Sentencia 16430 de agosto 22 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

DOCUMENTOS PÚBLICOS

LA FIRMA DEL FUNCIONARIO ES INDISPENSABLE

EXTRACTOS: «Tres ordenamientos legislativos han orientado en las últimas décadas la temática probatoria en el país: la Ley 105 de 1931 o Código Judicial, la reforma de 1970 o Código de Procedimiento Civil y la de 1989. Ninguno de ellos permite afirmar, como lo pretende el censor, que un documento público, que carezca de firma, tenga, sin más, valor probatorio.

La firma de un documento es el elemento que le indica al juez, o, en general a cualquier persona, que un escrito, impreso, plano, dibujo etc., tiene un autor cierto.

Según el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, el documento público debe estar suscrito y para reafirmar lo anterior basta transcribir el artículo 269 ibídem: “Los instrumentos no firmados ni manuscritos por la parte a quien se oponen, sólo tendrán valor si fueren aceptados expresamente por ella o sus causahabientes”. Puesto que si ésto se predica de un documento privado, con más razón rige para el documento público.

Aunque lo dicho es suficiente para descartar la eficacia del cargo, procede la Corte a referirse a otros argumentos del mismo:

El tribunal echó de menos la firma de los documentos de los folios 24 a 44, por lo cual resulta extraño que el cargo comience diciendo que el tribunal desestimó el valor probatorio de los documentos de los folios citados por ser copias simples, pues fácilmente se observa que son dos cosas distintas.

Por otra parte, acusa la infracción directa del artículo 25 del Decreto 2651 de 1991, conforme al cual los documentos presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial, tuvieren o no como destino servir de prueba, se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los poderes otorgados a los representantes judiciales y sin perjuicio de lo dispuesto en relación con documentos emanados de terceros. Pero esa norma no corresponde a la real motivación del fallo acusado, puesto que allí, se repite, se echó de menos la firma del funcionario, y el precepto citado se refiere a la exoneración de la presentación personal y de la autenticación.

Lo mismo puede decirse del artículo 11 de la Ley 446 de 1998, que es el siguiente que cita el recurrente, puesto que se limita a sentar una presunción de autenticidad de los documentos, pero no puede excluir o relevar de la firma de ellos, ya que sin ella, nadie, ni el juez, puede determinar con certeza el origen del mismo.

El artículo 254 del Código de Procedimiento Civil especifica los casos en los cuales las copias adquieren el mismo valor probatorio del original. Pero sea cual fuere la hipótesis que se escoja, dentro de las tres que reseña esa norma, si el original carece de firma, no existirá certeza sobre la persona que lo ha firmado o elaborado, lo cual es predicable tanto frente al original como a la copia. Lo mismo cabe decir de las situaciones que regula el artículo 268 ibídem, que establece la manera de presentar las copias al juicio.

El artículo 252-2 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el D. 2282/89, art. 1º, num. 115) dice que el documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, pero es claro que ese documento público debe aparecer con la firma del funcionario.

El artículo 255 del Código de Procedimiento Civil señala a su vez, que la parte contra quien se aduzca copia de un documento, podrá solicitar su cotejo con el original y a falta de éste con una copia auténtica expedida con anterioridad a aquélla. Pero es natural que el cotejo de un documento sin firma no puede tenerse como prueba.

El artículo 289-1 del Código de Procedimiento Civil ciertamente establece la procedencia de la tacha de falsedad como facultad que puede ejercer la parte contra quien se presente un documento público o privado; pero ocurre que, concordando esta norma con el artículo 269 ibídem, si el documento que se ha presentado carece de firma, el silencio de la parte opositora significa que no se reconoce el escrito, pues este segundo precepto probatorio exige el reconocimiento expreso.

Por lo manifestado, debe concluirse que no erró el tribunal cuando negó valor probatorio a los documentos de los folios 24 a 44».

(Sentencia de casación, agosto 22 de 2001. Radicación 16.430. Magistrado Ponente: Dr. Germán Valdés Sánchez).

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