recordar que esta corporación en sentencia del 27 de agosto de 1997 (exp. 9644), al resolver sobre un punto similar al que se ventila, manifestó que “sería un contrasentido pretender que dentro de un sistema inspirado en los principios constitucionales de universalidad, eficiencia y solidaridad se permitiera la exclusión de trabajadores que no tienen otro sistema o procedimiento que verdaderamente les garantice el pago de las pensiones, por el sólo hecho de que dentro del concordato se hubiese estipulado un fondo que durante más de tres lustros (eso llevaba el concordato de la Frontino Gold Mines cuando entró a regir la ley) no pudo cumplir con su cometido”.

Por lo tanto, no prosperan los cargos».

(Sentencia de casación, octubre 4 de 2001. Radicación 16.423. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Isaac Náder).

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