Sentencia 16444 de noviembre 15 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

RATIFICACIÓN DEL TESTIMONIO

CUANDO FUE RENDIDO COMO PRUEBA ANTICIPADA O EXTRAPROCESAL

EXTRACTOS: «Por eso es del caso recordar que en la normatividad anterior a la modificada por el Decreto 2282 de 1989, y antecedente al 1º de junio de 1990, el que correspondía al artículo 299 del Código de Procedimiento Civil, permitía la solicitud de recepción de testimonios fuera de audiencia, para fines procesales o extraprocesales, a los cuales les daba el alcance de prueba sumaria; prueba que en todo caso, según lo dispuesto por el artículo 229 de ese entonces, para que pudieran ser apreciados en el proceso era necesaria su ratificación, actuación que se surtía a través de interrogatorio, en la forma establecida para la recepción de testimonios en el mismo proceso.

Pero que no se haya demostrado el yerro jurídico que atribuye el cargo a la sentencia en lo atinente a la valoración de la eficacia probatoria formal del testimonio de María Alarcón Viuda de Fernández en cuanto a su petición y práctica como prueba anticipada, no significa que respecto a su aducción en el proceso que Ruth María Montero Alvarado le sigue a Fábricas Unidas de Aceites y Grasas Vegetales S.A. “Fagrave S.A.”, ocurra lo mismo, por cuanto, como pasa a verse, el tribunal sí incurrió en los yerros que la recurrente le enrostra y que a la postre, conducirán necesariamente a casar el fallo atacado.

En efecto, por no ser motivo de discusión que el aludido testimonio se pidió con la demanda el 9 de julio de 1990 —fl.11—; se decretó en la primera audiencia de trámite el 3 de septiembre de 1991 —fl. 22— y se intentó su ratificación en la tercera audiencia de trámite del proceso el 5 de agosto de 1993 —fl. 31—; el acto procesal de ratificación debió rituarse conforme a lo previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, en la forma como fue modificado por el artículo 1º, modificación 106, del Decreto 2282 de 1989, tal y como atinadamente lo destaca la impugnante. Esto es, repitiéndose el interrogatorio en la forma establecida para la recepción de testimonio en el mismo proceso, sin permitir que la testigo leyera su anterior declaración.

Ello no ocurrió así pues, de la simple lectura del acta de 5 de agosto de 1993 (fl. 31), resulta evidente que tal acto lo limitó el juzgador del conocimiento, una vez increpó a la compareciente por su generales de ley, al siguiente interrogante que formuló el apoderado de la demandante:

“PREGUNTADA: sírvase decir la declarante si se ratifica en el contenido y la firma que aparece en la declaración rendida por usted, el día 26 de septiembre de 1989, ante el Juzgado 8º Laboral del Circuito de esta ciudad, y que aparece visible a folio 6, 6 vta, del expediente y que solicito al señor juez le ponga de presente. En este estado de la diligencia el señor juez, le pone de presente a la compareciente la declaración jurada en el informativo figura a folio 6, a lo cual CONTESTÓ: Exacto todo lo que está escrito es la verdad y esa es mi firma”. (fl. 31).

De tal suerte que al no haber repetido el juez de primera instancia el interrogatorio de la testigo en la forma establecida para la recepción de testimonio en el mismo proceso y haberle permitido que leyera su declaración anterior, tal y como fluye indiscutiblemente de las pocas pero inequívocas expresiones que se consignaron en el acta respectiva, el tribunal al momento de su valoración infringió el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, pues no advirtió al graduar su eficacia como medio de convicción el desconocimiento del juez que lo practicó de las normas vigentes en ese momento que gobernaban tal actuación.

(...).

Conviene anotar que el rigorismo formal que el legislador de 1989 impuso a la ratificación del testimonio rendido como prueba anticipada o extraprocesal sin citación de la contraparte, no fue atemperado por las normas de descongestión judicial contenidas en el Decreto 2651 de 1991 y más recientemente en la Ley 446 de 1998. Ello, por cuanto la primera de las normatividades anunciadas (art. 22, num. 2º), únicamente eximió la ratificación exigida en el numeral 2º del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil para los documentos privados emanados de terceros con carácter declarativo, pero no la hizo extensiva al evento cuando no se estuviera frente a la hipótesis prevista en el inciso segundo, numeral 2º, del artículo 229 del mismo estatuto procedimental, y a condición de que la parte contra la que se adujeren no solicite expresamente su ratificación. Además, la disposición contenida en la regla segunda del artículo 22 del Decreto 2651 de 1991 fue reproducida con carácter permanente por el artículo 10, numeral 2º, de la Ley 446 de 1998; y en su alcance no es dable incluir esta clase de testimonios anticipados, dado el carácter particular y especial que les corresponde, conforme a lo establecido en el capítulo IX del título XIII de la sección tercera del libro segundo del Código de Procedimiento Civil; máxime si se tiene en cuenta que en estas dos regulaciones con objetivos claros de propugnar por la descongestión judicial, eficiencia y acceso a la justicia se dejaron a salvo las ritualidades no modificadas en ella de manera expresa, al consagrar reiterada y coincidentemente que en la práctica de pruebas “además de las disposiciones generales contenidas en el Código de Procedimiento Civil”, se tendrán en cuenta las regulaciones a título enunciativo previstas en esa normatividad.

De allí que al interprete no se le sea posible extender los alcances de las citadas disposiciones de descongestión a materias probatorias como los testimonios anticipados sin citación de la contraparte como es el carácter del que ocupa la atención de la Sala que, de conformidad con tales cánones del Código de Procedimiento Civil, tienen una regulación propia.

Es oportuno recordar que la causa y razón de ser del artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, es la de propiciar al juez, en su papel de instructor del proceso y director del mismo, el conocimiento de la ciencia del dicho del testigo, quien debe exponerle tanto a él como a las partes, representadas por sus apoderados, las percepciones que espontáneamente está en condición de recordar, así como absolver los interrogantes que el funcionario le formule para conocer las circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y la verosimilitud de su versión, y los que los abogados le planteen para probar o contraprobar las afirmaciones del proceso, en cuanto a las circunstancias históricas de cómo ocurrieron los hechos materia de controversia, cumpliéndose así con los principios de publicidad y contradicción que garantizan los derechos al debido proceso judicial y a la defensa, contribuyendo en el fondo de la litis en materia laboral a la búsqueda de la verdad real de los hechos.

Importa por lo tanto también recordar que la valoración de la eficacia formal de la prueba constituye un requisito de la sentencia en la medida que tal decisión judicial, como todas las demás del juzgador, deben fundarse en las pruebas “regular” y oportunamente allegadas al proceso, como claramente lo establece el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable a los juicios del trabajo por la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal Laboral y para cuya inobservancia el constituyente de 1991, en el artículo 29 de la Constitución Política, contempló los efectos de la nulidad de pleno derecho».

(Sentencia de noviembre 15 de 3001. Radicación 16.444. Magistrada Ponente: Dra. Isaura Vargas Díaz).

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