Sentencia 16460 de abril 23 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Expediente 16460

Ref.: 660012331000200500065 01

Consejera Ponente (e):

Dr. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Mercadeo y Servicios Integrados Ltda.

Sanción por no enviar información

Fallo

Bogotá, D.C., veintitrés de abril de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Se decide en esta instancia la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira, negó la solicitud de reducción de la sanción por no enviar información en medios magnéticos correspondiente al año gravable 2001.

La discusión se contrae en determinar si conforme al recurrente, para efectos de determinar la reducción de la sanción al 20%, el término de que trata el inciso 2º del artículo 651 del estatuto tributario, se cuenta a partir de la notificación de la resolución que niega la solicitud de reducción o su como lo afirma la administración este se cuenta a partir de la notificación de la resolución que impone la sanción.

Señala el artículo 651 del estatuto tributario:

“ART. 651—Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

“(...).

La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.

En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el literal b). Una vez notificada la liquidación solo serán aceptados los factores citados en el literal b), que sean probados plenamente” (resalta la Sala).

La Sala comparte el análisis efectuado en la sentencia apelada, según el cual, el artículo 651 del estatuto tributario claramente establece que el acto administrativo a partir del cual se debe computar los 2 meses para tener derecho al beneficio de la reducción de la sanción al 20% es aquel que notifique la sanción, no como lo estima la apelante según el cual los dos meses empiezan a contarse desde la notificación de la resolución que negó la reducción de la sanción por falta de requisitos.

Precisa la Sala que la Resolución 9270 del 23 de octubre de 2001, del director de Impuestos y Aduanas Nacionales, especificó la información tributaria que debían presentar a la DIAN los grandes contribuyentes y las personas jurídicas por el año gravable de 2001, en concordancia con los literales e), f), h) e i) del artículo 631 del estatuto tributario.

La misma resolución estableció que el plazo para presentar la información vencía el 17 de abril de 2002 (NIT termina en 3).

Lo anterior significa que a la fecha en que se formuló a la actora pliego de cargos, el 22 de julio de 2003, esta ya había incumplido su obligación de suministrar la información requerida.

Resulta entonces evidente que la actora no cumplió con su obligación legal de suministrar información solicitada, para lo cual tenía plazo hasta el 17 de abril de 2002, motivo por el cual era acreedora de la sanción por no enviar información, prescrita en el artículo 651 del estatuto tributario.

Con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, la actora no presentó la información requerida, limitándose a solicitar el aplazamiento de los términos para resolver sobre la imposición de la sanción.

El 30 de septiembre de 2003 la administración profirió la Resolución 16064200300099 por medio de la cual impone a la demandante sanción por no presentar la información en medios magnéticos, acto administrativo notificado el 6 de octubre del mismo año, razón por la cual, conforme al artículo 651 del estatuto tributario el término para presentar en debida forma la solicitud de reducción de la sanción al 20% venció el 7 de diciembre de 2003.

El 3 de diciembre de 2003 la sociedad demandante presentó solicitud de reducción de la sanción al 10%, la cual fue negada por la administración mediante Resolución 021 del 7 de enero de 2004, señalando que el contribuyente remitió el memorial y la constancia de recibo de la información pero omitió remitir el pago o acuerdo de pago de la misma.

Conforme a lo anterior, para la procedencia de la reducción de la sanción al 10%, el contribuyente debió subsanar la omisión detectada por las autoridades tributarias y acreditar el pago de la suma de $ 21.730.000 antes de la notificación de la resolución sanción y para acceder a la reducción de la misma al 20% debió subsanar la omisión detectada y acreditar el pago o acuerdo de pago de la suma de $ 43.460.000 dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se notificó la sanción, (dic. 7/2003) solicitud que se presentó oportunamente pero sin allegar el pago o acuerdo de pago conforme al artículo 651 del estatuto tributario, siendo en consecuencia improcedente la solicitud presentada.

Según el apelante, el término para presentar la solicitud de reducción de la sanción al 20% debe contarse a partir de la notificación de la resolución que negó dicha solicitud, teniendo en cuenta que la resolución sancionatoria carecía del derecho fundamental de defensa que debía otorgársele al administrado.

Observa la Sala que el beneficio de la reducción de la sanción es una opción con que cuentan los contribuyentes para disminuir el monto de la sanción establecida, previo el cumplimiento de los presupuestos contemplados en el artículo 651 del estatuto tributario, razón por la cual el sancionado interesado en reducir la sanción impuesta debe cumplir los presupuestos expresamente contemplados en dicha norma para el efecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda del treinta de noviembre de dos mil seis.

RECONÓCESE como apoderada de la parte demandada a la abogada Ana Isabel Camargo Ángel, en los términos del poder que obra a folio 197 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en la Sala de la sesión de la fecha».

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