Sentencia 16451 de diciembre 11 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CORRECCIÓN VOLUNTARIA DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Requisitos cuando se trata de disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor.

EXTRACTOS: «El ordenamiento fiscal faculta al contribuyente para variar su realidad tributaria, mediante los procesos de corrección voluntaria de las liquidaciones privadas, cuya aplicación depende el efecto que tengan los guarismos corregidos en el valor a pagar o saldo a favor.

Es por ello que si el contribuyente pretende corregir la declaración para aumentar el impuestoo disminuir el saldo a favor, el mecanismo idóneo es radicarla ante las entidades bancarias, dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se le haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos en relación con el denuncio que corrige, con la liquidación de la sanción por corrección (E.T., arts. 588 y 644).

En cambio, si la corrección de la declaración tributaria implica una disminución del valor a pagar o un aumento en el saldo a favor, se debe acudir a lo regulado en el artículo 589 del ordenamiento tributario nacional que a la letra dice:

“ART. 589.—Modificado. L. 223/95, art. 161. Correcciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor. Para corregir las declaraciones tributarias, disminuyendo el valor a pagar o aumentando al saldo a favor, se elevará solicitud a la administración de impuestos y aduanas correspondiente, *(dentro de los dos años)* (hoy un año) siguientes al vencimiento del término para presentar la declaración.

La administración debe practicar la liquidación oficial de corrección, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la solicitud en debida forma; si no se pronuncia dentro de este término, el proyecto de corrección sustituirá a la declaración inicial. La corrección de las declaraciones a que se refiere este artículo no impide la facultad de revisión, la cual se contará a partir de la fecha de la corrección o del vencimiento de los seis meses siguientes a la solicitud, según el caso (...).

De la lectura de la norma transcrita se coligen los presupuestos o parámetros para que la modificación que tiene como finalidad disminuir el valor a pagar o generar un mayor saldo a favor del particular, surta consecuencias legales:

(i) Elevar una petición o solicitud a la administración de impuestos nacionales de la jurisdicción donde el contribuyente tenga su domicilio, dentro del año siguiente al vencimiento del término para declarar.

(ii) Acompañar un proyecto de corrección de la declaración en donde refleje los respectivos ítems modificados.

Frente a este último punto, la sección ha considerado que si el contribuyente equivocadamente presenta la declaración en bancos y la anexa a la petición, la administración debe tomarlo como un proyecto de corrección y proceder a su respectivo estudio, sin que sea causal para su rechazo.

Así las cosas, se trata de una norma procesal, de orden público y de obligatorio cumplimiento (1) , motivo por el cual no es dable que el contribuyente la desconozca y acoja el camino que se adapte a su conveniencia, pues precisamente el legislador en este tipo de correcciones que implican un menor margen de contribución al sostenimiento del erario público, obliga a que el ente fiscal emita un pronunciamiento a través de una liquidación oficial de corrección o se oficialice el proyecto de corrección si ocurre el fenómeno del silencio administrativo positivo, pasados seis meses de la petición, sin que se haya decidido, que por sus características meramente formales, descartan cualquier tipo de tacha de fondo sobre los rubros corregidos, lo que va de la mano de un mayor término de revisión que se cuenta a partir de su solemnización en cualquiera de las dos formas señaladas.

En el caso en estudio, la Sala advierte que la sociedad incumplió con las directrices trazadas en el artículo 589 del compendio fiscal, toda vez que aumentó el saldo a favor de las declaraciones de impuesto sobre las ventas de los dos primeros bimestres de 1999, tal como se describió en acápites precedentes, y se abstuvo de ponerlas en conocimiento (petición) de la respectiva administración.

En efecto, no se observa en los antecedentes administrativos ningún tipo de actuación por parte de la accionante dirigida al ente fiscal, en busca de un pronunciamiento tendiente a la oficialización de las correcciones de las liquidaciones privadas del primero y segundo bimestre de 1999.

Y en cambio, se aprecia que la administración efectuó una manifestación de voluntad respecto a las correcciones referidas con el auto de archivo 310632002000375 de marzo 15 de 2002, en donde les restó total validez por incumplir lo dispuesto en la disposición en comento, y que al no otorgar ningún recurso al administrado, le permitía demandarlo directamente ante la justicia administrativa (CCA, art. 135), cuya omisión da lugar a que sea una decisión en firme.

Ahora bien, es importante precisar que una declaración de corrección que se aparta de los postulados legales que permiten sustituir la corregida, no tiene la potencialidad de ostentar firmeza, máxime si ha mediado un pronunciamiento oficial que la ha declarado sin efectos jurídicos.

Entonces, como los saldos a favor por valor de $ 935.179.000, objeto de imputación a la declaración del tercer bimestre de 1999, provienen de la modificación de las declaraciones del 1º y 2º período de ese año que carecen de validez jurídica, la consecuencia obvia es su desconocimiento, tal como se planteó en la actuación impugnada».

(Sentencia de 11 de diciembre de 2008. Expediente 16451. Consejera Ponente: Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia).

(1) El artículo 6º del Código de Procedimiento Civil expresa: Modificado. L. 794/2003, art. 2º. Observancia de normas procesales. Las normas procesales son de derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.

Las estipulaciones que contradigan lo dispuesto en este artículo, se tendrán por no escritas.

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